El 16 de febrero de 2005, hace 21 años, se daba a conocer la impactante y triste noticia del hallazgo del cuerpo de Cecilia Mariana Cubas Gusinky, hija mayor del expresidente Raúl Cubas y la exsenadora Mirta Gusinky, que habría sido secuestrada y asesinada por el grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Cecilia fue la primera víctima fatal de los criminales.

El cuerpo sin vida de la joven fue hallado cinco meses después de su secuestro en una vivienda a la que se denominó la “Casa del Horror” en el barrio Mbocayaty de la ciudad de Ñemby. En principio, las autoridades llegaron al sitio en búsqueda de evidencias para tratar de dar con el paradero de Cecilia.

Según Sandra Quiñónez, exfiscala del caso, en entrevista del 2024 con canal GEN y Universo 970/Nación Media, la casa estaba herméticamente cerrada y tuvieron que romper unas de las puertas para ingresar. Recorrieron cada dependencia de la vivienda y se encontraron con cabellos rubios, telas, chalecos y líquidos en botellas.

Así también, se encontraron colchones y una de las piezas estaba totalmente empapelada con bolsas negras, que se presume hicieron para evitar que la secuestrada distinga el día de la noche. Todo apuntaba a que en estos lugares estuvo Cecilia.

Al llegar a la última habitación encontraron bolsas de tierras que llegaban hasta el techo y una importante cantidad de evidencia. Los intervinientes en ningún momento pensaron que ahí estaría el cuerpo de la joven, ya que todo apuntaba a que ella debía ser entregada a su familia en Ciudad del Este ese mismo día, operativo que estaba en desarrollo.

La orden dada por Quiñónez era limpiar esa habitación y documentar cada evidencia hallada, por más mínima que fuera. Mientras desarrollaban ese trabajo uno de los agentes policiales le manifestó a la fiscala que había una diferencia de color en los pisos de la habitación y dio la orden de levantar.

Bajo el piso de esa habitación encontraron un sótano y en el interior de este habían más evidencias que fueron retiradas. Ahí se dejó ver el túnel al que ingresaron con ayuda de bomberos, uno de ellos le indicó que había un olor bastante fuerte y en ese momento dieron con el cuerpo de Cecilia.

Según la autopsia realizada por el médico forense Pablo Lemir y dada las características en la que fue encontrado el cuerpo, Cecilia llevaba 45 días de fallecida al momento que fue encontrada. Se presume que sus captores la asesinaron entre el 24 al 30 de diciembre del 2004.

El 21 de setiembre del 2004 Cecilia, de 31 años, estaba por llegar a su casa en el barrio Laguna Grande de Fernando de la Mora cuando fue interceptada por el EPP, que en medio de disparos y mucha violencia la llevaron en contra de su voluntad.

Cecilia Cubas estuvo secuestrada por cinco meses y con su muerte se convirtió en la primera víctima fatal de secuestro del grupo criminal, su trágico desenlace conmocionó a la sociedad y marcó la historia del país. La familia Cubas había pagado entonces por el rescate 300.000 dólares en noviembre del 2004 y fue la última comunicación con los secuestradores.

Tras el fatal desenlace, el Ministerio Público inició las investigaciones logrando condenar a 11 personas por el secuestro y muerte de Cecilia. Entre ellos Osmar Martínez, Anastasio Mieres Burgos, Francisca Andino, Vaciano Acosta, Pedro Chamorro, José Domingo Hidalgo, Manuel Portillo, Roberto Otazú, Rosalba Jara Drackeford, Lidia Samudio y Aldo Meza.

Osmar Martínez y Anastasio Mieres Burgos fueron condenados a 25 años de prisión y 10 años de seguridad por el secuestro y homicidio de Cecilia Cubas, luego de afirmarse que cometieron los delitos de homicidio doloso, privación de libertad, secuestro, extorsión, extorsión agravada y asociación criminal.

• El médico forense indicó que Cecilia fue asfixiada y que los secuestradores le dieron una fuerte dosis de sedantes, luego le cubrieron la nariz y la boca con cinta de embalaje, para ser posteriormente enterrada viva.
• En abril del 2025 la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) subastó la “Casa del Horror”, vivienda donde fue encontrada el cuerpo de Cecilia Cubas.
• Juana Rodríguez la nueva dueña de la casa anunció que de momento no tiene planes de demolición de la vivienda, pero sí levantará un oratorio en memoria de la víctima.

