La Contraloría General de la República (CGR) detectó inconsistencias en la licitación para seguro médico del Ministerio de Hacienda y recomendó la cancelación de la contratación, según informó, Paul Ojeda, director de Contrataciones Públicas de la Contraloría.
“La Contraloría le recomienda al Ministerio de Hacienda evaluar la pertinencia de aplicar lo que establece la Ley Nº 2051, en el artículo que se refiere a la cancelación de una licitación por encontrar irregularidades e inconsistencias en requisitos que se establecieron como pliego de bases y condiciones y en la etapa de evaluación”, mencionó el director de la Contraloría en contacto con la radio 800 AM.
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Paul Ojeda, explicó que se flexibilizaron ciertos requisitos que podrían ser sustanciales, lo cual se pueden interpretar que se “está favoreciendo a ciertos oferentes”. Esto teniendo en cuenta las comparaciones con pliegos anteriores sobre la prestación del mismo servicio donde se encontraron grandes diferencias con relación a los requisitos, como, experiencia, capacidad técnica, entre otros.
Ojeda señaló que el dictamen también fue enviado a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) puesto que aún existen protestas en etapas de sustanciación a instancias de la institución.
“La DNCP tomará en cuenta las observaciones realizadas, resolverá las protestas y recomendará a Hacienda el procedimiento a seguir”, indicó. Es decir, la decisión a ser adoptada será exclusivamente de Hacienda, atendiendo la decisión del ente regulador, que es la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.
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Contraloría examinará bienes de exdirectivos del Banco Central
La investigación se activa en el marco de la caída de Ueno Bank y en medio de una crítica generaliza a la gestión de los exmiembros del Consejo.
El contralor general de la República, Camilo Benítez, confirmó el inicio de un estudio de correspondencia de bienes a 18 exaltos funcionarios y/o exdirectivos del Banco Central del Paraguay (BCP).
La nómina incluye a expresidentes, exdirectivos y otros exaltos funcionarios del BCP en este periodo de gobierno como de otros anteriores. El estudio patrimonial alcanza a exaltos representantes y exfuncionarios de jerarquía que ocuparon cargos en la banca estatal desde enero de 2023 hasta la fecha.
AMPLIACIÓN SOBRE PATRIMONIO DE PEÑA
Igualmente, la Contraloría informó que ante la gravedad del caso Ueno Bank se decidió ampliar el análisis patrimonial al expresidente de la República Santiago Peña, destituido el viernes 6 de noviembre por la vía del juicio político por mal desempeño de funciones.
Según confirmó el contralor general de la República, Camilo Benítez, la pesquisa sobre los bienes acumulados abarcarán los movimientos financieros del exmandatario desde octubre de 2025 ya que el primer estudio de correspondencia incluyó hasta esta fecha.
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Contraloría examinará bienes de exdirectivos del BCP y ampliará análisis a Peña
El contralor general de la República Camilo Benítez confirmó el inicio de un estudio de correspondencia de bienes a 18 ex altos funcionarios y/o exdirectivos del Banco Central del Paraguay (BCP).
La investigación se activa en el marco de la caída de Ueno Bank y en medio de una crítica generaliza a la gestión de los exmiembros del Consejo en cuanto a los controles a la mencionada entidad bancaria.
La nómina incluye a expresidentes, exdirectivos y otros ex altos funcionarios del BCP en este periodo de gobierno como de otros anteriores. El estudio patrimonial alcanza a ex altos representantes y ex funcionarios de jerarquía que ocuparon cargos en la banca estatal desde enero del 2023 hasta la fecha.
Ampliación sobre patrimonio de Peña
Igualmente, la Contraloría informó igualmente que ante la gravedad del caso Ueno Bank se decidió ampliar el análisis patrimonial al expresidente de la República Santiago Peña, destituido el viernes 6 de noviembre por la vía del juicio político por mal desempeño de funciones.
Según confirmó el contralor general de la República, Camilo Benítez, la pesquisa sobre los bienes acumulados abarcarán los movimientos financieros del exmandatario desde octubre del 2025 ya que, el primer estudio de correspondencia incluyó hasta esta fecha.
Para dar continuidad a estas pericias, la Contraloría urgió informes sobre el legajo creditico de Peña, así también todo lo relacionado a su comportamiento bancario.
Se solicitaron datos sobre cuentas, depósitos, inversiones, créditos, tarjetas, transferencias locales e internacionales. Así también, se requirió informes a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelav) sobre posibles alertas identificadas u omitidas.
El ente contralor solicitó además informes tributarios del exgobernante con la aclaración de que todos los datos requeridos incluyen los de su familia, es decir, esposa e hijos. La Contraloría urgió que los reportes sean remitidos en el plazo de 24 horas.
Cabe recordar que durante el primer examen de correspondencia realizado al entonces presidente Peña, la Contraloría no detectó indicios de enriquecimiento ilícito que permitan presumir un crecimiento patrimonial injustificado.
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Contraloría impulsa dos leyes clave para fortalecer la fiscalización del dinero público
La Contraloría General de la República (CGR) impulsa dos iniciativas que apuntan a fortalecer el control público y el régimen de prevención de conflictos de intereses.
