Un vecino del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) habló de la desesperante situación que le toca vivir, desde hace 15 días, a raíz de las violentas manifestaciones que se dan en esta zona contra el supuesto fraude electoral en las elecciones del 30 de abril. “No entiendo cuánto tiempo más van a esperar las autoridades para actuar”, dijo el hombre, quien prefirió resguardar su identidad.
Señaló que ya ha pasado de todo desde que comenzó esta situación y que los vecinos hacen todo lo posible para no cruzarse con los manifestantes, quienes ni siquiera los dejan dormir y que además realizan sus necesidades fisiológicas en plena vereda y frente a sus casas.
“Esta zona es de descontrol total, vandalismo, destrozaron una muralla. Ya no se puede caminar. Hacen explotar bombas a las 3 de mañana. Las veredas son baños públicos. No puede ser que cierren la ruta. Hablamos con las autoridades, ellos saben que están violando nuestra libre circulación”, expresó el hombre en comunicación con radio 1000 AM.
Viven encerrados
Además, indicó que los vecinos de la zona viven prácticamente encerrados y deben pedir permiso a los efectivos policiales de la zona inclusive para recibir alimentos. “Es como un pedazo de Asunción en guerra civil ahí afuera. Yo estoy encerrado, no puedo salir. Es como una nueva cuarentena lo que estoy viviendo. Hasta tengo que pedir permiso a la policía para recibir alimentos”, indicó.
“En mi casa tengo que trabajar, no puedo salir. No se puede trabajar tranquilo, no hay paz. Los negocios en los alrededores están todos cerrados, hasta las estaciones de servicio. No puede ser que en una capital se pueda ocupar durante tanto tiempo, es una zona que necesita libre circulación”, insistió el hombre.
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El pueblo mexicano donde los cárteles buscan votos con balas
“Te bajas o te bajas”, ordenaron a Margarita Galán, quien no tuvo más remedio que abandonar su candidatura a la alcaldía de Maravatío para no correr la suerte de otros tres aspirantes asesinados en ese municipio mexicano. Como en varias poblaciones del país, en Maravatío (Michoacán, oeste) el crimen organizado depura listas de candidatos a bala o con amenazas para asegurarse el control de cargos locales que serán elegidos el 2 de junio simultáneamente con el nuevo presidente de México.
“No puedes participar”, advirtieron con insultos los hombres que telefonearon a esta chef de 27 años, según cuenta en su modesta casa de Las Joyas, comunidad rural que se vacía de jóvenes porque migran a Estados Unidos por la violencia y la pobreza. Desde el 23 de septiembre, cuando comenzó el proceso electoral, fueron asesinados 28 políticos que aspiraban a cargos electivos en México, según la oenegé Data Cívica. Maravatío, poblado agrícola de 80.000 habitantes, ha puesto la mayor cuota.
El 26 de febrero, con tres horas de diferencia, fueron asesinados el médico Miguel Reyes y el transportista Armando Pérez, ambos de 58 años, que disputaban la alcaldía. En noviembre fue hallado muerto Dagoberto García, quien también buscaba ser alcalde. Reyes y García pertenecían a Morena, partido del presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador; Pérez, al conservador PAN, y Margarita contendía por Movimiento Ciudadano (centro). Cinco siguen en contienda.
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Régimen de terror
Los crímenes hundieron a Maravatío en el miedo. Dos hombres en un auto rondan desde hace horas los mítines del nuevo candidato de Morena, Mario Pérez. Ya de noche se detienen, bajan la ventanilla y observan fijamente la reunión, sin un solo policía. “Ese carro no es normal”, suspira un miembro de campaña. “Esas son las cosas que nos ponen nerviosos. Nunca nos había pasado”, añade pálido.
El mitin finaliza y Pérez se rodea de simpatizantes para tomarse fotos. Los sospechosos desaparecen en la penumbra. El candidato, un dentista de 34 años que busca derrotar un cacicazgo de casi un cuarto de siglo del PRD (socialdemócrata) en Maravatío, elude el tema de la inseguridad en público. Tampoco ha pedido protección de autoridades, como sí lo han hecho 96 candidatos en Michoacán.
Comenta a la AFP que su objetivo es ofrecer oportunidades a los jóvenes “para que no anden en otra cosa”. Durante una asamblea en una calle polvorienta, una de sus seguidoras, la profesora Liz Monroy, de 45 años, reconoce que le “da miedo participar” pues para ella la política es sinónimo de “inseguridad”.
No exagera. El 10 de mayo, cerca de la casa de Margarita, escoltas de dos aspirantes a la alcaldía del vecino Senguio se enfrentaron a tiros al cruzarse en el camino, al parecer debido a una confusión. “No hay condiciones para hablar”, dice un integrante de la campaña de Óscar Vidal, candidato a la alcaldía que busca prolongar la hegemonía del PRD en el pueblo.
