Un proyecto de ley impulsado por el diputado Alejandro Aguilera busca la creación de la circunscripción judicial electoral en el departamento de Caazapá. La propuesta legislativa ya cuenta con el dictamen favorable de la Comisión de Asuntos Electorales de la Cámara de Diputados.

La propuesta tiene como eje central la creación del Tribunal Electoral de dicha circunscripción, al mencionar que Caazapá es uno de los pocos departamentos del país que carece de una instancia electoral propia.

Según el documento, “esta situación obliga a apoderados, abogados y ciudadanos a trasladarse a otras jurisdicciones para gestionar expedientes”. De acuerdo con el proyectista, se generan demoras significativas, costos adicionales y una débil presencia institucional en el territorio, debido a la falta de esta oficina.

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Con la eventual creación del tribunal se busca corregir esta asimetría estructural, permitiendo que la justicia electoral llegue de manera directa, eficiente y equitativa a los habitantes del departamento.

Según el dictamen de la comisión asesora, es viable la propuesta fundamentando la necesidad de eliminar barreras geográficas que históricamente han limitado el acceso a la justicia para organizaciones locales.

En ese sentido, la descentralización apunta a fortalecer el sistema democrático mediante una supervisión más cercana y transparente de los procesos electorales.

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El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) continúa con la entrega de útiles y materiales electorales a las coordinaciones departamentales. La provisión de estos insumos se da en el marco de los preparativos para las elecciones internas simultáneas de las organizaciones políticas previstas para el domingo 7 de junio.

La Justicia Electoral informó que el trabajo se desarrolla de manera coordinada entre las Direcciones de Logística Electoral y Recursos Electorales. “En esta etapa se realizó la entrega de boletines de votos oficiales, certificados de resultados y actas de escrutinio”, confirmó.

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Por otro lado, funcionarios de los distintos Registros Electorales del departamento de Boquerón realizaron divulgación del uso de las máquinas de votación en las siguientes localidades: Loma Plata, Colonia Neuland y Filadelfia.

Así también la Justicia Electoral recuerda que con el programa Voto Accesible, se garantizan los mecanismos denominados Voto en Casa, Voto en Mesa Accesible, Voto Preferente, Voto Asistido y Mesa de Ayuda, destinados a personas con discapacidad, para facilitar su derecho al voto con miras a los comicios municipales.

Se aclara que el Voto en Casa está dirigido a personas con discapacidad física severa, disfuncionalidad motora severa o que por motivos graves de salud no pueden llegar a sus locales de votación.

Es así que el equipo médicos y funcionarios continúan las fiscalizaciones de los hogares de las personas que solicitaron acceder a ese beneficio. Durante las visitas domiciliarias se procede a la inspección realizada por un personal de Salud Pública junto con los miembros de la Comisión Voto Accesible. Las verificaciones siguen hasta el 11 de junio.

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La acusación del Ministerio Público cuenta con 128 páginas donde detalla la participación de cada uno de los acusados.

Los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera y Verónica Valdez pre­sentaron una acusación por lavado de dinero y solicitaron que el proceso penal contra Miguel Ángel Zaldívar, presi­dente del banco Atlas, y otros directivos de la entidad ban­caria, sea elevado a juicio oral y público. La denuncia fue impulsada por la Confe­deración Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Asimismo, los agentes fisca­les solicitaron el comiso espe­cial y el embargo preventivo sobre bienes del banco Atlas hasta cubrir la suma de USD 718.570. Este pedido deberá ser estudiado por el juez de Delitos Económicos, Hum­berto Otazú.

Por su parte, el abogado Clau­dio Lovera, representante legal de la Conmebol, tam­bién presentó una acusación contra Zaldívar y los demás implicados por el mismo hecho, ratificando el pedido de juicio oral. Además de Zaldívar –esposo de Natalia Zuccolillo–, están acusados por lavado de dinero: Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Concepción Martínez Duarte, Eduardo Queiroz García y José Miguel Ángel Páez Corvalán.

El 11 de febrero de 2016, se suscribieron en Asunción contratos de fideicomiso de administración de valores entre el fideicomitente, Nico­lás Leoz Almirón, y el fiducia­rio, banco Atlas SA. El monto total de dichos contratos ascendía a G. 23.014.526.050 y USD 2.160.791, integrados por certificados de depósitos de ahorro constituidos en el propio banco Atlas.

Según la investigación, estos fondos provenían de activi­dades ilícitas realizadas por Leoz durante su gestión como presidente de la Conmebol. Según la acusación fiscal, Atlas debió obtener infor­mación adicional sobre el cliente (ocupación, volumen patrimonial y datos públicos disponibles en internet), así como verificar el carácter de la relación comercial y las razones de las transacciones.

Además, la entidad debió rea­lizar una verificación in situ para corroborar la existen­cia y actividad del cliente. En caso de no realizarse, la insti­tución estaba obligada a jus­tificar por escrito los moti­vos en el legajo del cliente. El escrito del Ministerio Público refiere, igualmente, que los directivos de Atlas estaban obligados a monito­rear constantemente la rela­ción comercial. Sin embargo, no aplicaron la “debida dili­gencia ampliada” en los años 2013 y 2016, a pesar de la exis­tencia de prensa negativa y de un pedido de extradición contra Nicolás Leoz.

Finalmente, se menciona que en 2016 el propio Manual de Prevención de Lavado de Dinero del Banco Atlas esta­blecía que, ante el lanza­miento o modificación de cualquier producto, se debía realizar una evaluación de riesgos. Pese a esto, los direc­tivos acusados habrían reci­bido activos provenientes de las actividades ilícitas de Leoz, aprobando la celebra­ción de los contratos de fidei­comiso el 4 de febrero de 2016.

