Desde Itaipú reconocen que se cajoneó denuncia de acoso y no se derivó a la Fiscalía
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La Itaipú Binacional emitió un comunicado mediante el cual admite que prefirió “cajonear” una denuncia por acoso laboral y sexual en contra de un alto funcionario del ente y tratarla de forma interna alegando que no había suficientes elementos probatorios para realizar el traslado a la Fiscalía. De esta forma, Gerardo Soria, director de Responsabilidad Social, conocido como “jefe de escritorio”, fue salvado de una investigación por parte del Ministerio Público.
La nota con la denuncia presentada ante la Defensoría de Itaipú por la supuesta afectada señala acoso sexual y laboral contra el empleado Gerardo Atanasio Soria Dávalos, según una publicación de la Unidad de Investigaciones de Nación Media. Esto dio lugar a un sumario administrativo al alto funcionario y que fuera instruido en octubre del 2022 por el director jurídico Juan Rafael Caballero.
“En esta investigación sumarial se efectuaron diversas diligencias, tales como declaraciones testificales e informes de divisiones administrativas internas. Se concluyó que no han existido elementos probatorios para acreditar la veracidad de la denuncia, consecuentemente el sumariado fue sobreseído”, dice el comunicado publicado por la hidroeléctrica este martes 21 de febrero.
De esta manera, Itaipú reconoce que no dio aviso de este caso al Ministerio Público para su investigación y que decidió archivar el caso desestimando la denuncia de una funcionaria que en octubre del 2022 afirmó ser víctima de acoso laboral, discriminación y maltrato por parte de Soria.
Comunicado emitido este martes 21 por la Itaipú donde reconocen que cajonearon denuncia por acoso. Foto: Gentileza.
La binacional indica que tras conocerse el hecho, la Dirección Jurídica instruyó un sumario administrativo contra el “jefe de escritorio”; no obstante, terminaron desestimando la causa, favoreciendo al alto funcionario quien es señalado por haber sido ubicado en el puesto por el presidente de la República, Mario Abdo, en plena pandemia.
Esta acción favorable para Gerardo Soria fue celebrada por el mismo a través de sus redes sociales, quien manifestó que la denuncia radicaba en una “intención de dañar su buen nombre y perjudicar a su familia”. El nombre del alto funcionario empezó a sonar mediáticamente tras su designación en la binacional como “jefe de escritorio”, cargo que le fue otorgado en plena pandemia. Posteriormente fue asignado como director de Responsabilidad Social de Itaipú, donde percibe un ingreso que ronda los G. 52 millones al mes.
Itaipú omitió hecho punible
El abogado Martín Barba indicó que la Itaipú Binacional no tuvo una actuación correcta en el marco de esta causa, dado que, habiendo recibido una denuncia por la comisión de un hecho punible dentro de la institución, decidió hacer caso omiso y no reportar el caso ante el Ministerio Público.
“Si el acosador es el director de un área, quién es el investigador que va encima de él investigándolo si el que va a hacer el sumario es un funcionario de menor rango. La entidad tuvo que haber puesto en conocimiento del Ministerio Público el hecho punible de acoso, cuando una funcionaria hace una denuncia como esa tiene un tratamiento administrativo, pero se tiene la obligación de denunciar a la Fiscalía para que investigue”, aseveró el abogado.
Añadió que la omisión realizada por la Itaipú corresponde a otro hecho punible, puesto que estaba en conocimiento de un presunto delito. “Puede ser que la funcionaria no haya tenido la suficiente fuerza o información de que se denuncia, además de hacer la denuncia en su lugar de trabajo debía hacerlo en la Fiscalía. Si un funcionario tiene a su cargo un sumario como ese debe denunciar”, reiteró.
El mensaje que deja la hidroeléctrica con este cajoneo de la denuncia apunta a que futuras víctimas no se animen a denunciar hechos similares, lamentó el abogado. “Debería haber un protocolo a seguir en todas las instituciones públicas, pero no les conviene y en la mayoría de los casos resuelven de esta manera, seguimos en esta nebulosa y dejan mensajes claros como para que nadie se anime a volver a denunciar”, expresó.
