La Sala Penal de la Corte Suprema de Justi­cia debe destrabar el proceso penal que enfrenta Arnaldo Giuzzio, exministro del Interior de Mario Abdo Benítez, quien debe ser juz­gado por cohecho pasivo agravado (coima), por por sus vínculos con el sindicado nar­cotraficante Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua.

Los ministros de la máxima instancia judicial Carolina Llanes, Alberto Martínez Simón y Víctor Ríos deben resolver la recusación que presentó Giuzzio contra los camaristas Andrea Vera y Arnulfo Arias, quienes son los magistrados que deben decidir sobre la competen­cia de los jueces de senten­cia Adriana Planás y Matías Garcete, que a su vez fueron recusados por el exministro del Interior y quien busca impunidad en el proceso por cohecho pasivo agravado.

Con las chicanas presentada por Giuzzio, el juicio oral y público no puede desarro­llarse desde marzo de este año. El expediente está en manos del ministro de la Corte Víctor Ríos, quien deberá votar y destrabar el presente proceso penal.

La Fiscalía solicitó al tri­bunal de sentencia al inicio del juicio oral que se incluya como prueba los datos extraídos del celular del nar­cotraficante brasileño Lin­domar Reges Furtado. El pedido fue realizado al tri­bunal de sentencia especia­lizado en delitos económi­cos conformado por Adriana Planás, Matías Garcete y Yolanda Morel.

La acusación contra Giuzzio fue presentada el 16 de agosto de 2023 por los fis­cales anticorrupción Diego Arzamendia y Jorge Arce. Ambos sostienen que el exministro de Mario Abdo Benítez tenía pleno cono­cimiento de las intenciones del narco de contactar con el Estado paraguayo, específi­camente con el Ministerio del Interior, del cual era titu­lar hasta febrero de 2022.

La Fiscalía construyó su hipótesis conforme a supuestas conversaciones vía WhatsApp que fueron anexadas a la documen­tación de la causa, conclu­yendo que dichas evidencias exponen que hubo más de un encuentro entre Giuzzio y Marqués de Padua.

Entre las pruebas presentadas por los agentes se menciona también que el exministro usó una camioneta del capo narco para vacacionar en Brasil entre diciembre de 2021 y enero de 2022.

El presidente de la República, Santiago Peña, cumplió el mandato constitucional de presentar un balance de su gestión ante el Congreso. Opositores como Rafael Filizzola o Celeste Amarilla criticaron el discurso del mandatario con una serie de incongruencia, imprecisiones o absurdo.

Algunas de las incongruencias que mencionó el senador de País Soli­dario se referían a que, por ejemplo, el programa Hambre Cero lo recibie­ron 375.000 alumnos y no los más de 1 millón que sos­tiene el Gobierno. Hay que recordarle al legislador que ese dato corresponde a la encuesta de 2024, tiempo en que el programa estuvo vigente de agosto a noviem­bre, en 90 distritos.

Según los datos oficiales del Ministerio de Educación y del Ministerio de Desarro­llo Social, desde febrero de este año 2025, Hambre Cero está presente en los 263 distritos del país de forma diaria, alimentando a 1.050.000 de niños.

Filizzola también hizo alu­sión a que la pobreza se redujo porque se incluyó Hambre Cero como un ingreso de las familias. Pero este punto no es una ocurrencia del INE, sino que responde a una reco­mendación internacional que siguen todos los países, cuando se trata de programas de alimentación como este que impulsa el Gobierno son estables y medibles.

También intentó depreciar el informe cuando el legislador señaló que el Programa Ali­mentario Nutricional Inte­gral (PANI) no se está ejecu­tando. Peña se refería a que la leche que se comprada este año es 22 % menos al precio de referencia, generando un ahorro de más de G. 47 mil millones. Finalmente, en referencia al desempleo, cifra que dista de la creencia nega­tiva que tiene la oposición, fue de 5.6 % de la población, cifra que nunca se tuvo para un primer trimestre desde que el INE hace encuestas trimestrales desde 2017.