“Esto fue la culminación de una actividad de investigación larga, realmente es un buen ejemplo de lo que implica recopilar información”, dijo el abogado Claudio Lovera.

“Acá se trata de la Confede­ración Sudamericana de Fút­bol como víctima reclamando sus derechos. Esperamos que se aplique correctamente la ley y recuperar sus recursos”, manifestó el abogado Claudio Lovera, representante legal de la Conmebol al referirse a la acusación fiscal y el pedido de juicio oral y público con­tra el titular del banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, y otros ocho procesados por lavado de dinero. “Esto fue la culminación de una acti­vidad de investigación larga, realmente es un buen ejem­plo de lo que implica recopi­lar información, no fue fácil porque tuvieron que acceder a varias fuentes. Es muy rele­vante el pronunciamiento del Ministerio Público y no hay que olvidar que es un caso de lavado de activos y está en juego la imagen del Paraguay de llevar con seriedad una investigación de este tenor, y yo creo que es lo que ocurrió”, afirmó Lovera, a la 650 AM.

El requerimiento de juicio oral y público fue realizado ayer jueves por los agentes fiscales Jorge Arce, Fran­cisco Cabrera y Verónica Valdez. Asimismo, la Fis­calía solicitó el comiso de USD 718.000, que deberá ser embargado de los bienes del banco Atlas.

El abogado dijo que Zaldí­var y los demás implicados, Jorge Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Martínez Duarte, Eduardo Queiroz, José Miguel Páez Corvalán, entre otros, se exponen a una expectativa de pena de 5 años por lavado de dinero, pero no descartó que en la discusión jurídica pueda elevarse hasta 10 años si se determinan cir­cunstancias especialmente graves durante el juicio oral.

La rufianería consiste en la explotación económica de una persona que ejerce la prostitución, un delito que se sancionado con una pena privativa de libertad de hasta 5 años, según el Código Penal Paraguayo (Ley 1.160/97), según el artículo 129, inciso a, de la ley modificatoria 3440/08. La Fiscalía realizó la caracterización de este hecho punible basándose en 35 denuncias ingresadas entre 2021 y 2025.

Un informe elaborado por el departamento de Estadísticas del Ministerio Público, orientado a analizar el perfil del hecho punible de rufianería, evidencia que una proporción significativa del vínculo entre víctima y victimario es de carácter familiar, lo que implica la participación de personas del entorno cercano de las afectadas en el ilícito.

El reporte aclara que la prostitución en sí, no constituye un hecho punible en Paraguay. No obstante, cuando una persona obliga a otra a ejercerla, se configura un delito, el cual se agrava si el autor es un familiar de la víctima. La ley 5777/16 establece en su artículo 6, inciso d, que la violencia sexual comprende toda acción que vulnere el derecho de la mujer a decidir libremente sobre su vida sexual, mediante cualquier forma de amenaza, coacción o intimidación.

Asimismo, se identifica la participación de propietarios o responsables de establecimientos que, bajo la promesa de empleo digno, captan a las víctimas para posteriormente someterlas a situaciones de explotación. Este grupo representa el 29 % de las personas denunciadas. Por su parte, los conocidos, vecinos, amigos, allegados y personas desconocidas concentran en conjunto el 16 %, según datos del Observatorio del Ministerio Público.

En relación con las condiciones de vulnerabilidad, el informe señala que el 40 % de las víctimas fue sometida a maltrato. Asimismo, el 30 % presenta adicción a sustancias y otro 30 % se encuentra en situación de pobreza. En cuanto al contexto de ocurrencia, se observa que los hechos se registran principalmente en residencias o viviendas particulares, las cuales son utilizadas como espacios de explotación.

Esta situación agrava el estado de vulnerabilidad, considerando que el entorno familiar se configura como un espacio de riesgo y no como un espacio de seguridad y protección como lo es el seno familiar. Otros ámbitos identificados incluyen: casas de citas; ofertas laborales engañosas; bares, cabarets y clubes; y situaciones de criadazgo.

El 93 % de las víctimas corresponde al sexo femenino. El análisis revela además una alta incidencia en menores de edad, quienes deberían contar con protección en el ámbito familiar, pero se encuentran expuestos a contextos de riesgo bajo el control de sus victimarios. En cuanto a la edad, el 50 % de las víctimas tiene entre 0 y 17 años, el 40 % se ubica en el rango de 18 a 29 años y el 6 % corresponde a personas de 30 años o más, señala el informe de estadística de la Fiscalía.

La totalidad de las personas sindicadas como responsables supera los 30 años de edad. En cuanto al sexo, el 68 % corresponde a mujeres, mientras que el 32 % restante a hombres. El informe identifica además la concurrencia de otros hechos punibles vinculados, entre los que se destacan la trata de personas, que representa el 54 % y la coacción sexual y violación el 46 %, según el Observatorio del Ministerio Público.

La mayor cantidad de denuncias se registra en horas de la mañana, particularmente los días lunes y jueves, lo que sugiere que los hechos se producen con mayor frecuencia durante los fines de semana. En relación con la distribución temporal, se identifican como meses de mayor incidencia febrero, abril, octubre y noviembre.

El comportamiento de este hecho punible presenta características cíclicas, con incrementos asociados a periodos de mayor interacción social y consumo. Asimismo, factores climáticos inciden en la dinámica delictiva, dado que durante las épocas cálidas se intensifican las actividades nocturnas y los desplazamientos vinculados a las vacaciones. Finalmente, Asunción y los departamentos de Caaguazú, Itapúa, Central y Canindeyú son las áreas con mayor incidencia.