Tras confirmarse el desenlace del secuestro del ciudadano sudafricano, Daniel Christiaan Bruewer Coetzee, de 75 años, con el hallazgo de su cuerpo sin vida este viernes en la zona de la colonia Santa Cecilia, a cinco días de su rapto en el distrito de Independencia (Guairá) mientras realizaba su caminata habitual, toda la comunidad quedó impactada y por sobre todo temerosa de que este tipo de hechos empiecen a darse por la zona.
“Es un momento muy difícil y triste, es la primera vez que ocurre esto, siempre fuimos una ciudad tranquila”, manifestó el intendente de Independencia, José Resquín, en comunicación con la 1020 AM, mientras salía de la zona del hallazgo del cuerpo que fue a metros de una escuela en un lugar descampado.
José Resquín comentó, que Daniel Bruewer no manejaba mucho el idioma español, pero que nunca tuvo ningún inconveniente con nadie de la ciudad, sino todo lo contrario, era una persona conocida por su carácter amable. “Es muy cobarde lo que hicieron estos autores, era un señor tranquilo y además ya tenía 75 años, no tiene sentido lo que le hicieron”, sentenció.
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Durante los días del secuestro se dio solo una llamada entre la víctima y su familia, donde según los investigadores, los captores solicitaban 300.000 dólares para liberarlo, en esta oportunidad la propia víctima habló con su esposa en un dialecto africano que complicó la investigación debido a la dificultad
Las investigaciones en torno al caso de Daniel Christiaan Bruewer Coetzee continúan, y desde el departamento de Investigaciones de la Policía Nacional manejan varias hipótesis sobre la desaparición y posterior muerte del hombre, incluso se está indagando el entorno familiar.
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Tribunal de Apelación dio luz verde al juzgado para audiencia preliminar a Miguel Prieto
El Tribunal de Apelación dio vía libre para que al juez Humberto Otazú pueda llamar a audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. Esto, a fin de definir si eleva o no a juicio la causa por supuesta de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, en la causa de presunta corrupción municipal por la compra de alimentos durante la pandemia.
El intendente esteño se encuentra en un proceso judicial con audiencia preliminar pendiente por el presunto perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, por pago concretado por mercaderías inexistentes, durante su gestión al frente de la Municipalidad de Ciudad del Este, en época de pandemia.
Ante esto, el Tribunal de Segunda Instancia confirmó la decisión del juez que había rechazado un recurso de la defensa. En la resolución, los camaristas alegan que la sola presentación de la acción de inconstitucionalidad, en este caso, no impide que el proceso avance, desestimando así el cuestionamiento de la defensa de Prieto.
Con la confirmación de la resolución del juez Humberto Otazú por parte del Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado Primera Sala, se deberá fijar una fecha para la diligencia pendiente.
El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas, de acuerdo a la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez.
En la carpeta fiscal se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19.
Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.
Otros imputados
Además del intendente Prieto, otras 11 personas afrontan cargos por el millonario perjuicio a la comuna esteña, tras la adquisición de insumos para la fabricación de panificados, para familias de escasos recursos durante la pandemia, con supuestos fines sociales.
Los demás imputados son Buena Ventura Morínigo, propietario de Tajy Construcciones (proveedor adjudicado); Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi S.A.; Robert Osmar Florentín Silvero, socio de Vanemi; Richard Ayala Ávalos, oferente de la licitación; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la UOC de la municipalidad.
La lista sigue con Sebastián Martínez Insfrán, director de desarrollo social y actual concejal; Alex Yamal Samhat González, jefe de planta procesadora de alimentos de la municipalidad y administrador del contrato; Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, jefe de adquisición y suministros de la comuna; Cirle Elizabeth Alcaráz Ramírez, encargada de órdenes de pago del municipio y Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero.
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Fiscalía impulsa allanamientos por compra fraudulenta de Miguel Prieto durante la pandemia
El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.
La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.
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Allanamiento al Pabellón de Contingencia de CDE
Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.
Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.
Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.
En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.
“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.