El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, adelantó que existen novedades sobre la autoría moral del crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, asesinado el 10 de mayo de 2022, en una playa Barú (Cartagena), en Colombia. Sin embargo, indicó que existe un convenio por el cual no se permite hacer público cuáles son estas informaciones.

“Tenemos contacto (con el equipo de Colombia) que normalmente hablan por medios de información, hay algunas novedades que para la publicación necesitamos un convenio del equipo conjunto Colombia-Paraguay, una vez que tengamos esa información podemos adelantar, pero no tengo autorización para hacerlo”, dijo Rolón, este martes, en entrevista a la 1020 AM.

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Sobre el caso Sebastián Marset, el fiscal general mencionó que no existen mayores novedades más de la propuesta de entregarse para que su pareja Gianina García Troche no sea sometida a la justicia. Rolón indicó que en ese momento rechazó la propuesta de acuerdo el abogado de Marset y que actualmente ya no existe ninguna otra propuesta.

“En una ocasión yo clarifiqué bien el tema, vino un abogado que planteó la necesidad de Marset, propuso una salida negociada que implicaba darle una solución al tema de su esposa y él se entregaría, y también él escogiendo un lugar de reclusión determinado. Mi respuesta fue tajante, clara, diciéndole que mientras esté prófugo no habría ningún acuerdo, una vez que esté presente es posible que se vean las propuestas que él hace”, manifestó.

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El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, fue consultado acerca de la denuncia penal presentada por los legisladores de la opo­sición, que tomaron como base suposiciones y montajes sobre la existencia de sobres con dinero en Mburuvicha Róga.

Sobre el tema, Rolón Fer­nández aseguró a la emisora 730 AM que no toda denun­cia es suficiente, que tiene que cumplir ciertos requisi­tos para avanzar en la inves­tigación fiscal, echando por tierra la pretensión de los abogados Felino Amarilla y Kattya González, que fue­ron los asesores que elabo­raron la denuncia formulada el jueves.

El fiscal general explicó que en la actual legislación que rige para estos procedi­mientos “hoy tenemos nece­sidad de contar con están­dares de la información. A veces, no es solamente una denuncia suficiente, no es la mención de un funcionario influyente, no es solamente la mención de aspectos del hecho”, recalcó.

Agregó luego un aspecto muy importante que se aplica al cri­terio a la hora de avanzar en una carpeta fiscal. “De alguna forma, esa información sea procesada ya a través de que sea lógica, creí­ble, posible, realizable, se estruc­turan a veces una investigación individual o con equipos de tra­bajo”, subrayó Rolón.

Asimismo, sostuvo que al presidente de la República le asiste la presunción de ino­cencia y que debe ser consi­derado de esa forma hasta que se compruebe lo contrario.

“El estado de inocencia que, antes simplemente se ener­vaba con la prueba en contra­rio, hoy se enerva recién con una sentencia definitiva con­denatoria firme. Y en el ínterin que se sustancia la investiga­ción (…), la persona sospechada debe ser tratada como inocente en todas las instancias”, señaló Rolón Fernández.

El jueves 2 de octubre, ocho legisladores de la oposición, entre diputados y senadores, presentaron una denuncia penal contra el mandatario, por los supuestos hechos punibles como: enriquecimiento ilícito, uso indebido de influencias, lavado de dinero, tráfico de influencias y abuso de poder.

Los senadores Rafael Filizzola (Partido Democrático Progresista; que fuera procesado como exministro del Interior por la compra irregular de helicópteros y el caso “comisarías de oro”), Esperanza Martínez (Frente Guasú), Ignacio Iramain (Encuentro Nacional; suplente de Kattya González) y el prietista Rubén Velázquez (Yo Creo), junto a los diputados Johanna Ortega (País Solidario), Adrián “Billy” Vaesken (Partido Liberal), Raúl Benítez (Encuentro Nacional, cercano de Kattya González) y la prietista Leidy Galeano (Yo Creo) firmaron el documento patrocinado por la exsenadora Kattya González (removida del Senado por uso indebido de influencias, el 14 de febrero de 2024), junto a su propio abogado en el intento de recuperar su banca, Felino Amarilla, hermano de la senadora Celeste Amarilla (Partido Liberal) y defensor del exministro abdista de Seprelad, Carlos Arregui, acusado de orquestar la entrega y tergiversación de información confidencial del ente estatal en el gobierno anterior.

