Los senadores del movimiento Honor Colorado, Derlis Maidana y Gustavo Leite, se refirieron a la solicitud de desestimación fiscal de la denuncia impulsada en el 2022 por el exministro abdista Arnaldo Giuzzio contra el expresidente de la República, Horacio Cartes.

“La desestimación de la causa solo nos afirma que estuvimos acertados en todo momento, pero lo más grave de este hecho es que se demuestra cómo se utilizó el aparato del Estado para dañar la reputación y la vida de ciudadanos paraguayos. Con esto no solo se perjudicó a Horacio Cartes, sino que se atentó contra la institucionalidad y el Estado de derecho”, sostuvo Maidana en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.

Giuzzio había acusado falsamente al titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR) por supuesto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, evasión de impuestos y contrabando. La denuncia fue formulada el 26 enero del año 2022 ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y no ante el Ministerio Público.

“Esperemos que nunca más facciones políticas utilicen el poder político como garrote contra los adversarios coyunturales. La lucha por un Paraguay mejor debe ser democrática, transparente y debe unir a los paraguayos; el gobierno no está para fomentar odios como lo hizo en este caso. Esta desestimación es una reivindicación del Estado de derecho y de la institucionalidad de la República”, refirió el legislador.

Giuzzio había alegado que la denuncia contra Cartes la realizó en carácter personal, aunque con el aval del exjefe de Estado y líder del movimiento Fuerza Republicana, Mario Abdo Benítez. Llamativamente, la acusación se produjo en medio de las recientes elecciones internas coloradas del 18 de diciembre de 2022.

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En ese entonces, Cartes y Abdo Benítez pujaban por la titularidad de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y contaban con sus respectivos precandidatos para la presidencia de la República, Santiago Peña (Honor Colorado) y Arnoldo Wiens (Fuerza Republicana).

“Si el Ministerio Público desestima las denuncias quiere decir que no hubo méritos. Para todo el show mediático que se armó es evidente que hubo mala fe y denuncias falsas con la sola finalidad de dañar al expresidente Cartes“, refirió Leite respaldando las afirmaciones de su colega Maidana.

El requerimiento de desestimación fue realizado por los agentes fiscales Francisco Cabrera, Jorge Arce, Verónica Mayor y Fernando Meyer. En la solicitud, manifestaron que se conformaron diversos equipos de trabajo con la Dirección Nacional de Aduanas, la Seprelad y la entonces Subsecretaría de Estado de Tributación (SET, actual DNIT), con el fin de indagar la falsa denuncia impulsada por Giuzzio.

Con los informes remitidos por estas instituciones estatales, los fiscales no detectaron ningún indicio de hecho punible, por ende, correspondía archivar la acusación. El requerimiento de la Fiscalía deberá ser evaluado por uno de los jueces que conforman la Unidad de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia o Humberto Otazú.

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Este domingo 15 de junio se cumplen 9 años del terrible asesinato de Jorge Rafaat Toumani, alias Sadam, quien fue acribillado con armas de guerra en la ciudad fronteriza de Pedro Juan Caballero, capital del departamento de Amambay. El crimen organizado demostró su fuerza con este atentado en que se utilizó una poderosa ametralladora antiaérea.

El terrible ataque contra el empresario fronterizo se registró a las 20:00 horas del miércoles 15 de junio de 2016, cuando el capo narco estaba a bordo de su camioneta Hummer, con chapa paraguaya OAN 927. Fue emboscado repentinamente por una camioneta Ford 250 y otras dos camionetas Toyota Hilux.

De los rodados descendieron más de doce personas que formaban parte de distintas organizaciones criminales, que se juntaron para poder perpetrar el brutal y fatal ataque para liquidar a Rafaat. La camioneta del fallecido recibió más de 200 disparos de una ametralladora antiaérea de calibre 50, que perforaron el doble blindaje y acribillaron al objetivo con 16 proyectiles.

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La ametralladora antiaérea estaba empotrada en una base de metal en el interior de una camioneta, especialmente adaptada para que uno de los sicarios pueda maniobrar el arma de alto poder. Rafaat estaba custodiado por dos camionetas de su seguridad personal, pero sus guardias nada pudo hacer ante la logística de los sicarios.

Los atacantes cubrieron todos los ángulos en la zona de la emboscada sobre la popular avenida Teniente Herrero de Pedro Juan Caballero, frente al Mercado Municipal y a metros de una institución educativa.

La tranquilidad en el barrio San Gerardo se alteró bruscamente por momentos de terror y pánico ante el brutal atentado. Los disparos se escucharon durante varios minutos, y los vecinos se vieron obligados a resguardarse del tiroteo lo mejor posible en sus casas; mientras los transeúntes, totalmente desorientados, apenas atinaron a arrojarse al suelo e intentar escapar.

Los custodios de Rafaat respondieron a los disparos, pero luego tuvieron que huir ante la superioridad de los criminales. A 200 metros de la zona del atentado estaba situada la Comisaría Segunda de Pedro Juan Caballero, por lo que los agentes policiales llegaron rápidamente y comenzaron a disparar para intentar repeler a los criminales, quienes dejaron abandonada la ametralladora de guerra, con cientos de municiones y chalecos antibalas, tras lograr su objetivo.

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Los jueces de Sentencia de Pedro Juan Caballero, Mirna Ocampos y Santiago Núñez, aplicaron una condena de 28 años de cárcel, más 7 años de medida de seguridad, totalizando 35 años de pena para Sergio Lima Dos Santos por el asesinato de Rafaat. Estará recluido en Tacumbú hasta julio de 2053.

El Ministerio Público logró demostrar la responsabilidad del acusado en los hechos punibles de homicidio doloso, asociación criminal y tenencia de armas de fuego, en un juicio oral y público. El fiscal del caso fue Marcelo Pecci, asesinado en Colombia en mayo de 2022.

