Desde la Contraloría General de la República (CGR) ratifican que el consejo de administración del Instituto de Previsión Social (IPS) no remitió las documentaciones requeridas en torno a la millonaria deuda autorizada por ley para el pago de cuentas pendientes con las farmacéuticas. La directora de Control Gubernamental de la Contraloría General de la República, Gladys Fernández, cuestionó que se haya enviado un voluminoso reporte, pero sin incluir los datos solicitados.
“Nosotros no pedimos que nos traigan camiones llenos de papeles, no pedimos fotocopia. Pedimos en formato digital”, señaló a la 680 AM. Remarcó que no se recibió “toda la documentación requerida sobre las deudas del IPS”. “Hay un equipo que analiza la documentación presentada por el IPS. Los documentos no responden a lo requerido”, puntualizó.
La funcionaria de la Contraloría insistió que se solicitaron a los directivos del ente previsional documentos sobre temas muy puntuales, que siguen sin una respuesta eficiente. Confirmó que nuevamente “se le dio un plazo al IPS sobre la documentación requerida y que falta”.
El mismo contralor general de la República, Camilo Benítez, reveló que hasta el momento se desconoce el monto real de la deuda contraída del IPS con las empresas proveedoras de medicamentos e insumos. “Tenemos que saber cuánto es el monto real de lo que se adeuda, no hay una postura firme del monto, se llegó a hablar de un monto mayor y a veces menor y es necesario tener esa información certera”, subrayó el contralor al tiempo de destacar que hasta la fecha les ha sido imposible continuar con el proceso de informe porque los documentos necesarios no son enviados en su totalidad.
Camilo Benítez aclaró que este requerimiento de documentos lo habían hecho los propios miembros del Congreso en una oportunidad el año pasado para aprobarse la ley que le autorizaba al IPS a endeudarse hasta 250 millones de dólares para pagar deudas vencidas a los proveedores de la previsional, por ese motivo la Contraloría había solicitado en el marco de una auditoría financiera que está abierta desde el año pasado requerimientos puntuales del monto del saldo de la deuda a proveedores y otras solicitudes que en un principio se negaron a entregar.
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Hambre cero: cuestiones políticas no incidieron en el diseño del plan
La jefa de Gabinete, Lea Giménez, explicó que la decisión de que los departamentos de Central y Presidente Hayes, además de Asunción reciban la alimentación escolar dentro del plan “Hambre cero” a través del Ministerio de Desarrollo Social (MDS), lo cual responde netamente a cuestiones técnicas emanadas del informe de la Contraloría.
“Escuché que algunas personas hablaban de que era una cuestión política, y esto no es real, cuando nos damos cuenta que los recursos se retiran de todos los municipios, el 65% son colorados, la capital tiene un intendente colorado, el gobernador de Presidente Hayes también. No tiene nada que ver una cuestión política, sino con procurar recoger lo que han sido los informes de la Contraloría que hablan de la necesidad de mejorar el control”, explicó.
De acuerdo a lo detallado por la ministra en estas tres zonas del país se concentra el 40% de la población y a su vez el 35% del grupo objetivo del programa, por lo que esta diferenciación se realiza apuntando a que el servicio sea prestado de la mejor manera posible dado que son regiones con características particulares.
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“Central, Asunción y Presidente Hayes se juntan para prestar servicios en esa área geográfica a través del Ministerio de Desarrollo Social (MDS). La diferencia es porque se ajusta al crecimiento demográfico y una dinámica económica que dio lugar al crecimiento orgánico”, manifestó a la 1080 AM.
De esta forma, se facilitará el control, una de las mayores necesidades en cuanto a la alimentación escolar, refirió Giménez. Asimismo, destacó el acuerdo con los intendentes, lo cual permitirá una coordinación entre los tres niveles de gobierno tanto para la distribución como para la infraestructura necesaria para las escuelas y colegios.
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Claques que “sacan el jugo” al almuerzo escolar
El programa de la merienda y almuerzo escolar se convirtió en uno de los negocios más rentables de los últimos años, siendo así un verdadero atractivo para cualquier empresario del rubro de la provisión de alimentos, sin embargo, desde hace una década sólo unos pocos acaparan las millonarias licitaciones a nivel país. Así lo divulgó el periodista Jorge Torres, en su programa La Caja Negra, emitido por Unicanal en agosto del año pasado.
Según el informe de la Contraloría, en los últimos 10 años (periodo 2012-2022), el total de las contrataciones de alimentación escolar adjudicadas a nivel nacional fue de G. 6.016.246.324.027, que en dólares americanos asciende a la suma de US$ 1.044.292.695. En el 2022, la suma total entre gobernaciones, municipalidades y MEC fue de G. 885.298.763.498 (US$ 120.514.397).
