España afronta este miércoles una huelga general convocada ante una ola de indignación por la crisis de la vivienda y el poder adquisitivo, temas álgidos a poco más de dos semanas de las elecciones generales en las que Pedro Sánchez se juega la reelección.

Catorce años después de la última protesta similar en la cuarta economía de la zona euro, los observadores estarán atentos al seguimiento del paro en la industria y los servicios, especialmente en el transporte público, donde no obstante se garantizarán servicios mínimos.

También se seguirá de cerca la magnitud de las manifestaciones previstas, sobre todo las de la tarde en Madrid y Barcelona, que podrían servir de barómetro del descontento social de cara a los comicios del 29 de noviembre.

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Los principales sindicatos del país llamaron a esta huelga siguiendo la estela de las protestas por el acceso a la vivienda. El detonante fue el desalojo forzoso de su apartamento en septiembre de Maricarmen Abascal, una jubilada madrileña de 87 años que falleció pocos días después.

“Es una huelga del pueblo. Yo creo que es la primera vez en muchísimo tiempo que de donde ha salido la convocatoria es desde las mismas calles”, se congratuló el domingo en la radio pública Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas, asociación clave detrás de la movilización.

De hecho, las protestas, que incluyeron una acampada que por cinco semanas ocupó la céntrica Puerta del Sol en Madrid, dieron pie a la convocatoria de las próximas elecciones generales. Al fracasar en validar un paquete de medidas sobre la vivienda en el Parlamento, el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, adelantó los comicios previstos inicialmente para 2027.

De todas maneras, el Gobierno de izquierda tiene previsto hacer aprobar el jueves, un día después de la huelga, parte de esas medidas en la Diputación Permanente, un órgano que hace las funciones de Parlamento, disuelto por la convocatoria electoral.

“Esta no es una huelga contra nadie, sino a favor de dar respuestas comunes por parte de todas las administraciones a un problema real que existe, que es el del acceso a la vivienda”, aseveró Sánchez el domingo al diario La Vanguardia.

Recordando los avances sociales logrados en España en décadas pasadas cuando “la gente dijo ¡basta! y se organizó y salió a la calle e hizo huelgas”, Sánchez llamó el lunes en la red social X a “proteger” lo logrado. La paralización de actividades, rechazada por la patronal que la ha calificado de protesta “electoral”, ha sido criticada por la derecha y la extrema derecha.

“No la hagan. No la hicieron en ocho años de Gobierno. No la hagan ahora” antes de las elecciones “o ligarán su imagen a Pedro Sánchez para siempre”, advirtió a los sindicatos la semana pasada en un mitin el líder del Partido Popular (PP, derecha), Alberto Núñez Feijóo.

El jefe del PP, partido favorito para ganar las elecciones según las encuestas, calificó de “grave error” continuar con la huelga “69 muertos después”, en referencia a los fallecidos en una colisión de trenes en el centro del país a finales de octubre, un hecho que estremeció la campaña.

“Deberían tener un mínimo de vergüenza” los sindicatos “de corte marxista” y suspender la paralización, pero de no hacerlo “tomaremos nota”, advirtió Santiago Abascal, líder de la extrema derecha, cuyo apoyo podría ser necesario para formar gobierno si la derecha queda lejos de la mayoría absoluta, tal y como señalan los sondeos.

“Somos conscientes de que es un paro un tanto excepcional”, pero “el gran objetivo es promover una gran movilización social y un sentido común sobre el tema de la vivienda”, se defendió el lunes en el medio digital eldiario.es Unai Sordo, secretario general de uno de los principales sindicatos, Comisiones Obreras (CCOO).

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El salario bruto español alcanza una media de unos 2.460 euros mensuales en 14 pagas, mientras que el alquiler de un apartamento de 50 m2 en Madrid costaba 1.170 euros al mes de media en octubre, según el portal Idealista. Esto supone casi la mitad del salario bruto promedio, una proporción muy alejada del 30% que suelen recomendar los organismos públicos y los profesionales de la vivienda.

Fuente: AFP

“El Senado está cumpliendo a rajatabla el reglamento”, sostuvo el presidente de la Comisión de Legislación de la Cámara Alta, Derlis Maidana, al sostener que el presidente de la República, Santiago Peña, no puede alegar la falta de cumplimiento del debido proceso en el marco de su juicio político.

“No hay indefensión, ya que le notificamos y enviamos las compulsas del expediente, le otorgamos un plazo prudencial para que él pueda presentarse a dar su descargo”, afirmó en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Las afirmaciones del parlamentario surgieron ante el requerimiento realizado por Peña al Senado, consistente en contar con una prórroga de 72 horas para preparar su defensa y ofrecer pruebas, alegando que las 12 horas otorgadas por el pleno son insuficientes y no es un debido proceso.

“Nosotros estamos ajustando a derecho todas nuestras actuaciones. Este pedido ya es impertinente, porque no es una cuestión civil, ni se regula por el Código Procesal Penal, sino por la Constitución Nacional y nuestros reglamentos”, manifestó.

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Maidana no descarta que el requerimiento del economista obedezca a una estrategia para lograr el rechazo de su enjuiciamiento. “Yo creo que puede ser que tome esa posición. De hecho, tengo entendido que el exministro del Interior, Enrique Riera, asumirá como integrante del Senado y miembro del tribunal juzgador; esto también es un signo de eso. Hasta ayer jueves, por lo menos mediante los comunicados y en las manifestaciones públicas en los medios de comunicación, todos los senadores estaban en una sola palabra y ahora, con el ingreso de Riera, es un signo que Peña dará pelea”.

