El presidente Santiago Peña y el senador colorado Silvio “Beto” Ovelar mantuvieron una reunión de trabajo para coordinar el avance de proyectos prioritarios del Ejecutivo en el Congreso. El encuentro se da en una etapa clave del Gobierno, que acaba de cumplir tres años de gestión y encara los dos últimos años de mandato con una agenda que requiere respaldo legislativo para concretar nuevas iniciativas.

A través de sus redes sociales, el mandatario destacó que este tipo de encuentros con la clase política, apunta a fortalecer la coordinación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo para impulsar iniciativas vinculadas a las principales necesidades del país y avanzar en una agenda común durante la segunda mitad del mandato presidencial.

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“Seguimos trabajando de manera coordinada con el Senador Silvio Ovelar. Avanzamos en los proyectos prioritarios del gobierno, siempre con el objetivo de lograr el bienestar y el desarrollo de todas las familias paraguayas”, expresó el jefe de Estado.

Esta reunión toma relevancia, dado que la semana pasada la Cámara de Diputados, sancionó el proyecto de ley que aprueba un contrato de préstamo por hasta USD 75 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destinado al financiamiento del Programa de Mejoramiento de la Conectividad Rural, que será ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (Mopc).

Este contrato contempla el mejoramiento de 123,79 kilómetros de caminos vecinales en los departamentos de Alto Paraná, Canindeyú, Caazapá y Caaguazú, con intervenciones destinadas a garantizar una mejor conectividad y transitabilidad durante todo el año, según fundamenta el citado proyecto de ley.

Particularmente, en Caaguazú, de donde es oriundo el legislador Ovelar, se prevé intervenir 60,25 kilómetros, incluyendo los tramos Cristo Rey–Asentamiento 24.000–A Norte–Carpa Cué, Carayaó–Cerro Corá–Nicolás Bó y Ruta 13–Bella Vista, beneficiando directamente a más de 92.000 habitantes.

Asimismo, el programa contempla la construcción e intervención de puentes estratégicos que totalizan 315 metros, distribuidos en los departamentos de Caaguazú, San Pedro, Concepción, Canindeyú, Itapúa y Alto Paraná.

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La diputada colorada Rocío Abed se refirió al tercer informe de gestión del presidente Santiago Peña, resaltando que los principales avances del Gobierno son el resultado del trabajo coordinado entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Afirmó que esa articulación institucional permitió impulsar reformas y políticas públicas que hoy se reflejan en el crecimiento económico, la generación de empleos, la reducción de la pobreza y las inversiones en salud, educación e infraestructura.

La parlamentaria brindó su parecer en una entrevista con La Nación/Nación Media, en la cual destacó especialmente la excelente relación entre el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana y, a su vez, la articulación del segundo del Ejecutivo como nexo con el Congreso Nacional, conformando un equipo de trabajo que transmite unidad, liderazgo y una visión clara de hacia dónde debe avanzar el Paraguay.

“Esa coordinación institucional genera estabilidad y permite ejecutar políticas públicas con mayor eficiencia. Por ello, creo que estos avances son posibles gracias a un trabajo coordinado entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Desde la Cámara de Diputados hemos acompañado con responsabilidad las iniciativas que el Gobierno ha considerado prioritarias para impulsar el desarrollo del país, siempre pensando en el bienestar de la gente”, precisó.

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Abed aseguró que el informe de gestión de Santiago Peña está respaldado por resultados medibles y verificables, más que por promesas. “Paraguay está avanzando con resultados concretos, creíbles y medibles. Más allá de los discursos o de las críticas con claros intereses políticos, hoy existen cifras que reflejan una gestión enfocada en generar empleo, reducir la pobreza, fortalecer el sistema de salud e invertir como nunca antes en educación e infraestructura.

Resaltó como uno de los aspectos más importantes la generación de más de 242.000 empleos en menos de tres años, que representa un avance extraordinario, pues habla de mejora en la calidad de vida de la gente, y representa oportunidades para miles de familias paraguayas. Del mismo modo, señaló que la histórica reducción de los índices de pobreza evidencia que las políticas públicas están llegando a quienes más lo necesitan.

Abed comentó que las cifras presentadas respaldan además la mejora en la calidad de vida de los ciudadanos. Por ello puso como ejemplo que, en el último año, la pobreza total se redujo del 19,6 al 16% y la pobreza extrema del 3,7 al 2,4%. “Entre 2022 y 2025 más de 493.000 personas superaron la pobreza y 180.000 dejaron atrás la pobreza extrema: la pobreza total cayó del 24,5 al 16%, y la extrema del 5,4 al 2,4%. Si comparamos estos números a nivel regional, a Chile le tomó cerca de una década, y a Uruguay alrededor de cinco años lograr una reducción similar”, describió.

