Desde el Ministerio Público afirmaron que la renuncia de la fiscala Alicia Sapriza al equipo de investigación del asesinato a Marcelo Pecci, no afectará la capacidad de la Fiscalía para seguir recabando datos respecto al crimen y colaborar con las informaciones que precise Colombia, así lo afirmó el fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán.
“Yo aseguro que no va a afectar, no existe un factor exógeno a todo el equipo, que está unido, que le minimice en la capacidad de acción que tenemos. Estamos complementando nosotros de manera íntegra todas las peticiones de Colombia”, expresó Doldán en comunicación con la 650 AM.
El agente del Ministerio Público indicó que Paraguay no adeuda a Colombia ni un solo elemento del contexto investigativo y mencionó que de momento la Fiscalía paraguaya aguarda la respuesta de un pedido realizado al equipo de investigación colombiano.
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“Ahora mismo Colombia está cerrando esa cooperación y nos está transmitiendo para que podamos analizar con profundidad algunas variables con las que no contaba Paraguay”, detalló Doldán quien ratificó que el equipo seguirá trabajando, pese a la salida de su colega.
El Ministerio Público informó que la petición de apartarse de la causa de Pecci, fue realizada por la propia fiscala Alicia Sapriza, y de acuerdo al documento que tomó estado público, señalan que las argumentaciones presentadas por la agente responde a razones que mantendrá en reserva, pero le generaron un desgaste tanto a nivel personal como emocional.
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No descartan extender investigación a títulos universitarios sin acreditación
A través de la denuncia, se requirió a la Fiscalía verificar títulos, certificados de estudio y constancias de prácticas vinculados a las ofertas observadas.
La directora ejecutiva de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), Adriana Pesoa, se refirió a la apertura de una causa penal para investigar las titulaciones universitarias registradas entre 2023 y 2026 de carreras universitarias que no cuentan con acreditación vigente. “Si se podría ir mucho más atrás es por eso que justamente proporcionamos esta información al Ministerio Público, realmente esto es un trabajo que se podría continuar”, afirmó Pesoa en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
DENUNCIA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO
La institución encargada de evaluar, asegurar y certificar la calidad de las carreras de grado, programas de posgrado y de las propias instituciones de educación superior, presentó días atrás una denuncia ante el Ministerio Público, tras un proceso de análisis de 138.256 títulos de grado registrados durante el citado periodo. Del total, 71.093 corresponden a carreras que no contaban con la acreditación vigente al momento del registro.
A través de la denuncia, se requirió a la Fiscalía verificar títulos, certificados de estudio y constancias de prácticas vinculados a las ofertas observadas. “Queda pendiente para el Ministerio Público hacer mucho análisis sobre cada uno de los títulos, de dónde provienen, la calidad, si son auténticos o no, si provienen de las carreras acreditadas o no”, manifestó Pesoa.
IDENTIFICAN A INSTITUCIONES
Señaló también que “están identificadas las instituciones que más emitieron títulos y bueno ya quedará a cargo del Ministerio Público poder llegar a un análisis más fino y que cada institución asuma la responsabilidad al respecto”. El informe entregado por la Aneaes coloca especial atención en las carreras de acreditación obligatoria por ley y en las del área de la salud. Desde la institución también se había aclarado que la falta de acreditación vigente no significa, por sí sola, que todos los títulos sean irregulares.
De acuerdo a ese informe, existe evidencia de un patrón de evasión de los controles de calidad por parte de un conjunto de instituciones: carreras de acreditación obligatoria que no se presentan a las convocatorias de la Agencia durante años, que siguen titulando con acreditación vencida o denegada, o que titulan desde ofertas que figuran como inactivas en el catastro del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones). Para la causa fueron designados los agentes fiscales Silvia González, Laura Giacummo y Christian Benítez.
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Irán a prisión quienes profanen tumbas o perturben el descanso de los difuntos
Las personas que atenten contra los restos de personas fallecidas o los espacios destinados a su descanso serán sancionadas con penas privativas de libertad de dos a cinco años, o multas, según recordó el Ministerio Público.
El Código Penal paraguayo, Ley n.º 1160/97 establece en su artículo 231 la figura penal de “Perturbación de la paz de los difuntos”, que contempla sanciones para los que cometen este tipo de hechos.
En estos días, en que se celebra la fiesta de Halloween, o la Noche de Brujas, generalmente hay personas que ni a los muertos les dejan en paz, profanando tumbas o atentando contra los espacios al descanso eterno.
La disposición legal busca garantizar el respeto a la memoria de las personas fallecidas, la integridad de sus restos y la tranquilidad de los espacios donde son depositados. Asimismo, resguarda los intereses legítimos de los familiares y de quienes tienen derecho a la custodia de los restos mortales, evitando intervenciones arbitrarias que vulneren sus derechos.
Entre las conductas contempladas por esta disposición se encuentran:
La sustracción de cadáveres: retirar o llevarse, sin autorización, el cuerpo de una persona fallecida.
La sustracción de partes del cuerpo: apoderarse de restos humanos o de partes de ellos.
La intervención no autorizada de sepulturas: abrir, alterar o intervenir tumbas y otros espacios funerarios al margen de los procedimientos legales.
Maltrato o destrucción de restos humanos: realizar acciones que vulneren la integridad de los restos de una persona fallecida.
Las sanciones previstas
El Ministerio Público recortó que las sanciones establecidas son:
La sustracción de cadáveres, partes del cuerpo o cenizas tiene hasta tres años de pena privativa de libertad o multa.
Actos ultrajantes contra un cadáver o una tumba contempla hasta dos años de pena privativa de libertad o multa.
