Peña fue entrevistado por medio brasileño y habló sobre sus proyecciones para el país
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El presidente electo, Santiago Peña, dio una entrevista al prestigioso periódico financiero Valor Econômico de Brasil, oportunidad en la cual habló sobre su agenda económica e internacional, así como los proyectos que prevé para Paraguay, así también como el futuro de las relaciones diplomáticas con el país vecino.
El medio internacional destacó al futuro mandatario por ser la persona más joven que presidirá nuestro país, además de su formación académica e hizo un recuento de los viajes realizados a Taiwán y ahora a Brasil, con el objetivo de fortalecer alianzas para los planes de transformación que tiene previsto para nuestro país.
“El Paraguay puede ser un gran aliado del Brasil que ya avanza en tecnología y una plataforma para ese desarrollo es la mano de obra joven y la energía. Queremos ser parte de una red productiva e insertarnos dentro de las cadenas productivas junto con Brasil”, expresó Peña, quien también hizo mención de las oportunidades que se generarán si como bloque el Mercado Común del Sur (Mercosur) se abre a otros bloques internacionales.
Santiago Peña continúa con su agenda en Brasil. Foto: Gentileza
Relación con Brasil
Santiago Peña hizo hincapié en la necesidad de establecer acuerdos con el Brasil que resulten en beneficios para ambos a largo plazo, tal y como sucedió con Itaipú donde ambas naciones son copropietarias. El hecho de que el país vecino sea una de las grandes potencias mundiales, representa para el Paraguay una oportunidad de desarrollarse económicamente dado que se cuenta con la capacidad productiva y el conocimiento.
“Tenemos que pensar en el desarrollo de los dos países, necesitamos de más inversión, eso va a generar más desarrollo y más oportunidades. Paraguay todavía tiene una economía que depende de la importación de productos manufacturados, productos que podríamos producir con nuestra mano de obra”, indicó.
Mercosur
Mercosur es uno de los bloques económicos con más potencial de crecimiento, Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay son los mayores productores de proteína animal del mundo, y es necesario avanzar a una industrialización, sostuvo. “Paraguay es un país con estabilidad económica y política, tenemos un territorio grande y productivo, lo que nos falta es acceso a mercados y aquí la importancia de la integración de los países del Mercosur”, detalló.
Peña destacó la importancia de una verdadera integración del bloque tomando el ejemplo de los países del Sudeste Asiático, que experimentan un crecimiento y se ven menos afectados por los embates económicos. Para esto se necesita de mayor apertura política y no solo comercial de modo a comprender que esto será beneficioso para todos los países. “Muchas veces colocamos barreras ideológicas y no podemos permitir eso”, afirmó.
Taiwán
El presidente electo ratificó que las relaciones diplomáticas con la República de China (Taiwán), resultan más ventajosas para nuestro país antes que un vínculo con China popular, con quien de hecho existen lazos comerciales y es uno de los principales mercados de donde se adquieren bienes.
“Entendemos que Taiwán ofrece mejores oportunidades para desarrollar la base industrial que precisamos”, explicó y añadió que profundizar el relacionamiento con China popular, significaría que Paraguay continuaría siendo un país con una economía primaria, teniendo en cuenta las necesidades de ese país.
El futuro mandatario mencionó que si bien nuestro país tiene los menores índices de inseguridad urbana en la región, esto se ha disparado en los últimos años por lo que es necesario ampliar la presencia de efectivos policiales en las calles y a la vez, hacer frente al crimen organizado.
Amplían imputación contra Peña y más directores de BCP van a prisión
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El exmandatario afronta los hechos punibles de lesión de confianza, administración en provecho propio y ahora asociación criminal; toda la cúpula anterior del BCP cayó.
La Fiscalía formuló ayer una nueva imputación por el supuesto hecho punible de asociación criminal contra el expresidente de la República Santiago Peña y cinco exautoridades del Banco Central del Paraguay (BCP), en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades financieras que derivaron en el colapso de Ueno Bank.
