Las limitaciones presupuestarias afectan tanto al funcionamiento como a la estructura de la Fiscalía, explicó Emiliano Rolón.

El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, ratificó su reclamo de mayor presupuesto para el Ministerio Público, argumentando que el pre­supuesto con el que cuenta actualmente no es suficiente para cumplir con el funciona­miento de la institución, más aún en todo el país.

En este sentido, afirmó que las limitaciones presupuesta­rias afectan tanto al funciona­miento como a la estructura de la Fiscalía.

“Es un tema de mi máxima preocupación, hay que distin­guir dos aspectos que parece ser que la clase política no va captando, la autonomía y la autarquía del Ministerio Público, que son reconocidas por la propia Constitución Nacional en cumplimiento de determinadas misiones como acción penal pública en todos los niveles desde el escenario del crimen hasta el cumpli­miento de sentencia defini­tiva, objetivos de la pena, rea­daptación social y defensa de la sociedad, por un lado”, indicó en diálogo con la 1020 AM.

Rolón sostuvo que también cuentan con otras misiones, “no menos importantes como medioambiente, como dere­cho de comunidades indíge­nas, como intereses difusos y representación social, tremen­das misiones que se le otorga al Ministerio Público”. Ante estas misiones constitucionales, la institución está obligada a ubicarse en todos los rincones del país, y eso implica la necesidad de contar con el doble de fisca­les, y tecnología, de acuerdo con el fiscal general.

“Llegamos al siglo XXI surge el Ministerio Público con autonomía cons­titucional y autarquía y le asig­nan misiones y, sin embargo, el presupuesto debe ser absoluta­mente controlado por el Poder Ejecutivo y nos dicen que no se puede aumentar el presu­puesto y esto hace desde hace 10 año. Tuvimos que abandonar a comienzos del 2000, 2001, el Poder Judicial y tuvimos que ocupar rincones en todo el país. Necesitamos edificaciones pro­pias porque la estructura del Ministerio Público es bastante diferente”, apuntó.

La justicia francesa abrió una investigación tras las declaraciones racistas de la senadora paraguaya Celeste Amarilla sobre el futbolista estrella de la selección francesa Kylian Mbappé, anunció este martes la fiscalía de París.

La fiscalía indicó a AFP que “abrió inmediatamente una investigación” por injuria pública e incitación pública al odio o a la violencia tras recibir una denuncia este martes de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), confirmando una información de los medios RMC y RTL.

El presidente de la FFF, Philippe Diallo, había anunciado que señalaría a la fiscalía las declaraciones de Amarilla, después que Francia derrotara el sábado a Paraguay en octavos de final del Mundial-2026 gracias a un gol de penal de Mbappé, en un partido duro y trabado.

Al término del encuentro, el jugador, muy molesto por lo que interpretaba excesiva dureza de los guaraníes, no dio la mano al portero paraguayo Orlando Gill.

“Bruto no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escucho eran chimpancés”, escribió la senadora en un mensaje en la red social X.

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“Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, nuevo rico, prepotente y feo (...) Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una bofetada de mano abierta después que terminó el partido”, arremetió en otro mensaje.

El capitán de los Bleus respondió el lunes calificando de “despreciable” e “indigna de su cargo” a la senadora, cuyas declaraciones fueron condenadas por los gobiernos de Francia y de Paraguay, por la FIFA e incluso la ONU.

“Jamás permitiré que gente como ella tenga la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo”, agregó el delantero madridista.

En una carta abierta publicada en X tras la polémica, Amarilla, que dice amar visitar Francia y hablar francés, le exigió disculpas al futbolista por su reacción.

La fiscalía investiga las declaraciones de la senadora con el agravante de que las pronunció en razón del “origen, etnia, nación, raza o religión, real o supuesta, de la víctima”, precisó el ministerio público.

Estos delitos conllevan una pena de un año de prisión y una multa de 45.000 euros (51.300 dólares), agregó la misma fuente.

• Fuente: AFP

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El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, ratificó su reclamo de mayor presupuesto para el Ministerio Público, argumentando que el presupuesto con el que cuenta actualmente no es suficiente para cumplir con el funcionamiento de la institución, más aún en todo el país. En este sentido, afirmó que las limitaciones presupuestarias afectan tanto al funcionamiento como a la estructura de la Fiscalía.

“Es un tema de mi máxima preocupación, hay que distinguir dos aspectos que parece ser que la clase política no va captando, la autonomía y la autarquía del Ministerio Público, que son reconocidas por la propia Constitución Nacional en cumplimiento de determinadas misiones como acción penal pública en todos los niveles desde el escenario del crimen hasta el cumplimiento de sentencia definitiva, objetivos de la pena, readaptación social y defensa de la sociedad, por un lado”, indicó en diálogo con la 1020 AM.

