El doctor Emiliano Rolón, fiscal general del Estado, en conversación con el programa “Pase lo que Pase” emitido por Universo 970 AM/Nación Media, comentó que desde el Ministerio Público se encuentran trabajando en investigar y dilucidar detalles respecto al ingreso irregular de 20 ciudadanos brasileños que aparentemente estarían trabajando para el candidato a la Presidencia por la Concertación, Efraín Alegre.
“Solo tenemos una versión, que habría irregularidad en la estadía de esas personas. No hay todavía evidencias concretas”, remarcó Rolón respecto a los detalles de las indagaciones que se están realizando. El mismo destacó que el trabajo es coordinado con la Policía Nacional y el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).
Ante las consultas de si se cuenta con indicios de actos que puedan atentar a la realización con transparencia de los comicios previstos para el 30 de abril, el fiscal general del Estado sentenció, “Son situaciones que se deben constatar, primero hay que revisar el estatus migratorio y luego las demás cuestiones”, dijo.
Por otro lado, el ministro del Interior, Federico González, remarcó que de comprobarse que estos ciudadanos se encuentran en el país de manera irregular, deben pagar una multa. El mismo también confirmó que se tiene registro del ingreso de 6 brasileños a territorio paraguayo, y que algunos de ellos se encuentran en el complejo habitacional de la Cooperativa Lambaré.
Según lo expresado por la ahora exadministradora del condominio, Mirian Irún de Alegre estuvo detrás de la logística del arribo de los 20 expertos informáticos, de los cuales solo consta la entrada de 6, según mencionó el ministro del Interior, Federico González.
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Allanan residencia de Santiago Peña en San Bernardino
Alrededor de las 19:00 de este domingo se supo sobre el allanamiento realizado en la casa del expresidente de la República, Santiago Peña, ubicada en San Bernardino, más precisamente en la zona conocida como Ciervo Cua. Los fiscales Silvia González, Cristhian Benítez y Elena Fiore se encuentran encabezando el operativo.
Los intervinientes revisaron muebles, cajones y dependencia en busca de elementos que puedan ayudar a la investigación. El procedimiento tiene como objetivo avanzar en las diligencias en el marco de la causa que investiga presuntos hechos punibles vinculados al caso ueno bank, informaron desde el Ministerio Público.
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De acuerdo con los primeros datos reportados por diferentes medios, en el interior de la edificación habría una bóveda fortificada. El recinto contaría con un sofisticado sistema de seguridad israelí y tecnología de lectura de iris.
La bóveda estaría oculta en un espacio con revestimiento de piedra. El inmueble se encuentra en un exclusivo barrio de esta comunidad y cuenta con una vista privilegiada hacia el lago Ypacaraí.
El exmandatario se encuentra imputado por lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio. Actualmente, cumple prisión preventiva en la sede del Regimiento Escolta Presidencial.
Según su declaración jurada, la propiedad está valuada en G. 7.750 millones. Además, la imputación fiscal menciona dos préstamos de ueno bank por G. 3.548 millones y cuotas mensuales de G. 239 millones.
El operativo en el departamento de Cordillera se desarrolla bajo resguardo policial mientras la representación fiscal prosigue con las diligencias tendientes al esclarecimiento de los hechos y la determinación de las responsabilidades legales.
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Paraguay lleva sus investigaciones en salud al debate científico nacional
La ciencia también tiene mucho que decir sobre los problemas cotidianos de la salud pública. Desde la prevención de enfermedades hasta el uso de nuevas tecnologías para mejorar los diagnósticos, Paraguay busca respuestas a través de la investigación. En esa línea, el Ministerio de Salud Pública tuvo una participación destacada en el XI Encuentro de Investigadores 2026, donde se expusieron estudios y propuestas orientados a mejorar la atención sanitaria en el país.
El encuentro, dedicado a las Ciencias de la Salud y la Biomedicina, se desarrolló del 3 al 6 de noviembre y fue organizado por la Sociedad Científica del Paraguay. Durante las jornadas, investigadores y profesionales presentaron trabajos sobre problemáticas que requieren respuestas concretas y nuevas estrategias desde el sistema sanitario.
A través de la Dirección General de Planificación y Evaluación y de la Dirección de Investigación y Estudios Estratégicos, el Ministerio de Salud abordó cuatro grandes áreas de investigación.
Una de ellas fue la salud digital y la gestión de datos, con estudios sobre la protección de información clínica de pacientes oncológicos, en el marco de la Ley 7593/2025, y propuestas para organizar la complejidad de la red nacional de diagnóstico por imágenes.
En el campo de la epidemiología y la vigilancia sanitaria, se presentaron evaluaciones de la estrategia NIRSEPY frente al virus respiratorio sincicial (VRS), trabajos de seguimiento de infecciones respiratorias agudas graves en zonas fronterizas y estudios relacionados con la sífilis durante el embarazo y su transmisión congénita.
