Todos pasamos en algún momento por la abrumadora y desesperante burocracia de tener que tramitar un documento personal o títulos académicos de una institución pública, y se puede considerar que es una de las razones por las que procrastinamos y dejamos siempre para después esa gestión tan importante.
Con el objetivo de reducir los tiempos y costos asociados a estos trámites y mejorar la eficiencia y transparencia en la gestión pública, la Cámara de Senadores aprobó este jueves en sesión ordinaria el proyecto de ley “De simplificación de trámites administrativos en organismos y entidades del Estado”, el cual pasa a la Cámara de Diputados para su estudio y consideración.
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La senadora proyectista Desirée Masi explicó que el proyecto es simple y establece que no se podrán exigir documentos que las propias instituciones emitieron o deberían estar en sus archivos. También establece que no podrán rechazarse los documentos emitidos en línea por el sistema del portal único de gobierno, así como en los trámites de registro y legalización; no podrán exigirse documentos que ya fueron presentados o fueron prerrequisitos para obtener los documentos que se pretenden registrar o legalizar.
Asimismo, la propuesta del senador Sergio Godoy fue modificado y se agregó un nuevo artículo, que reza lo siguiente: “Las disposiciones de la presente ley aplicarán a las universidades privadas e institutos superiores de educación del sector privado”.
Menos burocracia y más eficiencia
El proyecto también contempla la introducción de tecnología que aportarán mayor eficiencia, transparencia y seguridad a la gestión pública. Los legisladores alegan que la simplificación y la desburocratización reducen la barrera de acceso a los procesos gubernamentales e incentivan la participación y mayor accesibilidad a los servicios públicos a largo plazo.
La normativa ayudaría a simplificar la vida de las personas reduciendo las burocracias innecesarias para la emisión de documentos importantes, lo que agilizarían los procedimientos, en especial para personas con discapacidades, adultos mayores o personas que viven en zonas rurales o remotas.
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