En una improvisada rueda de prensa, al agente Christian Benítez, uno de los fiscales de la causa, confirmó la ampliación de la imputación contra Peña y Carlos Carvallo, expresidente del BCP, por el hecho punible de asociación criminal. También fueron imputados por este mismo hecho los exintegrantes del directorio del BCP: Marco Aurelio González, Liana Caballero y Miguel Mora. El fiscal señaló que además de asociación criminal, uno de los exdirectivos fue imputado por producción mediata de documentos públicos de contenido falso, uso de documentos públicos de contenido falso, lesión de confianza y asociación criminal. Se refería al exdirector Marco Aurelio González, que fue nombrado en el cargo por el expresidente. Al ser consultado sobre la expectativa de pena para Santiago Peña, el agente recordó que sigue siendo 15 años y que esto no se modifica por haber agregado el hecho punible de asociación criminal.
CONTINUIDAD DE OPERACIONES
La imputación atribuye a Liana Caballero, Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González presuntas omisiones en sus deberes de control como integrantes del directorio del Banco Central. Según la Fiscalía, los tres habrían conocido las alertas relacionadas con el deterioro patrimonial de Ueno Bank desde junio de 2026, sin impulsar oportunamente las medidas previstas en la legislación bancaria. El acta señala que, pese a los informes técnicos disponibles, el directorio se habría limitado a disponer la apertura de un sumario administrativo, sin ordenar la suspensión preventiva de determinadas operaciones. En particular, la Fiscalía atribuye a Marco Aurelio González una presunta participación directa en la modificación de un informe institucional remitido al Senado, que habría omitido observaciones técnicas relevantes.
PRISIÓN PREVENTIVA
Por otra parte, el juez penal de Garantías Humberto Otazú decretó la prisión preventiva de los tres exintegrantes del directorio de la banca matriz que fueron detenidos ayer viernes. La medida afecta a Marcos González, Miguel Mora y Liana Caballero, quienes deberán permanecer bajo custodia policial durante los próximos 15 días, conforme a lo dispuesto por el magistrado.
En el caso de González y Mora, el juez ordenó su reclusión en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, donde permanecerán durante ese periodo. Mientras que Liana Caballero fue destinada al Departamento Judicial Femenino de la Policía Nacional, también por un plazo de 15 días. La resolución judicial establece así medidas de prisión preventiva para los tres exdirectivos, mientras avanza el proceso penal y se desarrollan las diligencias vinculadas a la causa.
“Hechos determinan la calificación”
FRANCISCO CABRERA - Agente fiscal
El fiscal Francisco Cabrera sostuvo ayer que el proceso que investiga la caída de Ueno Bank debe partir de la reconstrucción de los hechos y que, a medida que avance la investigación, se podrán determinar las figuras penales que correspondan. En ese sentido, señaló que las calificaciones jurídicas pueden ampliarse o modificarse en función de los elementos que vayan surgiendo durante las diligencias.
“Son los hechos los que determinan la calificación, no al revés. El hecho de que encuentres elementos es lo que te permite realizar una calificación y no el hecho de calificar primero es lo que te permite realizar actos investigativos”, sostuvo el agente.
Agregó que “no existe una limitación; al contrario, primero hay que hacer una investigación, determinar los hechos y eso va a ser lo que va a permitir realizar una calificación. La calificación es el resultado final de la investigación, no al revés, no es el inicio de la investigación”, destacó el agente del Ministerio Público.
NUEVA ADMISIÓN DE JUEZ
El juez penal Humberto Otazú admitió la imputación por asociación criminal contra el expresidente Santiago Peña, en el marco de las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público por el caso Ueno Bank. Con esta decisión, el exmandatario suma un nuevo cargo a los que ya le habían sido atribuidos al inicio de la pesquisa. Los primeros hechos punibles imputados fueron lesión de confianza, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio.
La admisión de la figura de asociación criminal marca un endurecimiento de la causa, ya que este tipo penal supone que los hechos investigados no habrían sido acciones aisladas, sino parte de un esquema en el que habrían participado varias personas. El proceso continúa en su etapa inicial, mientras el Ministerio Público avanza con la recolección de evidencias y la defensa del expresidente podrá presentar sus descargos ante los nuevos cargos.
Caso Ueno: Fiscalía imputa por asociación criminal a Peña y cinco autoridades del BCP
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La Fiscalía formuló este viernes 13 de noviembre una nueva imputación por el supuesto hecho punible de asociación criminal contra el expresidente de la República Santiago Peña y cinco autoridades y exautoridades del Banco Central del Paraguay (BCP), en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades financieras que derivaron en el colapso de Ueno Bank.
El Acta de Imputación N.º 9, correspondiente a la causa penal N.º 92/2026, sostiene que los investigados habrían integrado una estructura organizada y jerárquica dentro del aparato estatal para favorecer los intereses del conglomerado empresarial Grupo Vázquez, controlador de la entidad bancaria.
