A través del decreto número 8907, el Poder Ejecutivo ha hecho formal el nombramiento como Fiscal General del Estado al doctor Emiliano Ramón Rolón Fernández, quien deberá asumir su cargo al frente del Ministerio Público a partir del 10 de marzo.
Rolón se ha caracterizado por haber venido trabajando de manera mancomunada con la actual saliente del cargo, la fiscal Sandra Quiñonez, para ponerse al día con las cuestiones más puntillosas respecto al ministerio y los trabajos que de ahora en más deberá de dar continuidad.
En diciembre del 2022, Rolón Fernández dirigió una nota al entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, para hacer oficial su renuncia como miembro del Tribunal de Apelación en lo Penal, Cuarta Sala, abandonando así el cargo que desempeñó durante 27 años sin ningún tipo de inconvenientes o denuncias en su contra.
En varias de sus intervenciones y conversaciones con los medios de prensa en general, Emiliano Rolón sé ha destacado por hacer hincapié en la importancia y la envergadura del ministerio público y su trabajo, destacando que para él es clave contar con el apoyo y la visión del poder ejecutivo y las demás autoridades estatales.
Para Rolón es necesario contar con propuestas claras, puntuales, objetivas y cumplirles en el ejercicio de la asunción primaria, remarcando que la línea esencial, es el respeto al Estado social de derecho, y que esto es un compromiso republicano del propio Ministerio Público.
Dentro de la voluntad de trabajo del nuevo Fiscal General del Estado, el mismo ha logrado transmitir su anhelo por las renovaciones ideológicas, avances y corrección de malos manejos conceptuales que se dan en la actualidad, al tiempo de destacar que uno de sus puntos de trabajo se centrará en la reestructuración de la Fiscalía General del Estado y en la capacitación de todo el funcionariado.
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Senado aborda situación laboral de trabajadores de prensa y reajuste del 5 % del salario mínimo
A petición del vicepresidente segundo de la Cámara Alta, senador Dionisio Amarilla, los miembros de la mesa directiva recibieron este lunes a la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Mónica Recalde, con el objeto de interiorizarse sobre la situación de los trabajadores de prensa y, en general, respecto al cumplimiento del decreto del Poder Ejecutivo que establece un incremento del 5 % del salario mínimo legal desde el 1 de julio del corriente año.
La reunión estuvo encabezada por el su titular, el senador Basilio Núñez, quien junto con los líderes y vicelíderes de bancadas recibieron el informe de la secretaria de Estado, sobre la situación laboral de los trabajadores de prensa.
Al respecto, el senador Amarilla había solicitado información sobre las diligencias realizadas ante el Ministerio de Trabajo respecto a eventuales denuncias formales presentadas por trabajadores de medios de comunicación, la existencia de contratos colectivos invocados por las empresas y si esta situación afecta exclusivamente a los medios de prensa o constituye una práctica extendida en otros sectores.
Asimismo, el presidente de la Cámara Alta, senador Basilio Núñez, enfatizó la necesidad de conocer con exactitud si el incremento del 5% del salario mínimo legal vigente se aplica a todos los trabajadores y, específicamente, a los trabajadores de prensa.
Mesa tripartita
En ese sentido, la ministra Mónica Recalde explicó que tomaron conocimiento de las denuncias a través de las publicaciones realizadas por diferentes gremios de periodistas. Señaló que se solicitó la conformación de una mesa tripartita con representantes de los distintos medios de comunicación, a fin de analizar el grado de cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29 del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo.
La ministra remarcó que el contrato colectivo del gremio de prensa data de 1997 y se encuentra actualmente vigente, pero no ha vuelto a ser negociado, pese a que en diferentes ocasiones se intentó avanzar en su actualización. Agregó que otro de los pedidos específicos del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) consiste en contar con una interpretación o dictamen sobre los alcances jurídicos del artículo 29, en relación con los ajustes salariales.
“Lo que tenemos como Estado es regular el salario mínimo legal. La Corte Suprema de Justicia, en un fallo, estableció que el salario mínimo no puede ser reajustado para todos, sino que solo debe ser reajustado el piso mínimo legal; los reajustes superiores al salario mínimo tienen que darse por contrato colectivo o por contratos individuales de trabajo”, señaló la ministra.
Por su parte, el senador Dionisio Amarilla refirió que presentó un proyecto de Declaración que insta al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a realizar los controles correspondientes para verificar el cumplimiento del decreto del Poder Ejecutivo que establece el incremento del salario mínimo legal y de las condiciones estipuladas en los contratos colectivos de trabajo.
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Núñez acusa a la oposición de imponer el “cuoteo político” para elegir al contralor
El presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, acusó a la oposición de imponer el “cuoteo político” para la conformación de la terna de candidatos a la Contraloría General de la República (CGR), que será remitida a la Cámara de Diputados para la elección. Agregó a la vez que requerirá a la plenaria del Senado que la integración de la lista de aspirantes sea tratada luego del 15 de agosto.
