El titular de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Óscar Orué, indicó que existe una fuerte presunción de que los productos adquiridos y posteriormente entregados por la administración municipal de Miguel Prieto a la ciudadanía esteña en la crisis sanitaria por la pandemia del covid-19 hayan sido de contrabando.
“Lo que se encontró en la trazabilidad que solicitó la Fiscalía en la investigación arrojó que no coinciden justamente las compras que se hicieron en cuanto a lo que se proveyó. Eventualmente las empresas que fueron proveedoras no podrían haber entregado la cantidad de productos, porque no tenían stock. Nosotros vimos los inventarios de las empresas y eso fue lo que comunicamos al Ministerio Público”, dijo en una entrevista con la radio 1080 AM.
Las declaraciones de Orué surgieron tras la decisión de los agentes fiscales Silvio Corbeta, Rodrigo Estigarribia y Alma Zayas de imputar este miércoles por lesión de confianza a Prieto, luego de detectarse un presunto perjuicio patrimonial en la comuna de G. 1.769.790.000 en la compra ficticia de 25.000 kits de cestas básicas para familias humildes en abril del 2020.
“Esta es una investigación, es de hace varios años. Es una presunción muy fuerte que se tiene (que los productos hayan sido adquiridos de contrabando), si no se puede observar de dónde se compraron, pero no estamos en condiciones de poder confirmarlo, entiendo que es el fiscal que trabajará con la Dirección Nacional de Aduanas de tal manera a poder verificar si esos productos tienen alguna trazabilidad o de dónde salieron ”, remarcó.
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Según la Fiscalía, la compra se generó vía excepción y la firma beneficiada es Tía Chela SRL. La investigación refiere también que se habría simulado una cadena de compra y venta donde participó la empresa Vanemi SA, cuya responsable es Emili Vanessa Florentín, quien sería del entorno de Prieto.
“En los casos análogos nosotros tenemos que esos productos preferiblemente son de contrabando. Hicimos un estudio pormenorizado, incluso tampoco hemos encontrado que esos productos hayan estado certificados o reconocidos por el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición”, sentenció.
Además de Prieto, se encuentran imputados Maggi Elizabeth Fariña Almada, quien cumple funciones como coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones; Francisco Arrúa Álvarez, director de Administración y Finanzas, Cirle Alcaraz Ramírez, responsable de pago en la comuna de Ciudad del Este.
La lista continua con Sebastián Martínez Insfrán, director de Desarrollo Social; José Félix Cáceres Galeano, jefe de Desarrollo Comunitario; Julián Benítez Gamarra, jefe de Almacenes; Higinio Ramón Acuña, jefe de Adquisición y Suministros; Nelson Segovia Acevedo, tesorero; Fermín Ávalos Britos, propietario de Tía Chela SRL, y Emili Vanessa Florentín Páez, propietaria de la firma Vanemi SA.
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