La Cámara de Senadores se encuentra estudiando un proyecto de ley que prevé sancionar a funcionarios públicos que no cumplan en tiempo y forma los pedidos realizados por el Congreso Nacional. Si no lo hacen, el acto será considerado como desacato.
Al respecto, el senador Eusebio Ramón Ayala explicó que esto tiene como fin dar a conocer el manejo de la cosa pública y que la ciudadanía acceda a los informes para que sepan cómo y en qué se están utilizando los recursos del Estado.
“El Congreso tiene que recabar informaciones de las entidades para que puedan desarrollar sus funciones, el congreso con las cámaras y comisiones. Sin embargo, las entidades del Estado no contestan o piden prórroga reiteradamente, entonces al final eso conspira contra la transparencia y la democracia”, dijo Ayala en contacto con GEN.
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Sobre esa línea, expuso que cuando los ministerios a través de los funcionarios no cumplen con los pedidos, demuestran que las sospechas de corrupción en sus labores son ciertas. “Existe una alta sospecha de que están ocultando algo, pero como la Constitución no establece una penalidad y el Código Penal tampoco, entonces, por eso creímos necesario que por lo menos ya se califique como un desacato”, resaltó.
Sobre las posibles penas, mencionó que eso se estudiará el próximo jueves 20 de abril. De momento refirió que las sanciones irían de 5 a 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Además, expuso que se tomó en cuenta aplicar multas, pero que la idea no es recaudar dinero, sino poder dar a conocer una información de carácter público.
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“El objetivo no es recaudar o es castigar sino brindar por la transparencia por la publicidad de los actos de gobierno. Estos funcionarios se quedaron anclados en el pasado porque interpretan que los asuntos que deberían ser públicos lo manejan de manera privada”, arremetió el legislador.