El presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, oficializó este miércoles la convocatoria a ambas cámaras legislativas para la reunión en conjunto, a fin de que el presidente de la República, Santiago Peña, brinde su segundo informe de gestión.

La convocatoria es realizada mediante la Resolución 3.167 y fue confirmada para el martes 1 de julio a las 20:00. La idea de presentar nuevamente el informe en horario de la noche, rompiendo el tradicional horario mañanero, surgió con el objetivo de garantizar una mayor difusión y que la población pueda seguir desde sus hogares sobre la situación actual del país y los planes encarados por el Gobierno.

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La propuesta había sido planteada por el propio jefe de Estado. Los mandatarios acuden cada 1 de julio ante los sena­dores y diputados para dar cumplimiento al precepto constitucional, establecido en el artículo 238. Normal­mente el informe de gestión al Poder Legislativo se rea­liza durante las primeras horas de la mañana.

El citado articulado sos­tiene que uno de los debe­res y atribuciones del pre­sidente de la República “es dar cuenta al Congreso, al inicio de cada período anual de sesiones, de las gestio­nes realizadas por el Poder Ejecutivo, así como inform­ar de la situación general de la República y de los pla­nes para el futuro”.

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Este martes, tras una investigación del Ministerio de Desarrollo Social (MDS), salió a la luz que existen personas que seguían cobrando la pensión de tercera edad a nombre de personas fallecidas. Quienes cobraron indebidamente deberán devolver el dinero e incluso podrían ir a prisión.

El asesor jurídico de la institución, Alberto Lezcano, resaltó que se tratan de dos casos puntuales que cometieron hechos graves y que ya fueron denunciados ante el Ministerio Público. Sin embargo, confirmó que son varios casos en los que algún familiar seguía cobrando la pensión pese al fallecimiento del titular.

“Esto tiene una expectativa de pena de cinco años y el hecho punible de adquisición fraudulenta de subvenciones está bien establecido. Además, deben devolver el dinero”, expresó Lezcano, en entrevista con “Dos en la Ciudad” de canal Gen y Universo 970/Nación Media.

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Aseguró que más adelante estos casos ya no se van a dar, porque pediremos un control de supervivencia cada tres meses. “Concretamente son dos casos: uno que cobró G. 48 millones por una persona que falleció en Argentina, pero que era oriunda de Caaguazú, y otro caso en el que cobraron G. 45 millones en Alto Paraná”, señaló.

Indicó que estas personas sería familiares de los beneficiarios y que tenían sus tarjetas, por lo que siguieron cobrando la pensión por unos cinco años. “El cruce con el Registro Civil y el Departamento de Identificaciones lo estamos haciendo rigurosamente, pero en estos casos no se comunicó el fallecimiento y creemos que fue de mala fe”, aclaró.

Manifestó que se tienen al menos 340.000 personas dentro del programa de la Pensión Alimentaria Adultos Mayores del Gobierno Nacional. Hoy, se realizó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado, por parte de la Dirección General de Auditoría Interna, en el que refiere a que personas desconocidas estaban cobrando la pensión destinada a los adultos mayores fallecidos.

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• Montevideo, Uruguay. AFP.

Cuarto presos murieron y tres guardias resultaron intoxicados ayer lunes en una cárcel de Uruguay, a causa de un incendio provocado por una riña entre reclusos que tomó una de las celdas del centro penitenciario, informaron fuentes oficiales. A la hora 13:00 (16:00 GMT) un incendio afectó una celda de la cárcel de Santiago Vázquez, a 22 kilómetros del centro de Montevideo, “con el resultado de cuatro personas privadas de libertad fallecidas”, informó el Ministerio de Interior en un comunicado.

“La situación se produjo a raíz de un enfrentamiento entre grupos de reclusos que estaban alojados en celdas contiguas“, agregó la misiva que divulgó la identidad de los hombres fallecidos, de 23, 27, 34 y 47 años. Tres funcionarios del llamado centro penitenciario Unidad 4 Santiago Vázquez, que concentra la mayor población carcelaria del país, resultaron afectados por inhalación de monóxido de carbono y fueron atendidos por los servicios médicos.

El ministerio agregó que la situación “se encuentra actualmente bajo control” y que autoridades trabajan en el lugar junto a personal técnico y judicial para obtener más detalles de lo acontecido. Al cierre del 2024, en Uruguay había más de 16.000 personas encarceladas, según datos del Ministerio del Interior, lo que coloca al país de 3,4 millones de habitantes entre los 15 de mayor población carcelaria per cápita del mundo, de acuerdo al relevamiento realizado por el World Prison Brief.

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• Juan Marcelo Pereira
• juan.pereira@nacionmedia.com

Actualmente, el Congreso es escenario de discusión del proyecto “De protección de datos personales en Paraguay”, que busca garantizar el ejercicio pleno de los derechos individuales en relación al uso y tratamiento de la información personal. A pesar de que la intención de la propuesta es valorada, expertos en la materia consideran necesario que Paraguay posea un modelo regulatorio propio.

