Desde la embajada de Ecuador en Paraguay resaltaron la “legitimidad” de las decisiones tomadas por el presidente de dicho país, Guillermo Lasso, quien resolvió disolver el Congreso ante las amenazas de destitución. Desde la Cancillería ecuatoriana recalcaron que la resolución del mandatario está contemplada dentro de sus atribuciones como máxima autoridad del Poder Ejecutivo.

Me permito resaltar en esta oportunidad la legitimidad de las decisiones adoptadas por el presidente Guillermo Lasso, las que se enmarcan dentro de las prerrogativas y facultades establecidas en la Constitución de la República del Ecuador y las leyes conexas”, señala la nota emitida por la embajada ubicada en Asunción y firmada por su titular, Santiago Apunte Franco.

La entidad diplomática explicó que las decisiones de Lasso respondieron a la “profunda crisis política” en Ecuador y con el objetivo de encontrar una salida constitucional a la situación y así permitir al “legítimo soberano”, es decir, la ciudadanía, de decidir el futuro del país mediante el ejercicio libre y democrático de las elecciones anticipadas.

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Esta grave crisis política y conmoción interna se deduce a la incertidumbre respecto a la capacidad de los órganos del Estado ecuatoriano para cumplir sus funciones apropiadamente y atender las necesidades del pueblo ecuatoriano debido a la confrontación que se ha dado desde el Poder Legislativo hacia el Poder Ejecutivo desde el inicio mismo de la gestión del presidente Guillermo Lasso hace cerca dos años”, detallaron.

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Desde la embajada de Ecuador manifestaron su respaldo a las decisiones tomadas por el presidente Guillermo Lasso. Foto: Gentileza.

Respaldo del cuerpo diplomático

La Constitución ecuatoriana permite al mandatario Lasso gobernar a través de decretos y leyes de urgencia económica, los que deben contar con un previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, esto ante la disolución de la Asamblea Nacional. No obstante, desde la embajada comunicaron que el gobierno de Lasso ha reiterado su pleno compromiso con el respeto a la institucionalidad, a los derechos humanos y a la plena implementación de los derechos y los deberes establecidos en la Constitución Nacional.

Además, continuará ejecutando el Plan Nacional de Desarrollo y laborando normalmente hasta el día en que traspase el poder al nuevo gobierno nacional, en función de la decisión soberana que el pueblo ecuatoriano tome en las urnas en las próximas elecciones presidenciales y legislativas”, puntualizaron.

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Desde la embajada de Ecuador destacan la importancia de poner en conocimiento de los medios de comunicación los datos de los hechos que sucedieron en el mencionado país y señalaron que se asegura la plena vigencia y respeto de los derechos humanos en todo Ecuador, así como el normal desenvolvimiento de todas las actividades públicas y privadas de la nación.

A través de sus redes sociales, el mandatario agradeció el respaldo de las embajadas a las decisiones que adoptó bajo su gobierno. “Reitero mi agradecimiento al cuerpo diplomático acreditado en Ecuador por acompañarnos en este momento crucial para nuestra democracia. Han sido muy generosos conmigo al expresarme su respaldo”, expresó Guillermo Lasso.

Santiago Apunte Franco, actual embajador de Ecuador en Paraguay. Foto: Archivo

Corte ratificó decreto presidencial

La Corte Constitucional de Ecuador rechazó este jueves pasado por unanimidad las demandas presentadas contra la decisión del presidente Guillermo Lasso de disolver el Congreso mientras debatía su destitución por un supuesto caso de corrupción, informó la agencia noticiosa AFP. El máximo tribunal ecuatoriano emitió seis fallos en los que resolvió “rechazar las demandas de inconstitucionalidad”, así como “los pedidos de que la Corte adopte medidas cautelares con el fin de suspender provisionalmente los efectos del decreto impugnado”, señala un comunicado del organismo.

Con ello, queda en firme la decisión de Lasso anunciada el miércoles y que abre la puerta a la celebración anticipada de elecciones generales para completar el periodo de cuatro años. El mandatario, quien asumió el cargo en mayo de 2021, celebró a través de su cuenta de Twitter. “Este Tribunal ratifica mi decisión apegada a la Constitución de la República”, escribió.

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Virgilio Saquicela, ahora expresidente del Congreso, y otros exparlamentarios presentaron demandas de inconstitucionalidad contra la decisión de Lasso de disolver la Asamblea Nacional. La corte agregó que “no tiene competencia para pronunciarse respecto de la verificación y motivación de la causal de grave crisis política y conmoción interna” y que “tampoco la tiene ninguna otra autoridad judicial en el país”.

Saquicela había advertido que respetaría cualquier decisión de la Corte, que en adelante será la encargada de dar luz verde o rechazar los decretos-ley en materia económica que emita el Ejecutivo hasta que se realicen elecciones. “No nos aferramos a un puesto”, había expresado el miércoles el jefe del Legislativo.

Al declarar la llamada “muerte cruzada”, Lasso esquivó un juicio político que impulsaba la oposición en su contra por un supuesto delito de peculado en contratos de transporte de petróleo. Tras la disolución del Congreso, el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe celebrar nuevas elecciones en un plazo máximo de tres meses. Lasso puede presentarse nuevamente como candidato.

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