El presidente del consejo de administración del Instituto de Previsión Social (IPS), Vicente Bataglia, persiste en la negativa de brindar información a la Contraloría General de la República sobre la deuda de la previsional. Foto: Archivo.
Contraloría ratifica que el IPS no remitió documentaciones requeridas sobre deuda
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Desde la Contraloría General de la República (CGR) ratifican que el consejo de administración del Instituto de Previsión Social (IPS) no remitió las documentaciones requeridas en torno a la millonaria deuda autorizada por ley para el pago de cuentas pendientes con las farmacéuticas. La directora de Control Gubernamental de la Contraloría General de la República, Gladys Fernández, cuestionó que se haya enviado un voluminoso reporte, pero sin incluir los datos solicitados.
“Nosotros no pedimos que nos traigan camiones llenos de papeles, no pedimos fotocopia. Pedimos en formato digital”, señaló a la 680 AM. Remarcó que no se recibió “toda la documentación requerida sobre las deudas del IPS”. “Hay un equipo que analiza la documentación presentada por el IPS. Los documentos no responden a lo requerido”, puntualizó.
La funcionaria de la Contraloría insistió que se solicitaron a los directivos del ente previsional documentos sobre temas muy puntuales, que siguen sin una respuesta eficiente. Confirmó que nuevamente “se le dio un plazo al IPS sobre la documentación requerida y que falta”.
El mismo contralor general de la República, Camilo Benítez, reveló que hasta el momento se desconoce el monto real de la deuda contraída del IPS con las empresas proveedoras de medicamentos e insumos. “Tenemos que saber cuánto es el monto real de lo que se adeuda, no hay una postura firme del monto, se llegó a hablar de un monto mayor y a veces menor y es necesario tener esa información certera”, subrayó el contralor al tiempo de destacar que hasta la fecha les ha sido imposible continuar con el proceso de informe porque los documentos necesarios no son enviados en su totalidad.
Camilo Benítez aclaró que este requerimiento de documentos lo habían hecho los propios miembros del Congreso en una oportunidad el año pasado para aprobarse la ley que le autorizaba al IPS a endeudarse hasta 250 millones de dólares para pagar deudas vencidas a los proveedores de la previsional, por ese motivo la Contraloría había solicitado en el marco de una auditoría financiera que está abierta desde el año pasado requerimientos puntuales del monto del saldo de la deuda a proveedores y otras solicitudes que en un principio se negaron a entregar.
Contraloría Ciudadana cuestiona al equipo legal de Prieto por vínculo laboral con municipio
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Integrantes de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este (CCDCE) requieren a la Contraloría General de la Republica (CGR) que impulse una fiscalización en torno al plantel de funcionarios y empleados públicos de la Municipalidad de Ciudad del Este al denunciar una presunta incompatibilidad y conflicto de intereses por parte de la abogada Gilda María Portillo.
El pedido de la organización surge teniendo en cuenta que Portillo, conforme a la lista de funcionarios y empleados públicos divulgada por la municipalidad, aparece vinculada y remunerada por la institución desde el mes de febrero del 2025 y paralelamente ejercería la defensa técnica particular en las diferentes causas judiciales que enfrenta el destituido intendente por corrupción, Miguel Prieto, y su equipo conformado por el concejal Sebastián Martínez Insfrán, el director de Recursos Humanos, Francisco Arrúa, y la funcionaria Maggi Elizabeth Fariña Almada.
“La denuncia se sustenta en la posible existencia de incompatibilidad, conflicto de intereses y eventual utilización inadecuada de recursos o información institucional, atendiendo a que la citada profesional, mientras mantiene un vínculo remunerado con la Municipalidad de Ciudad del Este, ejercería la defensa técnica particular de autoridades, exautoridades y funcionarios vinculados con dicha institución”, refiere el documento que será remitido al órgano auditor.
Señala también que “asimismo, se solicita verificar si la denunciada cumplió con su obligación de presentar ante la Contraloría General de la República su Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos, dentro del plazo legal correspondiente”.
La abogada Gilda María Portillo acompañando al destituido intendente por corrupción Miguel Prieto en la Fiscalía. Foto: Captura de pantalla
Intereses contrapuestos
En el escrito mencionan que algunas de las causas judiciales guardarían relación con hechos denunciados, actuaciones administrativas, recursos públicos o circunstancias vinculadas directa o indirectamente con la Municipalidad de Ciudad del Este.
“Esta situación podría colocar a la profesional en una posición de intereses contrapuestos, debido a que, por una parte, mantiene un vínculo remunerado con la institución municipal y se encuentra obligada a privilegiar y proteger los intereses públicos; mientras que, por otra, asume la defensa particular de personas investigadas o procesadas por hechos presuntamente vinculados con la misma institución”, indican desde la Contraloría Ciudadana de acuerdo a las informaciones e investigaciones recopiladas por sus miembros.