Se constató además que existe un inquietante patrón con las mismas empresas que van ganando las licitaciones de las municipalidades, las gobernaciones, y del Ministerio de Educación.
Esto confirma que el almuerzo escolar es un negocio que mueve millones y llamativamente está beneficiando siempre a las mismas claques ¿Quiénes son los barones de la merienda escolar en Paraguay? ¿Cuánto facturan y cuál es el nivel de incidencia que tienen en el mercado de las licitaciones?
Observando el informe de la Contraloría, en los últimos 10 años (periodo 2012-2022), la empresa proveedora Ladero Paraguayo S.A. se posicionó como la favorita con 176 adjudicaciones por valor total de G. 578.027.082.995. Esta firma consiguió contrataciones en 15 departamentos más la capital.
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En el segundo lugar figura la empresa Comepar con cuatro contrataciones por G. 567.578.055.351. En tercer puesto aparece esta misma proveedora pero consorciada bajo el nombre de Consorcio Comepar y Asociados con 10 adjudicaciones por G. 509.945.666.181. Llamativamente esta misma empresa Comepar aparece nuevamente en el puesto 56 con otros dos contratos por G. 13.765.699.860.
En el cuarto lugar aparece Rosa Mabel Capli con 108 adjudicaciones por G. 435.653.118.703. En el quinto figura Patricia Esther Fernández Valiente con 15 contrataciones por un total de G. 283.499.530.379. En el sexto puesto aparece Blanca Nieves Rodríguez Braun con 148 contrataciones por G. 281.920.049.145.
Le sigue el Consorcio Santa Rosa con 7 adjudicaciones por G. 219.912.963.366. Después aparecen la firma Granos y Aceites S.A.C.I.A. con 18 contratos por un monto total de G. 198.436.963.980, el Consorcio El Colono con 7 contrataciones por G. 157.154.886.290 y la firma Vega S.A. con 14 adjudicaciones por valor de G. 145.201.893.750, según lo divulgado por La Caja Negra.
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Empresas vinculadas
De los 10 mayores proveedores señalados, se constató que algunos se encuentran vinculados entre sí a través de socios. Al agruparlas, la Contraloría detectó dos grandes grupos, a los cuales denominó grupo Comepar y grupo Capli.
Las firmas que componen el grupo Comepar se encuentran vinculadas a través de Antolín Javier Genez Miranda, quien es socio y representante legal de las sociedades, y son las siguientes firmas: Comepar S.A., Consorcio Comepar y Asociados, Consorcio de Alimentos, Consorcio Comepar y Alimentos, Consorcio Comepar y Plasma S.A.
De acuerdo con el informe, las adjudicaciones correspondientes a los proveedores del grupo Comepar representan el 21% del importe de G. 6.016.246.324.027 correspondiente al total de las Contrataciones de Alimentación Escolar durante los 10 años en el área capital y departamento Central.
Mientras que el segundo grupo, denominado Capli, está conformado y representado por Rosa Mabel Capli (firma unipersonal Distribuidora Paraguay), Hugo Atilio Carlson Núñez (firma unipersonal CAR &CAP Servicios), María Alejandra Mabel Carlson Capli (firma unipersonal Roma Emprendimientos), y Carlos Atilio Carlson Capli (firma unipersonal Fortaleza Emprendimientos).
Las adjudicaciones correspondientes a los proveedores del grupo Capli representan el 15% del importe de G. 6.016.246.324.027 correspondiente al total de las Contrataciones de Alimentación durante los 10 años en 12 departamentos: Alto Paraná, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Ñeembucú, Paraguarí, Presidente Hayes y San Pedro.
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Según el informe, en los procesos de Almuerzo Escolar de las Gobernaciones en los años 2021 y 2022 en los que tuvo participación el grupo Capli, se pudo observar un patrón recurrente con el grupo de empresas que se presentaban como oferentes en los mismos procesos en los que participaba Rosa Mabel Capli, ya que coincidentemente en varios de ellos se presentaron en forma reiterada las mismas firmas participantes, como ser: Engadi Alimentaria SRL y Fitra SRL, resultando beneficiada la proveedora Capli. Si bien los auditores aclaran que no existe transgresión legal, resulta muy inquietante esta llamativa recurrencia.