“Celebro que el tema sea objeto de análisis en nuestro país, pues la sociedad y el mercado así lo requieren, considero que Paraguay se encuentra en un momento crucial, aunque el punto de partida de este tema tuvo una importante omisión, el debate sobre el modelo regulatorio que nuestro país necesita”, afirmó Stephan Vysokolán, abogado y experto con Certificación Internacional en Protección de Datos.

El proyecto de ley fue aprobado el pasado 27 de mayo en la Cámara de Diputados y remitido al Senado para su tratamiento. "La protección de datos como derecho fundamental o como derecho individual del consumidor, este debió ser el punto de partida en el análisis de esta iniciativa“, señaló como uno de los principales cuestionamientos.

Vysokolán agregó que otro punto cuestionable es que un 70 % del documento aprobado por los Diputados es copia fiel del reglamento general de protección de datos de la Unión Europea, razón por la cual será de difícil aplicación y cumplimiento en Paraguay.

“Si bien es importante hacer notar que el reglamento general de protección de datos de la Unión Europea contiene principios y estándares de cumplimiento y protección muy elevados -extremo que lo convierte a nivel nacional en el instrumento normativo más importante en esta materia-, no podemos ignorar las diferencias entre la sociedad europea y la paraguaya; por ende, una copia textual podría resultar ineficaz e incluso perjudicial para nuestro país“, advirtió.

Sobre el cuestionamiento a la falta de debate sobre el modelo regulatorio que el Paraguay necesita, el experto dijo que “actualmente la normativa europea reconoce tal protección como un derecho fundamental y lo regula en consecuencia bajo esa premisa o circunstancia específica. Por su parte, el modelo regulatorio de Estados Unidos, China y otros países considera a la Protección de Datos como un derecho individual del consumidor“.

Vysokolán acotó a su crítica que “en la Cámara de Diputados en principio debió debatirse este tema, determinar previamente si en Paraguay este derecho sería fundamental o un derecho del consumidor, y a partir de ello, optar por el modelo regulatorio que sería considerado la base de nuestra legislación, sea un modelo centralizado, híbrido o cectorial".

El abogado insistió en que se debió dar participación en la discusión del proyecto de ley a autoridades nacionales y representantes del sector privado. “El Estado paraguayo, de acuerdo a sus políticas públicas en materia de captación de inversiones, debe establecer el norte a seguir y tal cuestión debió ser comunicada al Congreso", remarcó.

Agregó que, a partir de ello, si nuestro país tiene intenciones a largo plazo de establecer mayores lazos comerciales con Europa, es probable que sea más conveniente tener en cuenta varios aspectos del reglamento general de la Unión Europea; pero si por el contrario, las políticas públicas en materia de inversiones nos focalizan en acuerdos con Estados Unidos, China, Brasil, entre otros, “lo recomendable sería adaptar nuestra legislación a la tendencia de tales países en materia de protección de datos”, enfatizó.

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Vysokolán refirió que la regulación europea en materia de protección de datos es altamente restrictiva y contiene estándares de cumplimiento elevados en cuestiones relacionadas con la innovación y la tecnología.

“Importar ciertos aspectos de tal regulación podría afectar a las importantes inversiones que empresas paraguayas están realizando, como así también inversiones extranjeras que pretenden desembarcar en nuestro país en el rubro de la tecnología, de la inteligencia artificial, de las Fintech, entre otros modelos de negocios“, puntualizó.

Añadió que una regulación altamente restrictiva en materia de protección de datos, tal como se plantea en el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, “podría ahuyentar capital extranjero, viéndose afectada de esa manera nuestra economía nacional. Otra cuestión a tenerse en cuenta son los altos costos que implica tener una regulación rigurosa y restrictiva en materia de protección de datos, especialmente para las entidades financieras, de crédito y las pymes“.

El experto manifestó que considerado las políticas públicas actualmente trazadas por el gobierno de Santiago Peña, en materia de captar inversiones, “la opción más viable sería establecer un modelo regulatorio híbrido, de esa forma, nuestra regulación tendría mayor versatilidad y eso facilitaría la labor del gobierno como del empresariado paraguayo en su afán de captar inversión extranjera, pues, la existencia de barreras altamente restrictivas en materia de protección de datos podría ahuyentar a potenciales inversores de regiones especificas del continente".

Finalmente, Vysokolán considera que contar con una Ley General de Protección de Datos Personales será una oportunidad para fortalecer la confianza de los ciudadanos con respecto al tratamiento de sus datos, que a su vez es un aspecto clave en la atracción de inversión extranjera.

“Esto también tiene directa relación con el acceso a la innovación que todo país tercermundista requiere. Pero para lograr lo expuesto, debemos evitar la trampa de la copia fácil y optar por un modelo regulatorio que adecue a nuestro país“, concluyó.

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