Con la imputación a directivos del banco Atlas, el diario de la calle Yegros reutiliza el mismo marco narrativo: victimización, politización y la idea de un supuesto asedio al “periodismo independiente”.
La línea editorial del Grupo Zuccolillo apela de nuevo a su libreto recurrente y victimizante: cualquier acción institucional en el ámbito sanitario, financiero o judicial es instalada como una operación política y una “persecución a la prensa”. Con la imputación por parte del Ministerio Público a directivos del Banco Atlas por lavado de dinero en el caso Conmebol/Leoz, de nuevo la maquinaria amarilla se alinea al guion de una persecución, obviando que la medida fiscal tiene fundamentos sólidos.
No es la primera vez -ni será la última- que el grupo comunicacional que encabeza su directora Natalia Zuccolillo, recurre a este recurso de supuesta persecución para victimizarse. Lo hace con más fuerza en esta ocasión puesto que uno de los acusados por lavado de dinero, en el caso de la denuncia de la Conmebol para recuperar el dinero desviado por Nicolás Leoz es nada más y nada menos que el esposo de la señora Zuccolillo, Miguel Ángel Zaldívar.
Apenas este año, el diario de la calle Yegros utilizó esta narrativa cuando varios hechos objetivos salpicaron al holding empresarial: la disputa por derechos de autor del core bancario de la compañía itti o el cierre temporal de la cadena de mini mercados Biggie.
Cuando las autoridades nacionales suspendieron las actividades comerciales de Biggie -que pertenece en un 50 % al Grupo Zuccolillo- por cuestiones estrictamente fitosanitarias, Abc Color lo planteó y convirtió el caso en un capítulo político, cuando en realidad la medida gubernamental se limitaba exclusivamente en defender al consumidor ante la posibilidad de adquirir productos vencidos o en mal estado.
Todo es persecución en el mundo del Grupo Zuccolillo. Esta máxima también se ha expresado en otros casos donde claramente la posición del diario que fundase Aldo Zuccolillo busca pasar al ataque responsabilizando al poder político de sus jugarretas. Se dio de igual forma con el caso itti que acusa al Banco Atlas de incumplir un contrato de licencia y, presuntamente, plagiar su software bancario principal (“IT Gestión Financiera”). En este capítulo, la compañía tecnológica reclama una millonaria indemnización en una disputa contractual que podría derivar en el ámbito penal, ya que la presunta copia del software podría estar vinculada a la fusión de Atlas con Banco Familiar.
El mismo plan de victimización ocurrió con el uso irregular de energía de la ANDE para una criptominera que funcionaba en el Shopping Mariscal López y que pertenece al Grupo Zuccolillo. La empresa Esur SA (Energías del Sur) utilizaba como pantalla al citado shopping para no abonar la garantía ni la tarifa especial establecida por la empresa estatal. En setiembre de 2023, debido a la pérdida ocasionada que rondaba los USD 300.000, la Ande realizó el reclamo para el abono correspondiente.
La instalación de que estos casos suponen un acoso del poder político no solo se limita a la opinión pública local, sino que el Grupo Zuccolillo -utilizando sus nexos en el exterior- pretende también manipular a organismos internacionales. Eso se ha visto recientemente cuando un relatorio que había sido preparado por el diario Abc Color (solo describió los casos que afectaron al citado medio) fue presentado como un compendio de la persecución a la libertad de prensa en el Paraguay nada menos que ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que concluyó hace unas semanas su asamblea anual.
Así como en los casos anteriores, que son apenas lo que se menciona en los últimos años, ni siquiera se rememoran los pormenores que llevaron al entonces presidente Nicanor Duarte Frutos a perpetuar la frase que “Abc ijapú”, también en el sonado caso de la denuncia de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) contra su expresidente, Nicolás Leoz, ahora el grupo Zuccolillo se muestra como víctima.
El Ministerio Público presentó la semana pasada imputación por varios hechos punibles como lavado de dinero contra nueve personas vinculadas a este caso, entre ellos al esposo de Natalia Zuccolillo, Miguel Ángel Zaldívar. Se basa en la reconstrucción de operaciones financieras que no fueron sometidas a los controles exigidos por ley que debía realizar el Banco Atlas y que no lo realizó.
Según la Fiscalía, las transacciones analizadas corresponden a fondos sustraídos del patrimonio de la Conmebol por su entonces presidente, Nicolás Leoz, y depositados en el Banco Atlas. Entre 2013 y 2016, Leoz habría introducido más de USD 5 millones en efectivo y firmó contratos de fideicomisos por USD 2 millones y G. 22.000 millones, sin que el banco haya verificado a cabalidad el origen lícito de los recursos, pese a que Leoz ya tenía un perfil “en rojo” y ya pesaba sobre él una extradición desde los Estados Unidos.
Es así que casos como los descritos aquí la incoherencia queda expuesta si se mira el contexto histórico: cuando un gobierno aliado a ellos persiguió abiertamente a adversarios políticos, con el uso instrumental de instituciones del Estado, en Abc Color no solo se ignoró el hecho de utilizar a instituciones como la Seprelad como garrote político, sino que lo defendió.
El problema no es la defensa de la libertad de prensa -que es absolutamente legítima y necesaria y que el gobierno de Santiago Peña defiende a rajatablas- sino la manipulación discursiva en función del propio interés corporativo. En el mundo Zuccolillo, la persecución solo existe cuando afecta a los suyos; cuando la ejercen sus aliados, la narrativa se transforma en silencio.