La abogada Gessy Ruiz Díaz, representante legal del excandidato a presidente de la República Paraguayo “Payo” Cubas, presentó este viernes una solicitud de revisión de medidas cautelares ante el Juzgado Penal de Garantías, con la finalidad de que su cliente abandone la sede de la Agrupación Especializada de la Policía Nacional.
En la petición, Ruiz Díaz hace mención al artículo 250 del Código Penal, donde menciona que en caso de no existir los presupuestos necesarios para la prisión preventiva, se deberá disponer la “inmediata libertad del imputado”.
El dirigente esteño se encuentra imputado por perturbación de la paz pública, resistencia, amenaza de hecho punible, tentativa de coacción a órganos constitucionales y tentativa de impedimento de las elecciones. El también exsenador había encabezado luego de la finalización de los comicios generales del pasado 30 de abril varias manifestaciones a nivel país, principalmente en la capital.
Lea también: Hay evidencias para que la Fiscalía investigue filtración de Seprelad, afirma abogado
Las movilizaciones impulsadas bajo el discurso de un supuesto fraude electoral terminaron generando varios hechos violentos. Desde el Ministerio del Interior, liderado por Federico González, incluso se había constatado que las protestas que agrupaban a una gran cantidad de indígenas eran financiadas.
Finalmente, fue fijada para las 10:30 de este viernes la audiencia por medios telemáticos ante el juez Raúl Florentín, quien interina a su colega Julián López. Cubas se encuentra recluido en la Agrupación Especializada desde el pasado 5 de mayo.
Anteriormente, el presidente del Partido Cruzada Nacional había solicitado su libertad ambulatoria, sin embargo, en diversas oportunidades tanto los agentes fiscales como jueces rechazaron la solicitud.
Te puede interesar: Napout regresó tras más de siete años en prisión
Dejanos tu comentario
Contraloría Ciudadana cuestiona al equipo legal de Prieto por vínculo laboral con municipio
Integrantes de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este (CCDCE) requieren a la Contraloría General de la Republica (CGR) que impulse una fiscalización en torno al plantel de funcionarios y empleados públicos de la Municipalidad de Ciudad del Este al denunciar una presunta incompatibilidad y conflicto de intereses por parte de la abogada Gilda María Portillo.
El pedido de la organización surge teniendo en cuenta que Portillo, conforme a la lista de funcionarios y empleados públicos divulgada por la municipalidad, aparece vinculada y remunerada por la institución desde el mes de febrero del 2025 y paralelamente ejercería la defensa técnica particular en las diferentes causas judiciales que enfrenta el destituido intendente por corrupción, Miguel Prieto, y su equipo conformado por el concejal Sebastián Martínez Insfrán, el director de Recursos Humanos, Francisco Arrúa, y la funcionaria Maggi Elizabeth Fariña Almada.
“La denuncia se sustenta en la posible existencia de incompatibilidad, conflicto de intereses y eventual utilización inadecuada de recursos o información institucional, atendiendo a que la citada profesional, mientras mantiene un vínculo remunerado con la Municipalidad de Ciudad del Este, ejercería la defensa técnica particular de autoridades, exautoridades y funcionarios vinculados con dicha institución”, refiere el documento que será remitido al órgano auditor.
Señala también que “asimismo, se solicita verificar si la denunciada cumplió con su obligación de presentar ante la Contraloría General de la República su Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos, dentro del plazo legal correspondiente”.
Lea también: Exviceministro afirma que recibió la orden de Giuzzio de negociar con narco brasileño
Intereses contrapuestos
En el escrito mencionan que algunas de las causas judiciales guardarían relación con hechos denunciados, actuaciones administrativas, recursos públicos o circunstancias vinculadas directa o indirectamente con la Municipalidad de Ciudad del Este.
“Esta situación podría colocar a la profesional en una posición de intereses contrapuestos, debido a que, por una parte, mantiene un vínculo remunerado con la institución municipal y se encuentra obligada a privilegiar y proteger los intereses públicos; mientras que, por otra, asume la defensa particular de personas investigadas o procesadas por hechos presuntamente vinculados con la misma institución”, indican desde la Contraloría Ciudadana de acuerdo a las informaciones e investigaciones recopiladas por sus miembros.
