La senadora Hermelinda Alvarenga manifestó estar en contra de la reelección a la presidencia de Jorge Bogarín como presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), tal decisión tomada semanas atrás por la mesa directiva va en contra de la Ley 6418/21, aseguró. “No podemos hacer un atropello a la justicia, a la Constitución Nacional y a las leyes”, aseveró.
En conversación con la 1020 AM la legisladora afirmó que su postura es clara respecto a la reelección de Bogarín y que en la sesión de este martes 14, propondrá tratar el tema, esto sí es que no está incluido en el orden del día de la sesión del JEM. “La ley 6814/21 es muy clara y dice que no puede ser reelecto el presidente, en este caso Jorge Bogarín, tenemos que hacer bien las cosas para que la ciudadanía confíe en nosotros y en la justicia”, expresó.
De acuerdo a lo que explicó la parlamentaria, quien recientemente fue designada como representante titular de la Cámara de Senadores en el Jurado, la mencionada ley señala que el presidente del JEM podrá ser reelecto, pero de forma alternada, no consecutiva, por lo que la presidencia de Bogarín va en contra de lo que dispone las leyes.
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“Estoy de acuerdo con la nulidad del acto porque si no corresponde no hay que hacerlo, no podemos hacer un atropello a la justicia, a la Constitución y a las leyes, tenemos que hacer lo que corresponde, para eso nos designan y ayer 32 colegas me confiaron esa responsabilidad, no puedo ir en contra de lo que me comprometí a hacer”, remarcó.
A las 13:30 de este martes, los senadores Ramón Retamozo y Hermelinda Alvarenga tomarán juramento como miembros titulares del JEM y posterior a eso, participarán de la sesión ordinaria. La designación de ambos legisladores se dio luego de que Fernando Silva Facetti y Enrique Bacchetta, hayan presentado su renuncia al Jurado el pasado 1 de febrero.
Respecto a la postura de Retamozo sobre el caso de Bogarín, indicó que supone que tiene la misma posición y espera que dentro del JEM se pueda lograr un consenso sobre este punto. “Creo que tenemos un posicionamiento parecido, supongo que es la postura que corresponde, no creo que la confianza que le dieron los compañeros parlamentarios vaya a defraudar”, puntualizó.
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“Existe respaldo político muy fuerte y cero grietas”, afirma asesor jurídico de la Presidencia
Roberto Moreno, asesor jurídico de la Presidencia, salió al paso de las publicaciones periodísticas impulsadas desde los medios de comunicación a fines al sector de la oposición que pretenden instalar la existencia de una supuesta grieta entre técnicos y políticos en el gabinete del presidente de la República, Santiago Peña.
“Lo peor que hay es mentirle a la gente, si yo diría que existe un 1 % de crisis estaría mintiendo porque hay cero grieta. Existe un respaldo político muy fuerte. Esto forma parte de una narrativa, es valida porque estamos finalmente en política y cada uno hace sus especulaciones” manifestó en una entrevista con el programa “Cara o cruz” emitido por Unicanal.
Las publicaciones periodísticas referían que las tensiones entre el ala técnica y política, se evidenciaron tras la reciente negociaciones entre el gobierno de Peña y su homologó brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, que permitió el establecimiento de una nueva tarifa en la entidad binacional Itaipú a USD 19,28 kW/mes, el cual significará para nuestro país un total de 1.250 millones de dólares por año.
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Señalan a la vez que el supuesto malestar se concentra principalmente entre la jefa de gabinete de la presidencia Lea Giménez y el asesor político José Alberto Alderete. “Existe una fortaleza y unidad de criterio en todos los aspectos del gobierno, no ha habido un momento desde agosto en donde se pueda decir que hubo una discusión. Esto no tiene ningún sentido”, sentenció.
Asimismo, siguió sosteniendo que “ciertamente en una negociación como es la de Itaipú, hay aspectos técnicos que no se puede aplicar un criterio político, pero finalmente depende de un entendimiento político interno del Paraguay, y externo con el Brasil”.
