El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, dispuso la conformación de un equipo de trabajo para la apertura de una investigación respecto a las designaciones realizadas por Estados Unidos a través de su embajada en Paraguay, las cuales afectan al vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, al exasesor de Yacyretá Juan Carlos Duarte y al presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes.

La apertura de la causa fue concretada a través de la resolución N° 1710 y los agentes fiscales designados para la investigación fueron Francisco Cabrera Sanabria, Diego Arzamendia, Alma Belinda Zayas, Jorge Arce Rolandi, todos de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, y Deny Yoon Pak, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico de Asunción.

También fueron asignados como relatores fiscales Alejandro Milicke, María Verónica Valdez, Verónica Mayor Gamell y Fernando Meyer colaborarán con el equipo de trabajo que estará bajo la coordinación de la fiscal adjunta Matilde Moreno Irigoitia.

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La apertura de la investigación guarda relación con el anuncio realizado en julio del 2022, cuando el embajador Marc Ostfield hizo pública la decisión del Departamento de Estado de los Estados Unidos, de suspender la visa al exmandatario Horacio Cartes. Un mes más tarde, se hizo otro comunicado en los mismos términos pero incluyendo al vicepresidente Hugo Velázquez y Juan Carlos “Charly” Duarte, alto funcionario de la binacional.

Desde la embajada americana alegaron que tanto Velázquez como Duarte estaban involucrados en un hecho de “soborno de un funcionario público”, además afirmaron que hubo interferencia en procesos públicos que supuestamente guardaban relación con una investigación que afectaba los intereses del vicepresidente.

“Duarte abusó y explotó su poderosa y privilegiada posición pública dentro de la Entidad Binacional Yacyretá, poniendo en riesgo la confianza pública en uno de los activos económicos más vitales de Paraguay”, señaló el comunicado de la embajada.

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Desde el Ministerio Público comunicaron que, “tales hechos merecen la investigación por parte del Ministerio Público, que permitirá instalar un pronóstico fáctico, probatorio y jurídico, tendientes a un caso penalmente relevante, lo que impone la necesidad de la apertura de una causa penal, para su investigación”.

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