La ley por la cual se establece el régimen de prevención, corrección y sanción de conflictos de intereses en la función pública fue promulgada por el presidente de la República este miércoles con las últimas modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados.
La mencionada normativa establece que se da una pausa de un año posterior al ejercicio de la función pública para el ingreso al sector privado cuando puedan existir efectivamente conflictos de intereses; con esta ley se podrá mantener un control mucho más pormenorizado y evitar que se den casos de fuga de información de las oficinas estatales y que puedan ser utilizadas dentro del sector privado.
“Esto va a impedir que los funcionarios públicos que hayan tomado decisiones en ciertas áreas después de salir del poder puedan ser contratados en el sector privado, en esas áreas donde influyeron como autoridad”, indicó Mario Abdo Benítez, al anunciar el visto bueno durante una conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno
Abdo hizo hincapié en que la idea principal es evitar que los conocimientos adquiridos por el funcionario en el servicio público sean empleados como un activo en su currículum a fin de ser contratado por una empresa relacionada al sector donde se desempeñó con anterioridad.
Otro objetivo de la recién promulgada ley es ser parte de un paquete de herramientas que promuevan la transparencia en el ejercicio de la función pública, ya que la normativa también incluye al presidente de la República, al vicepresidente de la República, senadores, diputados y ministros de la Corte sin excepción, puesto que los conflictos de intereses también se pueden dar a la hora de hablar de empresas de su propiedad o la de sus familiares.
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Ejecutivo extiende permiso de explotación de la quiniela a única prestadora
A través del Decreto Nº 6278, el Poder Ejecutivo extendió la concesión de la quiniela a la empresa Technologies Development of Paraguay S.A. (TDP S.A.) para la explotación del juego de azar conocido como “Quiniela”, hasta el 30 de setiembre del presente ejercicio. Se trata de una medida transitoria hasta que comiencen a implementarse nuevas condiciones de prestación.
El decreto mencionado fue publicado en la jornada del lunes 29 de junio e indica en su Artículo 1º: “Apruébase la extensión hasta el 30 de setiembre de 2026 de la vigencia de concesión de la explotación en todo el país, del juego de azar denominado ‘Quiniela’, concedida por la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) a la firma Technologies Development of Paraguay S.A. (TDP S.A.) autorizado por la Resolución Conajzar Nº 32/2020, aprobado por el Poder Ejecutivo según Decreto Nº 4452/2020”.
Al respecto, se debe recordar que en el pasado mes de abril, la Conajzar había adjudicado dos licencias para la explotación del popular juego, los beneficiados son el Consorcio Daruma Sam S.A., Caproni S.A. y Dataforge S.A. (CDCD) y, justamente, TDP S.A.
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Imposibilidad de prestar servicios
En pocas palabras, en el considerando del decreto se hace referencia a que los adjudicados no tienen posibilidades de brindar el servicio al 30 de junio del presente ejercicio, “en el marco del nuevo esquema de explotación implementado; sin embargo, dados los cambios normativos profundos que ha sufrido el sector, y los nuevos esquemas de explotación llevados adelante”.
Seguidamente, se hace referencia que es razonable extender el permiso a la firma aludida anteriormente, de manera a salvaguardar los intereses del Estado. “Que a criterio de la autoridad competente, que es la que tiene la mejor opinión o criterio técnico en la materia, el plazo de extensión fijado hasta el 30 de setiembre del 2026 es razonable, buscándose evitar perjuicios o los eventuales avances de la explotación de quinielas clandestinas dentro del territorio del país, y asegurando que el Estado no deje de percibir el canon en cuestión, no observándose opinión o razón para apartarse de dicho criterio emitido por el organismo técnico correspondiente”, menciona el documento.
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Poder Ejecutivo refiere que ley de emergencia no ayudará a crisis en IPS
La propuesta podría responder a una búsqueda de solución rápida a un problema que es mucho más complejo, dijo el mandatario.
El presidente de la República, Santiago Peña, sostuvo que no considera que una declaración de emergencia para el Instituto de Previsión Social (IPS) vaya a traer una solución a los problemas que está atravesando. Explicó que los recursos no se crean por ley, sino se autorizan por ley. No obstante, señaló que el IPS está trabajando de manera coordinada con la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), para acelerar todos los procesos de contrataciones.