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Rolón sostuvo que también cuentan con otras misiones, “no menos importantes como medio ambiente, como derecho de comunidades indígenas, como intereses difusos y representación social, tremendas misiones que se le otorga al Ministerio Público”.

Ante estas misiones constitucionales, la institución está obligada a ubicarse en todos los rincones del país, y eso implica la necesidad de contar con el doble de fiscales, y tecnología, de acuerdo con el fiscal general.

“Llegamos al siglo XXI surge el Ministerio Público con autonomía constitucional y autarquía y le asignan misiones y, sin embargo, el presupuesto debe ser absolutamente controlado por el Poder Ejecutivo y nos dicen que no se puede aumentar el presupuesto y esto hace desde hace 10 año. Tuvimos que abandonar a comienzos del 2000, 2001, el Poder Judicial y tuvimos que ocupar rincones en todo el país. Necesitamos edificaciones propias porque la estructura del Ministerio Público es bastante diferente”, apuntó.

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Las investigaciones sobre edificio derrumbado en Encarnación quedaron prácticamente estancadas por seis meses a la espera del informe pericial que debe dictaminar sobre el análisis estructural de la fallida construcción. Tras serie insistencias desde nuestra redacción, desde la Facultad de Ingeniería confirmaron que remitieron el informe al Ministerio Público el viernes pasado.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

Después de seis meses de retraso, el Minis­terio Público reci­bió el informe pericial del derrumbado edificio en Encarnación. Francisco Martínez, fiscal de la causa que investiga las razones del desplome, dijo a nues­tra redacción que urgieron varias veces al decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) por el dicta­men y que el viernes último, cumplieron en remitir el documento.

El suceso ocurrido el 2 de abril de 2025 dejó dos víc­timas fatales y la familia se encuentra aislada en la incer­tidumbre ya que se dilatan las posibilidades de hacer justicia.

El informe pericial debía concluirse en 90 días y tenía como plazo de entrega el 30 de diciembre de 2025. Ayer a últimas horas de la tarde el decano de la Facultad de Ingeniería, Rubén López con­firmó a nuestro medio que el dictamen fue remitido vía correo electrónico el vier­nes 3 de julio de 2026.

Recordemos que el Ministe­rio Público firmó un convenio específico interinstitucional con la UNA en la que se esta­blecen 9 temas de la pericia. Para ello, se obligó un pago aproximado de G. 120 millo­nes y ya se realizó un pago del 50 %, según confirmó el fiscal de la causa, Francisco Martínez.

“El monto puede variar con­forme a los trabajos, el estu­dio de las muestras extraídas. Estamos esperando, hemos urgido 3 a 4 veces al decano”, señaló Martínez en conversa­ción telefónica. Sin embargo, las presiones de la prensa fue­ron las que realmente ayuda­ron para agilizar el estudio pendiente.

La demora venía generando especulaciones, conside­rando que uno de los pun­tos de la pericia involucra a Mega Concret SA, empresa del diputado liberal Car­los Pereira, miembro del influyente clan Pereira en la zona de Itapúa. (Ver fac­símil).

El estudio establece la identi­ficación del tipo y la resisten­cia del hormigón utilizado en los diferentes componentes de la estructura del edificio desmoronado. Este trabajo fue realizado por la empresa del diputado Pereira que hoy se encuentra en plena cam­paña política para ocupar el cargo de intendente, como sucesor y aliado de Luis Yd quien fue precisamente el que se desentendió de los contro­les en la construcción del edi­ficio caído.

Recordemos que el proyecto estaba preparado para un edi­ficio de 5 niveles, pero subie­ron a 8 pisos, la estructura no aguantó y la construcción se desplomó. La administración Yd dejó pasar esta situación aplicando una multa irrisoria en detrimento de la seguridad de las personas y el desenlace fue mortal, el derrumbe cegó la vida de una joven de 15 años junto con su abuela.

Yd y Pereira son aliados polí­ticos, de hecho, varios fun­cionarios leales del actual intendente son candidatos a concejales por la lista del diputado para las municipa­les de octubre próximo. Entre estos, se encuentra René Miglio, el director de obras de la Municipalidad de Encarna­ción, imputado por el caso del edificio derrumbado y prin­cipal responsable de la cons­trucción de más pisos fuera de la capacidad de la estructura.

Si bien el Ministerio Público todavía no fue a retirar el original de la secretaría de la Facultad de Ingeniería, el fis­cal Martínez sostuvo que un ingeniero asesor de la insti­tución se encuentra ya veri­ficando los datos proveídos a fin de constatar que el expe­diente contenga todo lo soli­citado. Se estima que con este paso tan esperado se pueda retomar el curso de la inves­tigación y se puedan incluir a todos los involucrados, ade­más de los dueños de la obra y altos funcionarios munici­pales.