La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) emitió una resolución, por unanimidad, en la que condena al Estado paraguayo por el caso “Jorge Luis López Sosa, inspector policial que fue detenido y torturado durante el intento de golpe de Estado“ contra el expresidente Luis Ángel González Macchi en el año 2000.
Se declaró la responsabilidad del Estado de Paraguay por la violación de los derechos a la integridad, la libertad y las garantías judiciales, debido a las torturas a las que fue sometido y las fallas en el proceso penal; ordenándosele a pagar una indemnización de 50.000 dólares, más costas y gastos.
Durante la 155ª sesión de la Corte IDH, en Costa Rica, se fijó la sentencia y se notificó a las partes, conforme a lectura de la sentencia realizada por el presidente del organismo, el juez Ricardo Pérez Manrique.
“Por unanimidad, la CortIDH dispuso que esta sentencia constituye, por sí misma, una forma de reparación. Asimismo, el Estado paraguayo promoverá y continuará en un plazo razonable las investigaciones que sean necesarias para determinar, juzgar y en su caso sancionar a los responsables de los actos de tortura que sufrió el señor Jorge Luis López Sosa”, menciona una parte de la sentencia.
Cabe recordar que el caso se enmarca en el intento de golpe de Estado en Paraguay, con el fin de deponer al entonces jefe de Estado, González Macchi. La demanda sostiene que López Sosa fue sometido a dos procedimientos de tortura por su supuesta participación en el hecho. Mientras, en el país prosigue el proceso contra el entonces ministro del Interior, Walter Bower, y los policías, presuntos responsables de las torturas a López Sosa.
De acuerdo al relato de los hechos alegados, en el año 2000 López Sosa, siendo oficial inspector de la Policía Nacional, fue detenido durante el estado de excepción decretado tras el intento de golpe de Estado, que fue organizado por alrededor de 50 militares retirados y oficiales de menor rango a favor del entonces exiliado, Lino César Oviedo.
Al día siguiente, el comisario general dispuso su traslado a la Comisaría 11 Metropolitana, donde fue despojado de su arma reglamentaria, esposado, vendados los ojos, golpeado e interrogado. El relato señala que López Sosa estuvo detenido en un calabozo de la misma comisaría y luego fue trasladado hasta la Infantería de Marina, donde también fue sometido a interrogatorio bajo tortura. Hoy, este hecho logro la condena al Estado.