El presidente de la Cámara de Senadores, Silvio “Beto” Ovelar, confirmó en conversación con La Nación/Nación Media que este jueves pondrá a consideración del plenario el pedido presentado por Javier Vera, alias Chaqueñito, miembro de la lista de Cruzada Nacional, que solicitó le permitan jurar y asumir la banca que corresponde a Rafael “Mbururu” Esquivel, por estar imposibilitado para asumir su banca.
Señaló que la nota tendrá entrada oficial mañana durante la sesión ordinaria prevista para las 9:00, y estará poniendo a consideración de sus pares; así como los tres dictámenes de los asesores jurídicos, Emilio Camacho, Marcos Konh Gallardo y Claudio Lovera.
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De acuerdo a estos dictámenes en coincidencia, señalan que el pleno puede decidir sobre la justificación hecha por Mbururu Esquivel y resolver si es válida o no su justificación de ausencia. “Si considera que es injustificada, el pleno puede determinar con una mayoría simple el juramento del que sigue en el orden de preferencia en la lista que es Chaqueñito Vera, pero eso depende del pleno”, expresó.
Convocatoria automática
Asimismo, Ovelar en su carácter de titular de la Cámara Alta confirmó que estará convocando automáticamente al número 6 de la lista de Cruzada Nacional. “Le convoco, automáticamente, al senador que le sigue en el orden de preferencia. El Senado no puede funcionar sine die con 44 senadores”, señaló, aclarando que “no hace falta” solicitar al Tribunal Superior de Justicia Electoral que proclame previamente al siguiente del orden de preferencia.
“Mi opinión personal es que le corresponde a Chaqueñito jurar como senador, yo no accedí a esa figura el día de la sesión inaugural (el pasado 30 de junio), para que no se interpretara que yo le hacía jurar por la posibilidad de que él me sumara un voto más en la mesa directiva”, acotó.
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Analizarán propuesta para modificar régimen de financiamiento de campañas políticas
La Cámara de Diputados analizará en la próxima sesión ordinaria, el proyecto de ley que introduce importantes modificaciones al régimen actual de financiamiento de las campañas políticas.
El objetivo es mejorar los mecanismos de control y, al mismo tiempo, simplificar los procedimientos para partidos, movimientos internos y candidatos.
Esta iniciativa ya cuenta con media sanción de la Cámara Baja, pero fue nuevamente modificada por el Senado y ahora se encuentra en su tercer trámite constitucional, en el cual el plenario deberá definir si se allana a los cambios realizado por el Senado o se ratifica en su sanción inicial.
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Este proyecto tiene por acápite “Que modifica los artículos 64 inciso a), 66 y 278 inciso b) de la Ley Nº 834/1996, ‘Que establece el Código Electoral’, modificado por las leyes 4743/2012 y 6167/2018”.
La propuesta de legislación responde a una creciente preocupación por la transparencia en el uso de fondos durante los procesos electorales y a las dificultades operativas que enfrentaron las nucleaciones políticas a raíz de la normativa vigente, según la exposición de motivos.
El documento agrega que, si bien la legislación actual establece controles, estos resultan en muchos casos excesivamente complejos o poco accesibles para las agrupaciones políticas, en especial durante las elecciones internas.
Principales cambios se sintetizan en:
Reconocimiento anticipado de movimientos internos: la actual ley no contempla un proceso previo de reconocimiento de los movimientos internos antes de la inscripción de candidaturas. El proyecto propone formalizar esta etapa, permitiendo a los movimientos gestionar de manera anticipada su identificador tributario y cuenta bancaria.
Digitalización de declaraciones: se propone que tanto la Declaración de Ingresos y Gastos de Campaña (DIGC), como la Declaración de Intereses Económicos Vinculados (DIEV) se presenten únicamente en formato digital ante los organismos de control, reduciendo el uso de papel y facilitando su análisis.
Presentación individual por candidato: a diferencia del esquema actual, en el que los movimientos presentan declaraciones de forma general, la modificación exige que cada candidato presente su propia DIGC y DIEV, incluso detallando su participación en sociedades o inversiones económicas.
Mayor transparencia y fiscalización: el nuevo texto prevé la publicación obligatoria, en un plazo de diez días hábiles, de todas las declaraciones e informes recibidos en el portal del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).