Derlis Antonio Gauto Santacruz fue designado por decreto como director financiero interino de Itaipú Binacional, en reemplazo de Rafael Demetrio Lara Valenzuela. Foto Itaipú
Alliana nombra a Derlis Gauto como director financiero interino de Itaipú
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El presidente de la República, Pedro Alliana, designó a Derlis Antonio Gauto Santacruz como nuevo director financiero interino de Itaipú Binacional, en reemplazo de Rafael Demetrio Lara Valenzuela, informaron este viernes de noche. El nombramiento quedó establecido mediante el Decreto N.º 7230 y estará sujeto al acuerdo del Senado.
Según indicaron, Gauto cuenta con antecedentes profesionales dentro del ámbito financiero y de la propia estructura de Itaipú. De acuerdo con la Memoria Anual 2023 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de Itaipú Binacional (Cajubi), se desempeña como gerente financiero de la entidad desde el 6 de noviembre de 2023.
Asimismo, registros institucionales de Itaipú consignan que ingresó a la binacional el 11 de enero de 2005, como profesional universitario sénior II, con sede en Ciudad del Este.
Su trayectoria también está vinculada a la Fundación Tesãi, donde fue mencionado en publicaciones institucionales de 2025 en su condición de gerente financiero.
Con esta designación, Gauto asumirá de manera interina la conducción del área financiera de la hidroeléctrica, mientras se completa el procedimiento correspondiente para su nombramiento.
Caso Ueno: Fiscalía imputa por asociación criminal a Peña y cinco autoridades del BCP
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La Fiscalía formuló este viernes 13 de noviembre una nueva imputación por el supuesto hecho punible de asociación criminal contra el expresidente de la República Santiago Peña y cinco autoridades y exautoridades del Banco Central del Paraguay (BCP), en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades financieras que derivaron en el colapso de Ueno Bank.
El Acta de Imputación N.º 9, correspondiente a la causa penal N.º 92/2026, sostiene que los investigados habrían integrado una estructura organizada y jerárquica dentro del aparato estatal para favorecer los intereses del conglomerado empresarial Grupo Vázquez, controlador de la entidad bancaria.
La nueva imputación alcanza a Santiago Peña Palacios, expresidente de la República; Carlos Carvallo Spalding, expresidente del BCP; Holger Insfrán Ibarrola, exsuperintendente de Bancos; y los exdirectores Marco Aurelio González Maldonado, Liana Emilce Caballero Krauze y Miguel Ángel Mora.
En el caso de los tres exintegrantes del directorio, la Fiscalía también atribuye otros hechos punibles relacionados con presuntas omisiones de supervisión y el manejo de documentos oficiales.
Peña habría encabezado la presunta estructura criminal
Según la hipótesis del Ministerio Público, Santiago Peña habría utilizado su posición como presidente de la República para colocar y mantener en cargos estratégicos a personas de su confianza o con vínculos corporativos previos.
Los investigadores sostienen que estas designaciones habrían permitido establecer un esquema de protección institucional para Ueno Bank, mediante la participación de autoridades encargadas de regular y supervisar el sistema financiero.
La Fiscalía señala que Peña habría actuado como jefe de la presunta organización, mientras que los demás integrantes habrían cumplido funciones específicas desde sus respectivas responsabilidades públicas.
En ese contexto, el documento menciona la designación de Carlos Carvallo, expresidente de financiera ueno, como titular del BCP, además de la permanencia de Holger Insfrán en la Superintendencia de Bancos y la actuación de los tres integrantes del directorio. La imputación sostiene que el objetivo de la presunta estructura habría sido subordinar los mecanismos de control financiero a los intereses particulares del Grupo Vázquez.
Reuniones reservadas con Miguel Vázquez en Mburuvicha Róga
Otro de los aspectos centrales del acta fiscal es la presunta relación entre el expresidente Peña y Federico Miguel Vázquez Villasanti, principal referente del conglomerado empresarial. Los investigadores sostienen que ambos habrían mantenido reuniones reservadas en Mburuvicha Róga para coordinar necesidades e intereses del grupo financiero.
De acuerdo con la imputación, Peña habría impartido directivas destinadas a evitar la intervención de Ueno Bank y frenar las alertas públicas relacionadas con su situación de insolvencia.
El documento también menciona el presunto hallazgo y entrega de USD 200.000 en efectivo, distribuidos en sobres dentro de la residencia presidencial, como parte de las contraprestaciones ilícitas que la Fiscalía atribuye al exmandatario. Estas afirmaciones forman parte de la hipótesis fiscal y deberán ser acreditadas durante el proceso penal.
