Actualmente el MOPC adeuda cerca de US$ 260 millones al sector tras un pago efectuado a empresas contratistas el año anterior por las obras que se realizaron durante el 2022. Foto: Archivo.
Instan a accionar judicialmente contra el MOPC ante incumplimiento de pagos
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El diputado liberal Celso Kennedy instó a las empresas contratistas y constructoras a impulsar una denuncia en el ámbito judicial contra el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a cargo de Rodolfo Segovia, ante la incapacidad de dar una solución definitiva a la falta de pagos.
“Quienes no cobran deben accionar judicialmente por incumplimiento de contrato. Seguro los afectados cuentan con un contrato a la vista”, dijo mediante una comunicación con el diario La Nación/Nación Media.
Las declaraciones del congresista surgieron ante las denuncias públicas realizadas por pequeñas empresas constructoras del interior del país, quienes no acceden al pago por sus servicios, pese a la existencia de los recursos en el Ministerio de Hacienda.
Al respecto las acusaciones apuntan directamente contra Josefina Adriana Romero Serrati, quien actualmente se desempeña como jefa de gabinete del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), ordenadora de gastos y presidenta del Comité de Evaluación de la mencionada cartera.
Romero Serrati es conocida por ser la madrastra del exministro de Salud Pública Julio Mazzoleni, y sería la que aprueba y desautoriza cualquier tipo de pagos de acuerdo a sus criterios. El diputado del Partido Colorado Derlis Maidana también se hizo eco del conflicto y refirió que “no puede una funcionaria de rango inferior al ministro y viceministro decidir a quien se le paga o no, esto se debe investigar y tomar los recaudos necesarios para que los pagos se den en tiempo y forma. Paraguay necesita funcionarios patriotas y eficientes, comprometidos con el crecimiento económico y el desarrollo del país”.
Actualmente el MOPC adeuda cerca de US$ 260 millones al sector tras un pago efectuado a empresas contratistas el año anterior por las obras que se realizaron durante el 2022. Hay que mencionar que la deuda superaba los US$ 300 millones que, a su vez, incidió en la pérdida de mano de obra para un sector que moviliza a unas 300.000 personas.
“El sector de la construcción es un sector estratégico para la economía de las familias paraguayas se debe solicitar un informe de esta situación de pagos irregulares para poder apoyar a los contratistas y conversar con las autoridades del MOPC sobre cuál es el problema real del pago”, dijo Maidana.
Derlis Maidana, diputado de la ANR. Foto: Archivo.
“Estamos defendiendo jurídicamente la posición del Estado paraguayo y hemos podido ahorrar casi USD 16 millones”, dijo el procurador general del Estado.FOTO: GENTILEZA
El error de Abdo y Wiens fue parar obra, asegura procurador
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A través de gestiones de la Procuraduría General de la República y la asesoría jurídica de la Presidencia se logró evitar el pago de USD 16 millones al consorcio Mota Engil por la obra del metrobús.
El procurador, Marco Aurelio González, resaltó este importante ahorro para el Estado y además enfatizó en que quedó demostrado que el daño principal fue la demolición de la obra que se había hecho hasta ese momento.
“Finalmente, si hablamos de un daño, lo que yo veo es que se pagó el dinero por una obra que fue demolida y para mí la demolición es el perjuicio que existe sobre las arcas del Estado. Los responsables son las personas que destruyeron todo lo que se edificó y ellos son el ministro (del MOPC) y el presidente anterior”, expresó en referencia a Arnoldo Wiens y Mario Abdo, respectivamente.
En conversación con “Buena tarde”, programa emitido por Unicanal, González resaltó que lo que determinó el Tribunal es que se podía rescindir el contrato, pero lo que se critica es el discurso político que dieron, argumentando que hubo incumplimientos, que realmente no existieron, y por eso hoy el Estado está obligado a devolver a la firma USD 2.600.000.
“Creemos que se trataba de un revanchismo político porque iba a significar una obra de envergadura que iba a significar el legado de un gobierno que ellos querían deslegitimar. Vendieron una historia falsa para terminar la obra del metrobús, que iba a incorporarle a Asunción un mecanismo de transporte de vanguardia que necesita la ciudad y de todo eso se le privó, de hecho todo lo construido fue demolido”, aseveró.
La senadora Celeste Amarilla sigue publicando fotos abrazada con su amiga María Isabel Gavilán, representante de LF SA, empresa que alguna vez fue suya y que sigue recibiendo contratos con el Estado.
Senadora Amarilla votó por aumentos siendo parte interesada
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La senadora Celeste Amarilla (PLRA) participó en reiteradas oportunidades en votaciones para aumentar el presupuesto de la Gobernación de Central, institución que contrata de forma constante a una empresa amiga de la legisladora para la provisión de alimentación escolar. La legisladora reconoció en sus declaraciones juradas que seguía cobrando deudas a esa firma en particular.
Juan Carlos Lezcano
Cada uno juzga por su condición, plantea un viejo axioma popular. Refrán ligeramente modificado porque la senadora Celeste Amarilla amenaza con querellas a diestra y siniestra cuando se trata de hablar de sus vínculos e intereses con el alimento escolar.