Agregan que la situación requiere verificar si la denunciada tiene acceso, por razón de sus funciones, a documentos, antecedentes, datos personales, expedientes administrativos, informes jurídicos o cualquier otra información institucional que pudiera resultar relevante para las causas en las que ejerce la defensa técnica.
Solicitan también determinar si la defensa de las personas individualizadas es abonada de manera particular por cada defendido o si, directa o indirectamente, se utilizan recursos, contratos, honorarios, personal, instalaciones, información o fondos de la Municipalidad de Ciudad del Este.
Mensajes de apoyo de la abogada Gilda María Portillo Vera a favor del exintendente Miguel Prieto. Foto: Gentileza
En el requerimiento, la Contraloría Ciudadana hace alusión a la Ley 7445/2025 “De la Función Pública y del Servicio Civil” el cual resulta aplicable a los funcionarios y empleados públicos de los gobiernos municipales. A la vez citan artículo 51 de la ley que establece, entre las obligaciones de los servidores públicos, la de privilegiar los intereses del Estado sobre los intereses propios o particulares, observar el principio de probidad administrativa y actuar con imparcialidad.
También hacen mención al artículo 52, inciso m, prohíbe a los servidores públicos efectuar o patrocinar para terceros trámites o gestiones administrativas o judiciales bajo su ámbito de actuación, con las excepciones previstas en el ordenamiento jurídico.
Igualmente, citan los incisos k, l, n, p y r del mismo artículo argumentando que en los mismos se detallan prohibiciones relacionadas con la obtención de beneficios, el conflicto de intereses, la prestación de servicios a determinados particulares y el ejercicio de ocupaciones que no puedan conciliarse con las obligaciones del puesto público.
Además citan en la solicitud el artículo 61, inciso p, considera falta grave efectuar o patrocinar para terceros trámites o gestiones administrativas o judiciales, se encuentren o no directamente bajo el ámbito de actuación del servidor público.
También hacen referencia a la ley 6919/2022 sobre la declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos el cual comprende como sujetos obligados a las personas nombradas, contratadas o electas para prestar servicios en organismos o entidades del Estado. La declaración jurada debe presentarse ante la Contraloría General de la República dentro del plazo legal contado desde la toma de posesión o inicio de las funciones.
“Los hechos expuestos ameritan una investigación destinada a determinar la naturaleza exacta del vínculo contractual, las funciones asignadas, los pagos efectuados, la existencia de posibles conflictos de intereses y el cumplimiento de las obligaciones legales de transparencia”, sostienen.
Documento que será presentado por los miembros de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este a la Contraloría General de la República. Foto: Gentileza
Desde el Gobierno, el proceso ante la OCDE es presentado como una herramienta para fortalecer las instituciones y mejorar las políticas públicas mediante la adopción de estándares internacionales. Foto: MEF
Paraguay busca acelerar compromisos para avanzar en su Programa País ante la OCDE
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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), reunió a autoridades y representantes de distintas instituciones públicas para coordinar y acelerar la implementación del Programa País de Paraguay ante la OCDE.
El taller contó con la participación de representantes del Poder Ejecutivo y de la Contraloría General de la República (CGR) y tuvo como objetivo revisar los compromisos asumidos, compartir experiencias y establecer una hoja de ruta que permita avanzar de manera coordinada en esta agenda.
La gerente de Economía del Viceministerio de Economía y Planificación del MEF, Nathalia Rodríguez, destacó que el acercamiento a la OCDE representa una oportunidad para evaluar las políticas e instituciones paraguayas frente a estándares y buenas prácticas internacionales, además de identificar áreas de mejora y fortalecer las capacidades del Estado.
“Paraguay atraviesa un momento especialmente propicio para profundizar su proceso de transformación institucional y consolidar políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible, al crecimiento económico inclusivo y, sobre todo, a la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos”, afirmó Rodríguez-
Remarcó que la implementación del Programa País no depende de una sola institución, sino de unaparticipación coordinada y sostenida de las entidades involucradas. En ese sentido, señaló que los compromisos deben traducirse en acciones concretas, con responsables definidos, plazos claros y mecanismos de seguimiento.
El objetivo del taller fue precisamente avanzar en esa coordinación interinstitucional y ordenar los esfuerzos necesarios para cumplir oportunamente con los compromisos asumidos por Paraguay.
La representante del MEF planteó que el trabajo permita construir una hoja de ruta para los próximos meses y años, que facilite el seguimiento de las acciones y dé continuidad al proceso.