Luego de la actividad que mantuvo en la ciudad de Itauguá, el mandatario brindó unas breves declaraciones a la prensa, que le consultó su parecer respecto al debate en el ámbito parlamentario, donde se están analizando propuestas legislativas para declarar en emergencia al IPS y así brindar soluciones al sistema de salud, otorgar recursos para la inversión de infraestructura, entre otros aspectos.
SOLUCIÓN PALIATIVA
El jefe de Estado considera que esta propuesta viene como una solución paliativa, pero remarcó que no hay soluciones mágicas ni atajos que no sean el trabajo puro y duro que se tiene que hacer en el IPS. Esto, teniendo en cuenta los problemas estructurales y vienen de décadas. A su parecer, la propuesta de emergencia podría responder a una búsqueda de solución rápida a un problema que es mucho más complejo.
“Nosotros no creemos que eso vaya a resolver el problema, el Instituto de Previsión Social está trabajando de manera coordinada con la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, se están acelerando, como ustedes saben, de repente nosotros nos quedamos atrapados en lo que son las protestas, muchas veces las disputas comerciales entre los proveedores terminan perjudicando a lo asegurado y bueno, estamos tratando de que esos procesos legales se agilicen lo más rápido posible”, remarcó.
Peña aseguró que, obviamente, no se debe tener la menor duda de que si llegan a observar la necesidad de dotarles de nuevas herramientas legales al IPS, recurrirán al Parlamento para plantearles la propuesta. “Pero yo me imagino que ese planteamiento venía simplemente como una demostración de tratar de dar alguna solución mágica de vuelta. No hay atajos, no hay soluciones mágicas, es trabajo puro y duro que tenemos que llevar adelante”, enfatizó.
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El Poder Ejecutivo evaluará el auxilio para IPS, según Núñez
“Nosotros estamos trabajando con el Ejecutivo, el presidente de la República, el presidente de IPS, y de ahí va a venir el proyecto que va a tratar de solucionar”, explicó el presidente del Senado.
El presidente del Congreso Nacional, Basilio Núñez, adelantó que ya se está trabajando en un proyecto para mejorar la situación en que se encuentra el Instituto de Previsión Social (IPS), principalmente para el abastecimiento de medicamentos e insumos. El senador indicó que ya hay conversación entre el Ejecutivo, la previsional y el legislativo.
“Nosotros estamos trabajando con el Ejecutivo, el presidente de la República, el presidente de IPS, y de ahí va a venir el proyecto que va a tratar de solucionar. No desmerezco el proyecto presentado por un colega, que puede sumar y podemos evaluar”, indicó en rueda de prensa desde el Senado.
Las expresiones del legislador se dieron en torno a los proyectos que se encuentran en el Congreso, uno impulsado por el senador Juan Afara, en el cual plantea la declaración de emergencia de la previsional y la emisión de bonos por USD 300 millones para la compra de medicamentos e insumos.
A MIRAR CON LUPA
“Hay que evaluar, y todo lo que sea positivo para que el IPS mejore, tenemos que aprobar. Vamos a ver con lupa con el Ejecutivo, con el presidente del IPS”, indicó Núñez.
Por otra parte, recordó que en el periodo anterior también ya se realizaron préstamos, que desaparecieron. “Con los 250 millones de dólares que fueron aprobados en el periodo anterior, con la misma cantinera desaparecieron los 250 millones de dólares, no confío todavía en el proyecto que está acá, vamos a ver con lupa con el Ejecutivo, con el presidente del IPS”, cuestionó el titular legislativo.
Núñez también recordó que la situación de la previsional es a consecuencia de años de mala gestión, y no un problema de esta administración. “Recuerden que hubo un fideicomiso de más de 800.000 millones de guaraníes que fue depositado para la construcción de un hospital y la plata desapareció. Hay una crisis financiera, no estamos desconociendo, pero también estoy resaltando que hubo manejos desprolijos en el periodo anterior”, manifestó.
Senado posterga declaración de emergencia
El Senado de la Nación resolvió postergar por 30 días el tratamiento del proyecto de ley que busca declarar en estado de emergencia al Instituto de Previsión Social.
