El informe periodístico presentado por el programa “La caja negra” revela otro aspecto de las irregularidades que fueron detalladas en el informe realizado por la Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE), entre los años 2010 y 2011: varias irregularidades constatadas en el pago a funcionarios que figuraban en la planilla del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) bajo la administración de Efraín Alegre, hasta que fue destituido por el expresidente Fernando Lugo.

Las inconsistencias apuntadas por la auditoría de 245 páginas detallan que se trata de pagos de jornales y honorarios profesionales en la institución pública y en los legajos de los funcionarios, que llegan a alrededor de US$ 4,5 millones, lo que hizo sospechar que se trataba de funcionarios planilleros en la administración de Alegre. Cabe destacar que este informe solo corresponde al periodo 2010-2011, y Alegre asumió el cargo desde el 2008 con el gobierno de Fernando Lugo.

En el informe final de carácter reservado en el MOPC, expuesto por “La caja negra”, existían legajos de pagos de jornales incompletos, durante la auditoría especial fueron visualizados legajos de jornales por un monto total de 2.228.650.807 guaraníes en el 2010 y de 954.337.937 guaraníes, entre enero y junio del 2011, ascendiendo a un total de G. 3.182.988.744 que no presentaron el total de la documentación exigida por la Contraloría General de la República.

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Pagos salariales sin controles

Igualmente, se citan los casos de funcionarios que percibían salarios comprendidos entre 1 millón y 1 millón y medio de guaraníes, pero que no tenían la documentación exigida, tales como certificados de disponibilidad presupuestaria, orden de transferencias bancarias, factura, contrato de prestación de servicio, entre otras. También se hallaron legajos de pagos de jornales sin factura por 556.390.000, además de planillas de liquidación de salarios sin firmas de los responsables y de los funcionarios remunerados, y comprobantes de retención de IVA-renta sin firma del jefe de ejecución.

Otra de las inconsistencias detalladas por los auditores evidencia el incumplimiento de una disposición legal referente al objeto de gasto de jornal del trabajador, en ese sentido se dispone el cobro de salario de un funcionario de G. 3.500.000, cuando la disposición legal establecía dos salarios mínimos, en ese entonces, equivalente a G. 1.408.864 por dos, es decir, G. 2.817.724 para las actividades diversas no especificadas. Se sumaron además los casos de funcionarios que tenían legajos incompletos sin respaldo de documentos de títulos y certificados de nacimiento, antecedente policial y judicial, ni tampoco contrato. En el documento se citan 10 casos que juntos suman G. 17.500.000 en salario mensual.

En el punto final del informe, según los intervinientes, esto revela la falta de eficiencia en la planificación del ente estatal. Además, como recomendación final, los auditores instaron al presidente Lugo que eleve el informe a asesoría jurídica de la Presidencia y a Procuraduría para investigar y deslindar responsabilidades, pero el documento secreto fue cajoneado durante 10 años.

Detalle del informe de la Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE), que revela irregularidades de pagos a funcionarios. Foto: Infografía.

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