En cuanto a la provisión alimentaria que realiza el MEC, la Contraloría detalla que nuevamente existen proveedores frecuentes que son adjudicados en estas contrataciones. Tan es así que la firma Comepar S.A. fue beneficiada con 4 contratos, lo cual representa el mayor porcentaje de adjudicaciones, siendo el 34,54%; seguido por el Consorcio Comepar y Asociados con 7 contrataciones adjudicadas, que representa el 25,18% del total; luego se encuentra Patricia Fernández de Alcaraz con 8 contrataciones, abarcando el 14,04% del total.
En varios procesos de contrataciones de diferentes años, las adjudicaciones recayeron sobre los mismos proveedores. En los 8 llamados realizados entre los años 2013 y 2022, presentaron ofertas en lotes diferentes las empresas Comepar S.A., Consorcio Comepar y Asociados, Patricia E. Fernández de Alcaraz y Aida Aquino de Farías.
La institución contralora reveló en ese sentido el esquema de cómo estas 4 firmas presentaban ofertas en cada llamado. En cada proceso la firma Comepar S.A. cotizó la mayor cantidad de lotes y en ellos fue adjudicada; la siguiente firma de mayor cotización era el Consorcio Comepar y Asociados que cotizó uno o dos lotes sin coincidir con el número de lote ofertado por Comepar S.A., luego está Patricia Fernández de Alcaraz, quien cotizó un lote sin coincidir con los ofertados por las anteriores firmas; y finalmente Aida Aquino de Farías, quien cotizó un lote, también sin coincidir con ninguno de otros lotes ofertados por las demás firmas.
En el caso del Consorcio Comepar, las firmas Plasma S.A. y Comepar S.A. conforman el mismo. El modus operandi consiste en que en los mismos llamados, Comepar S.A. y el Consorcio Comepar y Asociados ofertaban en lotes diferentes y así eran adjudicados. Si bien esta práctica no está taxativamente prohibida por la ley, según esgrimió la Contraloría en su informe final, se configura en una conducta poco competitiva, lo cual da la pauta de la forma en que las grandes claques se adueñaron del jugoso negocio que representa llevar la comida a los alumnos en las instituciones educativas.
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“Hay un tráfico de influencia fehacientemente comprobado”
El diputado Rodrigo Gamarra anunció que plantearía un juicio político para el subcontralor Augusto Paiva, quien supuestamente habría “blanqueado” a un funcionario de la Contraloría General de la República (CGR) para que funja de asesor de la senadora Kattya González, del Partido Encuentro Nacional (PEN), a la que señala que pudo haber cometido un tráfico de influencias. El planteamiento se dará dentro de la bancada oficialista.
“Ocurrieron demasiadas situaciones en el Congreso Nacional, que es el foco de atención en estos últimos días por los casos que se denunciaron sobre supuestos casos de nepotismo. A raíz de esto, saltó el caso de José Torales, que sí realmente es una falta grave al código de ética de la Contraloría, que casualmente es presidente del Partido Encuentro Nacional y fue candidato a diputado por este sector”, sostuvo el diputado Rodrigo Gamarra, ayer viernes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
De acuerdo a la nómina de la Función Pública, Torales, quien formaba parte del plantel de la asesoría jurídica de la Contraloría, habría estado percibiendo remuneraciones desde agosto de 2023 en ambas instituciones; es decir, en el órgano extraporder y en la Cámara Alta, alzándose con un total de G. 20 millones al mes.
“Tiene un doble cobro de salario, incluso de aguinaldo tanto en la Contraloría como en la Cámara de Senadores. Los documentos están a la vista, esto es público. Hay muchos hechos que demuestran que amerita que se realice un juicio político”, comentó el legislador a Nación Media. Sin embargo, el pase definitivo del funcionario al Senado recién fue homologado el pasado 17 de enero por parte de Paiva, a través de un documento firmado tan solo un día después que se realizara el pedido de traslado.
“Esto no solo afecta al funcionario en cuestión, sino que al subcontralor y a la senadora en un caso de tráfico de influencia comprobada, que también amerita hasta inclusive una pérdida de investidura. Todo esto se dio ante el silencio y complicidad comprobada del subcontralor que trata de blanquearlo, trasladándole de manera definitiva al Congreso, cosa que todavía no se dio. Hizo una nota donde sí puede acceder al pedido del presidente del Congreso, que lo hace también a pedido de la senadora. En este caso existe un tráfico de influencia fehacientemente comprobada hasta por escrito”, explicó Gamarra.
Correría el juicio político
El senador Dionisio Amarilla se suma a los legisladores que opinaron respecto al actuar del subcontralor, Augusto Paiva, quien es tildado de haber blanqueado el traspaso de un funcionario de la Contraloría para que preste funciones como “asesor” de la senadora Kattya González. El parlamentario afirma que hubo un abuso de parte de Paiva y por ende este hecho debe ser sancionado.