Agregan que la situación requiere verificar si la denunciada tiene acceso, por razón de sus funciones, a documentos, antecedentes, datos personales, expedientes administrativos, informes jurídicos o cualquier otra información institucional que pudiera resultar relevante para las causas en las que ejerce la defensa técnica.
Solicitan también determinar si la defensa de las personas individualizadas es abonada de manera particular por cada defendido o si, directa o indirectamente, se utilizan recursos, contratos, honorarios, personal, instalaciones, información o fondos de la Municipalidad de Ciudad del Este.
En el requerimiento, la Contraloría Ciudadana hace alusión a la Ley 7445/2025 “De la Función Pública y del Servicio Civil” el cual resulta aplicable a los funcionarios y empleados públicos de los gobiernos municipales. A la vez citan artículo 51 de la ley que establece, entre las obligaciones de los servidores públicos, la de privilegiar los intereses del Estado sobre los intereses propios o particulares, observar el principio de probidad administrativa y actuar con imparcialidad.
También hacen mención al artículo 52, inciso m, prohíbe a los servidores públicos efectuar o patrocinar para terceros trámites o gestiones administrativas o judiciales bajo su ámbito de actuación, con las excepciones previstas en el ordenamiento jurídico.
Igualmente, citan los incisos k, l, n, p y r del mismo artículo argumentando que en los mismos se detallan prohibiciones relacionadas con la obtención de beneficios, el conflicto de intereses, la prestación de servicios a determinados particulares y el ejercicio de ocupaciones que no puedan conciliarse con las obligaciones del puesto público.
Además citan en la solicitud el artículo 61, inciso p, considera falta grave efectuar o patrocinar para terceros trámites o gestiones administrativas o judiciales, se encuentren o no directamente bajo el ámbito de actuación del servidor público.
También hacen referencia a la ley 6919/2022 sobre la declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos el cual comprende como sujetos obligados a las personas nombradas, contratadas o electas para prestar servicios en organismos o entidades del Estado. La declaración jurada debe presentarse ante la Contraloría General de la República dentro del plazo legal contado desde la toma de posesión o inicio de las funciones.
“Los hechos expuestos ameritan una investigación destinada a determinar la naturaleza exacta del vínculo contractual, las funciones asignadas, los pagos efectuados, la existencia de posibles conflictos de intereses y el cumplimiento de las obligaciones legales de transparencia”, sostienen.
Dejanos tu comentario
Denuncia a exmodelo por violencia: “La señora andaba armada”
La abogada Leticia Bóbeda lleva adelante la defensa de Marcos Gómez en el caso de violencia familiar contra su expareja, la exmodelo Graciela Núñez. La profesional, en conversación con La Nación/Nación Media, hizo algunas aclaraciones.
“Nosotros estábamos en conocimiento de que ella hizo una denuncia por violencia familiar, pero en la carpeta fiscal señala que la declaración testifical no es clara, no manifiesta específicamente tiempo, fechas de los hechos ordenados, y apunta más bien hacia una cuestión de infidelidad y supuestos hechos ocurridos hace muchos años”, mencionó.
No obstante, el Ministerio Público aplicó el protocolo respectivo, trasladando a la víctima hasta la sede de Atención a víctimas del Ministerio Público en Asunción.
Asimismo, el informe remitido por dicha dependencia establece que no se ha obtenido un relato fáctico y la profesional se ha limitado solamente a sugerir una nueva evaluación psicológica para la víctima debido a que “en este estado no se cuenta con suficientes elementos de sospecha para formular una acta de imputación”.
No obstante, la causa queda abierta, prosiguiendo la investigación. “Eso es lo que existe en la causa”, indicó la defensora. Añadió que su defendido apeló a una denuncia penal porque “ya era insostenible la situación” de violencia hacia su cliente.
Y se agravó porque “la señora andaba armada”. En su indagatoria, “ella admitió que tenía arma de fuego”, expresó.
