La diputada del Partido Colorado Rocío Abed lamentó que el candidato a jefe de Estado por la Concertación, Efraín Alegre, no haya sido sometido a una investigación a raíz del “cajoneamiento” de una auditoría realizada en el gobierno de Fernando Lugo que revela un perjuicio de US$ 37 millones en su gestión como titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

En una entrevista con La Nación/Nación Media la parlamentaria fue contundente en manifestar que el también titular del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) solo representa a un modelo de corrupción y atraso.

“Yo acostumbro a realizar la comparación sobre los modelos que se enfrentan en estas elecciones del 30 de abril, cuando hablo con la gente les recuerdo que se enfrentan un modelo de desarrollo, de modernidad, de capacidad como el modelo de Santiago Peña contra otro que solamente mostró corrupción, atraso. Un modelo que es representado por alguien al que no se le conoce realmente de un trabajo, salvo cuando ocupó cargos públicos y fracasó rotundamente, siendo sospechado de alta corrupción”, expresó.

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“Lo que llama la atención es que, a pesar de encontrarse serias irregularidades, aquella auditoría terminó encajonada, nunca se avanzó en ninguna investigación ni denuncia judicial. Recordemos que otros ministros de la época incluso hoy están condenados por hechos de corrupción, como Luis Riart, Enzo Cardozo, en fin, evidentemente supo mover los hilos para quedar impune”, manifestó.

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Rocío Abed, diputada de la ANR. Foto: Gentileza.

Las declaraciones de Abed surgieron tras confirmarse desde la Dirección de Auditoría de la Presidencia la veracidad de los documentos que evidencian la millonaria tragada en el MOPC bajo la administración de Alegre.

“La verdad es que no sorprende para nada. En su época se conocieron algunos aspectos de su destitución, como ser el hecho de que utilizaba el MOPC para una prácticamente abierta campaña presidencial. Todos recuerdan que a Efraín Alegre se lo conoció como el ministro de la ruta de la mentira”, puntualizó.

La auditoría, que fue cajoneada por 10 años y que nunca fue remitida a los organismos de control y fiscalización, destapa casos de planillerismo, de obras paradas, rapiña de combustibles, maquinarias, licitaciones amañadas, entre otros hechos de corrupción.

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