También tuvieron espacio las investigaciones vinculadas con las políticas sanitarias y la salud comunitaria. Entre ellas figuran propuestas para fortalecer la Estrategia de Municipios Saludables mediante análisis territoriales, el mapeo de servicios destinados a personas con trastorno del espectro autista (TEA) y el control del cumplimiento del Código de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna.
La agenda científica incluyó, además, estudios sobre enfermedades no transmisibles y salud ocupacional. Se analizaron patrones de consumo de medicamentos en personas con diabetes, indicadores tempranos de resistencia a la insulina y los niveles de estrés laboral que afectan al personal sanitario.
La participación en este encuentro pone sobre la mesa un aspecto clave para el futuro de la salud pública: investigar para tomar mejores decisiones. Los resultados científicos permiten identificar necesidades, evaluar estrategias y diseñar políticas sustentadas en evidencias, con el objetivo de lograr servicios de salud más eficientes, accesibles y equitativos para la población.
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La Fiscalía imputa a Peña y requiere su prisión preventiva
Los fiscales Christian Benítez, Silvia González, Elena Fiore y Ruth Benítez formalizaron el Acta N.º 7 contra el exmandatario y el extitular del BCP.
En un nuevo giro dentro del entramado judicial que rodea la quiebra de ueno bank SA, el Ministerio Público presentó en la mañana del sábado la imputación formal contra el expresidente de la República, Santiago Peña Palacios, y el expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, en la Causa Penal N.º 92/2026.
La investigación fiscal sitúa a ambos exfuncionarios en el centro de un esquema de irregularidades en la canalización, renovación y mantenimiento de fondos estatales y previsionales hacia la mencionada entidad bancaria, además de cuestionar la omisión o adulteración de informes de fiscalización del sistema financiero.
Los hechos atribuidos el rol de los imputados
La Fiscalía imputó a Santiago Peña por la supuesta comisión de administración en provecho propio (en calidad de autor) y lesión de confianza (en calidad de instigador).
La hipótesis del equipo investigador señala que, durante su mandato presidencial, Peña influyó directamente en la colocación e inmovilización de recursos públicos en ueno bank, entidad con la que mantenía vínculos económicos y accionarios a través de ueno Holding SAECA.
Entre los elementos recabados figuran registros de reuniones con directivos del Instituto de Previsión Social (IPS) para direccionar inversiones financieras hacia la firma.
Por su parte, a Carlos Carvallo se le atribuyen los hechos de lesión de confianza, administración en provecho propio y producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, todos en calidad de autor.
El Ministerio Público indaga su gestión al frente del BCP por presuntamente flexibilizar la supervisión y omitir alertas sobre límites de exposición crediticia y préstamos a empresas vinculadas del grupo. Asimismo, se analiza una nota remitida al Senado el pasado 7 de octubre de 2026, cuyo contenido habría alterado datos técnicos concluyentes de la banca matriz.
Volumen de fondos y severidad de las medidas cautelares
Reportes de la Dirección General del Tesoro Público (MEF) revelan que, a setiembre de 2026, los depósitos de organismos estatales en ueno bank sumaban aproximadamente G. 3,6 billones (G. 3.608.550.782.201) y USD 233,4 millones.
Ante la magnitud del perjuicio patrimonial estimado y los riesgos procesales, la representación fiscal solicitó al Juzgado Penal de Garantías la prisión preventiva para Peña y Carvallo, sumada a la inhibición general de vender y gravar bienes, la localización de activos y el bloqueo preventivo de todas sus cuentas bancarias e inversiones.
Expresidente seguirá en el Escolta Presidencial
El juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, resolvió que el exmandatario Santiago Peña seguirá guardando reclusión en la sede del Regimiento Escolta Presidencial. El economista se encuentra imputado por los hechos punibles de lesión de confianza y administración en provecho propio, en calidad de autor.
La medida apunta a garantizar su permanencia en el país y su sometimiento al proceso penal abierto por la causa ueno bank, evitando el riesgo de fuga. El magistrado comentó que para la decisión se tuvo en cuenta la información sensible que Peña manejó durante su gobierno, tanto financiera como relacionada con el crimen organizado y las leyes antilavado.
Otazú mencionó también que Peña se abstuvo de declarar. “Acá tenemos dos circunstancias, medidas cautelares de cáracter personal y real. Con respecto a la primera el juzgado ya ha tomado la decisión y se ha decretado la prisión preventiva del ciudadano Santiago Peña a los efectos de que pueda seguir el proceso, entendemos que se debe tener las garantías de su permanencia en el país es por eso que se decretó su prisión preventiva.
Se maneja mucha información sensible y entiendo que la prudencia debe reinar”, comentó a los medios de comunicación.
Agregó que “seguirá guardando reclusión en el Regimiento Escolta Presidencial y se tiene en consideración toda la información que él pudo haber manejado como primer mandatario tanto en el ámbito financiero y del crimen organizado. Se sabe que estos son flagelos que tienen mucha repercusión y son circunstancias que uno debe tener en cuenta”.