Te puede interesar: Pedrozo: suman cinco las víctimas fatales en terrible accidente
En se sentido, cuentan con denuncias policiales que fueron agregadas a la carpeta fiscal. “Nosotros hicimos la denuncia porque ella ahora le utiliza a los niños como instrumento para amedrentar al padre”, puntualizó. Los niños viven con su papá.
“Marcos tiene dos hijos mayores que son de un matrimonio anterior que viven con él por voluntad propia y los niños que tiene con Graciela Núñez”, precisó.
Aseguró que los episodios de violencia fueron constantes de parte de la mujer. “Ella dice que se le manipula y es mentira porque a pesar de las amenazas, incluso con armas, Marcos esperó mucho tiempo porque la violencia fue sostenida. Y se agravó en los últimos seis meses. A su hijo de 14 años le dijo que le iba a matar a su papá si le quitaba la camioneta”, aseveró.
Además, agregarán todos los mensajes y videos “Tenemos videos en donde ella le rompe una botella de vidrio. También hay otro video, donde ella le escupe, le araña. En otra ocasión, Marcos se despierta con una pistola en la cabeza, donde ella le decía “no me vas a dejar”. Sin embargo, ella se fue”.
Tampoco aceptó el divorcio. “Ella tiene muchos bienes a su nombre gracias al señor Marcos y él nunca le reclamó. Le mandamos incluso, una minuta de divorcio de mutuo consentimiento y la señora no quiso firmar”, comentó.
En relación al video donde él aparentemente golpea a la mujer, “haciendo zoom del video, se ve que ella se da vuelta y él golpea un mueble”, explicó.
Por otro lado, cuando se retiró de la residencia familiar. “Ella arrancó todo el circuito cerrado. El señor Marcos Gómez nunca tuvo acceso porque él confiaba en su señora”, subrayó.
En conclusión, dijo que “hay muchas inconsistencias en el relato de ella”.
Leé más: No al trabajo infantil: concurso de dibujo reunió a más de 830 niños
Dejanos tu comentario
“Sus propios aliados le entregaron, aceptaron que se robó”, dice Alliana sobre Prieto
“Ni le conozco a este muchacho, ni a los jueces y fiscales de sus causas judiciales. No debería preocuparse por mí, sino por sus aliados”, indicó el segundo del Ejecutivo y aspirante a mandatario, Pedro Alliana, con relación a las acusaciones de “persecución política” que manifiesta el destituido intendente de Ciudad del Este y líder del Partido Yo Creo, Miguel Prieto, a puertas de dos juicios por corrupción.
“Sus propios exfuncionarios fueron los que le entregaron, aceptaron los hechos, que sí se robó, en una época tan difícil como fue la pandemia. Es candidato a presidente de la República y si hace denuncias que lo haga de manera responsable, con pruebas, y no justificar 46 denuncias por hechos de corrupción como una persecución política”, indicó Alliana, este jueves, a la 1020 AM.
El dirigente opositor enfrentará el próximo 31 de agosto un juicio oral y público en la causa conocida como Tía Chela por la sobrefacturación de mercaderías en pandemia. El Ministerio Público refiere que en la gestión de Prieto se concretó un perjuicio patrimonial de más de G. 2.500 millones a la comuna esteña.
Lea también: Caso IPS: juez otorga libertad ambulatoria para Jorge Brítez
Días atrás también se confirmó que enfrentará un juicio oral y público en la causa conocida como Tajy, en la que la Fiscalía alega pagos por mercaderías inexistentes o no entregadas que debían destinarse a kits de alimentos para familias vulnerables; a través de dicha empresa, sin capacidad logística, dedicada a la construcción de pozos.
El órgano extrapoder refiere que se ocasionó un perjuicio patrimonial de G. 306.188.500. En esta causa, Maggi Elizabeth Fariña Almada, excoordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones; Nelson Alexis Segovia Acevedo, extesorero; y Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez, exencargada de órdenes de pago, admitieron el montaje de un esquema de compra simulada mediante licitaciones por vía de la excepción.