Cuando existe intención de obtener un beneficio patrimonial la pena puede aumentar hasta cinco años de privación de libertad.
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¿Qué hacer ante la profanación de una tumba o la desaparición de restos humanos?
Ante la sospecha o constatación de un hecho de esta naturaleza, se recomienda:
Realizar la denuncia inmediata: acudir a la Policía Nacional o al Ministerio Público para poner el hecho en conocimiento de las autoridades competentes. La denuncia no requiere necesariamente la asistencia de un abogado.
Preservar el lugar: evitar manipular la sepultura, los restos humanos o los objetos que pudieran constituir evidencias.
Recopilar información: conservar fotografías, registros de visitas, datos de la administración del cementerio y cualquier antecedente que permita establecer cuándo ocurrió el hecho.
Solicitar la intervención de las autoridades: facilitar las diligencias de investigación y la preservación de posibles elementos probatorios.
Comunicar el hecho a la administración del cementerio: solicitar información sobre los controles de seguridad, registros de ingreso y eventuales sistemas de videovigilancia.
Las cifras
El Observatorio y la oficina de Estadísticas del Ministerio Público revelan que un total de 221 causas ingresaron en los últimos seis años (2021- 2026, hasta setiembre ) por el hecho punible de perturbación de la paz de los difuntos.
Los datos señalan que los domingos y lunes registran los mayores números de denuncias en el Ministerio Público.
Las denuncias ingresadas muestran que en horas de la mañana fueron reportadas la mayor cantidad de causas a nivel país. Este comportamiento se debe a que muchos de los casos se registran en horas de la noche, pero que los hechos son descubiertos por los familiares de difuntos en horas de la mañana, según los datos.
Los departamentos de mayor registro de causas son Asunción, Central, Cordillera, Caaguazú, y Alto Paraná.
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Aneaes no descarta extender investigación sobre títulos universitarios sin acreditación
La directora ejecutiva de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), Adriana Pesoa, se refirió a la apertura de una causa penal para investigar las titulaciones universitarias registradas entre 2023 y 2026 de carreras universitarias que no cuentan con acreditación vigente.
“Si se podría ir mucho más atrás es por eso que justamente proporcionamos esta información al Ministerio Público, realmente esto es un trabajo que se podría continuar”, afirmó Pesoa este viernes en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
La institución encargada de evaluar, asegurar y certificar la calidad de las carreras de grado, programas de posgrado y de las propias instituciones de educación superior, presentó días atrás una denuncia ante el Ministerio Público, tras un proceso de análisis de 138.256 títulos de grado registrados durante el citado periodo. Del total, 71.093 corresponden a carreras que no contaban con la acreditación vigente al momento del registro.
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A través de la denuncia, se requirió a la Fiscalía verificar títulos, certificados de estudio y constancias de prácticas vinculados a las ofertas observadas. “Queda pendiente para el Ministerio Público hacer mucho análisis sobre cada uno de los títulos, de dónde provienen, la calidad, si son auténticos o no, si provienen de las carreras acreditadas o no”, manifestó Pesoa.
Señaló también que “están identificadas las instituciones que más emitieron títulos y bueno ya quedará a cargo del Ministerio Público poder llegar a un análisis más fino y que cada institución asuma la responsabilidad al respecto”. El informe entregado por la Aneaes coloca especial atención en las carreras de acreditación obligatoria por ley y en las del área de la salud. Desde la institución también se había aclarado que la falta de acreditación vigente no significa, por sí sola, que todos los títulos sean irregulares.
De acuerdo a ese informe, existe evidencia de un patrón de evasión de los controles de calidad por parte de un conjunto de instituciones: carreras de acreditación obligatoria que no se presentan a las convocatorias de la Agencia durante años, que siguen titulando con acreditación vencida o denegada, o que titulan desde ofertas que figuran como inactivas en el catastro del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones). Para la causa fueron designados los agentes fiscales Silvia González, Laura Giacummo y Christian Benítez.
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Fiscalía urge a la Corte destrabar causa penal por lavado de dinero contra Miguel Ángel Zaldívar
El Ministerio Público presentó su segundo urgimiento ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para destrabar la causa penal caratulada como “Miguel Zaldívar y otros s/ lavado de dinero” (N.º 6/2021). El fiscal Jorge Arce fue quien solicitó a los ministros de la máxima instancia judicial, Manuel Ramírez Candia, César Diesel y Víctor Ríos, que destraben el mencionado proceso.
El expediente judicial se encuentra en poder del ministro Víctor Ríos desde el mes de agosto, y solo falta la firma del duplicado en limpio de dicho alto magistrado para que el proceso penal se destrabe y pueda avanzar.
La Fiscalía argumenta que es urgente resolver el caso para brindar certeza procesal, evitar dilaciones indebidas y cumplir con los principios de celeridad, economía procesal y plazo razonable. Los integrantes de la Sala Penal deben resolver la recusación presentada por el acusado Celio Tunholi, quien recusó a los camaristas Silvana Raquel Luraghi Sarubbi, Mario Camilo Torres y Paublino Escobar Garay.
Del mismo modo, en septiembre pasado, el abogado Claudio Lovera, en representación de la Conmebol como querellante adhesiva, ya había presentado un urgimiento exigiendo destrabar el proceso. La recusación contra los camaristas fue planteada el 10 de abril de 2026; es decir, hace ya más de seis meses.
La Conmebol apunta a recuperar al menos USD 15 millones que el empresario y dirigente deportivo Nicolás Leoz (fallecido en agosto de 2019) desvió del ente rector del fútbol sudamericano hacia el Banco Atlas, institución financiera de la familia Zuccolillo.