El equipo de transición del Gobierno electo, integrado por José Alderete y Lea Giménez, solicitó al Ejecutivo la suspensión de los procesos de contratación pública plurianuales, así como los concursos, recategorizaciones y adendas en los contratos. El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, contestó a través de su Gabinete Civil que no interrumpirá nada.
“Nosotros estamos abiertos a revisar las licitaciones puntuales, lo que no podemos es permitir o incidir en que el Estado deje de funcionar regularmente. Las licitaciones se ciñen a un cronograma planificado con meses de antelación y deben cumplirse en ese ejercicio fiscal. Suspender esos procesos podría ocasionar un perjuicio al Estado y a la ciudadanía”, argumentó en conversación con la radio 730 AM Hernán Huttemann.
El jefe de Gabinete Civil enfatizó que Abdo Benítez es quien tiene la lapicera hasta el 15 de agosto, y es él quien asume las responsabilidades, indicó. Hutteman detalló que de las 1.815 licitaciones que son parte de presupuestos plurianuales, el grueso está compuesto por compra de medicamentos e insumos medicamentos del IPS al Ministerio de Salud, abastecimiento de combustible de Petropar, mantenimiento del sistema distribución eléctrica del país, entre otros.
“Es parte del proceso de planificación que llevó meses. No se puede partir de la premisa de que tenemos que parar esto. Se tienen que ver cuáles son las licitaciones que se creen que tienen inconvenientes y plantearlo formalmente en el equipo de transición”, agregó.
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Uno de los concursos más cuestionados y sonados, es el realizado por la Itaipú Binacional, para llenar 220 vacancias, de las que hay indicios de direccionamiento y de requisitos hechos a la medida, así como blanqueos de contrataciones de personas que ya están dentro de la institución.
En su momento, la exministra de Hacienda, Lea Giménez, también criticó las licitaciones plurianuales que pretende convocar el gobierno, que ascienden a USD 1.300 millones. Señaló que este tipo de acciones dejan maniatada a la próxima administración, por lo que espera que estas decisiones se reviertan.
“Cuando un gobierno está de salida ya no puede tomar decisiones para los próximos tres años, hay que esperar por una cuestión básica de criterio y de gestión pública, hay una responsabilidad del administrador y la máxima autoridad que es el presidente de la República”, había indicado Giménez.
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Europa no registra decomisos de cocaína paraguaya en 2025
Por primera vez Europa no ha registrado incautaciones de cocaína con origen en Paraguay durante 2025, según el informe de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) sobre el comportamiento del tráfico marítimo de cocaína entre 2019 y 2025.
El documento detalla que, hasta la fecha, las estadísticas marcan cero decomisos en puertos europeos de cargamentos procedentes de nuestro país, un hecho sin precedentes en el periodo analizado. En contraste, los años previos muestran un flujo constante de incautaciones.
En 2019, Paraguay fue origen del 1,85 % de las aproximadamente 202 toneladas de cocaína decomisadas en Europa, lo que representa 3.720 kilos de la cocaína incautada. En 2020, la participación subió a 2,94 % de unas 213 toneladas, llegando a los 6.103 kilos de la sustancia ilícita que partió desde nuestro país.
El salto más notable ocurrió en 2021, cuando se alcanzó un 10,57 % sobre un total de 303 toneladas, equivalente a más de 32 toneladas de droga que surcó de puertos paraguayos con destino a Europa.
La tendencia decreció un poco en 2022, con un 2,63 % de las 323 toneladas decomisadas, es decir, un total de 7.481 kilos, pero volvió a subir en 2023 llegando a los 13.523 kilos decomisados, impulsado por cargamentos récord detectados en Bélgica y España.
En 2024, la cifra cayó de forma drástica al 0,89 % de las 405 toneladas incautadas en el continente, un total de 3.600 kilos fueron incautados el 3 de setiembre en Portugal, y la mejor estadística se ha logrado en el 2025, de los 77.859 kilos de cocaína que fue decomisada en Europa, ninguno corresponde a Paraguay.
Cabe mencionar que durante el gobierno de Mario Abdo se flexibilizaron los controles en puertos y la gestión de Arnaldo Giuzzio al frente de la Senad desmanteló las bases de la institución que se encontraban en las zonas portuarias y como resultado se obtuvo los kilos y kilos de cocaína decomisada. Ya durante este gobierno, se volvieron a instaurar y endurecer los controles que llevaron a cero la incautación de cocaína.