El encuentro también contó con la participación del representante residente del BID en Paraguay, Alonso Chaverri-Suárez, y la directora de Organismos Económicos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Renata Cristaldo Oviedo.
El canciller Rubén Ramírez sostuvo que el proceso de evaluación del OCDE permitirá adoptar mejores prácticas internacionales y fortalecer la confianza en las instituciones públicas. Foto: Gentileza
Paraguay avanza en su acercamiento a la OCDE con una evaluación sobre integridad pública
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El ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, participó la mañana de este lunes en el lanzamiento del Estudio de Integridad Pública de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), organizado por la Contraloría General de la República en sede de la Cancillería Nacional.
Durante el acto, el canciller destacó que esta iniciativa representa mucho más que un ejercicio técnico, ya que constituye una oportunidad para que el Paraguay evalúe su sistema de integridad pública conforme a los estándares y mejores prácticas internacionales. Señaló que este proceso contribuirá a fortalecer las instituciones, perfeccionar las políticas públicas y consolidar una cultura de integridad en toda la administración pública.
Asimismo, subrayó que la realización del estudio coincide con el proceso de modernización institucional que impulsa el país, acompañado de reformas orientadas a fortalecer el régimen nacional de integridad, transparencia y prevención de la corrupción. “Las recomendaciones que surjan de este proceso constituirán una valiosa hoja de ruta para seguir consolidando un Estado más íntegro, eficaz y cercano a la ciudadanía”, refirió.
El ministro recordó además que esta iniciativa se enmarca en la política de Estado que busca profundizar la relación del Paraguay con la OCDE e incorporar las mejores prácticas internacionales para fortalecer la calidad de las instituciones y generar mayores oportunidades para el desarrollo del país.
Indicó que, desde su incorporación al Centro de Desarrollo de la OCDE en 2017, Paraguay ha fortalecido progresivamente este vínculo mediante la adopción de instrumentos internacionales, la participación activa en diversos órganos de trabajo y, más recientemente, la implementación del Programa País.
El canciller expresó su reconocimiento a la OCDE por el acompañamiento permanente brindado al Paraguay y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por su apoyo para la realización del estudio.
Asimismo, destacó el liderazgo de la Contraloría General de la República como punto focal de esta iniciativa, que marca un hito en el fortalecimiento de la integridad pública al someter el sistema nacional a una evaluación conforme a altos estándares internacionales y basada en evidencia.
Durante esta semana, especialistas de la OCDE desarrollarán una intensa agenda de trabajo con instituciones públicas, organismos de control y representantes de distintos sectores de la sociedad paraguaya. Este proceso permitirá elaborar un diagnóstico basado en evidencia sobre el sistema nacional de integridad y formular recomendaciones adaptadas a las necesidades, prioridades y desafíos del país.
Del acto participaron el contralor general de la República, Camilo Benítez; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón; la presidenta del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Alicia Pucheta; el representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Paraguay, Alonso Chaverri Suárez; así como otras autoridades nacionales y representantes de organismos internacionales.
Sede de la Contraloría General de la República, ubicada en Asunción. El órgano de control adelantó que el plan del uso de la IA para mejorar y controlar el gasto público será el 30 de junio. Foto: Archivo
Contraloría presentará el 30 de junio el plan para controlar el gasto público con IA
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El mundo cuenta con nuevos paradigmas y entre ellos está el uso de la Inteligencia Artificial (IA) que ha dejado de ser una simple herramienta de asistencia para convertirse en un elemento que actúa como infraestructura global.
En efecto, Paraguay ya cuenta con nuevas estrategias para la formación profesional ante las herramientas tecnológicas, debido al impulso de la IA y la transformación digital.
En ese marco a través de una reunión técnica entre el ministro de Economía, Óscar Lovera y el contralor Camilo Benítez, el gobierno impulsa una estrategia que permita modernizar los sistemas de fiscalización y mejorar la calidad del gasto público.
De esa manera, se trabaja actualmente en un plan estratégico que contempla el uso de inteligencia artificial para fortalecer los procesos de control y supervisión en diferentes organismos del Estado.
El plan contempla: el uso de nuevas tecnologías para detectar riesgos, identificar posibles irregularidades y mejorar el análisis de grandes volúmenes de información, permitiendo una fiscalización más rápida y precisa de los recursos administrados por las instituciones públicas.
El contralor adelantó que el plan será presentado oficialmente el próximo 30 de junio y su implementación se realizará de forma gradual.
La primera etapa consistirá en un plan piloto enfocado en gobiernos departamentales y municipales, sectores que administran importantes recursos públicos y donde la Contraloría considera necesario fortalecer las capacidades de supervisión.
Posteriormente, el proyecto será ampliado al resto de las instituciones del Estado, incluyendo organismos de la administración central