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Presidencia Milei: 5 meses, dos huelgas y ninguna ley
- Por Ricardo Rivas
- Corresponsal en la Argentina
- X: @RtrivasRivas
La Ley Bases –que cuenta con la sanción de la Cámara de Diputados– continúa demorada en el Senado. Tal vez en la semana parlamentaria que se inicia hoy se retomará el debate en comisiones, aunque se demora el tratamiento en el pleno del cuerpo. Algo queda claro, sin embargo: tendrá modificaciones y, con seguridad, deberá volver a la Cámara Baja para que en ese cuerpo colegiado se acepten o no los cambios que se le introduzcan a la iniciativa del Poder Ejecutivo.
Las objeciones de mayor relevancia se centran en la restitución del impuesto a las ganancias –que obligaría a tributar nuevamente a poco más de un millón de trabajadores–; el régimen de incentivo para grandes inversiones (RIGI); y la cesión de algunas facultades parlamentarias en el presidente Milei.
Veamos sintéticamente cada una de ellas. Las mayores resistencias en el caso del impuesto a las ganancias que fue suspendido por los apetitos electorales del exministro de Economía Sergio Massa en el año anterior emerge desde las provincias patagónicas por cuanto en esa alejada y dura región del mapa nacional los y las trabajadoras perciben salarios altos que, claramente, se verían reducidos si se reimplantara ese tributo.
En cuanto al RIGI que prevé un amplio blanqueo impositivo de alto impacto especialmente en las empresas energéticas, los desacuerdos, justamente, se dan en los límites que habría de tener esa norma, pero por fuera de ello, es preciso entender que aún en este país rige lo que se conoce como “cepo al dólar”, que impide a las transnacionales remesar divisas a sus matrices. En ese contexto, aparece como inviable invertir si la ley impide recuperar el capital al inversor.
En lo que tiene que ver con delegación de facultades parlamentarias para que las ejerza el Poder Ejecutivo importa dejar de lado temporalmente la plena vigencia del artículo 76 de la Constitución Nacional, que taxativamente prohíbe hacerlo, aunque desde el 10 de diciembre de 1983, cuando la Argentina restauró el sistema institucional luego del derrumbe de la última dictadura cívico-militar, en sucesivas oportunidades ese impedimento de ley fue removido por tiempos perfectamente establecidos. No obstante, ello y si bien los deseos del mandatario eran muy amplios, en el proyecto que se aborda en el Congreso Nacional esa solicitud ha quedado sensiblemente reducida. En los tres casos, habrá que ver qué deciden los parlamentarios.
Por lo que se percibe, las principales fuerzas políticas de oposición rechazan o resisten total o parcialmente tales demandas y para superar esas dificultades el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA), el partido que fundara Javier Milei poco tiempo atrás, al no contar con el número de congresistas necesarios para avanzar procura e intenta, hasta esta mañana, negociaciones de amplio alcance que aún no concluyen. El panorama es incierto.
La incertidumbre también alcanza a la política exterior que, en la semana que pasó, marcó un cambio sustancial. Argentina fue uno de los nueve países que en la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) votaron en contra de la inclusión del Estado Palestino a ese foro multilateral.
Este país así se expresó junto con EE. UU., Israel, Gran Bretaña, Hungría, Palaos, Naurú, Papúa Nueva Guinea, República Checa y Micronesia. La decisión –que según trascendió fue como consecuencia de una orden expresa del señor Milei– fue en sentido opuesto a la propuesta que realizaron España, Irlanda, Noruega y Bélgica, que aprobaron 143 países, en tanto que 25 se abstuvieron. Las mayores preocupaciones como consecuencia directa del cambio de rumbo argentino dado que históricamente siempre votó a favor de Palestina se vinculan con el impacto que esa decisión podría tener en el reclamo soberano de este país sobre las Islas Malvinas, ocupadas colonialmente por el Reino Unido de la Gran Bretaña desde 1833.