Previamente, el 25 de setiembre, Guillermo Ferreiro (defensor del exintendente esteño Miguel Prieto, destituido con 50 denuncias de corrupción) y María Esther Roa Correa (aliada de Kattya González en la Coordinadora de Abogados de Paraguay, Coapy) encabezaron otra denuncia con firmas del exsenador Pedro Santa Cruz (Frente Guasú) e integrantes de la organización que lidera Roa, Somos Anticorrupción Paraguay (SAPY), como Carmen Edid Rodríguez, Tamara Roa, Estela Lanoza, Tereza Flecha, Miguel Ignacio Coronel, Lucía Serafini, Bernardino Zoria, entre otros.

Ambas presentaciones se fundan en las publicaciones elaboradas por el grupo mediático de Abc Color sobre el relato de la exempleada de la familia presidencial, Luz Maribel Candado Romero, removida el 25 de julio pasado del cargo de coordinadora del personal doméstico. La misma alega que encontró supuestamente sobres con dinero en su lugar de trabajo en octubre de 2024 y que devolvió ocho meses después, el 17 de junio de 2025; seguido, expuso que recibía dinero para realizar pagos cotidianos en función a su cargo. En un comunicado difundido el 16 de setiembre, Peña lamentó la pérdida de confianza en dicha coordinación y señaló “relatos torcidos y alejados de la verdad”.

La denuncia de Guillermo Ferreiro y Esther Roa recoge como pruebas las opiniones publicadas en medios de los legisladores Johanna Ortega y Raúl Benítez (que firman la otra denuncia), así como del exministro abdista Arnoldo Wiens (perdedor de las internas coloradas ante Peña). Mientras que el texto elaborado por Kattya González y Felino Amarilla exige que se investigue la evolución patrimonial de Peña desde 2017 a 2023, es decir, en el sector privado, antes de acceder a la función pública como presidente electo de la República, en abril de 2023, cuando venció a la Concertación Nacional, que aglutinaba a varios de los ahora denunciantes.

El senador colorado Derlis Maidana ratificó su apoyo al presidente Santiago Peña, seña­lando que desde el día uno de su mandato ha venido soportando ataques de desprestigios por parte de sectores de la oposición alia­dos con medios de comunicación. Criticó la idea de presentar una denuncia penal contra Peña sin arrimar ninguna prueba fehaciente y solamente con declaraciones y fotos que no son consistentes. Asimismo, destacó las declaraciones del abogado Ricardo Preda, asesor legal del matrimonio presidencial, quien dejó bien claro que dichas denuncias no tienen fundamentos. “Están usando la ver­sión de una sola persona, sin arrimar prueba alguna, porque no hay ninguna foto de sobres, como hubo alguna vez en la época de la alianza, cuando el viceministro de Obras Públicas repartía a varios sobres con referentes de la oposición”, expresó.

“Como primera dama de la Nación mi compromiso con mis ejes de trabajo sigue firme e inquebrantable, sin embargo, como Leti me siento sumamente avasallada ante tanta manipulación de mi nom­bre, integridad e intimidad”, expresó Leticia Ocampos, en un comu­nicado emitido a través de las redes sociales.

La esposa del presidente Santiago Peña lamentó la manipulación de su nombre y de su familia mediante publicaciones en los medios del Grupo Abc presentando relatos sin fundamentos de exempleados de la familia presidencial, exponiendo supuestas conversaciones de la intimidad personal y tergiversando manejos cotidianos de gas­tos con el objetivo de sostener la fantasía de sobres que se habrían guardado por 10 meses, sin demostrar su existencia ni contenidos reales. “En la vida siempre me manejé con mucho respeto y buen trato hacia los demás y en particular en lo que refiere a personas de mi confianza, no puedo evitar brindarles además afecto y todas las oportunidades que se encuentren a mi alcance para que puedan crecer en todos los aspectos de su vida”, dijo la primera dama.

