El ministro de Defensa, Óscar González informó este martes que la institución a su cargo presentó ante el Ministerio Público, no una denuncia, sino lo que en el ámbito jurídico se denomina “notitia criminis”, respecto a un presunto caso de agresión física en el Liceo Militar Acosta Ñu.

En conferencia de prensa, el ministro explicó que este término jurídico es una herramienta que se utiliza cuando se tiene conocimiento de la presunta comisión de un delito, y por medio de ella se da inicio al proceso penal para su investigación.

Esto se da, teniendo en cuenta que el caso en particular habría ocurrido en el 2021 y que reapareció en redes sociales desde el 2022, donde se puede observar a un cadete del último año del Liceo Militar Acosta Nu, en perjuicio de otro cadete, en ese tiempo de segundo año.

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González, quien se encontraba en compañía del Gral. del Ejército, César Augusto Moreno Landaira, comandante de las Fuerzas Militares, enfatizó que desde la institución militar solicitaron a la Fiscalía que el hecho no quede impune.

“Lo que queremos que esta presunta violación de los Derechos Humanos no quede impune, a pesar del tiempo transcurrido. Todos sabemos que los delitos en contra de los Derechos Humanos son imprescriptibles y nosotros como autoridad del Estado tenemos la obligación de informar sobre este hecho y a la vez, coadyuvar a la Fiscalía General del Estado, para que el responsable no quede impune”, expresó.

El ministro de Defensa aseguró que el responsable está plenamente identificado e incluso la institución militar elaboró un dosier que está firmado por el comandante actual del Liceo Militar Acosta Ñu, en el cual se detalla la identidad tanto del agresor, como el de la víctima. Indicó que este dosier se adjuntó a la nota que se presentó ante el Ministerio Público.

“Nosotros, y al decir nosotros me refiero al Ministerio de Defensa, Fuerzas Armadas de la Nación, Fuerzas Militares que me acompaña, no vamos a tolerar ningún hecho irregular, y menos hechos de abuso de autoridad dentro de las Fuerzas Armadas de la Nación, porque consideramos que un puño que golpea a un inferior no es el puño de un cadete, ni de un teniente, ni de un general, es el puño del Estado paraguayo, y eso no puede tolerar”, enfatizó.

El ministro de Defensa expresó además su indignación, ya que el joven agresor culminó su formación en el Liceo Militar, se retiró y no siguió con la carrera militar. Mientras que el joven agredido solicitó su retiro en el segundo año de formación en el Liceo Militar. Indicó que hoy estos dos jóvenes, tanto agresor como víctima son personas civiles fuera de la carrera militar cursando sus estudios universitarios correspondientes.

González recordó que el Liceo Acosta Ñu es un instituto de educación superior dependiente de las Fuerzas Armadas de la Nación, donde los cadetes egresan con título de bachiller, y con el rango de Subteniente de Infantería de Reserva. Luego, los que deseen seguir con la carrera militar pueden continuar su formación en la Academia Militar, iniciando como subteniente de carrera.

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El Consejo de Defensa Nacional (Codena) se reunió ayer de manera extraordinaria para abor­dar sobre los últimos hechos ocurridos en varios puntos del país y la supuesta nueva aparición del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Las autoridades anunciaron que evalúan ampliar la capacidad de respuesta para la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en áreas de amenaza.

“Dado algunos hechos, ya del mes pasado y ahora otra vez, se necesita que elementos de las Fuerzas Militares actúen en coordinación con las otras instituciones en terri­torios que están fuera de los departamentos, que tienen límites para la actuación de la FTC, eso no quiere decir que va a haber un aumento, ni una migración en otros departamentos, pero sí la posibilidad de que las Fuer­zas Armadas hagan su tra­bajo donde vaya la ame­naza”, detalló Cíbar Benítez, ministro de Codena, en una conferencia de prensa.

La nueva disposición se rea­lizará vía decreto del Poder Ejecutivo con el objetivo de dar mayor y más rápida res­puesta en las áreas de ame­naza, en cualquier territo­rio, no solo en las limitantes donde operan la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).