Carvallo habría ocultado información sobre la insolvencia
La imputación también señala a Carlos Carvallo Spalding, expresidente del Banco Central, como uno de los presuntos responsables de impedir la aplicación oportuna de los mecanismos regulatorios. Según el Ministerio Público, Carvallo habría paralizado procedimientos de regularización y suscrito documentación dirigida al Congreso Nacional que no reflejaba íntegramente las advertencias técnicas sobre la situación financiera de Ueno Bank.
En particular, se cuestiona la Nota BCP/P N.º 016/2026, remitida a la Cámara de Senadores, cuyo contenido habría omitido información relevante sobre operaciones financieras investigadas. La Fiscalía sostiene que estas actuaciones habrían contribuido a mantener la operación del banco sin restricciones, pese a los informes que advertían sobre su deterioro patrimonial.
En cuanto a Holger Insfrán, la Fiscalía sostiene que habría utilizado su posición al frente de la Superintendencia de Bancos para evitar la aplicación de medidas correctivas. Entre los hechos investigados figura la venta de una cartera crediticia de Ueno Bank a Vinanzas S.A. por USD 74,4 millones, operación que, según los informes técnicos, habría sido financiada indirectamente con recursos del propio banco.
El Ministerio Público también cuestiona el tratamiento dado a un informe elaborado por el exgerente de Supervisión Fernando Rivarola, fechado el 10 de julio de 2026, que advertía sobre presuntas irregularidades en esa operación. De acuerdo con la hipótesis fiscal, la falta de aplicación de sanciones y medidas preventivas habría permitido que la entidad continuara captando fondos del público.
Exdirectivos del BCP habrían permitido continuidad de operaciones
La imputación atribuye a Liana Caballero, Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González presuntas omisiones en sus deberes de control como integrantes del directorio del Banco Central. Según la Fiscalía, los tres habrían conocido las alertas relacionadas con el deterioro patrimonial de Ueno Bank desde junio de 2026, sin impulsar oportunamente las medidas previstas en la legislación bancaria.
El acta señala que, pese a los informes técnicos disponibles, el directorio se habría limitado a disponer la apertura de un sumario administrativo, sin ordenar la suspensión preventiva de determinadas operaciones. En particular, la Fiscalía atribuye a Marco Aurelio González una presunta participación directa en la modificación de un informe institucional remitido al Senado, que habría omitido observaciones técnicas relevantes.
Respecto de Liana Caballero, sostiene que habría recibido una versión del documento cuestionado sin promover posteriormente una rectificación oficial. En cuanto a Miguel Ángel Mora, los investigadores señalan que habría presidido interinamente una sesión del directorio en la que no se impulsaron medidas más restrictivas contra la entidad financiera.
El Ministerio Público sostiene que la presunta actuación coordinada de los investigados permitió que Ueno Bank continuara operando entre junio y octubre de 2026, pese a las observaciones sobre su solvencia. En ese periodo, la entidad habría desarrollado campañas comerciales para atraer nuevos depósitos y certificados de depósito de ahorro, incluyendo promociones con reintegros del 50 %.
La Fiscalía considera que la continuidad de estas operaciones habría incrementado la exposición del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y comprometido recursos públicos y previsionales. El acta señala que, al 30 de septiembre de 2026, los fondos públicos depositados en la entidad ascendían a aproximadamente G. 3,6 billones y USD 233,4 millones.
La situación desembocó en el procedimiento de resolución dispuesto por el BCP el 2 de noviembre, luego de constatarse que la solvencia del banco había caído por debajo del límite establecido por la normativa.
Prisión para González y arresto domiciliario para Caballero y Mora
La nueva imputación también contiene solicitudes de medidas cautelares contra los exintegrantes del directorio del BCP. El Ministerio Público requirió la prisión preventiva de Marco Aurelio González Maldonado, mientras que para Liana Caballero Krauze y Miguel Ángel Mora solicitó arresto domiciliario.
Asimismo, pidió la inhibición general de vender y gravar bienes de los tres imputados y la identificación de sus cuentas, depósitos, inversiones y otros activos financieros, a fin de determinar eventuales medidas de inmovilización.