La nueva imputación alcanza a Santiago Peña Palacios, expresidente de la República; Carlos Carvallo Spalding, expresidente del BCP; Holger Insfrán Ibarrola, exsuperintendente de Bancos; y los exdirectores Marco Aurelio González Maldonado, Liana Emilce Caballero Krauze y Miguel Ángel Mora.
En el caso de los tres exintegrantes del directorio, la Fiscalía también atribuye otros hechos punibles relacionados con presuntas omisiones de supervisión y el manejo de documentos oficiales.
Peña habría encabezado la presunta estructura criminal
Según la hipótesis del Ministerio Público, Santiago Peña habría utilizado su posición como presidente de la República para colocar y mantener en cargos estratégicos a personas de su confianza o con vínculos corporativos previos.
Los investigadores sostienen que estas designaciones habrían permitido establecer un esquema de protección institucional para Ueno Bank, mediante la participación de autoridades encargadas de regular y supervisar el sistema financiero.
La Fiscalía señala que Peña habría actuado como jefe de la presunta organización, mientras que los demás integrantes habrían cumplido funciones específicas desde sus respectivas responsabilidades públicas.
En ese contexto, el documento menciona la designación de Carlos Carvallo, expresidente de financiera ueno, como titular del BCP, además de la permanencia de Holger Insfrán en la Superintendencia de Bancos y la actuación de los tres integrantes del directorio. La imputación sostiene que el objetivo de la presunta estructura habría sido subordinar los mecanismos de control financiero a los intereses particulares del Grupo Vázquez.
Reuniones reservadas con Miguel Vázquez en Mburuvicha Róga
Otro de los aspectos centrales del acta fiscal es la presunta relación entre el expresidente Peña y Federico Miguel Vázquez Villasanti, principal referente del conglomerado empresarial. Los investigadores sostienen que ambos habrían mantenido reuniones reservadas en Mburuvicha Róga para coordinar necesidades e intereses del grupo financiero.
De acuerdo con la imputación, Peña habría impartido directivas destinadas a evitar la intervención de Ueno Bank y frenar las alertas públicas relacionadas con su situación de insolvencia.
El documento también menciona el presunto hallazgo y entrega de USD 200.000 en efectivo, distribuidos en sobres dentro de la residencia presidencial, como parte de las contraprestaciones ilícitas que la Fiscalía atribuye al exmandatario. Estas afirmaciones forman parte de la hipótesis fiscal y deberán ser acreditadas durante el proceso penal.
Carvallo habría ocultado información sobre la insolvencia
La imputación también señala a Carlos Carvallo Spalding, expresidente del Banco Central, como uno de los presuntos responsables de impedir la aplicación oportuna de los mecanismos regulatorios. Según el Ministerio Público, Carvallo habría paralizado procedimientos de regularización y suscrito documentación dirigida al Congreso Nacional que no reflejaba íntegramente las advertencias técnicas sobre la situación financiera de Ueno Bank.
En particular, se cuestiona la Nota BCP/P N.º 016/2026, remitida a la Cámara de Senadores, cuyo contenido habría omitido información relevante sobre operaciones financieras investigadas. La Fiscalía sostiene que estas actuaciones habrían contribuido a mantener la operación del banco sin restricciones, pese a los informes que advertían sobre su deterioro patrimonial.
En cuanto a Holger Insfrán, la Fiscalía sostiene que habría utilizado su posición al frente de la Superintendencia de Bancos para evitar la aplicación de medidas correctivas. Entre los hechos investigados figura la venta de una cartera crediticia de Ueno Bank a Vinanzas S.A. por USD 74,4 millones, operación que, según los informes técnicos, habría sido financiada indirectamente con recursos del propio banco.
El Ministerio Público también cuestiona el tratamiento dado a un informe elaborado por el exgerente de Supervisión Fernando Rivarola, fechado el 10 de julio de 2026, que advertía sobre presuntas irregularidades en esa operación. De acuerdo con la hipótesis fiscal, la falta de aplicación de sanciones y medidas preventivas habría permitido que la entidad continuara captando fondos del público.
Exdirectivos del BCP habrían permitido continuidad de operaciones
La imputación atribuye a Liana Caballero, Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González presuntas omisiones en sus deberes de control como integrantes del directorio del Banco Central. Según la Fiscalía, los tres habrían conocido las alertas relacionadas con el deterioro patrimonial de Ueno Bank desde junio de 2026, sin impulsar oportunamente las medidas previstas en la legislación bancaria.