El refrán hace referencia a lo que en psicología se conoce como proyección: un mecanismo de defensa que consiste en atribuir a otras personas o cosas sentimientos, deseos, cualidades o defectos que no se reconocen o se rechazan en sí mismo.
En la sesión extraordinaria de este miércoles, la senadora liberal acusó a su colega Gustavo Leite de impulsar un proyecto de ley para beneficiar a su amigo. Amarilla no hizo siquiera referencia a la cuestión de si la legislación que beneficia la venta de etanol sería positiva o no.
Y si hay algo de lo que sabe muy bien la senadora Amarilla es de formar parte de debates legislativos que podrían beneficiar a sus amigos o hasta a ella misma.
Central y el interés de Celeste
El caso más reciente de estos debates tuvo lugar el año pasado, cuando Amarilla formó parte de la Comisión Bicameral de Presupuesto (CBP) a la que acudió el gobernador del departamento Central, el también liberal Ricardo Estigarribia.
Estigarribia solicitó una ampliación presupuestaria, alegando que necesitaba de los fondos para poder cumplir con el almuerzo y la merienda escolar a lo largo del 2024.
Y es ahí donde entran los intereses de la hoy senadora liberal. Y es que Celeste Amarilla tiene un vínculo muy cercano con la firma Latin Food SA, otrora llamada Arcángel SA, empresa dedicada a la provisión de alimentos.
De acuerdo con los datos que se desprenden en la web de la DNCP, esta empresa cercana a la senadora Amarilla fue beneficiada con un total de 28 contratos con entidades públicas desde 2010 hasta el presente año.
En total, esta firma recibió la friolera suma de G. 176.809 millones (unos USD 24,2 millones) por parte de instituciones del Estado.
LF Latin Food SA, anteriormente denominada Arcángel SA, es representada por María Isabel Gavián y Patricio Buteler. Esta empresa tiene una cercana relación con la senadora liberal. De acuerdo con la declaración jurada de bienes y renta presentada por la legisladora opositora ante la CGR en 2023, la empresa proveedora de merienda escolar le debe unos G. 124 millones, correspondientes a utilidades de ejercicios anteriores. Además, la legisladora se muestra como una amiga cercana de Gavilán en publicaciones realizadas en redes sociales.
Amarilla declaró una drástica reducción de la deuda de la empresa durante los años del gobierno de Mario Abdo Benítez. En la manifestación de bienes de Amarilla del 2018 figuran deudas a cobrar a Arcángel SA por G. 3.000 millones y en 2019 subió a G. 3.425 millones, ella ya era diputada en ese momento. Al asumir como senadora, sus cuentas a cobrar bajaron a G. 125 millones.
La drástica reducción en las deudas con Amarilla coincidió también con la presencia ininterrumpida de la misma en la Comisión Bicameral de Presupuesto. Es que, de acuerdo con la página web del Congreso, la misma ha formado parte de la CBP todos los años desde 2018.
Es decir, desde que ingresó al Congreso formó parte del estudio del presupuesto de las instituciones que contrataban a la que alguna vez fue su empresa y que le seguía debiendo dinero.
La propia Amarilla reconoce que las empresas proveedoras le deben dinero. Y en su papel de legisladora debe estudiar los presupuestos de las instituciones que contratan a las firmas que le deben dinero.
Central, siempre Central
Volviendo a los vínculos de Amarilla y LF con la Gobernación del departamento Central, los datos revelan que ésta es la que más dinero adjudicó a la firma.
De hecho, el mayor contrato firmado por LF con una entidad pública fue precisamente con el gobierno centralino. En concreto, en 2015 la administración del liberal Blas Lanzoni firmó un contrato de G. 37.000 millones con la empresa que en esa época tenía aún a la hoy senadora (y correligionaria del entonces gobernador) Celeste Amarilla en su nómina accionaria.
De los más de G. 176.809 millones que recibió esta empresa del Estado, la mayor parte provino de la Gobernación de Central. En concreto, fueron G. 130.405 millones de los centralinos los entregados a Latin Food.
El Ministerio de Salud Pública entregó otros G. 30.785 millones a la firma, que tiene entre sus “clientes” a las gobernaciones de Ñeembucú, Misiones, Alto Paraná, Concepción y Amambay. Además, también fue contratada por la Senad y la Municipalidad de Guajayvi.
Más y más intereses
Amarilla también tenía vínculos a la firma Pinoty SA. Entre 2012 y 2019, la firma fue beneficiada con un total de 30 contratos con el Estado, lo que le valió adjudicarse con más de G. 89.559 millones (unos USD 12 millones).
Al igual que LF Latin Food, Pinoty SA tiene una cercana relación con la senadora Celeste Amarilla. De hecho, ambas firmas comparten la misma representante, según Contrataciones Públicas: María Isabel Gavilán. Como ya dijimos líneas arriba, esta empresaria muestra en redes sociales su cercana amistad con la legisladora.