Con relación a los demás requerimientos realizados por el Ministerio Público como por ejemplo, decreta la inhibición general de enajenar y gravar sus bienes, la identificación e inmovilización de sus cuentas bancarias, depósitos e inversiones, así como la localización de sus bienes y derechos patrimoniales, Otazú refirió que “el juzgado está analizando, hay circunstancias que consideramos pertinentes”.
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Fiscalía imputa a Santiago Peña y requiere su prisión preventiva
La Fiscalía requiere la prisión preventiva del expresidente de la República, Santiago Peña, al ser imputado por lesión de confianza y administración en provecho propio, en calidad de autor. Además, decreta la inhibición general de enajenar y gravar sus bienes, en el marco de la causa judicial ueno bank.
También solicita la identificación e inmovilización de sus cuentas bancarias, depósitos e inversiones, así como la localización de sus bienes y derechos patrimoniales.
La imputación contra Peña quien se expone a una pena de hasta 15 años de cárcel, fue impulsada por los agentes fiscales Elena Fiore, Christian Benítez, Silvia González Véster y Ruth Benítez. La medida surgió luego de la declaración indagatoria por tres horas al economista, quien fue destituido ayer viernes de forma unánime por el Congreso Nacional vía juicio político.
El proceso de investigación apunta a establecer si existieron decisiones o gestiones desde el Ejecutivo que incidieron en la canalización de recursos estatales hacia el banco, cuyos directivos Juan Manuel Gustale Cardoni, Federico Miguel Vázquez Villasanti, Diana Leticia Mongelós González, Julio Daniel Rey Fernández, Mariana Torres Rubiani, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte Schussmuller y Miguel Ángel Almada se encuentran imputados por lesión de confianza, conducta indebida en situaciones de crisis, tentativa de estafa y violación de la obligación de llevar libros de comercio.
Se busca a la vez determinar si esas actuaciones habrían generado beneficios indebidos para intereses particulares. El otro eje de la investigación se centra en los créditos que la entidad bancaria habría concedido a sociedades vinculadas a su propio grupo económico, mientras recibía y administraba fondos de entes públicos y previsionales.
La Fiscalía busca determinar si existió un manejo irregular de esos recursos y si las operaciones crediticias se realizaron en condiciones que pudieron comprometer los intereses patrimoniales involucrados.
Parte del acta de imputación menciona que “Santiago Peña, en ejercicio de la presidencia de la República, habría intervenido en el proceso mediante el cual organismos y entidades del Estado habrían colocado, renovado y mantenido importantes sumas de dinero en ueno bank S.A., entidad con la cual habría mantenido una relación económica y corporativa previa y directa”.
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El documento agrega que “pese a esa vinculación, durante su administración se habría producido un incremento y una concentración relevante de fondos públicos y previsionales en ueno bank S.A., provenientes, entre otras entidades, del IPS, Itaipú Binacional, Yacyretá, ANDE, la Caja de Jubilados y Pensionados de la ANDE, la Caja Bancaria y Cajubi. Al mes de setiembre del 2026, dichos fondos habrían alcanzado, según cifras preliminares de la Dirección Nacional del Tesoro Público, G.3.608.550.782.201 y USD 233.400.495″.
La imputación también menciona que al 30 de septiembre de 2026, el patrimonio de ueno bank ascendía a G. 2.525.148 millones, de acuerdo con el balance publicado por la entidad.
El documento menciona además que “durante casi los dos primeros años de su mandato presidencial, Santiago Peña habría mantenido simultáneamente su condición de presidente de la República y una participación accionaria y relación corporativa en ueno Holding S.A.E.C.A., sociedad vinculada a ueno bank dentro del mismo grupo empresarial”.
La imputación manifiesta también que “considerando la situación patrimonial del banco, Santiago Peña habría intervenido públicamente para sostener la confianza en la entidad en tres momentos diferentes”. Cabe recordar que el pasado 3 de noviembre el Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso por unanimidad el procedimiento de resolución y disolución del banco tras detectarse que su índice de solvencia cayó por debajo del 50 % del mínimo requerido por ley.
“De esta manera, pese a la existencia de informes técnicos que advertían sobre irregularidades en las operaciones crediticias, posibles excesos regulatorios y riesgos para la situación patrimonial de ueno bank S.A., Santiago Peña habría continuado respaldando públicamente la situación financiera de dicha entidad, sin que se haya tomado medidas precautorias con relación a los fondos públicos allí colocados”, expresa.
Los hechos investigados se sustentan en denuncias presentadas el 5 de noviembre de 2026 por parlamentarios de la oposición, entre ellos Yolanda Paredes, Rafael Filizzola, Lucía Mendoza, Esperanza Martínez, Rubén Velázquez, Ignacio Iramain, Johanna Ortega y Ever Villalba.
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