La Comisión de Pueblos Indígenas se reunió este viernes para analizar y dar seguimiento al proceso de petición de restitución de tierras ancestrales de la comunidad Tekoha Sauce, miembros de la Asociación de Comunidades Ava Guaraní, ubicados en Alto Paraná. La comisión está presidida por el senador Miguel Fulgencio Rodríguez.

Tras la reunión se dieron a conocer los resultados del encuentro a través de una conferencia de prensa, en efecto, los indígenas de la parcialidad Ava Guaraní piden al Estado la restitución de sus derechos tras ser expulsados de sus tierras ancestrales por la Itaipú Binacional.

El líder de la comunidad indígena, Cristobal Martínez, resumió la situación actual de los pueblos originarios de la parcialidad Ava Guaraní altoparanaense, y dio lectura a un comunicado a la opinión pública.

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Al inicio recordó el hecho histórico en el que Paraguay cancela su deuda por la construcción de la represa, pero alegó que hasta ahora existe una deuda con los pueblos indígenas que fueron desplazados “forzosamente” de sus tierras.

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El líder expresó que desde entonces sufrieron muchos padecimientos y angustias, agregó que jóvenes y niños crecieron fuera de su comunidad tradicional. Asimismo, manifestó que las familias afectadas alcanzan una totalidad de 38 comunidades, es decir, son aproximadamente 500 familias afectadas.

Martínez mencionó una y otra vez a un estado ausente y precisoó que antes pedían 5.000 hectáreas, pero que ahora solo solicitan unas 1.200, las que igualmente les son denegadas. “El Estado paraguayo odeve oreve, específicamente Itaipú, rohekama de diferente forma peteĩ acuerdo. No avanzai la ore pedido, rojerure la estadope ha la itaipupe tome’e oreve la oreyvy jey”, expresó.

Por su parte, el senador Rodríguez explicó que actualmente existe un juicio de desalojo por parte de la Itaipú Binacional, por ende, la comisión junto al Indi vienen realizando trabajos para evitar el desalojo. Del mismo modo, indicó que estos pueblos indígenas no pueden ser desalojados porque así lo ampara el artículo 62 de la Constitución Nacional e insistió en que el Estado debe comprar esas tierras.

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