“En periodos anteriores donde siempre la mayoría tuvieron los partidos de la oposición, las ternas para la Contraloría lo hicieron ellos y tuvieron contralores de su sector cuyas gestiones no fueron buenas por denuncias de corrupción, algunos se fueron presos por enriquecimiento ilícito, lesión de confianza”, refirió Núñez a los medios de comunicación.
El parlamentario acotó: “¿Por qué los opositores no plantean nomás ya directamente modificar la ley que rige a la Contraloría y vayamos directamente al cuoteo? Con esto ellos dicen sí al cuoteo político y no a la idoneidad y la preparación técnica“.
Las afirmaciones de Núñez surgieron ante la decisión del directorio del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), en solicitar a los candidatos a contralor que se encuentren identificados con la centenaria agrupación y otros partidos de oposición a retirar sus postulaciones. Semanas atrás, el parlamentario había detallado cronológicamente los casos de excontralores de extracción opositora que terminaron ante la Justicia. Citó por ejemplo al liberal Daniel Fretes Ventre, quien ocupó el cargo durante los años 1995 al 2000.
Fretes Ventre enfrentó a la Justicia tras comprobarse la creación de un esquema financiero destinado al blanqueo de capitales. En 2006, un tribunal lo condenó a 12 años de cárcel y a una multa millonaria tras tipificar sus actos como lavado de dinero y asociación criminal, bajo la premisa de haber organizado una maquinaria estructurada para el lavado de activos. No obstante, años más tarde, la causa dio un giro definitivo cuando la Corte Suprema de Justicia revocó el fallo y lo absolvió.
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También había mencionado el caso de Óscar Rubén Velázquez Gadea, quien contaba con la adhesión de legisladores liberales y del Partido Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (Unace). La gestión de Velázquez Gadea colapsó institucional y judicialmente tras revelarse graves irregularidades administrativas en el manejo de planillas y salarios públicos. Fue procesado y hallado culpable por el delito de lesión de confianza en el marco del caso conocido como “la secretaria vip”. El proceso culminó formalmente en 2021, cuando la Corte Suprema de Justicia ratificó la sentencia que lo condenó a 4 años de pena privativa de libertad.
Núñez también recordó el caso de José Enrique García Ávalos, quien gozaba del respaldo de los congresistas pertenecientes al tercer espacio. El mismo debió responder penalmente por su actuación en el polémico caso Ivesur, enfrentando cargos por producción de documentos no auténticos e instigación a subordinado, además de ser investigado en paralelo por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
En 2023 recibió una condena judicial de primera instancia, la cual fue ratificada y confirmada por la Corte Suprema de Justicia en 2024, cerrando de este modo su ciclo institucional con un fallo condenatorio firme. Con relación a la propuesta que realizará al pleno del Senado para que la conformación de la terna se realice luego del 15 de agosto, Núñez afirmó que “yo voy a pedir a los colegas que nos tomemos el tiempo y pasar la primera quincena de agosto, es una potestad que tiene la presidencia”, puntualizó.
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Milei decreta prohibición de entrada a extranjeros que expresen odio hacia Argentina
El presidente argentino, Javier Milei, modificó por decreto la Ley de Migraciones para prohibir el ingreso o expulsar a extranjeros que expresen mensajes de odio al país, una medida que aún debe revisar el Congreso y que abre las puertas a la discrecionalidad, según expertos.
La nueva normativa publicada hacia la medianoche del miércoles prevé la expulsión y la cancelación de residencia para los extranjeros que incurran en esas conductas.
El Congreso debe avalar la validez del decreto que está vigente en tanto avance el trámite legislativo.
“El decreto no es claro y tampoco hay certezas de qué tan aplicable es”, dijo a la AFP Lucía Galoppo, abogada del equipo de trabajo internacional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Según el decreto presidencial, las medidas se aplicarán a quienes hayan “dirigido mensajes de odio en forma oral o escrita, o incitado a la violencia contra el pueblo argentino en su conjunto, o contra algún ciudadano argentino, motivado en la nacionalidad de este último”.
“Haber realizado o participado en actos de ultraje de símbolos patrios nacionales; o haber incitado a cometer cualquiera de los actos previstos por el presente inciso”, agrega.
Sin embargo “no especifica qué es un discurso de odio, cómo se van a detectar, con qué criterio y cómo van a determinar quiénes son los emisores de esos discursos” para aplicar las sanciones, señaló Galoppo.
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“Todo eso lo vuelve difícil de aplicar y discrecional porque deja demasiados huecos que el Estado podría completar con criterios arbitrarios”, agregó.