En Paraguay, Rafaat era conocido como un próspero empresario de Pedro Juan Caballero, donde tenía una compañía dedicada a la comercialización de neumáticos; mientras que, para Brasil, representaba una pieza clave en el tráfico de drogas.

Para las autoridades brasileñas, Sadam disputó la herencia dejada por Fernandinho Beira-Mar, líder de la organización criminal Comando Vermelho, preso en Brasil desde 2002 tras haberse refugiado en Paraguay a fines de los años 1990. Además, Rafaat había sido procesado por enviar desde Paraguay unos 492 kilos de cocaína en agosto de 2004. En ese momento, la operación fue abortada por agentes federales que interceptaron el enorme cargamento en Sao José do Rio Preto, en el estado de São Paulo (Brasil).

El Ministerio Público registró 1.040 causas por el hecho punible de violación del deber de cuidado de ancianos y personas con discapacidad entre el 2024 y mayo del 2025. Solo en el departamento Central y Asunción se concentra el 61 % de las causas ingresadas.

El año pasado, mediante un trabajo de muestreo que analizó denuncias ingresadas en la Fiscalía, permitió conocer el perfil de los más afectados y reveló en ese entonces que, un alto porcentaje de las víctimas de violación del deber de cuidado de ancianos son adultos mayores.

Según datos proveídos por la oficina de estadística de la Fiscalía, de enero a diciembre del 2024 cerraron con 737 causas ingresadas en diferentes puntos del país. En tanto que, hasta mayo de este año se registraron 303 causas, lo que significa que en un año y 5 meses se atendieron 1.040 denuncias, analizó el Observatorio del Ministerio Público.

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La mayor cantidad de denuncias ingresó en Central con 486 causas. Sigue Asunción con 150 causas, Alto Paraná recibió 58 causas, Itapúa reportó 48 causas, además de San Pedro y Caaguazú que recibieron 40 causas, respectivamente. Estos seis departamentos, concentran el 79 % del total de las denuncias recibidas en estos últimos 17 meses a nivel país.

El Ministerio Público, mediante el mencionado trabajo de muestreo, logró definir el perfil de las víctimas, tras el análisis de 82 causas del total de 558 causas ingresadas a nivel país de enero a noviembre del 2023. Si bien, el análisis de las causas corresponde a ese año, el perfil de las víctimas sigue siendo el mismo y las tendencias se mantienen.

El informe, se reveló que el 90 % de las víctimas fueron abandonadas en su vivienda y el 10 % fueron llevadas a un recinto público. En cuanto al sexo de los afectados, encontramos que el 59 % de las víctimas son hombres y el 41% son mujeres.

Asimismo el informe sobre las personas que están enfermas reporta que el 42 % de las víctimas de violación del deber del cuidado se encuentra enfermo gravemente. El 37 % tiene una enfermedad crónica y el 21% tiene una discapacidad total o parcial. El 57 % de las víctimas tiene imposibilidad de valerse por sí misma y el 43 % sufre de una enfermedad neurológica, revela el estudio revelado.

Tipos de abandono del adulto mayor: entre las diferentes formas se citan el abandono físico, abandono social, abandono económico, abandono por rechazo, abandono parcial y abandono total.

El análisis de las causas ingresadas en el Ministerio Público, están descriptas en el Art. 227 del código penal: “El que violara gravemente su deber legal de cuidado de personas ancianas o discapacitadas, será castigado con pena privativa de libertad de hasta tres años o con multa”.

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Ciudad del Este. Agencia Regional.

La abogada Blanca Noemí Gauto Fernández (38) se presentó ayer viernes ante el Juzgado Penal de Garantías de Presidente Franco, acompañada de su abogado Omar Ortiz Pedrozo, donde fue ordenada su detención. Fue derivada a la comisaría de mujeres.

Gauto Fernández fue imputada por la fiscal antisecuestro Zunilda Ocampos, al igual que otros cinco policías por un presunto hecho de privación de libertad y extorsión agravada. La agente del Ministerio Público había pedido al juzgado su detención preventiva al tiempo de presentar la imputación.

El abogado Ortiz Pedrozo indicó que la medida alternativa a la prisión corresponde a su cliente, porque no existen elementos de obstrucción y fue demostrado su arraigo. Informó que su defendida se declara inocente de los hechos y que la misma es abogada del denunciante en una causa por violencia familiar.

Los hechos por los cuales fueron procesados ocurrieron el 3 de junio, alrededor de las 12:40 sobre la avenida Monday de la ciudad de Presidente Franco. La denuncia fue presentada por Fabio Junior Troche Zarza.

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El citado y sus acompañantes que se circulaban en un vehículo, Jorge Esteban Stoian Vidiella y su hija adolescente, fueron supuestamente privados de su libertad y debieron pagar para quedar libres. La denuncia señala que durante cuatro horas estuvieron en poder de los policías en el predio del Departamento de Investigaciones de la Policía de Alto Paraná.

Relató que fueron liberados después del pago de 30.000 dólares, con el compromiso de completar el pago requerido inicialmente de 50.000 dólares. La abogada, llamada por su cliente para intervenir en el caso, está imputada por supuesta participación en el hecho. La misma habría facilitado a los policías el cobro, antes que defender a su cliente.

Los policías procesados son el oficial inspector Derlis Ariel Chávez Giménez y los sub­oficiales Silvio Javier Rojas Vera, Celiano Antonio Zayas Benítez, Ángel Gabriel Res­quín Vera y Denis Evaristo Miltos. Todos están detenidos en la Dirección de Policía. Desde ayer a la tarde se sumó la abogada Gauto Fer­nández.

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