“No podríamos quedarnos con una institución nacional atada a unos límites internos territoriales, siendo nosotros una República unitaria, ahí donde vaya la amenaza van a estar los elementos de las Fuerzas Armadas, limitadas, por supuesto, para algo espe­cífico. Eso va a salir proba­blemente en un decreto casi inmediatamente”, anunció el ministro del Codena.

Por su parte, el ministro del Interior, Enrique Riera, indicó que el presidente de la República, Santiago Peña, realizó un pedido claro para reforzar el trabajo en las áreas de amenazas y la pre­sencia de grupos criminales.

“La misión clara de la Poli­cía tiene dos puntos: uno trabajar coordinados con la dirección Antisecuestro, Inteligencia policial en su máxima expresión y expe­riencia, con el Batallón Mili­tar de Inteligencia, en forma conjunta para tener toda la información disponible para que conforme al decreto y al anuncio anterior podamos tener la respuesta en función a la amenaza”, detalló.

También, la Policía Nacio­nal va a aumentar de manera importante su presencia en un perímetro suficien­temente grande como para garantizar la seguridad de productores, de ciudadanos, y personas que se movilicen hacia esas zonas.

“Se podrán armar retenes para pedir documentos, cédula de identidad, docu­mentación de vehículos, de las personas que lo acompa­ñan, algunas explicaciones propias dentro del marco de la Constitución y la ley a los efec­tos de que en esa área se pueda sentir la presencia del Estado, de hecho lo venían haciendo, pero el pedido concreto del presidente de la República es hacer un plan, que de hecho, se estaba haciendo, pero que­remos aumentar la presen­cia policial en las comisarías y en las calles, en las rutas, en los caminos vecinales, en todos los lugares donde haya movimientos y trán­sito”, concluyó Riera.

“Dispuse el despliegue coor­dinado de elementos de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional en puntos estratégicos. Nues­tra prioridad absoluta es el retorno sano y salvo del compatriota secuestrado y el acompañamiento constante a su familia. Refor­zamos la presencia en el terreno para proteger a los productores, a las comunidades indígenas y a cada ciudadano de bien”.

El ministro de Defensa sostuvo que el principal objetivo del Gobierno es devolver a Almir a su familia.

El ministro de Defensa Nacio­nal, Óscar González, se refi­rió al plagio de Almir Brum, secuestrado el pasado sábado 21 de febrero presumible­mente por el grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), en la localidad de Curuguaty. El ministro sostuvo que el prin­cipal objetivo del Gobierno es devolver a Almir a su familia.

“Hemos estado ayer en el terreno con el comandante de las Fuerzas Militares para cerciorarnos que todos los ele­mentos de combate, todos los elementos logísticos y de per­sonal estén puestos a dispo­sición de la búsqueda de este ciudadano que ha sido secues­trado por un grupo terrorista, presumimos, todavía tene­mos duda sobre eso”, refirió durante la conferencia de prensa del Consejo Nacional de Defensa (Codena).

González aseguró también que “las actividades de Inte­ligencia de reconocimiento en el terreno fueron incre­mentadas y van a seguir siendo incrementadas por­que el objetivo principal del Gobierno es devolver a este ciudadano sano y salvo al seno de su familia”.

Mientras tanto, reveló que el propio presidente de la Repú­blica, Santiago Peña, se comu­nicó con la familia para ase­gurar que desde el Gobierno se están realizando todos los trabajos y esfuerzos para dar un final positivo a la familia y la sociedad.

“Estuvimos conversando con los familiares ayer, le dimos la contención necesaria, le lle­vamos un mensaje del señor presidente de la República, es más, el propio presidente de la República habló tele­fónicamente con los padres, con la esposa y con los her­manos de la víctima. Todo el Gobierno de Paraguay está concentrado en esa parte del territorio paraguayo para que este caso de secuestro tenga definitivamente un resultado positivo”, sentenció.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) afirmó que aumentar impuestos como el Impuesto a la Renta Personal (IRP) o el Impuesto al Valor Agregado (IVA) no es una alternativa viable para cubrir el déficit creciente de la Caja Fiscal, que financia las jubilaciones del sector público.

