El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, calificó como decepción a Santiago Peña en las filas del Partido Colorado. El legislador lamentó que con lo sucedido en el caso Ueno Bank y las vinculaciones del expresidente de la República se causó un daño muy grande al país, tanto a ahorristas como las instituciones del Estado.

“Fue una decepción. Podemos ponerle todos los apelativos porque hay un daño tremendo, no solamente a los ahorristas, sino a las instituciones públicas”, expresó el titular legislativo en rueda de prensa este miércoles antes del inicio de la sesión ordinaria del Senado.

Sobre la expulsión de Peña como afiliado de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Núñez señaló que fue lo correcto. “Es lo mínimo que se podía hacer, eso lo digo con el dolor en el alma, hay que reconocer y van a ir saliendo más y más cosas. Sí, puedo reiterar, que estamos tres senadores que tuvimos coraje de presentar ese pedido de informe (al BCP sobre Ueno), que ayudó a que esto detone”, remarcó.

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El senador también fue consultado sobre el por qué Peña no está imputado por asociación criminal, mencionó que se debe respetar el trabajo realizado por los fiscales que llevan adelante las investigaciones del caso.

“Si yo adelanto una opinión, eso va ser una interferencia del Poder Legislativo que estoy presidiendo en otro poder, en la tarea que está realizando la Fiscalía y donde vemos a un expresidente que tiene detención, tiene imputación y arresto preventivo. A mí parecer se está haciendo el trabajo y en forma acelerada, por primera vez en la historia del Paraguay vemos a un expresidente privado de su libertad y todos los nexos probables también”, indicó.

Núñez también fue consultado sobre el pedido de juicio político al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, bajo el argumento de inacción con otras denuncias realizadas contra el expresidente Peña, y de tener influencia para que el exmandatario no sea imputado por asociación criminal, respondió que se analizarán todas las causales.

“Hay que tener en cuenta que el fiscal general tiene una función, es una especie de gerente administrativo, el caso está a cargo de los fiscales. Es un fiscal general impuesto en un periodo anterior. No depende de mí (el juicio), eso depende la Cámara de Diputados, yo no estoy con el jaque del juicio político a nadie, yo no acompañaría nada hasta tener las pruebas consistentes”, sentenció.

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España afronta este miércoles una huelga general convocada ante una ola de indignación por la crisis de la vivienda y el poder adquisitivo, temas álgidos a poco más de dos semanas de las elecciones generales en las que Pedro Sánchez se juega la reelección.

Catorce años después de la última protesta similar en la cuarta economía de la zona euro, los observadores estarán atentos al seguimiento del paro en la industria y los servicios, especialmente en el transporte público, donde no obstante se garantizarán servicios mínimos.

También se seguirá de cerca la magnitud de las manifestaciones previstas, sobre todo las de la tarde en Madrid y Barcelona, que podrían servir de barómetro del descontento social de cara a los comicios del 29 de noviembre.

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Los principales sindicatos del país llamaron a esta huelga siguiendo la estela de las protestas por el acceso a la vivienda. El detonante fue el desalojo forzoso de su apartamento en septiembre de Maricarmen Abascal, una jubilada madrileña de 87 años que falleció pocos días después.

“Es una huelga del pueblo. Yo creo que es la primera vez en muchísimo tiempo que de donde ha salido la convocatoria es desde las mismas calles”, se congratuló el domingo en la radio pública Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas, asociación clave detrás de la movilización.

De hecho, las protestas, que incluyeron una acampada que por cinco semanas ocupó la céntrica Puerta del Sol en Madrid, dieron pie a la convocatoria de las próximas elecciones generales. Al fracasar en validar un paquete de medidas sobre la vivienda en el Parlamento, el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, adelantó los comicios previstos inicialmente para 2027.

De todas maneras, el Gobierno de izquierda tiene previsto hacer aprobar el jueves, un día después de la huelga, parte de esas medidas en la Diputación Permanente, un órgano que hace las funciones de Parlamento, disuelto por la convocatoria electoral.

“Esta no es una huelga contra nadie, sino a favor de dar respuestas comunes por parte de todas las administraciones a un problema real que existe, que es el del acceso a la vivienda”, aseveró Sánchez el domingo al diario La Vanguardia.

Recordando los avances sociales logrados en España en décadas pasadas cuando “la gente dijo ¡basta! y se organizó y salió a la calle e hizo huelgas”, Sánchez llamó el lunes en la red social X a “proteger” lo logrado. La paralización de actividades, rechazada por la patronal que la ha calificado de protesta “electoral”, ha sido criticada por la derecha y la extrema derecha.

“No la hagan. No la hicieron en ocho años de Gobierno. No la hagan ahora” antes de las elecciones “o ligarán su imagen a Pedro Sánchez para siempre”, advirtió a los sindicatos la semana pasada en un mitin el líder del Partido Popular (PP, derecha), Alberto Núñez Feijóo.