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Imputan a segundo presunto involucrado en el asesinato de comerciante en Misiones
Durante un operativo realizado en el barrio San Francisco del distrito Doctor Juan Eulogio Estigarribia, ex Campo 9, en el Departamento de Caaguazú, fue detenido un hombre que estaría involucrado en el asesinato del comerciante Juan de Dios Ayala, reportado el pasado miércoles 9 en la ciudad de San Ignacio Guazú, en Misiones.
El hombre fue identificado como Alcidio Obregón Benítez, de 34 añkos; el mismo cuenta con dos órdenes de captura pendientes y antecedentes penales por hurto agravado. El fiscal de la causa, Édgar Ortiz, confirmó la imputación del mismo por el homicidio del empresario.
“Ayer fuimos informados por la policía de la detención de este hombre en Caaguazú. Aún no podemos divulgar mayores informaciones respecto al proceso y el avance de la investigación. Hasta el momento existen dos personas detenidas e imputadas, una de ellas una adolescente de 15 años”, comentó el fiscal Ortiz.
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El mismo especificó que no puede descartar que más personas sean imputadas en torno al caso, ya que el crimen continúa siendo investigado por las autoridades locales, puesto que es necesario aún aclarar varios puntos en torno al hecho.
En cuanto a si el asesinato se habría tratado de un intento de robo teniendo en cuenta que el vehículo del fallecido fue encontrado a varios metros de la vivienda, el representante del Ministerio Público comentó que la hipótesis principal es que no se trató de un intento de robo, sino que el vehículo fue utilizado para la huida de los autores, quienes finalmente decidieron abandonar la camioneta en marcha.
Juan de Dios Ayala Almirón, de 68 años, más conocido como Sureño, quien era propietario de un supermercado en San Ignacio Guazú fue encontrado sin vida en el interior de una vivienda ubicada en la compañía Arroyo Karē del distrito de Santa María, departamento de Misiones. Su cuerpo presentaba un impacto de bala a la altura del cuello.
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Primer magnicidio: usando como munición la pata de una olla, en 1877 mataron al presidente Gill
Por Lourdes Torres - Periodista - lourdes.torres@nacionmedia.com
Era la mañana del 12 de abril de 1877, el joven presidente de la República del Paraguay, Juan Bautista Gill, que entonces tenía 37 años, estaba realizando su tradicional caminata por la entonces calle Villarrica, hoy Presidente Franco. Al alcanzar el cruce con Independencia Nacional, lo aguardaban los conspiradores que le dispararon con una escopeta a la altura del estómago, causándole la muerte casi al instante.
Semanas atrás, en una edición de Paraguay en la Historia, hablamos del magnicidio en la era democrática, el asesinato del vicepresidente Luis María Argaña. Pero este episodio no fue el único magnicidio en toda la historia del país, ya que en la post guerra contra la Triple Alianza se dio un episodio similar cuando fue asesinado el presidente de la República, Juan Bautista Gill, a la luz del día y en pleno microcentro de Asunción. Te contamos este negro episodio de la historia.
La Nación/Nación Media conversó con el historiador contemporáneo Claudio Velázquez, quien comenzó explicando el contexto socio-político que vivía Paraguay en la post guerra de la Triple Alianza. Señaló que Juan Bautista Gil asumió la presidencia de la República en noviembre de 1874, en reemplazo a Salvador Jovellanos.
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Favorecido por los brasileños
Durante la post guerra, Gill supo ganarse el favor del Ejército brasileño, que en aquel tiempo ocupaba Asunción. “Para tener una idea de la fuerza que ejercía el Ejército brasileño, había más de 2.000 a 2.500 brasileños que formaban parte del ejército de la post guerra, mientras que el ejército paraguayo, la fuerza de policía le daba con suerte a 700 efectivos, eran muchísimos más brasileros. Gill supo ganarse la causa brasilera y era cuestión de tiempo nada más para que asumiera la Presidencia”, explicó.
Previamente, fue ministro de Hacienda con algunos polémicos cuestionamientos por el despilfarro de los dos grandes empréstitos que hizo Paraguay en el periodo de post guerra. Aun así, asumió el Gobierno, en gran mayoría gracias al favor de los brasileros.