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Fiscalía aplica celeridad para sobrinos de senadora, pero no hay avances en caso Abdo
El Ministerio Público anunció la apertura de una investigación penal contra Iván Giménez Cabrera e Iris Giménez Cabrera, sobrinos de la senadora Noelia Cabrera Petters, señalados por supuesto caso de planillerismo.
La causa se abre a escasos días de que se hiciera público el hecho, no obstante, el caso de la supuesta fortuna del expresidente Mario Abdo Benítez ocultada en un paraíso fiscal no pasó de la fase preliminar.
En su resolución de apertura de investigación, la Fiscalía manifiesta que luego de haber tomado conocimiento del hecho y con el afán de esclarecerlo, ordenó la investigación de acción penal pública hacia los sobrinos de la legisladora del Partido Liberal y se designó a Laura Giacummo, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos como fiscal del caso.
Tanto Iván como Iris costaron al Estado paraguayo al menos G. 494.500.000, dado que habrían sido contratados en agosto del 2023 y sus salarios ascendían a G. 13.500.000 y G. 8.000.000 respectivamente, por esta razón, el Ministerio Público los investigará por la supuesta comisión de hechos punibles contra el patrimonio del Estado.
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El caso generó indignación ciudadana, puesto que mientras percibían un salario dentro de la Comisión de Derechos de Personas con Discapacidad del Senado, ellos trabajaban, aparentemente, en el estudio jurídico del abogado Milciades Centurión, quien sería pareja de la parlamentaria.
Pese a que el caso se hizo público hace apenas cuatro días, lo trascendido en la prensa fue suficiente para que la Fiscalía, sin más preámbulos, inicie con una investigación. Lastimosamente, esta misma celeridad no se aplica para investigar la supuesta fortuna oculta, que asciende a USD 21 millones, del expresidente Mario Abdo y que generó revuelo internacional.
Una investigación periodística del portal argentino PeriodismoyPunto apunta al exmandatario por acumular la mencionada cantidad de dinero. Los depósitos a bancos de Seychelles, África, iniciaron cuando este estaba en pleno ejercicio de la Presidencia y provienen de diferentes empresas.
La fortuna escapó de los controles de instituciones como la Contraloría General de la República, dado que esto no fue declarado por Abdo Benítez al dejar el cargo y quien, según los papeles presentados al órgano contralor, solo tenía un patrimonio de USD 3 millones.
Más allá de que el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, haya anunciado que el caso era objeto de una investigación preliminar, las semanas transcurrieron sin avances para este hecho donde se presume la existencia de hechos punibles como enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, aún así, no se abrió oficialmente una causa ni tampoco se designaron fiscales para investigar a Abdo.
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Intervención CDE: auditoría del sistema informático detectó preocupante falta de control
El economista Ramón Ramírez, interventor de la municipalidad de Ciudad del Este, realizó una evaluación de su gestión en general en estos 37 días que se lleva adelante la intervención. Brindó un adelanto de los principales hallazgos respecto a la administración del intendente Miguel Prieto.
Ramírez informó durante una entrevista con Radio Concierto, de la capital del Alto Paraná, que están ejecutando una auditoría al sistema informático del área de recaudaciones y los primeros reportes que están recibiendo son preocupantes. Indicó que no hay un sistema de auditoría al propio sistema que permita la trazabilidad en las ejecuciones de cobro.
“Esto quiere decir que alguien puede tocar la cuenta de un contribuyente, por ejemplo, en la cuenta de Benigno puede poner pagado y luego puede modificar. No existe una ruta para saber quién modificó las cuestas. No sabemos las personas que no pagaron, pero que figuran como pagado, o viceversa; no existe la trazabilidad de este sistema”, comentó.
Ante esta grave situación, indicó que decidió realizar la auditoría informática del sistema, porque los primeros reportes han sido muy preocupantes y estarán presentando en el reporte, con las sugerencias de un plan de mejoramiento que debería ser aplicado cuanto antes.
Reducir las presunciones
Ramírez remarcó que al terminar su intervención su reporte no se va a centrar en presunciones, sino que se sustentará en hechos puntuales, documentaciones que esté fehacientemente comprobado y en esa línea se encuentra actualmente trabajando.