Por otra parte, la senadora libera Celeste Amarilla tam­bién habló acerca del informe del presidente, señalando a modo de reproche que las “heladeras están vacías”. Sobre esto, el discurso pre­sidencial hizo énfasis en aspectos económicos rele­vantes como que el PIB creció 5.9 % en el primer trimestre del año; el consumo privado (de las familias) creció 4.9 % y la inversión fue del 12.7 %. Asimismo, el consumo pri­vado aumentó por la diná­mica positiva de los servi­cios, el consumo de alimentos y bebidas, las prendas de ves­tir y calzados; y, la venta de vehículos, electrodomésticos y muebles.

La legisladora omite que de 7 sectores, 6 crecieron: el comercio, los servicios, la manufactura, la construc­ción, o la ganadería, mues­tran una fuerte expansión; mientras que las ventas aumentaron 6.5 % en prome­dio durante el primer cuatri­mestre del año.

Otro dato relevante que mata definitivamente el relato opositor es que se registra­ron 85.000 nuevos cotizan­tes en IPS llegando a cerca de 800.000 trabajadores for­malizados, cifra nunca antes registrado en nuestro país.

Pedro Alliana sostuvo que desde el Poder Ejecutivo seguirá trabajando para satisfacer las necesi­dades de la ciudadanía.

“Sabemos que no es suficiente, que falta todavía mucho, vamos a seguir trabajando más allá de las críticas de unos pocos. Nues­tro objetivo es llenar las satisfacciones de la ciudadanía”, expresó Alliana.

Así también, sobre la gestión y el trabajo de los miembros del Gabinete, apuntó: “Conforme, el presidente de la República le da el apoyo y, por supuesto, nosotros vamos a acompañarle, vamos a darle todo el apoyo y en lo que podamos colaborar desde la vicepresidencia como nexo con el Legislativo, estamos ahí para acompañar”.

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS), encabezado por Tadeo Rojas, está llevando el crucial trabajo para llevar adelante la política social del gobierno del presidente Santiago Peña.

El secretario de Estado se refirió a todos los programas sociales que se están ejecu­tando a poco menos de dos años de gestión.

“Antes de asumir el 15 de agosto del 2023, el presi­dente Santiago Peña nos convocó a un taller de capa­citación, de orientación, de discusión sobre sus planes de Gobierno, trabajamos casi un día, y en ese momento fue claro y contundente de que una de las banderas más fuertes de su gobierno iba a ser lo social”, detalló Rojas al programa “Arriba hoy”, emi­tido por GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Recordó que este compro­miso social fue asumido públicamente por Peña al iniciar su mandato, estable­ciendo como meta la foca­lización de los programas sociales como factor deter­minante para cambiar la vida de lo paraguayos que se encuentran en situación vul­nerable.

“A partir de allí empeza­mos a trabajar y fuimos gra­dualmente. Primero hemos trabajado, antes de cum­plir los 100 días, lanzamos el plan nacional de reduc­ción de la pobreza en una reunión gigante. Hemos tomado la decisión, tam­bién en los primeros 100 días, por el aumento de Tekoporã, denominado a partir de ahí Tekoporã Mbarete con un 25 % de aumento en las transfe­rencias monetarias”, indicó el ministro.

La causa que inves­tiga la filtración de documentos y fal­seamiento de información de Seprelad tropieza nue­vamente con una paraliza­ción. Los exministros del gobierno de Mario Abdo Benítez acusados por aso­ciación criminal, usurpa­ción de funciones públicas, denuncia falsa y revelación de secretos de servicio en el marco del proceso penal conocido como filtración de información de Sepre­lad (Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes) siguen presentando incidentes dilatorios, a los efectos de evitar que el presente caso pueda avanzar.

Ahora los defensores de los acusados Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carlos Arregui y Daniel Farías presentaron una apela­ción general ante la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, en el que cues­tionan la resolución del tri­bunal de alzada que ratificó la imposición de costas del juicio a cada uno de los pro­cesados en el presente caso.