La postura fue expuesta durante una sesión de trabajo de la Comisión Permanente del Congreso Nacional. El viceministro de Economía y Planificación, Felipe González Soley, señaló que las propuestas de algunos sectores, docentes, policías y militares, de elevar impuestos para sostener el sistema no resultan sostenibles en el tiempo.

Al respecto, la gerente de Desarrollo Económico del MEF, Liz Coronel, presentó proyecciones financieras que muestran que el déficit del sistema ya se cubre con impuestos generales y seguirá creciendo si no se aprueba una reforma estructural.

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“Simulamos el impacto de subir impuestos como plantean algunos sectores. En el caso del IRP, la tasa debería subir del 10 % al 48 % en 2025, y luego aumentar cada año hasta llegar al 86 % en 2028”, explicó. En cuanto al IVA, detalló que una suba del 10 % al 14 % permitiría recaudar unos USD 1.144 millones anuales, pero sólo alcanzaría para cubrir el déficit de 2026 y 2027, y apenas una parte del de 2028.

Coronel advirtió que el 100 % del déficit de la Caja Fiscal en 2028 será cubierto con impuestos generales, lo que equivaldrá a unos USD 683 millones, un monto cercano al límite establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal.

Según el MEF, la principal causa del desequilibrio es la ausencia de una edad mínima de jubilación, lo que beneficia principalmente al Magisterio Nacional, docentes universitarios, Fuerzas Militares y Policías.

Con esos USD 683 millones, el Estado podría financiar 10 hospitales de alta complejidad, otorgar pensión al 86 % de los adultos mayores, refaccionar 350 escuelas, pavimentar 3.200 kilómetros de rutas o ejecutar 16.000 hectáreas de alcantarillado sanitario.

El proyecto de reforma impulsado por el Poder Ejecutivo propone establecer una edad mínima gradual de 57 años, con nuevas tasas de sustitución y mayores incentivos para permanecer más tiempo en actividad. También prevé aumentar el aporte obrero-patronal del 16 % al 19 % y sumar un aporte estatal adicional del 3 % como empleador.

Desde el MEF reiteraron que sin cambios estructurales, el sistema seguirá presionando las finanzas públicas y comprometiendo recursos destinados a salud, educación e infraestructura.

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El Comando de las Fuerzas Militares dio a conocer que este sábado, a las 10:30, Federico García Troche, hermano de la procesada Gianina García Troche, pareja del supuesto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, depósito una encomienda en la oficina de guardia del penal militar de Viñas Cué que consistía en alimentos y un termo de tereré.

Durante el proceso de verificación del contenido, llevado a cabo por el personal militar de guardia en presencia del hermano de la mujer recluida, se encontró un celular de alta gama de la marca Iphone oculto dentro del termo. Este hallazgo resalta la eficacia del control realizado por el personal militar que permitió identificar la irregularidad.

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Ante el suceso se procedió a informar de inmediato a las autoridades del penal militar, quienes notificaran a la jueza Rosarito Montanía para las acciones que correspondan realizar.

El domingo pasado arribó al país el abogado Santiago Moratorio, representante legal del supuesto narcotraficante uruguayo. El profesional anunció que brindará asesoramiento jurídico a García Troche. Sostuvo que su clienta está pasando por un momento delicado de su salud y que el Estado paraguayo no se hace cargo de la situación. La es investigada por supuesto lavado de dinero en el caso Ultranza Py.

El presidente de la República, Santiago Peña, días atrás firmó el Decreto n.° 5082 por el cual se da la baja deshonrosa de las Fuerzas Armadas de la Nación al coronel Luis María Belotto Quiñónez, quien fue condenado a dos años de cárcel con suspensión de la ejecución de la pena, al ser hallado culpable de un intento de entrega de un teléfono celular a Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, quien se encontraba recluido en ese momento en la cárcel de Viñas Cué.

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