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“¡Ay donde no gane!”
Maravatío está en medio de la guerra que libran cárteles de la droga como Jalisco Nueva Generación o Los Correa. Sin un grupo dominante, la violencia tiene derivas anárquicas en Michoacán, pujante estado agroindustrial donde unas 14 bandas se pelean el tráfico de metanfetaminas y la extorsión. Pero “no se conformaron” con eso y cada vez más buscan “imponer candidatos”, señala el fiscal de delitos electorales, Víctor Serrato, quien refiere 39 denuncias de aspirantes a cargos electorales, en su mayoría por amenazas y extorsión.
El modus operandi es similar: “Los criminales eligen un candidato” y dicen a los otros “no tienes permiso”. “En un municipio la célula delictiva convocó a todos los partidos, menos a uno, y les hizo saber: aquí va a ganar tal. ¡Ay de ustedes donde no gane!”, cuenta Antonio Plaza, de 47 años y aspirante a diputado estatal por Michoacán Primero, que retiró diez candidaturas a alcaldías.
Solo en ese estado han sido sustituidos 500 aspirantes, según el Instituto Electoral regional. Michoacán es una de las regiones más violentas de México. Desde 2006, cuando se militarizó la lucha antidrogas, la tasa nacional de homicidios casi se triplicó hasta 23 casos por 100.000 habitantes, y los desaparecidos desde entonces suman más de 100.000. En ese estado el crimen se lucra además de la tala de bosques que albergan a las mariposas Monarca, fijan precios de alimentos y hasta fechas de corte de frutas, denuncian dirigentes locales.
Aunque me maten
La criminalidad roza lo insólito. En la subregión michoacana de Tierra Caliente, adonde han sido enviados cientos de soldados para vigilar las elecciones, el cartel Los Viagras montó antenas con equipos robados para cobrar el servicio de internet, según la fiscalía. Además, existen grupos de WhatsApp donde supuestos criminales alardean y cruzan amenazas. La AFP constató que autoridades integran también estos grupos, pero no interactúan.
“Ya no les falta mucho para su día perros”, dice un usuario, a lo que otro responde: “sigan soñando jajaja”, observó la AFP. Videos de jovencitos armados hasta los dientes se suman a los textos. Pese a las amenazas, candidatas como María Salud Valencia no renuncian.
Maestra de 60 años y con protección oficial, reconoce que tiene “miedo, pero también valor” para disputar la alcaldía de Nuevo Urecho. “Si me van a matar, que sea por defender a mi gente”, afirma durante una visita a Morelia, capital de Michoacán, donde esa mañana asesinaron a tiros a cinco hombres.
Fuente: AFP.
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Indi y TSJE facilitan jornada de documentación a comunidades indígenas en San Pedro
Mediante un convenio de cooperación interinstitucional firmado entre el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), facilitan el acceso a jornadas de documentación, capacitación cívico electoral e inscripción en el Registro Cívico Permanente (RCP), a las comunidades indígenas de los distritos de Yatayty del Norte y Guajaibí, del departamento de San Pedro.
Estas jornadas se llevarán a cabo del 20 al 24 de mayo próximo, en los distritos mencionados, en las comunidades nativas de Takua Poty, Virgen del Carmen, La Paloma, San José, Kupa’y, Javier Kue Rugua y Guavira Poty.
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En representación de la Justicia Electoral acompañarán dicha actividad las Direcciones del Registro Electoral, Identidad Electoral y la Coordinación de Asuntos Indígenas, así también la comitiva de funcionarios del Indi para facilitar el carnet indígena, funcionarios del Registro del Estado Civil de las Personas para la emisión de certificados de nacimiento y el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional, para la emisión de cédulas de identidad, primera vez o renovación.
De esta manera las instituciones mencionadas, a través de la Justicia Electoral se comprometen a seguir facilitando las herramientas necesarias para el acceso a documentaciones requeridas y garantizar la participación en los procesos electorales de los integrantes de los pueblos indígenas.
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Ola de violencia en México: matan a candidata a alcaldesa junto a otras 5 personas
Una candidata a alcaldesa de la localidad mexicana de La Concordia, en el estado de Chiapas, en el sur del país, fue asesinada a balazos el jueves junto con otras cinco personas, incluida una menor de edad, informó la fiscalía local. La víctima es Lucero López Maza, de 28 años y militante del Partido Popular Chiapaneco, que tiene presencia local.
“De acuerdo con las primeras investigaciones, se suscitó un enfrentamiento entre civiles armados” tras un acto de campaña de la candidata, detalló un comunicado de la fiscalía estatal. Según testimonios de habitantes de la localidad, López Maza se desplazaba en un vehículo cuando fue interceptada en una gasolinera ubicada sobre una carretera.