“Si bien, hay varias situaciones que se prestan a la presunción, pero la naturaleza de nuestro trabajo nos obliga a reducir todas esas presunciones”, enfatizó.
Asimismo, reconoció las dificultades que están sorteando, de tal modo que el servicio municipal no se vea afectado, pese a la notarias directrices para obstruir la intervención.
El interventor valoró que pese a las grandes trabas que están poniendo algunos funcionarios municipales para llevar adelante la gestión municipal; destacó que hay otros funcionarios que “se ha puesto verdaderamente la camiseta de la institución”, y está permitiendo cumplir con los servicios.
En cuanto a las recaudaciones, señaló que sí están con indicadores negativos en relación a los meses del año pasado. Aclaró que el mes de julio, siempre ha tenido la particularidad de ser los meses de menor recaudación en el histórico.
No obstante, instó a la ciudadanía a acercarse a realizar los pagos de sus tributos, de tal modo a que el municipio tenga el oxígeno necesario para cumplir con sus obligaciones.
“El ambiente de desconfianza en el municipio es tremendo. Nosotros a puertas cerradas, nos dicen que tratan de colaborar al máximo. Pero también nos dicen que, al salir por esa puerta, reciben fuertes presiones y fuertes observaciones”, comentó.
Indicó que la presión se da en todas las escalas o los niveles del funcionariado, desde el funcionario menor o modesto hasta los niveles superiores.
Uso de caja chica
El interventor aseguró que toda la información que está reportando está respaldada en hechos demostrables y documentaciones. Indicó que encontró 22 cajas chicas distribuidas en toda la administración, lo que involucraba a unos 150 millones de guaraníes, entre todas las asignaciones ya sea de G. 5 millones a G. 15 millones.
Explicó que, de acuerdo a su experiencia en otras instituciones, la distribución de las cajas chicas por direcciones, solo se debe dar si existe un control estricto. Ya que en la administración en general están concentradas en la dirección de administración y finanzas.
“Sorprende aquí la segmentación de esa figura, podría decir que en algunos podría ser necesarias, para una respuesta rápida. Pero eso hace que el uso sea de forma discrecional”, acotó.
Como interventor, señaló que ahora está en constante control bajo su director de finanzas que lleva adelante un diario monitoreo del área de tesorería y recaudaciones, sobre todo.
Licitaciones
El interventor Ramírez ratificó una vez más que en materia de las licitaciones y los procesos de contratación promovidos por el intendente Prieto, mantienen un patrón de “ganadores consuetudinarios”.
Entre los que puso como, por ejemplo, la firma de SERMAQ, de Fredy Guzmán Martínez Báez, socio de tragos de Miguel Prieto, quien, desde el inicio de la gestión del hoy jefe comunal cesado, tuvo en menos de tres años contratos por 13 mil millones de guaraníes.
“Sus esquemas de llamados son calcados, hacían obras con contratos abiertos, con montos mínimos y máximos, pero al final todos se hacían con el precio máximo. Son cuestiones que hacen que se presuman el direccionamiento en las Contrataciones Públicas”, explicó.
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Fiscalía y Seprelad cuentan con mecanismos para indagar sobre el caso Abdooffshore
El experto en materia del sistema financiero y derecho bancario, el abogado Carlos Palacios, y la periodista de investigación de Nación Media, Rosana Escobar, coincidieron en señalar que existen mecanismos para indagar y comprobar si el expresidente Mario Abdo Benítez y su esposa Silvana López Moreira podrían ser o no los beneficiarios finales de los 21 millones de dólares distribuidos en dos cuentas bancarias en las islas Seychelles, según publicó el portal argentino PeriodismoyPunto.
Durante el programa “Fuego Cruzado”,que se emite por canal GEN/Nación Media, analizaron las evidencias que fueron expuesta por la investigación del portal de noticias que encabeza el periodista argentino Luis Gasulla, respecto a dos cuentas bancarias depositadas por dos empresas cuyos beneficiarios finales serían el exmandatario y su esposa.
Palacios señaló que, aparentemente, estos fondos no figurarían en la declaración de bienes del exjefe de Estado. Por lo tanto, señaló que, en principio, parecería una situación de ocultamiento de activos, escenario que configuraría un eventual hecho de enriquecimiento ilícito.