La medida generó rechazo en sectores opositores. Leonel Chiarella, presidente de la Unión Cívica Radical (UCR, centro), dijo en X que “el DNU del presidente es inconstitucional” y consideró que el Congreso “debe rechazarlo expresamente”.
El diputado Agustín Rossi, de bloque peronista (centroizquierda), dijo que “excusándose en la campaña antiargentina, Javier Milei avanza en su política contra los migrantes” y afirmó en X que el decreto “replica la lógica antiinmigración de (el presidente estadounidense Donald) Trump”.
Cambio de época
Argentina ha sido históricamente un país abierto a la inmigración que ha asegurado igualdad de derechos en salud, educación y vivienda para sus residentes, así como derechos civiles que están garantizados por la Constitución.
“Da un poco de miedo, espero que esto no avance”, dice a la AFP sobre el decreto Felipe, un colombiano de 43 años que vive en Buenos Aires desde 2009. “Adoro a Argentina por todo lo que me ha dado y me sigue dando”, añade.
El presidente derechista, que buscará la reelección en las presidenciales de 2027, resolvió la medida luego de denunciar días atrás la existencia de una supuesta “campaña antiargentina”, de la que no aportó pruebas.
Milei dijo que está financiada por los gobiernos de Brasil y México y el Partido Demócrata estadounidense, en aparente referencia a críticas que se viralizaron en redes sociales al margen del Mundial de fútbol.
“Milei trata de capitalizarlo en su favor en un momento en donde las perspectivas económicas no son buenas para la mayoría de la población”, explicó a la AFP el politólogo e investigador de la Universidad de San Martín Iván Schuliaquer.
“Lo particular que tiene la derecha en Argentina es que no es nacionalista para nada. Milei se ha mostrado muy en contra de agendas nacionales, por ejemplo tratando que quitar todo límite a la compra de tierras por parte de extranjeros y también priorizando sus viajes a Estados Unidos y a Israel más que al propio interior de Argentina”, dijo.
El decreto aclara que “en ningún caso” castigos como la expulsión del país pueden aplicarse para “aquellas expresiones de disenso ideológico o de crítica política, académica o ciudadana, que constituyan un legítimo ejercicio de los derechos consagrados constitucionalmente”.
Argentina atraviesa una crisis diplomática con Brasil, luego de que Milei participara en un mitin político opositor en Sao Paulo, en el cual se refirió al presidente Luiz Inácio Lula da Silva como “ladrón” y “presidiario”.
Milei suele incluir insultos y expresiones peyorativas en sus discursos. A la prensa la llama “ensobrada” (corrupta) y a sus opositores políticos los ha calificado de “mandriles”, “inmundos” o “parásitos mentales”.
“Resulta contradictorio que el gobierno que dice que la libertad de expresión debería ser absoluta y así justifica por ejemplo los ataques vía redes sociales con insultos y amenazas, diga en este caso que hay que limitar la libertad de expresión”, dijo Schuliaquer.
- Fuente: AFP
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Alliana aclara que la opinión de Leite sobre la chapa presidencial fue “a título personal”
El vicepresidente Pedro Alliana, y candidato a presidente de la República, por el movimiento Honor Colorado, salió al paso de las declaraciones del senador Gustavo Leite, quien había afirmado que es imposible pedir que “todos estemos de acuerdo con cómo será la dupla presidencial (ya que) somos un partido democrático”.
El legislador aseguró hoy miércoles que la dupla presidencial de Honor Colorado para el 2028 “es Pedro Alliana - Juan Carlos Baruja, punto”.“
Al respecto, el presidente en ejercicio puso énfasis al afirmar que en la Asociación Nacional Republicana (ANR) la disciplina se marca con respeto a las personas y el rol que le han asignado es designar y anunciar un vicepresidente.
“La opinión del senador Gustavo Leite sobre postulación a la Vicepresidencia no representa en absoluto mi postura. Soy fiel al compromiso asumido de ser responsable del anuncio del candidato a vicepresidente al final de las elecciones municipales y mientras sea candidato ese plazo se va a cumplir”, escribió en sus redes sociales.
Alliana siguió con su posteo afirmado que un candidato de Honor Colorado es fiel a su palabra y no duda en el cumplimiento de sus compromisos.
El presidente de la República en ejercicio se ratificó en su postura de definir a su dupla presidencial luego de las elecciones municipales del próximo 4 de octubre. Sin embargo, reiteró que, si debe tomar una decisión en este momento, prefiere al ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Juan Carlos Baruja, para el precandidato a la vicepresidencia rumbo al 2028.
“Si es por mí, si yo hoy tengo que tomar una decisión, yo me juego por Juan Carlos, pero hay cuestiones que todavía tenemos que llevar adelante”, indicó Alliana, este miércoles, al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media. No obstante, aseguró que, a pesar de esta preferencia personal, aún falta un proceso interno en el movimiento Honor Colorado para definir a su compañero de fórmula.
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