Ambos anteproyectos fueron entregados este lunes por el contralor Camilo Benítez y el subcontralor Armindo Torres al presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre.
Uno de ellos propone derogar la Ley N.º 7236/2024 y restablecer el texto original de la Ley N.º 7089/2023, “Que establece el régimen de prevención, corrección y sanción de conflictos de intereses en la función pública”.
Según los proyectistas de esta manera se recuperará dos salvaguardas esenciales: las restricciones posteriores al cese en el cargo y la inclusión del grupo familiar en la prevención de conflictos de intereses.
El segundo plantea una nueva Ley Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República.
El contralor fundamentó que el actual momento de crisis nacional convoca a todas las instituciones de la República a adoptar medidas urgentes y coordinadas para esclarecer lo acontecido. Asimismo es necesario deslindar las responsabilidades correspondientes y promover las acciones pertinentes contra los funcionarios públicos responsables, conforme expresó.
En ese contexto, sostuvo que la CGR, en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 281 y 283 de la Constitución Nacional y la Ley N.º 276/94 “Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República”, dispuso las actividades de control pertinentes.
Sin embargo, durante su desarrollo, la institución encontró limitaciones derivadas de la normativa legal vigente, que restringen el alcance y la eficacia de su labor.
Ante esta situación, consideró indispensable contar con el apoyo del Parlamento para analizar conjuntamente las limitaciones de orden legal que enfrenta el ente contralor.
Por ello, Benítez consideró necesario impulsar, desde el ámbito legislativo, las acciones que permitan fortalecer la capacidad de control del Estado.
Dos años de restricción para reguladores financieros
El proyecto de ley, conocido como “puertas giratorias” incorpora un artículo 24 bis que establece un plazo especial de dos años para los miembros del directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), los superintendentes de Bancos, de Seguros y de Valores, y los funcionarios de esas entidades que hayan tenido intervención determinante.
Durante ese periodo, estas personas no podrán ejercer cargos de dirección, gerencia, sindicatura o asesoría en las entidades supervisadas ni en empresas pertenecientes a su mismo grupo económico.
En cuanto a la Carta Orgánica, la propuesta no amplía las competencias constitucionales de la CGR, sino que busca adecuar las responsabilidades ya asignadas a la institución al contexto de modernización.
Cambios que plantea el proyecto
1-Acceso a los datos del Estado en tiempo real. Se pasa del control basado en la documentación que cada organismo decide entregar al acceso digital directo y permanente a los registros estatales.
2-Cobro de multas. Se crea un mecanismo de percepción y ejecución del que carece la legislación vigente. La resolución firme constituirá título ejecutivo y se prevén la retención sobre haberes y la creación de un Registro Público de Sanciones.
3-Inteligencia Artificial con garantías. Se habilita el uso de analítica de datos e inteligencia artificial para la detección temprana de anomalías, con supervisión humana obligatoria, trazabilidad y derecho de explicación.
4-Declaraciones juradas sin vacíos. Se permite el examen de correspondencia incluso con una sola declaración jurada y durante el ejercicio del cargo, sin necesidad de esperar al cese del funcionario.
5-Rectoría anticorrupción y recupero. Se consolidan la rectoría del Régimen Nacional de Integridad y el régimen de conflictos de intereses. Además, se incorpora la remisión a la Procuraduría General para la persecución civil orientada al recupero de los recursos públicos.
6-Control en emergencias. Ante una emergencia declarada, la Contraloría queda facultada de pleno derecho para activar auditorías concurrentes e inmediatas sobre los recursos afectados.
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La Corte busca mejorar sus controles y capacita a funcionarios con apoyo de la Contraloría
Desde la Corte Suprema de Justicia informaron este martes sobre una capacitación dirigida a funcionarios judiciales, con el objetivo de mejorar los controles internos y fortalecer el funcionamiento de la institución. Las jornadas forman parte del proceso de implementación del Modelo Estándar de Control Interno (MECIP 2015), que busca ayudar a las entidades públicas a trabajar con mayor organización, eficiencia y transparencia.
La formación cuenta con el acompañamiento del Equipo Técnico del Comité de Control Interno y está a cargo de especialistas de la Contraloría General de la República: los licenciados Andrea Rodríguez y Ciro Osvaldo Hermosilla Aguilera, además del ingeniero agrónomo Federico Palacios.
Durante la apertura, la directora de Gestión Organizacional, Nelly Burgos, dio la bienvenida a los participantes y explicó los objetivos del encuentro, que apunta a brindar herramientas para mejorar los procedimientos de control y el cumplimiento de las tareas institucionales.
El curso-taller continuará mañana miércoles y el jueves 5 de noviembre, en el Salón Auditorio “Dra. Serafina Dávalos”, ubicado en el primer piso del Palacio de Justicia de Asunción.
El MECIP 2015 establece pautas para que las instituciones públicas puedan controlar mejor sus actividades, detectar posibles debilidades y corregirlas a tiempo. En términos sencillos, busca que cada dependencia tenga claridad sobre sus responsabilidades, supervise sus procesos y trabaje de manera más ordenada para cumplir sus objetivos.
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