La ley por la cual se establece el régimen de prevención, corrección y sanción de conflictos de intereses en la función pública fue promulgada por el presidente de la República este miércoles con las últimas modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados.
La mencionada normativa establece que se da una pausa de un año posterior al ejercicio de la función pública para el ingreso al sector privado cuando puedan existir efectivamente conflictos de intereses; con esta ley se podrá mantener un control mucho más pormenorizado y evitar que se den casos de fuga de información de las oficinas estatales y que puedan ser utilizadas dentro del sector privado.
“Esto va a impedir que los funcionarios públicos que hayan tomado decisiones en ciertas áreas después de salir del poder puedan ser contratados en el sector privado, en esas áreas donde influyeron como autoridad”, indicó Mario Abdo Benítez, al anunciar el visto bueno durante una conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno
Abdo hizo hincapié en que la idea principal es evitar que los conocimientos adquiridos por el funcionario en el servicio público sean empleados como un activo en su currículum a fin de ser contratado por una empresa relacionada al sector donde se desempeñó con anterioridad.
Otro objetivo de la recién promulgada ley es ser parte de un paquete de herramientas que promuevan la transparencia en el ejercicio de la función pública, ya que la normativa también incluye al presidente de la República, al vicepresidente de la República, senadores, diputados y ministros de la Corte sin excepción, puesto que los conflictos de intereses también se pueden dar a la hora de hablar de empresas de su propiedad o la de sus familiares.
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Más allá de la muerte: en Sao Paulo, las mascotas pueden ser sepultadas con sus amos
El estado brasileño de Sao Paulo permite desde este martes el entierro de mascotas en sepulturas familiares, según una ley sancionada por el gobierno local que “reconoce el vínculo afectivo entre tutores y animales”, incluso después de la muerte.
Con una población de perros y gatos que duplica la de niños y representa la tercera mayor del mundo, Brasil ya ofrece toda clase de servicios y atenciones para ‘pets’, como los habitantes de la potencia sudamericana llaman a sus mascotas.
Sancionada por el gobernador conservador Tarcísio de Freitas, la nueva ley paulista dice inspirarse en el caso de Bob Coveiro, un perro que vivió por diez años en un cementerio municipal desde el día en que enterraron allí a su dueña.
Cuando el animal murió, se autorizó su entierro junto a la tutora.
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Esa práctica se extiende ahora a todo el estado de Sao Paulo (sudeste), donde las mascotas podrán yacer en sepulturas y panteones familiares.
En enero, Sao Paulo había promulgado otra ley que reconoce el “interés cultural” del “vira-lata Caramelo”, como se conoce en Brasil a un tipo de perro mestizo, para “combatir el prejuicio contra animales sin raza definida”.
El país se vio conmocionado en las últimas semanas por el caso de Orelha, un perro muerto violentamente a manos de adolescentes en Florianópolis (sur), que fue comentado hasta por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Con 213 millones de habitantes, Brasil tiene unas 160 millones de mascotas, en su mayoría perros, según datos del Instituto Pet Brasil, que agrupa a empresas de productos para animales.
Se trata de la tercera mayor población del mundo, detrás de China y Estados Unidos.
Perros y gatos superan ampliamente la población de menores de 14 años en Brasil, de unos 40 millones, según datos oficiales.
Con la tasa de natalidad en declive y una clase media que ha crecido en las últimas décadas, en Brasil existe una amplia gama de servicios para mascotas, desde spas y centros de belleza hasta hoteles y transportes exclusivos.
- Fuente: AFP
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Gobierno llama al diálogo para fortalecer reforma de Caja Fiscal
El Gobierno nacional impulsa una instancia de diálogo previo al tratamiento del proyecto de reforma de la Caja Fiscal, con el objetivo de fortalecer la iniciativa y sumar consensos entre los sectores involucrados. El vicepresidente de la República, Pedro Alliana, solicita formalmente al Senado la convocatoria a una reunión de trabajo con gremios, sectores afectados y legisladores para este lunes 9 de febrero, un día antes de que el proyecto sea tratado en la Cámara Alta.