“Yo creo que no van a faltar diputados que tomen este caso y planteen el juicio político y garantizo que va a correr el juicio político de Paiva porque es alevoso lo que hizo con este traslado”, afirmó el parlamentario liberal, quien señaló que se infringió el código de ética de la Contraloría General de la República.
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Merienda escolar: Contrataciones presentó denuncia contra 81 municipios
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) brindó un informe ante la Comisión Permanente del Congreso sobre las denuncias que presentaron ante la Contraloría General de la República respecto al mal uso de los fondos destinados a la merienda y almuerzo escolar. Tras cotejar las notas remitidas a la CGR detectaron que más de 80 municipalidades se encuentran con irregularidades en el programa de alimentación escolar.
Al respecto, el director Nacional de Contrataciones Públicas Dr. Agustín Encina, informó este miércoles a los legisladores de la Comisión Permanente que en los primeros cuatro meses de gestión de la nueva administración, denunciaron a 81 municipalidades por eludir la entrega de información sobre alimentación escolar.
Estos municipios son de los distritos de Horqueta, San Salvador, Ñumi, San Carlos del Apa, Ñacunday, Ybytimi, Tte. Esteban Martínez, Santa Rosa de Lima, Villa Ygatimi, J. E. Estigarribia, R.I 3 Corrales, La Pastora, Mcal. José Félix Estigarribia, Yabebyry. La lista prosigue con Nueva Toledo, Cecilio Báez, Yrybycua, San José del Rosario, Benjamín Aceval, Capitán Meza, 25 de Setiembre, Unión, Yatayty del Guairá, San Antonio, Yaguarón, Zanja Pyta, 1ro de Marzo, Vaquería, Yataity del Norte, San Roque González de Santa Cruz.
Igualmente la DNCP presentó denuncia contra las intendencias de los municipios de Mbocayaty del Yhaguy, Tebicuary, Tavai, Villalbín, Laureles, Lima, Nalaticio Talavera, Liberación, Ybyrarobana, Humaitá, Bella Vista Norte, Juan E. Oleary, San Alberto, Alberdi, San Patricio, Villa Oliva, Belén, Quyquyho, Tacuaras, Guazú Cua, Nueva Londres, Eugenio Garay, Higinio Morinigo, Paso de Patria, Buena Vista, Dr. Botrell, Villa Franca, Moises Bertoni, José Fassardi, Coronel Maciel, Nueva Germania, Coronel Martínez, Cerrito, Yby Yau, Colonia Independencia.
Finalmente la extensa lista de municipios en falta con la merienda escolar prosigue con los distritos de Mauricio José Troche, Azotey, Umbú, Tevicuarymi, Guajayvi, Antequera, Desmochados, San Juan Bautista de Ñeembucú, Iturbe, Tacuati, Mayor de Jesús Martínez, General José Eduvigis Díaz, Mbocayaty del Guairá, Yhu, Avai y Borja.
De acuerdo al boletín de la DNCP señala que la información solicitada a los municipios, durante el proceso investigativo, se encuentran la relación circunstanciada de hechos, estimación clara y precisa del daño o perjuicio causado y confirmación de ejecución de garantías otorgadas (mantenimiento de oferta, anticipo, fiel cumplimiento de contrato, desempeño profesional, según su caso). Esto conforme a lo establecido en el manual de investigaciones previas y sumarios.
Desconocen seguimiento a las denuncias
Al respecto, el titular de la DNCP, Agustín Encina en su exposición ante la Comisión Permanente, lamentó que en la reunión no estén los representantes de la Contraloría General de la República así como del Ministerio Público, atendiendo que a la fecha no han recibido ningún reporte por parte de estas instituciones sobre las acciones tomadas contra los citados municipios.
“Todas estas denuncias demuestran que efectivamente el control existe, lamento, que en este momento no pueda asistir la Contraloría y o que no participe inclusive el Ministerio Público. Porque tengo entendido que la Contraloría también hizo denuncias al respecto de las investigaciones que han culminado sobre los controles que nosotros hemos realizado en este tema, y no se tiene conocimiento público sobre la imputación de los titulares de las instituciones, ya sean intendentes o gobernadores, exministros de Educación, sobre lo que se ha denunciado”, lamentó Encina.
El titular de la DNCP aclaró que Contrataciones Públicas no puede meter preso a la gente, sino solamente aplicar faltas administrativas. Indicó que la institución a su cargo se encarga del control de precios basados sobre hechos consumados, y luego de realizar los controles pertinentes con los precios de referencias presentaron las denuncias en los casos que notaron las irregularidades.