Por otra parte, la diputada Abed indicó que merece ser destacada la mayor expansión hospitalaria de las últimas décadas, con inversiones que permitirán ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la atención sanitaria en todo el país. Dijo que a esto se suma la fuerte inversión en educación, con nuevas aulas, infraestructura, tecnología y materiales didácticos que apuntan a brindar mejores condiciones de aprendizaje para nuestros niños y jóvenes. Agregó que no se puede obviar las becas del Gobierno, que cada vez benefician a más jóvenes.

“Por supuesto, aún quedan desafíos importantes por afrontar. Somos conscientes de que existen necesidades en salud, educación, seguridad, empleo e infraestructura que requieren seguir redoblando esfuerzos. Pero este informe demuestra que el país avanza en la dirección correcta y que existe un Gobierno comprometido con generar oportunidades para todos los paraguayos”, expresó.

Como representante de Alto Paraná, manifestó que seguirá acompañando todas aquellas iniciativas que beneficien a la ciudadanía, así como impulsar proyectos propios que respondan a las necesidades del departamento y del país. Insistió en señalar que el Paraguay está avanzando, está creciendo, y se dirige en el camino correcto con logros que serán cada vez mayores.

“Este trabajo del presidente Santiago Peña, que no podemos negar, tuvo también sus raíces en la gestión del expresidente Horacio Cartes, que ahora está teniendo continuidad. El Paraguay es un gigante que está despertando, y aunque algunos no lo quieran ver, esa realidad va a terminar mejorando la calidad de vida de todos los que habitamos esta bendita tierra”, concluyó.

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El diputado Rodrigo Gamarra se refirió al caso de Kattya González y el eventual fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el caso de su expulsión del Senado. Gamarra afirmó que la figura de la pérdida de investidura es un juicio político, una atribución exclusiva del Poder Legislativo.

“La Corte puede opinar, interpretar o incluso analizar el procedimiento, lo que no puede hacer es reemplazar al Senado ni ejercer atribuciones exclusivas de otro poder del Estado. La pérdida de investidura es una facultad constitucional y privativa del Poder Legislativo”, afirmó el diputado para La Nación/Nación Media.

También recordó otros casos de legisladores que recurrieron a la máxima instancia judicial y ninguno logró un fallo a su favor. “Los antecedentes son claros, Payo Cubas, Víctor Bogado, Dionisio Amarilla, María Eugenia Bajac y otros recurrieron a la Corte y ninguno recuperó su banca por una orden judicial, porque una cosa es revisar constitucionalidad, y otra muy distinta es pretender que la Corte gobierne el Senado”, mencionó.

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Mientras tanto, en el caso de González, refirió que “política y jurídicamente ya es un capítulo cerrado, inclusive bajo los mismos criterios y discursos que ella defendía cuando fungía de inquisidora moral desde su banca”. En este caso, cuestionó que solo se busca mediatizar el caso, ya que en otros casos las resoluciones se dieron en direcciones contrarias.

“Hoy lo único que buscan es extender el show, alimentar el circo en su eterna búsqueda del caos para satisfacer su ego y evitar que se apaguen las cámaras”, criticó el diputado.

Por otra parte, se refirió al caso de los senadores electos y proclamados por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) en el periodo anterior, Horacio Cartes y Nicanor Duarte Frutos, señalando que no se puede comparar estos casos.

“Ahí la discusión era completamente distinta, la Corte interpretó si estaban o no habilitados constitucionalmente para jurar y asumir. En el caso de Katya, el Senado ya ejerció una atribución constitucional propia mediante una pérdida de investidura. Es una decisión política e institucional ya consumada y preclusa”, sentenció.

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El vicepresidente de la República y presidente en Ejercicio, Pedro Alliana, en su función como nexo del Ejecutivo con el Poder Legislativo, mantuvo una reunión con el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, con quien estuvieron analizando temas que consideran prioritarios, como la Reforma de la Caja Fiscal y la Caja Parlamentaria.

A través de sus redes sociales, el segundo del Ejecutivo, remarcó que el diálogo y el consenso son el camino para alcanzar las mejores legislaciones para todos los paraguayos.

Este encuentro se da atendiendo que para este jueves 5 de febrero la Comisión Permanente aprobó la convocatoria a dos sesiones extraordinarias de la Cámara de Diputados a los efectos de que se lleve el estudio en plenaria sobre los proyectos de Leyes que modifican la legislación que regula ambos fondos jubilatorios del sector público y del Poder Legislativo.

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Es importante señalar que la Comisión Permanente recibió las propuestas técnicas para modificar algunos artículos del proyecto de ley de Reforma de la Caja Fiscal, las cuales fueron remitidas de manera inmediata al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). En ese sentido, el senador Colym Soroka aclaró que el debate del proyecto ya no corresponde a la Comisión Permanente sino a la Cámara de Diputados.

En lo que respecta al proyecto de modificación de la Caja Parlamentaria, se trata de una propuesta normativa que apunta a reestructurar el Fondo de Jubilaciones y Pensiones para miembros del Poder Legislativo, de modo a que se constituya en “una institución eficiente y rentable, de manera a cumplir con los objetivos institucionales”.

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