Además, Pinoty SA es una de las deudoras de Amarilla, según su declaración jurada de bienes y rentas. Cuando asumió como diputada, en 2018, la firma le debía a la legisladora liberal más de G. 6.000 millones, suma que se redujo a G. 4.500 millones para 2019.
De acuerdo con la última DD. JJ. de Amarilla, presentada tras jurar como senadora el año pasado, la firma actualmente tiene una deuda de G. 1.611 millones.
La institución que más veces contrató a Pinoty SA fue la Gobernación de Central, con cuatro contratos. Le siguen las gobernaciones de Alto Paraná, Caaguazú y Ñeembucú con tres adjudicaciones cada una.
Nuevamente, Amarilla es una de las que debe analizar primero en la CBP y luego en el pleno del Senado, los pedidos de aumentos de las instituciones que le deben a la empresa que le debe dinero.
Así que, como ya señalamos líneas más arriba, si hay algo de lo que sabe muy bien la legisladora liberal es de votar para favorecer a sus amigos.
El gobierno encabezado por Santiago Peña firmó contrato para la construcción de la ruta que unirá el Puerto Paredón, el más antiguo de Hohenau, con la Ruta PY06. Foto: Gentileza
Día histórico en Hohenau: concretan firma para construir asfaltado Puerto Paredón-Ruta PY06
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Tras años de postergación, el gobierno, a través del Ministerio de Obras y Comunicaciones (MOPC), concretó la firma del contrato para la construcción de la ruta que unirá el Puerto Paredón, el más antiguo de Hohenau, con la Ruta PY06.
Esta vía moviliza hoy la segunda mayor carga granelera en Itapúa, pero hasta ahora no cuenta con una ruta asfaltada. Con esta firma el Gobierno del Paraguay apuesta por el progreso de Hohenau, las Colonias Unidas y todo el departamento de Itapúa.
Para ello, el presidente de la República, Santiago Peña, recibió a los representantes de la empresa constructora, el ingeniero Óscar Franco, presidente de firma Roggio Paraguay; acompañado del representante legal Emilio Gill. Además asistieron la titular del MOPC, Claudia Centurión, y el intendente de Hohenau, Enrique Hahn.
“El gobierno de Paraguay está comprometido con desarrollar todo este importante pulmón económico que es Itapúa y firmamos el contrato de pavimentación desde Hohenau hasta Puerto Paredón. Un contrato que va a ser ejecutado por la firma Roggio”, expresó la ministra Centurión a través de un video que fue divulgado por la presidencia de la República.
A su turno, el jefe comunal de Hohenau agradeció la predisposición del gobierno en invertir por mejores infraestructuras en esa zona del país; resaltando que tanto el presidente Santiago Peña como la ministra de Obras Públicas, tuvieron la oportunidad de recorrer este distrito y conocer las obras que estaban pendientes de ejecución y que habían sido postergadas por el gobierno anterior.
Igualmente, destacó que ya cuenta con la aprobación del Congreso Nacional para la construcción del Parque Industrial, mediante la sanción de la ley que desafecta el terreno donde será instalado el parque industrial, y por donde justamente, pasará el importante tramo que será construido mediante el contrato que fue firmado en la fecha.
Explicó que este tramo a ser construido, permitirá unir el puerto Paredón, ubicado sobre el río Paraná, y conectarse, mediante este tramo, con la Ruta PY06.
La ministra de Obras Públicas destacó que las obras que lleva adelante el Gobierno no son obras aisladas, sino que son todo un sistema de inversión que está siendo liderado por el propio presidente Santiago Peña.
“No solamente tenemos la importante noticia de la construcción del parque industrial, sino que a la vez anunciamos la construcción de este pavimento que unirá Hohenau con Puerto Paredón y pasa justamente en frente al Parque Industrial; así como las ofertas para el dragado del río Paraná, que se recibirán la próxima semana. Es decir, es todo un sistema de inversión que es liderado por el presidente Santiago Peña y se está desarrollando en el sector y que va a dinamizar este importante centro logístico de la zona de Itapúa”, concluyó.
Nueva campaña de Essap exonera intereses para aliviar deudas de usuarios
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La Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. (Essap) lanzó este martes una campaña de exoneración de intereses para usuarios con cuentas morosas, destinada a ayudar en la regularización de sus deudas y aliviar su situación financiera. Esta iniciativa, impulsada por instrucciones del Presidente de la República, estará vigente hasta el 31 de enero de 2025.
Como principal beneficio, la campaña ofrece exoneración total de intereses moratorios para usuarios con cuentas activas y cortadas que puedan realizar el pago al contado. Además, para aquellos que no pueden cancelar la totalidad de su deuda en una sola cuota, Essap facilita planes de fraccionamiento, con un pago inicial mínimo del 10 % y financiación hasta en 36 meses.
La campaña también incluye un descuento del 50 % en recargos administrativos para regularizar conexiones clandestinas o irregulares. Essap habilitó sus Centros de Atención al Público en Asunción, San Lorenzo y oficinas regionales en el interior del país para recibir a los usuarios interesados. Asimismo, se encuentra disponible el número telefónico 021-162 para consultas.