La propuesta legislativa, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, está incluida en el orden del día del Senado para el martes 10 de febrero. Sin embargo, desde el Poder Ejecutivo consideran clave abrir un espacio de diálogo político y técnico antes del debate en plenaria, atendiendo la sensibilidad del tema y su impacto directo sobre miles de funcionarios públicos y las finanzas del Estado.
“En conversación con el presidente del Congreso, Basilio ‘Bachi’ Núñez, solicitamos que el lunes se convoque una reunión de trabajo con los distintos sectores, a fin de dialogar sobre la reforma de la Caja Fiscal”, señala Alliana a través de sus redes sociales. El vicepresidente remarca que la intención es escuchar planteamientos, aclarar dudas y evaluar eventuales ajustes al texto aprobado por Diputados.
REUNIONES CON INVOLUCRADOS
Alliana explica que el pedido apunta a que las comisiones del Senado mantengan reuniones previas con los actores involucrados, antes del tratamiento en sesión. “Yo pedí que las comisiones se reúnan antes de tratar. El martes se está convocando al Senado, pero antes quieren tener un diálogo. Si se quiere proponer algunas modificaciones o sugerencias, estuvimos coordinando eso”, indica.
La reforma de la Caja Fiscal es considerada una de las iniciativas más relevantes de la agenda económica del Gobierno. El sistema previsional estatal registra un déficit creciente desde hace más de una década, impulsado principalmente por regímenes especiales, jubilaciones tempranas y una relación cada vez más desfavorable entre aportantes activos y beneficiarios. De acuerdo con datos oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas, el déficit de la Caja Fiscal supera actualmente los USD 300 millones anuales y es cubierto con recursos del Tesoro, lo que genera presión sobre el presupuesto general.
AJUSTES DE PARÁMETROS
El proyecto plantea ajustes en parámetros como la edad de jubilación, los años de aporte y la tasa de reemplazo, además de cambios específicos en algunos regímenes especiales. Estas propuestas han generado preocupación y rechazo en varios gremios del sector público, que reclaman mayor participación en la discusión y advierten sobre posibles efectos en derechos adquiridos.
En este contexto, el llamado al diálogo busca descomprimir tensiones y enviar una señal política de apertura. Desde el oficialismo sostienen que la reforma es necesaria para garantizar la sostenibilidad del sistema y evitar un colapso futuro, pero reconocen que el consenso social y político es clave para avanzar.
El encuentro previsto para este lunes se perfila así como una instancia decisiva para acercar posiciones antes del debate en el Senado. La expectativa del Gobierno es que el intercambio permita introducir mejoras al proyecto sin desnaturalizar su objetivo central: corregir el déficit estructural de la Caja Fiscal y asegurar su viabilidad a largo plazo.
La seguridad social debe ser sostenible, asegura diputado
“La reforma es la única alternativa real que tenemos para salvar la Caja Fiscal y garantizar que mañana puedan jubilarse”, dijo David Jara.
“Esta reforma no los perjudica. Muy por el contrario, es la única alternativa real que tenemos para salvar la Caja Fiscal y garantizar que mañana puedan jubilarse”, fue el mensaje lanzado por el diputado colorado David Jara a los sectores afectados por la iniciativa que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.
“Acá lo más importante es que puedan cobrar efectivamente sus haberes. La seguridad social solo puede ser digna si es sostenible”, dijo el legislador en medio de los anuncios de la continuación de movilizaciones en varios puntos del país teniendo en cuenta que el tratamiento del proyecto en la Cámara Alta se prevé para el martes 10 de febrero.
A TIEMPO DE EVITAR QUIEBRA
“Nos encaminaríamos a una quiebra que aún estamos a tiempo de evitar, pero únicamente si tomamos decisiones responsables y estructurales”, advirtió el parlamentario en caso de que la propuesta de reforma no prospere en el Congreso Nacional.