Sin embargo, Prieto refiere que el avance de estas causas obedece a una persecución política con la finalidad de sacarlo de la carrera presidencial en el 2028. “No le tengo miedo a Prieto (de enfrentarle en las urnas) y no entraré en su juego, si le voy a ganar será en la cancha, pero él debe rendir cuentas. Ya me enfrenté en elecciones con candidatos de fuste y él es un líder distrital”, sentenció Alliana.
Dejanos tu comentario
Legisladores paraguayos repudian dichos de Lula por distorsionar la historia de la Triple Alianza
“Luiz Inácio Lula da Silva, estás hablando con demasiada ligereza de la mayor tragedia de nuestra historia, el mayor genocidio de nuestro continente”, dijo el titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, repudiando las afirmaciones del mandatario brasileño quien alegó que Paraguay invadió su país, Argentina y Uruguay, durante la Guerra de la Triple Alianza.
“La Guerra de la Triple Alianza, que tuvo sus inicios con la intervención militar del Brasil en Uruguay, dejó al Paraguay devastado y marcó para siempre a nuestro pueblo. Nos levantamos gracias al heroísmo de la mujer paraguaya, quien reconstruyó nuestra nación y a quien el papa Francisco llamó la mujer más gloriosa de América. Alguna vez dijiste que ibas a terminar la guerra de Ucrania con una cervecita”, afirmó Latorre en una publicación en redes sociales.
El legislador acotó: “Hoy volvés a hablar con liviandad de conflictos armados en América, si se te terminaron las ‘jabuticabas′ (sic) podemos enviarte algunas. Nosotros conocemos el verdadero valor de la paz, porque la pagamos con nuestra sangre“.
Durante su visita a instalaciones de la empresa brasileña de defensa y aeroespacial Avibras Aeroco, el viernes 24 de julio, en Jacareí (São Paulo), el mandatario defendió la inversión militar y aludió a la Guerra de la Triple Alianza (1964-1970), afirmando: “No podemos olvidar que un hermoso día, Paraguay decidió invadir Brasil. Invadió Corumbá. Al mismo tiempo invadió Uruguay. Al mismo tiempo invadió Argentina. Y esa guerra que parecía que no era nada, duró cinco años”.
“Relatos incompletos”
Las afirmaciones de Latorre fueron respaldadas por su colega y correligionario colorado Rodrigo Gamarra, quien manifestó que la integración regional debe cimentarse sobre la verdad y el respeto mutuo, y no sobre relatos parciales con fines electorales o coyunturales.
“Presidente Lula, los grandes líderes unen; no reescriben la historia según las conveniencias del presente. Los paraguayos no aceptaremos jamás que se simplifique o distorsione la mayor tragedia de nuestra historia. La Guerra de la Triple Alianza no puede reducirse a una frase ni a una versión parcial de los hechos", refirió.
Gamarra puntualizó también que “merece un análisis serio, completo y respetuoso, no ser utilizada para justificar políticas del presente, ni campañas electorales. La integración regional se construye sobre la verdad, el respeto mutuo y la memoria de nuestros pueblos; nunca sobre relatos incompletos que reabren heridas que la historia aún no ha terminado de cerrar".
Lea también: Ovelar destaca la “musculatura ejercitada” de la ANR y augura una victoria nacional
Proyecto de conmemoración
Mientras que el diputado opositor Rubén Rubin acusó al mandatario brasileño de distorsionar la historia. “Repudio las declaraciones de Lula que intentan distorsionar la historia. Espero que el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional actúen con firmeza para exigir, de una vez por todas, la devolución de los trofeos de guerra que Brasil aún mantiene en su poder”, comentó.
Señaló que “además, presentaré un proyecto para incorporar a nuestro calendario nacional la conmemoración de la firma del vergonzoso Tratado Secreto de la Triple Alianza, para que las futuras generaciones conozcan y recuerden lo que ocurrió. Ese tratado dejó en evidencia las verdaderas intenciones de la Triple Alianza. Porque un pueblo que olvida su historia permite que otros la reescriban a su conveniencia. Y eso es, precisamente, lo que hoy intenta hacer Lula“.
Te puede interesar: Soroka recrimina a Wiens y le exige “guardar el hacha” por la unidad colorada