El abogado Óscar Tuma puntualizó un elemento fundamental de cualquier proceso penal.

El abogado Óscar Tuma salió al paso de la discusión mediá­tica generada en torno a la supuesta inversión de la carga de la prueba respecto al pre­sidente de la República, San­tiago Peña. Recordó que en el ámbito penal paraguayo rige el principio de presunción de inocencia.

“Sobre el punto, debemos recordar que en el ámbito penal rige el principio de presunción de inocencia, consagrado en el artículo 17 de la Constitución Nacio­nal, lo cual implica que la carga probatoria recae siem­pre en el acusador (Ministe­rio Público o querella)”, dice parte del escrito que publicó en sus redes sociales.

Tuma remarcó que la condi­ción de presidente de la Repú­blica no altera esta regla, pues corresponde a la parte acu­sadora demostrar los hechos punibles.

“La condición de presidente de la República no altera esta regla, y corresponde a la parte acusadora demostrar los hechos punibles atribui­dos. Pero, corresponde decir que en los delitos de enrique­cimiento ilícito previsto en el Código Penal, si opera la carga probatoria dinámica: el Ministerio Público debe acreditar un aumento patri­monial desproporcionado y, a partir de allí, corresponde al funcionario explicar el ori­gen lícito de sus bienes, pero esto no constituye una inver­sión de la carga de la prueba”, señaló el abogado.

En conclusión, Tuma reiteró que el régimen vigente en el ordenamiento jurídico para­guayo mantiene la presun­ción de inocencia como regla general, siendo obligación de quien acusa probar sus afir­maciones.

La fiscalía general del Estado reasignó la causa del asesinato del teniente coronel Guillermo Moral Centurión (44), ocurrido en la tarde del jueves en la ciudad de Asunción. Inicialmente, esta causa se tramitaba en la Unidad Penal n.º 2 de la Fiscalía Barrial n.º 7, de la capital, pero tras la reasignación del caso por parte del fiscal General del Estado, Emiliano Rolón Fernández, será investigada por los agentes José Martín Morínigo (Unidad n.º 11).

En la resolución también se designó quienes conformarán el equipo de investigación, es decir, quienes acompañarán a Morínigo quien ejercerá la dirección de la pesquisa, con el apoyo de Christian Ortiz (Unidad n.º 12) y Carlos Alejandro Cardozo (Unidad n.º 10), bajo la coordinación de la fiscal adjunta, Matilde Moreno Irigoitia, según la resolución

“La conformación del equipo responde a la necesidad de abordar los hechos de reciente ocurrencia y de relevancia pública que requieren un esclarecimiento urgente”, refiere el informe remitido por el Ministerio Público.

El equipo de fiscales asignados cuentan con una amplia experiencia en la lucha contra las estructuras criminales, que son los que realizarán las investigaciones en el marco de la unidad de actuación institucional prevista en el artículo 4 de la Ley n.º 1562/00 “Orgánica del Ministerio Público”.

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Así mismo, se dispuso que, de manera interina y mientras dure la misión internacional de la fiscal adjunta titular, la coordinación quede a cargo del fiscal adjunto Manuel Doldán.

“El fiscal general fundamentó su decisión en lo establecido en los artículos 266 y 268 de la Constitución Nacional, así como en los artículos 1, 17, 34, 49 y 50 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que le facultan a impartir instrucciones y adoptar medidas para garantizar un funcionamiento eficiente y coordinado”, refiere el informe oficial del MP.

El teniente coronel Guillermo Moral fue atacado en la tarde del jueves cuando llegaba a la Facultad de Derecho (UNA) en la altura de la avenida Santísima Trinidad, dos personas a bordo de una motocicleta realizaron los disparos, uno de ellos fue el mortal acabando con la vida del militar.

Moral declaró en calidad de testigo en el juicio oral y público que enfrentaron el coronel Luis Belotto y su esposa Alba Ale de Belotto, donde ambos fueron condenados a dos años de cárcel por querer facilitar un teléfono celular a Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, por lo que se presume que fue víctima del crimen organizado.

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