El acta señala que, pese a los informes técnicos disponibles, el directorio se habría limitado a disponer la apertura de un sumario administrativo, sin ordenar la suspensión preventiva de determinadas operaciones. En particular, la Fiscalía atribuye a Marco Aurelio González una presunta participación directa en la modificación de un informe institucional remitido al Senado, que habría omitido observaciones técnicas relevantes.
Respecto de Liana Caballero, sostiene que habría recibido una versión del documento cuestionado sin promover posteriormente una rectificación oficial. En cuanto a Miguel Ángel Mora, los investigadores señalan que habría presidido interinamente una sesión del directorio en la que no se impulsaron medidas más restrictivas contra la entidad financiera.
El Ministerio Público sostiene que la presunta actuación coordinada de los investigados permitió que Ueno Bank continuara operando entre junio y octubre de 2026, pese a las observaciones sobre su solvencia. En ese periodo, la entidad habría desarrollado campañas comerciales para atraer nuevos depósitos y certificados de depósito de ahorro, incluyendo promociones con reintegros del 50 %.
La Fiscalía considera que la continuidad de estas operaciones habría incrementado la exposición del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y comprometido recursos públicos y previsionales. El acta señala que, al 30 de septiembre de 2026, los fondos públicos depositados en la entidad ascendían a aproximadamente G. 3,6 billones y USD 233,4 millones.
La situación desembocó en el procedimiento de resolución dispuesto por el BCP el 2 de noviembre, luego de constatarse que la solvencia del banco había caído por debajo del límite establecido por la normativa.
Prisión para González y arresto domiciliario para Caballero y Mora
La nueva imputación también contiene solicitudes de medidas cautelares contra los exintegrantes del directorio del BCP. El Ministerio Público requirió la prisión preventiva de Marco Aurelio González Maldonado, mientras que para Liana Caballero Krauze y Miguel Ángel Mora solicitó arresto domiciliario.
Asimismo, pidió la inhibición general de vender y gravar bienes de los tres imputados y la identificación de sus cuentas, depósitos, inversiones y otros activos financieros, a fin de determinar eventuales medidas de inmovilización.
Nueva dimensión en la investigación
La imputación por asociación criminal representa una ampliación de la investigación que inicialmente apuntaba a presuntas irregularidades financieras, omisiones de supervisión y decisiones administrativas relacionadas con ueno bank.
Ahora, el Ministerio Público sostiene la hipótesis de que los hechos no habrían respondido únicamente a actuaciones individuales, sino a una presunta organización que habría funcionado mediante una división de tareas entre autoridades del Poder Ejecutivo y del Banco Central. La Fiscalía atribuye a Santiago Peña el supuesto liderazgo político de esa estructura y a las autoridades del BCP la presunta utilización de sus cargos para favorecer la continuidad operativa del banco.
Presunto esquema criminal encabezado por el expresidente Santiago Peña. Foto: Gentileza
El expresidente de la República, Santiago Peña, se encuentra imputado por lesión de confianza y administración en provecho propio, en calidad de autor. Foto: Néstor Soto
Fiscalía aguarda autorización judicial para peritaje al teléfono de Peña
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La fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Verónica Valdez, indicó que el Ministerio Público aguarda una autorización judicial para proceder al peritaje del teléfono celular del expresidente de la República, Santiago Peña, imputado por lesión de confianza y administración en provecho propio, en calidad de autor, en el marco de la causa Ueno Bank.
“Todavía no tenemos un resultado porque debe realizarse un proceso técnico con autorización judicial, entonces, una vez que tengamos esa autorización, vamos a poder conocer el contenido del teléfono”, dijo en una conferencia de prensa acompañada por sus colegas Nancy Salomón y Francisco Cabrera.
El Ministerio Público incautó un teléfono celular de Peña el pasado domingo 8 de noviembre, luego de que el exmandatario, destituido vía juicio político, haya negado en reiteradas ocasiones (durante su audiencia de imposición de medidas ante el juez Humberto Otazú y en su declaración ante la Fiscalía) poseer o utilizar un aparato móvil.
El proceso se concretó mediante el aporte de informaciones extraoficiales que indicaban que el economista contaba con comunicación libre en su lugar de reclusión. El aparato celular fue encontrado oculto ensu equipaje dentro del Regimiento Escolta Presidencial, donde cumple prisión preventiva.