En ese proceso de ser ministro de Hacienda, luego presidente, habiendo ganado el favor de los brasileros, Juan Bautista Gill fue un personaje que en ese camino político se ganó de muchos enemigos. Justamente esos adversarios políticos fueron los que tramaron el primer magnicidio en el Paraguay.
“Gran parte de ese crimen se debe a que, para abril de 1877, ya no estaban las fuerzas de ocupación brasilera en Asunción. Gill ya no tenía protectores que pudieran tutelarle, entonces, esa situación es plenamente aprovechada por sus adversarios para asesinarlo”, precisó.
Mentores y autores del crimen
El historiador señaló que uno de los principales adversarios políticos fue Juan Silvano Godoy, un intelectual del Derecho, político y autor paraguayo. Él fue quien organizó y planificó el asesinato de Gill con ayuda de su hermano Nicanor, Matías Goyburú y José Dolores Molas, el legendario “Pai-Loló”, de la pasada guerra.
“El presidente Juan B. Gill realizaba su caminata tradicional, sobre la calle Villarrica, que hoy se conoce como Pte. Franco. Una cuadra antes de su intercepción con Independencia Nacional, curiosamente la esposa de su vicepresidente Higinio Uriarte, quien era su primo a la vez, lo ve desde una ventana y le advierte que existen rumores sobre una conspiración en la cual pretendían asesinarlo”, comentó.
Gill, en su carácter soberbio, le dijo que no se preocupara que estaba bien cuidado. Pero una cuadra después, llegando a la citada intersección, estaban sus asesinos esperándolo José Dolores Molas y Nicanor Godoy, hermano de Juan Silvano Godoy. El historiador señaló que, de acuerdo a los comentarios, ante la falta de proyectiles usaron las patas de un soporte de ollas.
Indicó que Gill estaba acompañado de dos edecanes (oficiales de alta graduación que eran sus escoltas), quienes también resultaron heridos. A partir de ahí inició una huida de los asesinos de Gill, porque rápidamente reaccionó la Policía ante este magnicidio.
Tras el asesinato del presidente Gill, también ese mismo día fue asesinado su hermano Emilio Gill, quien posterior a su muerte se le desmembró las orejas como prueba de que se cumplió con el encargo.
Proceso judicial
Velázquez señaló que tras el crimen se abrió un proceso contra sus asesinos, tanto Juan Silvano Godoy y su hermano Nicanor quedaron impunes debido a que logran huir, cruzando el río Paraná e instalándose en Corrientes. “Sí se abrieron algunos procesos contra José Dolores Molas, y otros personajes. Algunos injustamente fueron endilgados de culpables en este proceso, uno de ellos fue Facundo Machaín”, precisó.
Respecto a este último, el historiador explicó que existían algunas versiones políticas en contra de Facundo Machaín, a raíz de que fue una eminente figura política, y adversarios suyos como Bernardino Caballero y Patricio Escobar no podían verlo prosperar políticamente.
“No encontraron mejor solución para terminar la brillante defensa que ejercía Facundo Machaín en los juicios, que hacer una supuesta intentona de fuga masiva de la cárcel pública que estaba ubicada al lado de la Catedral Metropolitana. La Policía reaccionó y en ese incidente se aprovecha para acabar con la vida de Facundo Machaín, José Dolores Molas y otros a los cuales se les atribuía haber participado del magnicidio de Gill y de esa forma terminó un poco ese proceso del primer magnicidio en la historia paraguaya”, relató.
Finalmente, señaló que, durante los casi 2 años y medio de mandato, Juan Bautista Gil se destaca como obras de gobierno la firma del Tratado de límites, paz, comercio y navegación con la Argentina, firmados por Facundo Machaín y Bernardo de Irigoyen, en la cual se definían los límites fronterizos con el vecino país, posterior a la guerra de la Triple Alianza.
“Durante su gobierno se implementa el código civil argentino, que fue un cuerpo legislativo fundamental para organizar a la sociedad paraguaya. En lo económico, tomó medidas como el estanco del Tabaco, de tal manera existan ciertas recaudaciones para el Estado paraguayo que en aquellos tiempos estaban por el piso”, concluyó.
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