El senador Fernando Silva Facetti impulsa la ley de tobilleras electrónicas para personas procesadas o privadas de su libertad que cuenten con condenas mínimas buscando así contribuir a un cambio determinante sobre la superpoblación carcelaria. Para ello, se reunió con el ministro del Interior, Federico González, para pedir la aplicación de la mencionada propuesta legislativa.

“La ley ya fue establecida en el 2017 para la implementación de los dispositivos electrónicos de control, pero aún no se está aplicando. Es un mecanismo válido que puede ayudar a despoblar nuestros centros penitenciarios que hoy están con casi 17.000 personas privadas de su libertad, de las cuales solo el 30% tiene sentencia, mientras que el resto cuenta con prisión preventiva”, destacó el congresista.

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El parlamentario del Partido Liberal puntualizó que la ley es sumamente importante para otras reglamentaciones relativas al Código Penal, Procesal Penal, Ejecución Penal, así como a lo referente a la niñez, como también a la de violencia doméstica. Recordó que uno de los problemas es que pese a la creación de una mesa de trabajo interinstitucional todavía no se encuentra un mecanismo que active la mencionada ley. El senador habló de la necesidad de establecer labores articuladas que garanticen su eficacia.

“Primero el problema recaía en la supuesta incapacidad para monitorear las tobilleras y ahora se dice que no hay recursos. Por eso la discusión hoy con el Ministerio del Interior es si podemos hacer las correcciones de manera administrativa o si es necesario cambiar algún artículo de la ley para que esta herramienta sea útil”, expresó.

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Resaltó además que para el Ministerio de la Mujer la reglamentación no solo es urgente, sino también una prioridad porque puede garantizar que el victimario no se acerque a la víctima cuando se habla de un caso de violencia doméstica. En otro escenario, se habla de un mayor control sobre personas que deben guardar prisión domiciliaria, garantizando que las mismas cumplan con la medida establecida.

“Quedamos en establecer una mesa de trabajo para la semana que viene para ir cerrando estos puntos que hacen a la aplicabilidad de la ley. Si no hay financiamiento, evidentemente la otra opción sería una concesión del Estado para que una empresa privada preste este servicio al sistema de seguridad”, subrayó Silva Facetti.

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