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El intendente electo de Mariano Roque Alonso, Julián Agustín Vega Insfrán, recibió su certificado de proclamación tras obtener más de 20.000 votos en las elecciones municipales del 4 de octubre. Posteriormente, visitó al ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jaime Bestard, para destacar la organización de los comicios.

Durante el acto de proclamación que se realizó ante la magistrada Myriam González, presidenta del Tribunal Electoral de la Circunscripción Judicial de Capital y Central - Primera Sala, del TSJE, indicó que: “Quiero dar gracias, a Dios, a mi familia y principalmente a cada vecino roquealonseño que nos abrió las puertas de su casa y que creyó en este proyecto”, expresó Vega Insfrán tras recibir el certificado de proclamación.

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El jefe comunal colorado agradeció el respaldo ciudadano y afirmó que trabajará por los vecinos de la ciudad. “Vamos a trabajar dignamente por la ciudadanía de Mariano Roque Alonso que confió en nosotros con más de 20 mil votos y estamos a disposición de la Justicia Electoral”, sostuvo el jefe comunal ante la magistrada del Tribunal Electoral.

Posteriormente, visitó al Ministro del TSJE, Jaime Bestard y destacó el trabajo impecable de la Justicia Electoral durante las elecciones municipales del 4 de Octubre pasado. Por su parte, Bestard felicitó al flamante titular de la comuna de Mariano Roque Alonso.

“Quise venir personalmente a saludar al Ministro Jaime Bestard, y a todo su equipo. Quiero destacar el trabajo impecable, transparente y eficiente que hicieron en estas elecciones municipales, en todo el país y principalmente en Mariano Roque Alonso, donde tuvimos una jornada sin incidentes mayores, con resultados rápidos y claros”, remarcó Vega.

Asimismo, resaltó que esos resultados hablan de una institución sólida que da garantías a todos los paraguayos. “Como intendente, mi reconocimiento y mis felicitaciones al ministro y a todos los funcionarios electorales”, sostuvo Julián Vega, acompañado de miembros del equipo de transición de mando de la Municipalidad de Roque Alonso.

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La senadora Lizarella Valiente, miembro de la bancada de Honor Colorado, expresó su respaldo a la iniciativa popular vinculada a la protección de niños y niñas respecto a la ideología de género. Aclaró que la propuesta normativa aún debe completar el proceso de certificación de firmas, al tratarse de una iniciativa popular, para luego formalizar su presentación ante el Congreso. Sostuvo que, una vez ingresada deberá ser analizada en comisiones, audiencias públicas y mesas de trabajo con especialistas.

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No obstante, en entrevista con La Nación/Nación Media, la parlamentaria confirmó que acompaña el espíritu de la propuesta ciudadana y vinculó su postura con la protección de la identidad y el desarrollo de niños y niñas. Indicó que la educación sexual en las instituciones educativas es importante, pero la discusión debe centrarse en el enfoque de los contenidos.

En cuanto al proceso, señaló que por de pronto tiene conocimiento que la iniciativa popular cuenta con más de 50.000 firmas; pero todavía no se hizo una presentación oficial, porque al tratarse de una iniciativa popular tiene un trámite que cumplir en la Justicia Electoral para la certificación de las firmas.

“Como senadora, acompaño el espíritu de la iniciativa. Una vez que llegue al Congreso tendrá que seguir un trámite por las distintas comisiones, ya que deberá pasar por las comisión de Asuntos Constitucionales, que es la más importante, porque, si está en contramano con la Constitución Nacional, no se tiene que aprobar. También contar con dictamen de Legislación, Derechos Humanos, Equidad y Género y de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud, porque tiene que ver con los niños, que son las comisiones afines”, expresó.

Valiente resaltó que su labor legislativa se centra en la protección de la niñez y en la preservación de la indemnidad de niños y niñas, en concordancia con el artículo 54 de la Constitución Nacional, que establece la responsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado en garantizar su desarrollo armónico.

Remarcó además que el desarrollo armónico es justamente su bien jurídico que es la indemnidad, que busca proteger su desarrollo libre y sano de la sexualidad de los menores de edad frente a injerencias o conductas abusivas.

“Todo lo que pueda llegar a confundir en su identidad, en el desarrollo de su personalidad, se refiere en ese proceso de cero año a más o menos, según la ciencia, hasta los siete u ocho años, tiene que ser realmente considerado abuso infantil”, remarcó.

La parlamentaria sostuvo que la perspectiva de género desconoce la realidad biológica al plantear cuestiones vinculadas con la identidad sexual y advirtió que los niños podrían asumir como cierta la idea de que pueden elegir ser lo que desean. Señaló que la identidad también tiene un componente biológico y manifestó su acompañamiento al espíritu del proyecto relacionado con la protección infantil.

“Esa confusión es lo que nosotros consideramos y por eso acompaño el espíritu de la iniciativa popular, al referir que es abuso infantil. Porque le confunde en su identidad al niño o niña. Esto no tiene nada que ver con la libertad genuina que tiene un adulto, de autopercibirse como quiera, de tener la orientación sexual que quiera; porque no estamos hablando de adultos, de sujetos de derecho y de hecho. Sin embargo, los niños son sujetos de derecho, pero no todavía de hecho y en tutela de un adulto”, remarcó.

Finalmente, la senadora colorada destacó la relevancia de las iniciativas populares como herramientas propias de una república democrática y celebró que los ciudadanos, especialmente los padres y tutores, se involucren en el debate sobre los contenidos que reciben sus hijos y las políticas públicas aplicadas en el sistema educativo. Si bien reconoció que la educación sexual es necesaria en las escuelas, la discusión central gira en torno al enfoque que se le dará.

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