A este panorama de dificultades, finalmente, es preciso añadir –de cara al futuro– la evolución que pude tener la tensión que se verifica en la relación del Gobierno con la Confederación General del Trabajo (CGT), que el jueves pasado paralizó la Argentina con una huelga general que tuvo alto acatamiento.
Es la segunda medida de fuerza desde el pasado 10 de diciembre cuando asumió el presidente Milei. Desde la misma fecha en 1983 se contabilizan 44 huelgas de las cuales 14 fueron contra el gobierno del presidente Raúl Alfonsín (1983-1989) y ninguno durante la administración del expresidente Alberto Fernández (2019-2023).
La dirigencia cegetista para lanzar y sostener la protesta argumenta que la política económica va “en contra de los trabajadores” y para ello exhibe algunos indicadores sectoriales.
Destaca que el sector de la construcción se derrumbó en la mensura interanual del pasado mes de marzo 42,2 %. Que la industria se contrajo 21,2 %. Que las jubilaciones –en el último cuatrimestre– decrecieron según sus montos, entre 37 % y 24 %. La recaudación tributaria en abril último cayó 13 %. Los salarios, desde diciembre de 2023, se desplomaron 17 %. Todo está en discusión.
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Con recursos generados en Itaipú, construcciones de hospitales serán una prioridad
Los recursos generados con la negociación de la tarifa energética de la Itaipú Binacional, en el acuerdo logrado entre Paraguay y Brasil, la construcción de nuevos hospitales de referencia en varios puntos del país será una de las prioridades del gobierno nacional. Así lo aseguró el presidente de la República, Santiago Peña, en la entrevista semanal de la Vocería de Gobierno.
“En salud, nosotros lo que vamos a hacer es acelerar planes que ya teníamos en mente. Hay un déficit tremendo en materia de atención médica, la población ha crecido, la población ha aumentado en edad, entonces las necesidades son diferentes”, sostuvo el mandatario.
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Agregó que, con esto, se podrá acelerar los planes ya trazados por el gobierno en el ámbito de la salud. “Estábamos ya en el plan de construir nuevos hospitales, teníamos la necesidad de construir otros más, pero no teníamos todavía identificados los recursos y esto obviamente nos abre la posibilidad. La idea es poder construir siete grandes hospitales a nivel nacional y esto va a impactar de manera importante”, apuntó.
En este plan, se incluye también a la capital del país, que actualmente no cuenta con un hospital de referencia. “Asunción, que ni tiene un hospital de referencia, pueda tener su propio hospital de referencia, con la salida del Hospital de Clínicas ya hace varios años de barrio Obrero, ahí nos quedamos prácticamente desatendidos, o se quedaron desatendidos los asuncenos”, expresó.
Plan de inversión en la Ande
Por otra parte, se refirió al plan de inversión para la Administración Nacional de Electricidad (Ande), que también tendrá un importante impacto con los ingresos que provengan de la nueva tarifa de Itaipú, que se estima que serán de alrededor de USD 1.250 millones.
“Ahí tenemos también similar a lo que estamos haciendo en materia de salud. La Ande tiene un plan de inversión muy ambicioso que es necesario y esto lo que nos va a ayudar es a acelerar ese plan de inversión”, dijo el mandatario.
Agregó que se realizarán obras que son necesarias, y la fase de la negociación con Brasil también da mayor claridad sobre hacia dónde debe apuntar el gobierno. “Nosotros apuntamos al uso de la energía, claramente, y es lo que hemos conversado con el Brasil, y ellos que insistían en la necesidad de disminuir el costo de la energía, nosotros le dijimos, perfecto, pero es injusto que ustedes quieran disminuir hoy cuando hoy todavía no tenemos la capacidad”, mencionó.
Fuentes alternativas
Peña habló además de fuentes alternativas de energía, que también está en las proyecciones de su gobierno. “Ir ya pensando en las nuevas fuentes de generación, ahí estamos también avanzando rápidamente en lo que es una licitación para la contratación de energía de fuente solar”, apuntó.
Otro proyecto que también tendrá un cambio trascendental para Paraguay es “la construcción de un gran gasoducto que pueda ir al margen de la ruta bioceánica que pueda trasladar esa gran cantidad de gas que se produce en la Argentina a través de los yacimientos de Vaca Muerta y que puedan ir a los centros de consumo más grandes de la región y del mundo, que es el estado de San Pablo”.
“Eso abre también una oportunidad enorme para el Paraguay para que avancemos en mayores prospecciones en el Chaco paraguayo, donde sabemos que hay gas, pero no sabemos cuál es la cantidad que hay, entonces construir un gasoducto solamente para extraer lo que eventualmente sacar del Chaco es muy riesgoso, pero si va a ser una carretera que va a pasar para trasladar el gas de Argentina a Brasil, pues bienvenido también, va a poder trasladar el gas de Paraguay”, sentenció.
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Gobierno presentará proyecto de ley para mejorar el transporte público
El presidente de la República, Santiago Peña, anunció que la próxima semana el Poder Ejecutivo estará presentando al Congreso Nacional un proyecto de ley para mejorar el servicio de transporte público. El anuncio del mandatario se da en medio de la amenaza de un sector de transportistas por tres días.
“En el tema de transporte nosotros hemos hecho un esfuerzo enorme de ponernos al día con el subsidio a los usuarios del transporte público, pero eso no es suficiente, nosotros hoy vemos que el sistema actual, es un sistema que fue muy bien diseñado para un Paraguay de hace 30 años”, dijo Peña en la entrevista semanal de la Vocería de Gobierno.
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El mandatario indicó que, en el transcurso de la semana, se remitirá el proyecto de ley al Poder Legislativo, con el objetivo de actualizar y crear un nuevo sistema de transporte público que responda a las necesidades actuales de la ciudadanía.
“El sistema quedó desfasado y necesitamos actualizarlo, y estamos trabajando en un proyecto de ley que vamos a plantear en los próximos días al Congreso, donde queremos tener un nuevo sistema, donde el Estado tenga que reconocer la importancia de este servicio público, donde el Estado tenga que poner recursos, tenga que invertir en este sistema”, apuntó.
Argumentó que el sistema de servicio de transporte, fue diseñado décadas atrás, donde las necesidades de la población usuaria del transporte eran otras, por lo que es necesario cambiar ese sistema en la actualidad.
“Con una población más pequeña, con una movilidad también diferente, un público que se movía en ciertas horas, hoy el público se mueve durante todo el día, las 24 horas del día”, indicó.
Explicó que hoy tenemos un sistema que solamente funciona, probablemente de manera parcial, hasta las 23:00 de la noche. “Entre las 23:00 y las 05:00 no hay servicio de transporte público y eso ya no responde a las necesidades que hoy tiene la ciudadanía”, indicó.
Los subsidios
Por otra parte, también se refirió al sistema de subsidios, también es un sistema que se debe replantear, en el sentido de la factibilidad que representa, tanto para el usuario como el Estado y los transportistas.
“Cambiar el sistema, claramente los subsidios no son ni buenos ni malos, depende de cual sea el objetivo de ese subsidio. El problema de los subsidios es cuando se tiene un mecanismo más eficiente para utilizar ese dinero, no desconozco que el Estado tiene que invertir en el transporte público, porque es de alguna manera mejorar la calidad de vida de los sectores más necesitados, más vulnerables”, mencionó.
Así mismo, apuntó al análisis de la eficiencia de la utilización de los recursos públicos en los subsidios. “La pregunta es, los recursos públicos que estamos destinando, ¿lo estamos destinando de la manera más eficiente?, hoy claramente no es la manera más eficiente. Ha habido enormes esfuerzos, pero acá tiene que haber un cambio importante en esto y es en lo que estamos trabajando en este momento”, sentenció.
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