Además, se establece la conformación de una unidad especializada de fiscalización que verificará la veracidad y autenticidad de los documentos.
Obligaciones bancarias claras: la apertura de cuentas únicas en instituciones financieras, establecidas en el artículo 278, se refuerza en el proyecto con plazos específicos. Las entidades deberán habilitar las cuentas en un máximo de 48 horas y justificar por escrito cualquier negativa. La omisión podrá ser sancionada por la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay.
Sanciones más severas: en caso de comprobarse la falsedad en la declaración de ingresos, el proyecto contempla la suspensión de la participación del candidato por diez años en cualquier tipo de elección, una medida que no figura en la normativa vigente.
Actualización institucional: se sustituye la mención a la Subsecretaría de Estado de Tributación por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), como organismo encargado de emitir el identificador tributario y colaborar en los controles financieros.
De acuerdo a la exposición de motivos aclaran que la iniciativa no busca eliminar los mecanismos de control establecidos por el TSJE, sino más bien adecuarlos a las nuevas necesidades administrativas y tecnológicas, según declaran los proponentes.
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Proyecto sobre nuevos feriados nacionales será tratado este miércoles en el Senado
La Cámara de Senadores prevé tratar este miércoles, en sesión ordinaria, el proyecto de ley “Que determina los feriados nacionales de la República del Paraguay, establece los feriados móviles y faculta al Poder Ejecutivo a instituir otros feriados en situaciones especiales”, impulsado por el Poder Ejecutivo.
La propuesta fue analizada y aprobada este lunes con modificaciones por la Comisión de Cultura y Educación, junto con otro proyecto presentado por el senador José Oviedo. El texto remitido por el Ejecutivo busca reordenar el calendario de feriados nacionales y establece la posibilidad de crear hasta tres feriados no permanentes cada año, distintos a los tradicionales ya establecidos.
Esta medida tiene como objetivo promover la actividad turística y económica del país, así como permitir la conmemoración de “ocasiones especiales”, entre ellas, eventos deportivos significativos como una eventual victoria de la selección paraguaya en un Mundial de Fútbol.
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Durante el estudio en comisión, se incorporaron modificaciones importantes. Una de las principales fue la inclusión del 22 de septiembre como feriado nacional, en conmemoración de la Batalla de Curupayty. Sin embargo, se excluyó de esta categoría el 12 de octubre, fecha que también había sido propuesta por el senador Oviedo para ser reconocida como día patrio, al recordar la proclamación de la República del Paraguay.
Asimismo, se redefinió la denominación del 20 de junio, que pasará a llamarse oficialmente “Día de la Constitución Nacional”, en reemplazo de “Día de la Jura de la Constitución”. Por otro lado, la comisión rechazó la propuesta del Ejecutivo de instituir tres nuevos feriados nacionales permanentes.
Uno de los puntos más debatidos fue la figura de los feriados móviles. El senador Silvio Ovelar, impulsor de varias de las modificaciones introducidas, manifestó su oposición a esta medida, argumentando que ciertas fechas patrias deben mantenerse inamovibles por su valor histórico y simbólico.
Mencionó entre ellas:
- el 1 de marzo (Día de los Héroes)
- el 14 y 15 de mayo (Independencia Nacional)
- el 12 de junio (Paz del Chaco)
- el 15 de agosto (Fundación de Asunción)
- el 29 de septiembre (Victoria de Boquerón)
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En la misma línea, el senador Ever Villalba expresó que “hay fechas emblemáticas” que deben respetarse en su día original, evitando trasladarlas para fines de semana largos u otros fines turísticos.
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Diputados evaluará penas más severas para funcionarios públicos por corrupción
La Cámara de Diputados tiene previsto analizar en su sesión ordinaria de este martes un proyecto de ley que busca modificar las penas por corrupción en el Código Penal Paraguayo, estableciendo castigos de hasta 25 años de prisión para funcionarios públicos que incurran en determinados delitos.
La exposición de motivos argumenta que la iniciativa responde a la necesidad de “disuasión legal para el combate frontal a la corrupción pública y privada”, señalando que “el crimen organizado nacional se nutre con el apoyo de funcionarios públicos, desangrando al Estado en su patrimonio”.