El jefe del PP, partido favorito para ganar las elecciones según las encuestas, calificó de “grave error” continuar con la huelga “69 muertos después”, en referencia a los fallecidos en una colisión de trenes en el centro del país a finales de octubre, un hecho que estremeció la campaña.

“Deberían tener un mínimo de vergüenza” los sindicatos “de corte marxista” y suspender la paralización, pero de no hacerlo “tomaremos nota”, advirtió Santiago Abascal, líder de la extrema derecha, cuyo apoyo podría ser necesario para formar gobierno si la derecha queda lejos de la mayoría absoluta, tal y como señalan los sondeos.

“Somos conscientes de que es un paro un tanto excepcional”, pero “el gran objetivo es promover una gran movilización social y un sentido común sobre el tema de la vivienda”, se defendió el lunes en el medio digital eldiario.es Unai Sordo, secretario general de uno de los principales sindicatos, Comisiones Obreras (CCOO).

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El salario bruto español alcanza una media de unos 2.460 euros mensuales en 14 pagas, mientras que el alquiler de un apartamento de 50 m2 en Madrid costaba 1.170 euros al mes de media en octubre, según el portal Idealista. Esto supone casi la mitad del salario bruto promedio, una proporción muy alejada del 30% que suelen recomendar los organismos públicos y los profesionales de la vivienda.

Fuente: AFP

El Tribunal de Conducta de la Asociación Nacional Republicana (ANR), resolvió este 10 de noviembre la expulsión del expresidente de la República, Santiago Peña de las filas del coloradismo. La decisión quedó asentada en la Resolución T.C. N.º 10/2026 y se fundamenta en el juicio político del pasado 6 de noviembre, que lo declaró culpable por mal desempeño de funciones.

Los miembros del Tribunal sostuvieron que Peña incurrió en conductas que vulneraron el Estatuto Partidario y el Código de Ética, además de causar un grave daño al país y a la agrupación política.

La resolución será comunicada a la Junta de Gobierno y al Tribunal Electoral Partidario (TEP) para su registro pertinente. Tras una década de afiliación, Peña queda fuera de las filas de la ANR, según la resolución partidaria.

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Peña se afilió a fines de octubre de 2016, en el marco de una convención colorada y tras estar afiliado al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) desde los 17 años de edad.

Su expulsión fue planteada por Carmen Alonso, miembro titular de la Junta de Gobierno, en una nota dirigida a Gustavo Cazal Riego, presidente del Tribunal de Conducta.

En su nota, la extitular de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben) en el gobierno de Mario Abdo Benítez, mencionó que el “afiliado Santiago Peña Palacios fue electo presidente del Paraguay en representación del Partido Colorado, defraudando esa máxima distinción, generando un daño irreparable a la imagen del país y del partido; poniendo en riesgo la permanencia del Partido Colorado (ANR) en las próximas elecciones generales a llevarse a cabo en el período 2028″.

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El plazo para inscribir movimientos comenzó el 19 de octubre y finalizará el 30 de noviembre a las 13:00.

El secretario ejecutivo del Tribunal Electoral Partidario (TEP) de la Asociación Nacional Republi­cana (ANR), Rubén Rolón, confirmó que cuatro movi­mientos políticos se inscri­bieron hasta el momento para las internas del 2027. Además se procesan pedidos de reco­nocimiento de autoridades y representantes.

Recordó que el 21 de octu­bre, el senador Carlos Núñez Agüero solicitó la inscripción del movimiento Colorado Renovador. Además, presentó una nota para solicitar la asig­nación del número 7 en la lista electoral.

En tanto el 23 de octubre se presentó la solicitud de ins­cripción del Movimiento ERE (Esperanza de Renova­ción Ético Social Colorado), impulsado por Rafael Lle­rena, según detalló Rolón en entrevista con radio ANR 89.9 FM.

La diputada Cristina Villalba también presentó una solici­tud para inscribir el movi­miento de Unidad Colorado de Canindeyú, sumándose a las propuestas de participa­ción partidaria registradas ante el TEP.

El día jueves 29 de octubre, el abogado Juan Villalba soli­citó la inscripción del movi­miento Fuerza Republicana, por instrucción de Hugo Velázquez, líder de este sec­tor interno del Partido Colo­rado. También pidió la asig­nación del número 3 para la lista electoral.

Sobre los números de lista, Rolón explicó que Car­los Núñez Agüero pidió el número 7 y Juan Villalba, el número 3. La asignación se resolverá oportunamente, aproximadamente en sep­tiembre del próximo año, según indicó.

El plazo para inscribir movi­mientos comenzó el 19 de octubre y finalizará el 30 de noviembre a las 13:00. El registro permitirá que sus representantes participen en el control del prepadrón y del padrón electoral.

Rolón señaló que el calen­dario electoral será defi­nido en diciembre, una vez que el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) establezca la fecha de las internas simultáneas pre­vistas para diciembre del próximo año.