Debido a la nueva chicana, el expediente tendrá que ser elevado a la Sala Penal de la Corte, instancia que deberá estudiar la apela­ción de la defensa de los acusados y destrabar el proceso penal de los exmi­nistros de Abdo.

Hay que recordar que lasemana pasada nada más el Tribunal de Apelación inte­grado por los jueces María Belén Agüero, Bibiana Benítez y Arnaldo Fleitas destrabó el proceso penal rechazando una chicana presentada por René Fer­nández, Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y Daniel Farías, excercanos cola­boradores de Abdo Benítez.

Al destrabarse el caso en esa instancia, la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera tenía que resolver los doce incidentes plan­teados en marzo de 2024 cuando se daba inicio al presente proceso penal contra los exfuncionarios.

La Fiscalía presentó en su escrito de acusación un total de 206 elementos de pruebas, entre ellos, tes­timonios, documentos y pericias que sustentan la responsabilidad de los acu­sados.

En marzo de este año, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia inte­grada por los ministros César Diesel, Manuel Ramírez Candia y Gustavo Santander había rechazado dos chicanas presentadas por el abogado Enrique Kronawetter, defensor de Daniel Farías.

En aquella oportunidad los ministros de la Corte men­cionaron que “la utilización de resortes procesales y la enunciación de agravios ‘in abstracto’ como en el pre­sente caso representa una inconducta procesal de las defensas, dirigidos en difi­cultar el normal desarrollo de la administración de jus­ticia y se aparta de la buena fe que impone el Artículo n.º 112 del Código Procesal Penal”, señala la resolución de la Corte.

De la misma manera, los altos magistrados mencio­naron en su resolución que el ejercicio del derecho debe ajustarse a los parámetros orientadores del proceso penal hacia una adecuada administración de justicia.

Con la advertencia hecha ya en marzo de este año, ahora los ministros de la Corte ya pueden inclusive, aplicar la sanción disciplinaria a los acusados así como a cada uno de sus abogados.

La Cámara de Apela­ción integrada por María Belén Agüero, Bibiana Benítez y Arnaldo Fleitas destrabó el proceso penal rechazando una chi­cana más presentada por René Fernández, Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y Daniel Farías exministros de Mario Abdo Benítez. Los mismos están acusa­dos por asociación crimi­nal, usurpación de funcio­nes públicas, denuncia falsa y revelación de secretos de servicio en el marco del pro­ceso penal conocido como filtración de información de Seprelad (Secretaría Nacio­nal de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes).

Asimismo, los camaristas decidieron que las costas del incidente perdido deben pagar los acusados. En ese sentido, la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera ya impuso la misma medida a cada uno de los acusados en el presente proceso penal.

El pasado 3 de abril, la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera resolvió rechazar los recursos de reposición plan­teados por los exministros de Mario Abdo Benítez y otros exfuncionarios acu­sados en el presente caso.

Los abogados de los exmi­nistros de Abdo habían pre­sentado una nueva reposi­ción y apelación en subsidio contra la determinación de la jueza Lovera, que fijó la realización de una audiencia donde se tenía que decidir si la magistrada se ratificaba en su resolución inicial de marzo de 2024 donde admi­tió la imputación contra los excolaboradores del expre­sidente de la República.

Lovera en su resolución indicó que “la presenta­ción hecha por los acusados carece de soporte fáctico y jurídico”, teniendo en cuenta que aún no se han tratado los recursos iniciales pen­dientes de resolución desde marzo de 2024. “En ese con­texto, se puede observar que la providencia de fecha 27 de marzo de 2024 no adolece de irregularidad alguna y a su vez la citada providencia tuvo por objeto reencauzar el presente proceso estudiando las presentaciones iniciales del proceso penal mencio­nado”, señala.

El Ministerio Público presentó en su escrito de acusación un total de 206 elementos de pruebas, entre ellos, testimonios, documentos y pericias que sustentan la responsabilidad de los acusados Arregui, Giuzzio, Fernández, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene.