En sesión ordinaria presidida por el senador Basilio Núñez, la Cámara de Senadores designó a sus representantes titulares y suplentes ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

Asimismo, nombró al senador Edgar López como miembro titular del Consejo de la Magistratura. Todas las designaciones se realizaron a través de votación electrónica.

Como primer punto del orden del día, a moción del senador Natalicio Chase, el pleno aprobó la designación de los senadores Pedro Díaz Verón y Mario Varela como miembros titulares del JEM, en representación de la Cámara Alta, conforme a las disposiciones de la Constitución Nacional y las respectivas legislaciones vigentes. Esta propuesta obtuvo la mayoría al momento de la votación.

Le puede interesar: Polémica en Ypané: buscan nombrar intendente interino pero actual jefe comunal no presentó renuncia

Igualmente, el senador José Oviedo propuso la designación de la senadora Celeste Amarilla y del senador Rubén Velázquez para integrar el JEM; sin embargo, la propuesta no obtuvo los votos necesarios para su aprobación.

En tanto, a moción del senador Juan Carlos Galaverna (h), fueron designados como miembros suplentes ante el JEM la senadora Hermelinda Alvarenga y los senadores Derlis Maidana y Carlos Núñez.

Conforme al artículo 3º de la Ley Nº 6814/2021, los miembros del Jurado durarán en sus funciones por un período de tres años, no pudiendo revocarse ni acortarse dicha designación en ningún caso, aunque podrán ser reelectos por un nuevo período.

A continuación, a moción de la senadora Hermelinda Alvarenga, el pleno designó al senador Edgar López como miembro titular ante el Consejo de la Magistratura. Asimismo, a propuesta del senador José Oviedo, fue designado como miembro suplente el senador Enrique Salyn Buzarquis.

Siga informado con: Piden informes sobre ejecución de Hambre Cero en Amambay

El contralor general de la República, Camilo Benítez, y el subcontralor, Augusto Paiva, presentaron sus documentos ante la Cámara de Senadores para formalizar su postulación para un nuevo período al frente del organismo de control por un periodo de 5 años.

La documentación fue presentada este lunes ante la Secretaría General de la Cámara de Senadores, en el marco del proceso de selección de las nuevas autoridades de la Contraloría General de la República. Al cierre de la jornada, dicha dependencia informó que la lista a la fecha cerró con un total de 31 postulantes inscriptos.

Le puede interesar: Dionisio Amarilla fortalece agenda regional con reuniones políticas en Argentina

El proceso de inscripción había arrancado el pasado lunes 15 de junio y concluye mañana martes 30 de junio del 2026. Durante estas dos semanas, los interesados presentaron su documentación para participar en la selección de quienes liderarán la Contraloría General de la República, entidad responsable de fiscalizar el uso de los recursos públicos y velar por la transparencia en la administración estatal.

Luego de entregar sus documentos, el subcontralor Paiva defendió su gestión, resaltando que en este último periodo se logró dejar atrás los conflictos internos que caracterizaron a las administraciones internas. Aseguró que se sienten a la altura de poder continuar en el cargo por un periodo más.

“Creo que, en estos 5 años, con el contralor Camilo Benítez y quien les habla, hemos estado a la altura, de la representación institucional. Además, en 45 ocasiones me desempeñé como encargado de despacho, como contralor interino y hemos enviado centenar de informes al Ministerio Público, al Congreso nacional, en varios casos emblemáticos donde me tocó firmar informes que no generó una situación traumática o con diferencias entre contralor y subcontralor, hemos estado a la altura de las situaciones”, remarcó.

Otro que también presentó sus documentos para participar del proceso de selección para subcontralor es el abogado y economista Rolando Daniel Martínez, perteneciente al movimiento Honor Colorado. El postulante señaló que ya inició conversaciones con diversos senadores para reunir los votos necesarios. Entre sus propuestas, Martínez plantea una modernización tecnológica en la Contraloría y una mayor cercanía con la ciudadanía para facilitar denuncias de corrupción.

Es importante recordar que, en una primera instancia, la Cámara de Senadores deberá elegir dos ternas de postulados, una para cada respectivo cargo; luego remitir a la Cámara de Diputados, que definirá a los nuevos representantes de la Contraloría General de la República. El mandato del actual contralor, Dr. Camilo Benítez, culmina el 1 de noviembre de este año.

Siga informado con: Cancilleres de Paraguay y Trinidad y Tobago apuntan a fortalecer la agenda bilateral

Los intendentes de doce municipios del departamento Central buscan la reelección y están obligados a renunciar tres meses antes de las elecciones generales conforme prevé el Código Electoral paraguayo.

De la nómina de 12, siete corresponden a candidatos de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y cinco al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). Se postulan para un segundo mandato por la lista 1: Guido González en la ciudad de Lambaré, Felipe Salomón para la intendencia de San Lorenzo y Laura Gamarra para Capiatá.

También buscan el rekutú: los colorados Horacio Fernández en la Municipalidad de Itauguá, Tomás Olmedo en Ñemby, Óscar Cabrera en Guarambaré y Alcides Gamarra como intendente de Nueva Italia.

Asimismo, por el Partido Liberal Radical Auténtico buscan ser reelectos: Sergio Estigarribia en el municipio de Villa Elisa, Jorge Luis Dimartino en Itá, Diego Alonso para J. Augusto Saldívar, además de Santiago Aguilera que quiere la reelección en San Antonio y Horacio Ortiz en Ypané.

En diálogo con La Nación/Nación Media, el doctor Carlos María Ljubetic, director de Procesos Electorales del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), explicó el mecanismo aplicado en los casos de los intendentes que buscan la reelección, conforme a la legislación vigente.

“Tres meses antes tienen que renunciar según el Código Electoral y tiene que estar aceptada su renuncia por la Junta Municipal. Pero ahora hay una ley que dice que si el intendente por ejemplo renuncia ante un escribano público y presenta a la Junta, si la Junta no trata, al tercer día la renuncia se da ya por aprobada”, señaló.

Aclaró que ya no se puede retardar o negar la renuncia al intendente que decide apelar a una Escribanía para presentar su nota de dimisión. “O sea que ellos con renunciar tres meses antes más tres días, ellos aseguran que no van a tener problemas para ser candidatos”, remarcó.

Una vez presentada la renuncia del intendente, el presidente de la Junta Municipal tiene que convocar inmediatamente a reunión y ahí por mayoría absoluta de votos deben elegir al que va a actuar de jefe comunal hasta el final del mandato.

Por Lourdes Torres - Periodista - lourdes.torres@nacionmedia.com

Este sábado 20 de junio se conmemoran 34 años de la jura de la Constitución Nacional de 1992, un pacto fundamental que marcó el inicio de la era democrática e institucional moderna en Paraguay. A más de tres décadas, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) reivindica el valor del pacto democrático construido en 1992.

En una entrevista exclusiva para el Diario La Nación/Nación Media, el ministro del TSJE, Jorge Bogarín González, reflexionó sobre el legado democrático de la Carta Magna, la vigencia de sus principios, los desafíos actuales de las instituciones y la importancia de fortalecer la confianza ciudadana en el sistema electoral paraguayo. El magistrado recordó que este pacto democrático nació sobre las “ruinas del autoritarismo” tras un alto costo de “sangre, sudor y lágrimas” de ciudadanos que lucharon por la libertad.

Le puede interesar: Cancillería confirma que jóvenes paraguayos accederán a becas en Emiratos Árabes Unidos

- ¿Qué representa para Paraguay la jura de la Constitución Nacional del 20 de junio de 1992?

- Representa el pacto fundamental que marcó el inicio de una nueva etapa en nuestra vida institucional y democrática: el momento en que la voluntad popular, expresada a través de una Convención Nacional Constituyente, decidió construir un Estado social de derecho sobre las ruinas del autoritarismo. Cada 20 de junio, no solo conmemoramos un texto, sino un compromiso: el que el poder emana del pueblo y se ejerce con límites, control y responsabilidad. Mantener ese compromiso renovado es, precisamente, la misión que esta Justicia Electoral asume todos los días.

- ¿Cuáles considera que fueron los principales avances que introdujo la Constitución tras la transición democrática?

- Introdujo los pilares sobre los que hoy se sostiene nuestra institucionalidad: la separación efectiva y equilibrio de poderes, un catálogo de derechos y garantías, y la creación de una Justicia Electoral autónoma e independiente, ajena a las injerencias que en el pasado distorsionaron la voluntad ciudadana. Ese diseño no fue un punto de llegada, sino el cimiento sobre el cual cada elección libre, transparente y pacífica desde entonces ha ido fortaleciendo la cultura democrática del país.

- A más de tres décadas de su promulgación, ¿cuál cree que es el legado más importante de la Constitución de 1992?

- Su legado más importante es haber demostrado que la democracia paraguaya puede sostenerse en el tiempo cuando las instituciones cumplen su rol. Treinta y cuatro años de continuidad institucional, de alternancia pacífica y de elecciones reconocidas tanto interna como internacionalmente, son la prueba de que ese pacto constitucional funciona. El desafío de cada generación de funcionarios públicos, y particularmente de quienes integramos la Justicia Electoral, es honrar ese legado fortaleciéndolo, no dándolo por garantizado.

- ¿La democracia paraguaya atraviesa uno de sus momentos más sólidos o todavía tiene deudas pendientes?

- Atraviesa un momento de solidez institucional, especialmente en materia electoral, pero la solidez democrática no es un estado permanente sino un ejercicio constante. Las deudas pendientes —por ejemplo, la lucha contra la corrupción—, no deben leerse como fracasos, sino como la agenda de trabajo que toda democracia madura se exige a sí misma. Reconocerlas con honestidad es, en sí misma, un acto de fortalecimiento institucional.

- ¿La Constitución sigue respondiendo a las necesidades del Paraguay actual?

- Sí, y de manera particularmente vigorosa en lo que respecta a la arquitectura democrática y electoral. El texto constitucional dotó al país de instituciones con suficiente autonomía para adaptarse a los desafíos de cada época, incluyendo la modernización tecnológica de los procesos electorales que hoy llevamos adelante. La vigencia de la Constitución se mide en su capacidad de seguir garantizando elecciones libres y confiables, y en eso sigue demostrando solidez.

- ¿Considera que los derechos y garantías consagrados en la Constitución se cumplen plenamente hoy?

- El ejercicio pleno de los derechos políticos y electorales es, hoy, una realidad consolidada en Paraguay, y constituye uno de los activos más valiosos de nuestra democracia. Persisten brechas en otros ámbitos de derechos económicos y sociales, y cerrarlas es tarea de todas las instituciones del Estado. Desde la Justicia Electoral, nuestro aporte concreto al fortalecimiento del Estado de derecho es garantizar que el derecho político más esencial —elegir y ser elegido— se ejerza sin ningún tipo de restricciones.

- ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta actualmente la Justicia para garantizar el respeto a la Constitución?

- El desafío central es sostener y profundizar la confianza ciudadana en las instituciones de justicia, lo cual exige transparencia, celeridad y modernización constante de los procesos. En el ámbito específico de la Justicia Electoral, ese desafío se traduce en blindar cada etapa del proceso —desde el padrón hasta el escrutinio— con protocolos de seguridad verificables, de modo que ningún actor político ni ciudadano tenga motivos legítimos para dudar de los resultados.

- ¿Cómo evalúa la independencia de los poderes del Estado en el marco constitucional vigente?

- El diseño constitucional de independencia de poderes es sólido y ha resistido pruebas de tensión institucional a lo largo de estos años. La tarea permanente —y en esto la Justicia Electoral tiene experiencia concreta que aportar— es traducir esa independencia formal en autonomía real frente a cualquier presión, mediante procesos técnicos, protocolos claros y rendición de cuentas constante ante la ciudadanía.

- ¿Cree que Paraguay necesita una reforma constitucional o la prioridad pasa por cumplir mejor la Constitución actual?

- La prioridad inmediata, y la más eficaz para fortalecer el Estado de derecho, es el cumplimiento cabal del texto vigente. La experiencia de la Justicia Electoral lo demuestra: gran parte de los avances logrados en materia de transparencia electoral no requirieron reforma constitucional, sino voluntad institucional y mejora continua de procesos dentro del marco existente. Una eventual reforma debe ser fruto de consenso amplio y nunca un atajo frente a la falta de cumplimiento.

- ¿Qué aspectos podrían debatirse en una eventual reforma constitucional?

- Cualquier discusión de esta naturaleza debe darse con amplitud democrática, evitando que se convierta en instrumento de coyuntura, y siempre con el objetivo de fortalecer —nunca debilitar— la institucionalidad construida desde 1992.

- Si tuviera que resumir en una frase la importancia de la Constitución de 1992 para las nuevas generaciones, ¿qué les diría?

- Que la Constitución de 1992 les pertenece tanto a ellas como a quienes la juramos hace más de tres décadas, y que su fortaleza dependerá siempre de que cada generación la defienda, la practique y luche en forma permanente por su estricto cumplimiento.

Finalmente, quiero manifestar que la Constitución de 1992 no es un simple texto jurídico, sino el reflejo de un anhelo colectivo de libertad y justicia para construir un Paraguay basado en el respeto a la ley y las instituciones. Lejos de ser un regalo de la historia, la democracia paraguaya conllevó el sacrificio, dolor y vidas de compatriotas, lo que hoy impone a la sociedad la enorme responsabilidad de defenderla día a día a través del diálogo y el respeto a las diferencias.

Ante este legado, la mejor manera de honrar el sacrificio histórico es trabajar incansablemente por la plena vigencia del Estado de Derecho. En este escenario, el Tribunal Superior de Justicia Electoral reafirma su compromiso de custodiar la voluntad popular, garantizando elecciones libres, transparentes y confiables como la máxima expresión de la libertad ciudadana.

Siga informado con: Diputados prevé el estudio de 14 puntos en sesión del martes 23