Nueva dimensión en la investigación
La imputación por asociación criminal representa una ampliación de la investigación que inicialmente apuntaba a presuntas irregularidades financieras, omisiones de supervisión y decisiones administrativas relacionadas con ueno bank.
Ahora, el Ministerio Público sostiene la hipótesis de que los hechos no habrían respondido únicamente a actuaciones individuales, sino a una presunta organización que habría funcionado mediante una división de tareas entre autoridades del Poder Ejecutivo y del Banco Central. La Fiscalía atribuye a Santiago Peña el supuesto liderazgo político de esa estructura y a las autoridades del BCP la presunta utilización de sus cargos para favorecer la continuidad operativa del banco.
Presunto esquema criminal encabezado por el expresidente Santiago Peña. Foto: Gentileza
Autoridades partidarias y dirigentes de Alto Paraná piden cambio de Justo Zacarías
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Presidentes y miembros de seccionales, convencionales de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y dirigentes de Alto Paraná emitieron una postura sobre la preocupante situación que envuelve a la resolución de Ueno Bank y sus consecuencias, en este caso para las entidades del Estado, y en especial para la Itaipú Binacional.
En un comunicado a la opinión pública, las autoridades partidarias y dirigentes exigieron la destitución inmediata del director de la Itaipú, Justo Zacarías, y de todo funcionario implicado, como así también la apertura de una investigación fiscal, sin demoras, por el presunto “latrocinio del dinero público”.
“Expresamos nuestra profunda indignación ante la colocación irresponsable de USD 163,8 millones y G. 115.200 millones de recursos vinculados a Itaipú a Ueno Bank. Se trata de una operación que compromete dinero público y exige explicaciones inmediatas, claras y documentadas”, exhorta el escrito emitido por la dirigencia altoparanaense.
Con estos argumentos, la nota refiere: “Ante la gravedad de los hechos y los cuestionamientos a la gestión de la dirección general paraguaya, exigimos la destitución inmediata de Justo Zacarías Irún. La ciudadanía no puede conformarse con exusas ni comunicados: quienes administran recursos públicos deben responder por sus decisiones”.
Así también, exigen a la fiscalía que actúe de manera inmediata, realizar una investigación sobre los que autorizaron, ejecutaron o encubrieron la operación, y se determine si hubo hechos punibles. “Si existieron cómplices o encubridores, deben ser identificados, llevados ante la justicia. No puede haber protección política ni privilegios para nadie. El presunto latrocinio del dinero público debe esclarecerse hasta el final. El silencio y la impunidad no son una opción”, reza el comunicado.
Un grupo de presidentes de seccionales, convencionales y autoridades comunales del departamento de Alto Paraná dieron a conocer un manifiesto de respaldo a la gestión del director paraguayo de Itaipú Binacional, Justo Zacarías. Foto: Archivo
Alto Paraná: dirigentes colorados respaldan la gestión del director de Itaipú
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Un grupo de presidentes de seccionales, convencionales y autoridades comunales del departamento de Alto Paraná dio a conocer un manifiesto de respaldo a la gestión del director paraguayo de Itaipú Binacional, Justo Zacarías.
La demostración de apoyo se da en medio de los cuestionamientos por los fondos públicos de Itaipú depositados en Ueno Bank, entidad que fue intervenida por el Banco Central del Paraguay (BCP) y que se encuentra en proceso de resolución. La binacional presentó una denuncia penal contra directivos del banco para buscar recuperar esos recursos.
Los dirigentes de Ciudad del Este, Hernandarias, Minga Guazú y otros distritos del departamento de Alto Paraná resaltaron la apertura al diálogo de Zacarías y afirmaron que seguirán trabajando junto a él por el desarrollo de la región.
Zacarías Irún dio la bienvenida este miércoles al vicepresidente de la República, Antonio Barrios, quien se trasladó hasta la ciudad de Hernandarias para participar de la apertura del Paraguay Business Week (PBW) 2026.
El director general paraguayo de Itaipú junto a otras autoridades de la Binacional, recibieron en el aeropuerto de la Entidad a la comitiva de la Vicepresidencia.
El Paraguay Business Week arranca hoy miércoles, 11 de noviembre y culmina el viernes 13 de noviembre, en el Centro TASK del Parque Tecnológico Itaipú - Paraguay (PTI-PY), situado en Hernandarias.
Este evento es impulsado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a través de REDIEX, y cuenta con el apoyo de la entidad binacional.