Asimismo, señala que la corrupción pública “atenta directamente contra los derechos humanos” y que “sus consecuencias son equiparables a crímenes de lesa humanidad”, al afectar servicios básicos como salud, educación y seguridad.
El proyecto que se encuentra en su primer trámite constitucional plantea la modificación de varios artículos del Código Penal, que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias, lesión de confianza y otros delitos conexos.
El proyecto también incorpora medidas como el comiso especial de bienes obtenidos ilegítimamente y prohibiciones posteriores al ejercicio del cargo, estableciendo multas de mil días para funcionarios que se vinculen laboralmente con empresas beneficiadas por contratos administrativos dentro del año siguiente a su celebración. La iniciativa busca reforzar “la confianza de la ciudadanía y de la opinión pública en las Instituciones Republicanas”, según expresó el diputado en su fundamentación.
Principales modificaciones
Lesión de confianza (Art. 192)
Pena actual: Hasta 5 años o multa
Pena propuesta: hasta 25 años para funcionarios públicos (casos graves).
Exacción (Art. 312)
Pena actual: 10 años o con multa
Pena propuesta: 10 a 20 años
El artículo 2 del proyecto de ley presentado también establece modificaciones al Código penal en los artículos 239, 298, 300, 301, 302, 303 y 305, que quedan redactados de la siguiente manera:
Asociación criminal (Art. 239)
Pena actual: Hasta 5 años
Pena propuesta: 10 a 15 años para funcionarios públicos
Quebrantamiento del depósito (Art. 298)
Pena actual: Hasta 2 años o multa
Pena propuesta: 10 a 15 años para funcionarios públicos
Cohecho pasivo (Art. 300)
Pena actual: Hasta 3 años o multa para funcionarios / hasta 5 años o multa para jueces
Pena propuesta: 5 a 8 años para funcionarios / 5 a 10 años para jueces
Cohecho pasivo agravado (Art. 301)
Pena actual: Hasta 5 años para funcionarios / hasta 10 años para jueces
Pena propuesta: 5 a 10 años para funcionarios / 10 a 15 años para jueces
Prevaricato (Art. 305)
Pena actual: 2 a 5 años
Pena propuesta: 5 a 8 años (hasta 15 años en casos graves)
En el artículo 3 del proyecto presentado, se propone la modificación de los artículos 3, 4, 6, 7 y 8 de la ley n.º 2523/04, “Que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito en la función pública y el tráfico de influencias”, que quedan redactados de la siguiente manera:
Enriquecimiento ilícito (Art. 3)
Pena actual: 1 a 10 años
Pena propuesta: 10 a 15 años
Tráfico de influencias (Art. 7)
Pena actual: hasta 3 años
Pena propuesta: 10 años (15 años si la influencia es ejercida ante magistrados o fiscales / 20 años si el autor es funcionario público).
Administración en provecho propio (Art. 8)
Pena actual: hasta 10 años
Pena propuesta: 15 a 25 años.
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Alfonso Noria juró como senador en reemplazo de Gustavo Leite
La Cámara de Senadores tomó juramento este miércoles en sesión extraordinaria a Alfonso Noria, suplente de Gustavo Leite, quien cuenta con permiso para asumir próximamente el cargo de embajador ante Estados Unidos.
El juramento se concretó con 28 legisladores presentes en la sala de sesiones. Noria se desempeñó como gobernador del departamento de Canindeyú durante el periodo 2013-2018. De profesión docente de educación física, ingresó a la arena política en el 2006, cuando fue electo intendente de la ciudad de Curuguaty.
El artículo 199 de la Constitución Nacional establece que los legisladores electos pueden solicitar permiso en sus cargos para dos casos: ocupar el cargo de ministro o asumir como diplomáticos.
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Leite logró el acuerdo constitucional de la Cámara Alta el pasado 16 de julio con un total de 32 votos. El legislador aguarda prestar juramento ante el mandatario Santiago Peña. Tras lograr un amplio respaldo para su designación, Leite dijo que su gestión apuntará a colocar a Paraguay, en el mapa del país norteamericano.
“Estados Unidos tiene 200 países que quieren llevarse muy bien con ellos, debemos hacernos conocer política y empresarialmente. Se debe trabajar más en exportaciones, inversiones, cooperaciones tecnológicas, científicas, educativas y contra el crimen organizado y militar", había sostenido en una entrevista con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
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