La campaña de las elecciones generales del 2 de junio en México ha sido sacudida por una ola de violencia, sobre todo contra políticos que aspiran a puestos locales. La policía y los cuerpos de emergencia informaron que otras dos mujeres, una de ellas menor de edad, y tres hombres murieron en el ataque.
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Chiapas, en la frontera con Guatemala y escenario de disputas entre bandas criminales, ha registrado distintos incidentes que involucran a candidatos. La noche del pasado lunes, Luis Ángel Flores, aspirante a dirigir el municipio de Rayón por el partido local Chiapas Unido, resultó herido en un ataque a balazos.
El 3 de mayo pasado, Juan Gómez, candidato a la alcaldía del municipio Benemérito de las Américas, también por el partido Chiapas Unido, salió ileso de un ataque a balazos que dejó sin embargo dos muertos, uno ellos el hijo del político. El municipio de La Concordia es colindante con Chicomuselo, donde el pasado lunes se registró la masacre de 11 personas, entre ellos dos catequistas de la iglesia católica.
Desde el 23 de septiembre, cuando comenzó el proceso para las elecciones generales, y hasta el 1 de mayo han sido asesinados 26 aspirantes a algún cargo rumbo a los comicios del 2 de junio, según un recuento sobre violencia electoral de la organización civil Data Cívica.
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Fuente: AFP
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Investigarán si escribana sufría violencia familiar
Continúa el proceso de investigación para determinar qué acciones deben ser tomadas en torno al caso de la escribana, que se habría quitado la vida en compañía de sus dos pequeños hijos el pasado jueves lanzándose a aguas del río Monday, en Alto Paraná.
Hasta el momento, el principal foco de la investigación se cierne sobre la exsuegra de la escribana, Carmen Beatriz Ruiz, quien habría sido denunciada por esta última por violencia familiar el pasado mes de abril, luego de meses de hostigamiento, amenazas y maltratos, tanto físicos como verbales.
La abogada representante de la familia de la víctima, Nenia Teresa Martínez, en conversación con el programa “Arriba hoy”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, explicó que existen dos causas abiertas en torno a la víctima; una es la abierta en Ciudad del Este por violencia familiar y la segunda también en curso, pero en Presidente Franco, por el hecho ocurrido el pasado jueves.
“Nosotros estamos abocados en la denuncia de violencia intrafamiliar, como abogada de la familia estoy solicitando algunas diligencias para poder determinar, en primer lugar, si ella fue víctima de violencia psicológica y determinar a través de la autopsia psicológica el padecimiento de esa violencia mediante también la declaración de todos los testigos, que tuvieron conocimiento del caso. Con esta denuncia esperamos tener inclusive un dictamen respecto a lo que sería la denuncia por inducción al suicidio”, indicó la abogada Martínez.
Por otro lado, confirmó que la familia aguardará que sea hallado el cuerpo de la pequeña para proceder a realizar el velorio y entierro de los tres cuerpos, ya que el cuerpo de la escribana fue hallado el sábado pasado y del hijo menor el domingo por la mañana.
AUTOPSIAS
Ayer lunes, desde la Morgue Judicial confirmaron que la escribana Carmen Ruiz Díaz falleció por asfixia por sumersión. La mujer se habría arrojado desde el puente que cruza sobre el río Monday junto a sus dos hijos. Su cuerpo fue hallado el sábado y el domingo se encontró el cadáver de uno de los niños.
Desde el Ministerio Público confirmaron que ambos cuerpos fueron traídos hasta la Morgue Judicial de Asunción para realizarles la autopsia correspondiente y determinar la causa de muerte. “La autopsia realizada en la morgue confirma que la mujer murió ahogada (asfixia por sumersión)”, detalló la fiscal Viviana Sánchez, en entrevista con la 1020 AM.
Así también, confirmaron que el niño de 5 años falleció por ahogamiento luego de caer a las aguas del río en zona del puente Monday. Presentaba lesiones en el cráneo, pero fueron provocados después de su muerte. Según el médico forense, doctor Pablo Lemir, la autopsia confirma que el niño falleció por ahogamiento, de la misma forma en la que falleció la madre y sería el mismo día. “Los hallazgos son compatibles a una asfixia por sumersión”, apuntó a los medios de prensa.
Confirmó que el cuerpo del pequeño cuenta con lesiones traumáticas en el cráneo que se produjeron luego de su muerte. “Tiene algunas lesiones traumáticas en el cráneo, se trata de una fractura ya post mortem probablemente producida por el lecho del río que sabemos es muy caudaloso”, aseguró.