Desde el órgano extrapoder detallaron que los procedimientos en la causa judicial que salpica al expresidente de la República y en la otra referente a los directivos de Ueno Bank, que se encuentran ligadas entre sí, se centran actualmente en la recolección de elementos probatorios, la reconstrucción del esquema de operaciones y la preservación precautoria de bienes para su eventual recuperación a favor del Estado paraguayo.
Con relación a la detención de los exdirectivos del Banco Central del Paraguay (BCP), Marco Aurelio González, Liana Emilce Caballero Krause y Miguel Ángel Mora, concretado este viernes, la agente mencionó que durante el allanamiento de sus respectivas viviendas se logró “obtener elementos que consideramos relevantes para el avance de las investigaciones”.
Valdez agregó que “se recabaron documentos, también dispositivos electrónicos, y se dispuso la detención de las tres personas que serán citadas a fin de que presten declaración indagatoria si lo consideran o se abstengan y posteriormente se tomarán las determinaciones que el equipo considere pertinentes”.
A la vez, los agentes reiteraron que la calificación legal actual es de carácter provisional. La ausencia momentánea de imputaciones por tipos penales más severos, como por ejemplo lavado de dinero o asociación criminal, no restringe la investigación de estas conductas a medida que surjan nuevos elementos.
Durante la entrevista, el ministro Gustavo Santander destacó la importancia del Banco Genético y la cooperación internacional para identificar a las víctimas de desapariciones forzadas durante la dictadura stronista. Foto: Gentileza
Santander resalta avances en la búsqueda de desaparecidos durante la dictadura
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Desde la Corte Suprema de Justicia informaron este jueves que el ministro Gustavo Santander destacó el compromiso del Poder Judicial con la búsqueda e identificación de personas desaparecidas durante la dictadura de Alfredo Stroessner. Durante una entrevista con representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), recordó las investigaciones que impulsó cuando se desempeñaba como juez penal y la creación del Banco Genético para facilitar la identificación de las víctimas.
Santander repasó los avances registrados en Paraguay después de la caída del régimen stronista, entre ellos:
la Constitución Nacional de 1992
la incorporación de delitos vinculados a crímenes de lesa humanidad
y la adhesión a tratados internacionales de protección de los derechos humanos.
También resaltó el valor del Archivo del Terror, descubierto en 1992 y actualmente bajo custodia del Poder Judicial, cuyos documentos constituyen pruebas fundamentales para reconstruir los hechos y determinar responsabilidades.
En ese contexto, Santander recordó su participación en las investigaciones sobre la Operación Cóndor, mediante las cuales se utilizaron documentos y testimonios de víctimas para identificar a presuntos responsables y disponer órdenes de captura. Además, mencionó que en 2004 remitió documentación digitalizada a Argentina para contribuir con las investigaciones judiciales de ese país. Sostuvo que los testimonios permitieron demostrar que la coordinación represiva entre gobiernos sudamericanos existió y fue utilizada para perseguir, detener, trasladar y hacer desaparecer a opositores políticos.
Uno de los principales instrumentos para avanzar en la identificación de las víctimas es el Banco Genético, impulsado desde su despacho judicial. Este sistema conserva muestras de familiares directos de personas desaparecidas y permite compararlas con restos óseos recuperados durante las excavaciones. El ministro señaló que el procedimiento ya permitió identificar a algunas víctimas y destacó el trabajo de la Dirección de Memoria Histórica y Reparación del Ministerio de Justicia, encabezada por Rogelio Goiburú, en las tareas de búsqueda y recuperación de restos humanos. También valoró el respaldo institucional de la Corte para dar continuidad a estas labores.
Por otra parte, Santander resaltó la cooperación de las Naciones Unidas y de especialistas internacionales en antropología forense para fortalecer los procesos de identificación. Asimismo, señaló que la capacitación de magistrados en la aplicación de tratados internacionales de derechos humanos es fundamental para evitar nuevas vulneraciones.
Finalmente, insistió en que la historia de la dictadura debe enseñarse en escuelas y colegios para que las nuevas generaciones conozcan lo ocurrido. También recordó las medidas de reparación a las víctimas del terrorismo de Estado, entre ellas las relacionadas con el operativo Pascua Dolorosa, ocurrido en Santa Rosa, Misiones.