A su turno, la periodista Rosana Escobar, quien llevó adelante una investigación profunda sobre las empresas de Mario Abdo Benítez vinculadas al tema asfalto; señaló que hay mucha similitud en el manejo del dinero con relación a los depósitos en las islas Seychelles, encontrando un mismo modus operandi en el manejo financiero,
“Parece que es la misma práctica que hizo acá en Paraguay, porque acá la fortuna que amasaron sus empresas en el país no se ve reflejada en su declaración jurada, sino que se fueron a esos fondos de reserva. Hasta ahora nadie sabe dónde están, dónde hubo movimientos tampoco, y que están constituidas en un gran porcentaje por deudas también; deudas infladas que los proveedores o los clientes suyos no reconocen”, explicó la periodista.
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Sociedades por capas
Al respecto, el doctor Palacios explicó que el tema de los paraísos fiscales antiguamente se constituían con facilidad mediante acciones al portador; pero luego de la crisis financiera del 2008, obligó a las compañías bancarias a nominar a quienes constituían las empresas.
A partir de entonces, indicó que todas aquellas personas que no querían revelar su identidad constituían sociedades con otras sociedades, armando unos esquemas de sociedades por capas; buscando siempre de ocultar la verdadera identidad del dueño o del beneficiario final. Es así que las legislaciones se fueron ajustando y es así que surge la figura del “beneficiario final”.
“Es como una pirámide, sin aparecer en ella, la persona que aparece como accionista en la sociedad puede no ser el beneficiario final de esa empresa, porque por encima de la que figura como primera dueña puede haber otros dueños hasta llegar a una persona física de carne y hueso, que finalmente se puede identificar como la persona que controla o que es titular de los activos que existen en esta sociedad”, comentó Palacios.
Evidencias claras
La periodista Escobar como el experto jurídico en finanzas señalaron que existen los elementos y herramientas para que el Ministerio Público inicie una investigación, ya que la publicación periodística accedió a datos bastante concretos y específicos, como, por ejemplo, los nombres de estos dos bancos, que efectivamente existen, operan y están habilitados para funcionar en Seychelles. Además de números de cuenta, los nombres de las sociedades titulares y movimientos de los depósitos o transferencias que se recibieron.
“No se trata de una información vaga sino de una información concreta que puede perfectamente servir como punta del ovillo para que el Ministerio Público inicie una investigación con toda seriedad. Ahora, que la persona afectada haya salido rápidamente a desmentir en forma directa y a través de sus abogados, esa es la dinámica que existe cuando hay una revelación de la posible existencia de un delito”, comentó Palacios.
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Cooperación internacional
Asimismo, Palacios señaló que la Fiscalía y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) cuentan con las herramientas como para iniciar esa investigación mediante la cooperación con los grupos de unidades de inteligencia financiera de diversos países.
Indicó que justamente la República de Seychelles, en su afán de salir de la lista gris de paraísos fiscales, desde hace unos años ha formado parte del Grupo Egmont, que es el organismo internacional que permite la cooperación e intercambio de inteligencia entre las unidades inteligencia financiera de varios países, incluido también Paraguay.
“Esta información no es pública, la base de datos para saber quiénes son los titulares o los beneficiarios finales de las empresas constituidas en esa jurisdicción solamente se pueden acceder a través de estos mecanismos oficiales; por eso la responsabilidad recae yo creo que en la Seprelad y fundamentalmente en el Ministerio Público”, insistió Palacios.
Agregó que la Seprelad podría estar guardando el debido sigilo, no como ocurrió en otros casos durante el gobierno de Abdo, pero ya debería estar tramitando de manera oficial la investigación. “Ahora, si la información llega a recibirse y confirma la existencia de estas cuentas, ahí si esta investigación cobraría fuerza y podría derivar eventualmente en una imputación contra el expresidente”, puntualizó.
Por su parte, Rosana Escobar recordó que la investigación de la Fiscalía sobre eventual enriquecimiento ilícito de Mario Abdo lleva ya un año, sin tener noticias de avance en la investigación.
“Lo que tiene que hacer, reitero, la Fiscalía es sencillo, es revisar las cuentas bancarias, así nomás, es donde está la plata, dónde se fue, uno puede ponerle todo el ropaje que quiera, el concepto que quiera, financieramente hablando, pero hay que revisar dónde está la plata, nomás, sencillo, va a la cuenta y ya está”, acotó.