Las afirmaciones de Jara surgen teniendo en cuenta las declaraciones de legisladores opositores y disidentes colorados, quienes alegan que la iniciativa es solo un “parche” y que su tratamiento se dio supuestamente de manera apresurada constituyéndose en un “atropello a los derechos de las personas”.
A dichas afirmaciones se suman las amenazas provenientes principalmente de los gremialistas docentes como el abdista Silvio Piris, señalado por percibir casi G. 48 millones mensuales en haberes, quien amenazó con la aplicación del voto castigo contra el oficialismo colorado en las elecciones municipales y de ir a una huelga para truncar el inicio de clases previsto el 23 de febrero, en caso de concretarse la sanción de la reforma.
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Trump promulga ley que pone fin a cierre parcial del gobierno de EE. UU.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promulgó el martes una ley que pone fin a casi cuatro días de cierre parcial del gobierno federal.
Esto representa “una gran victoria para el pueblo estadounidense”, celebró Trump en la Casa Blanca, al firmar el texto adoptado por la Cámara de Representantes.
La ley de financiación concluye oficialmente la parálisis presupuestaria vigente desde el sábado en medio de desacuerdos entre republicanos y demócratas sobre la financiación de la policía de inmigración (ICE), después de que dos manifestantes murieran a manos de agentes federales en Mineápolis (Minesota).
- Fuente: AFP
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Gobierno fija incentivos energéticos para atraer industrias convergentes
Mediante el Decreto N.º 5306, el Poder Ejecutivo dispuso la creación de una comisión para el desarrollo de industrias convergentes y una tarifa especial de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), para las empresas que integran el sector.
Al respecto, el titular del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate, mencionó a la 1.000 AM que esta es una medida que tiene por objetivo impulsar la instalación y el desarrollo del país de industrias convergentes, orientadas a actividades de operadores de hiperescala, excluyendo a las actividades de minería de criptoactivos.
En el decreto se fijó una tarifa diferencial para las empresas que integran el rubro y en el cual se detalla que las industrias convergentes son aquellos ecosistemas productivos de alta sofisticación técnica. El Ministerio de Industria y Comercio (MIC), así como el Mitic, habían remitido un informe técnico, según el documento.
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A su vez, comentó que el decreto no vulnera los reglamentos de la Ande. “Uno tiene que mirar cuál es el excedente que se tiene y cuánto se transfiere al lado brasilero y cuánto nosotros dejamos de lado el potencial”, dijo Villate.
Atracción de industrias
Añadió que pensando en el crecimiento industrial de nuestro país, se debe aprovechar el excedente de energía que tenemos. “Lo que busca este decreto es justamente posicionar al país aprovechando la energía y la potencia para hacer la atracción de las industrias que ayuden lo que es la competitividad país y que ayuden a generar mano de obra”, resaltó.
En ese misma línea, destacó que la energía puede convertirse en un valor agregado para seguir exportando. “No solamente en lo que hace a los commodities como la soja, sino también lo que son los servicios manufacturados o por qué no, cómputos de inteligencia artificial”, dijo sobre lo que busca el decreto.
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Las industrias son aquellas que integran de manera intensiva el recurso energético estable y renovable como insumo crítico para la generación de valor, ya sea a través de infraestructura computacional de vanguardia, procesos de manufactura avanzada o síntesis físico química de vectores sostenibles.
Asimismo, se caracterizan por operar bajo estándares de calidad certificados, regímenes de producción continua y por generar encadenamientos productivos, manteniendo al mismo tiempo la flexibilidad necesaria para incorporar innovaciones tecnológicas disruptivas.
La medida tendrá validez por 15 años y establece una tarifa para el Grupo de Consumo de Energía Eléctrica para Industrias Convergentes en los niveles de extra alta tensión hasta 500 kV, muy alta tensión hasta 220 kV, alta tensión 66 kV y media tensión de 23 kV.
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