A moción del senador Natalicio Chase fue postergado por 30 días el estudio del Mensaje n.º 3882 de la Cámara de Diputados, por el cual remite el proyecto de ley “Que declara estado de emergencia en el Instituto de Previsión Social ante el desabastecimiento de medicamentos esenciales, problemas en la infraestructura edilicia, de máquinas y falta de personal; y faculta la realización de acciones administrativas y financieras necesarias”.
El presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, respaldó la postergación y pidió analizar con detenimiento las alternativas de financiamiento propuestas, afirmando que toda medida que beneficie a los asegurados debe ser considerada, pero con estrictos controles.
En paralelo surgió una propuesta alternativa. El senador Juan Afara, junto a María Varela y Alfonso Noria, presentó un nuevo proyecto que declara en emergencia específicamente el Fondo de Enfermedad-Maternidad del IPS, incorporando mecanismos de financiamiento concretos: emisión de bonos del Estado hasta USD 304 millones a cinco años plazo, empréstitos con organismos multilaterales y adelantos del Banco Central del Paraguay, fondos que serían imputados a la deuda histórica del Estado con la previsional.
La deuda financiera que arrastra actualmente el IPS asciende a 860 millones de dólares, con una deuda adicional con proveedores de 360 millones de dólares y un desembolso mensual de 176.000 millones de guaraníes solo para honrar sus obligaciones. La mesa técnica conformada tendrá un mes para analizar las propuestas y presentar una alternativa que garantice transparencia, financiamiento sostenible y resultados concretos para los más de 200.000 asegurados directos que dependen del sistema.
EMISIÓN DE DICTAMEN
Las comisiones de Hacienda y Presupuesto, y Cuentas y Control de la Cámara de Senadores sesionaron de manera conjunta para el tratamiento sobre la declaración de emergencia vinculados a la situación del Instituto de Previsión Social (IPS).
Tras el debate, se resolvió postergar por un mes la emisión del dictamen, conforme a la solicitud formulada por el presidente de la previsional.
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RUN resolvió el 82 % de los trámites recibidos en sus primeros cinco meses de funcionamiento
A cinco meses de su puesta en marcha, el Registro Unificado Nacional (RUN) procesó más de 212.000 documentaciones relacionadas con inmuebles y logró resolver unas 175.000, lo que representa aproximadamente el 82 % de los trámites ingresados.
Así lo informó la gerente del RUN, Lourdes González, quien destacó que el nuevo sistema permitió avanzar en la modernización de los procesos registrales y catastrales del país. La implementación del RUN constituye una de las reformas institucionales más importantes de los últimos años en materia de administración de la propiedad inmueble.
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La creación de este sistema busca reducir la burocracia, agilizar los trámites vinculados a compraventas, hipotecas, transferencias y regularización de propiedades, además de mejorar la seguridad jurídica para ciudadanos, empresas e inversionistas.
Según explicó González, pese a los cuestionamientos que surgieron durante el proceso de transición, las operaciones inmobiliarias nunca se paralizaron. “La transacción inmobiliaria en Paraguay no se detuvo en ningún momento”, afirmó a la 1330 AM, al referirse a las preocupaciones iniciales planteadas por algunos sectores del mercado.
Uno de los principales desafíos encontrados al inicio de la gestión fue la acumulación de expedientes heredados de administraciones anteriores. La gerente reveló que el RUN recibió una “mochila” de aproximadamente 15.000 documentos pendientes de procesamiento. Entre esos casos se detectaron incluso dos gavetas con cerca de 1.200 expedientes correspondientes al año 2022 que no habían registrado ningún movimiento administrativo durante años.
La situación evidenció problemas históricos dentro del sistema registral paraguayo, caracterizado por retrasos, duplicidad de procesos y una fuerte dependencia de procedimientos manuales.
No obstante, González advirtió que el éxito de la reforma dependerá en gran medida de la inversión que el Estado realice en tecnología e infraestructura. Señaló que el RUN inició sus operaciones sin contar con los recursos presupuestarios previstos originalmente por la legislación que creó la institución. “Si no se apuesta a una fuerte inversión tecnológica y de infraestructura física, esto va a ir mucho más en el tiempo”, sostuvo.