Uno de los casos más importantes de su trayectoria fue el del fotógrafo José Luis Cabezas, quien fue secuestrado y posteriormente asesinado en el año 1997. Foto: Gentileza.
Conozca a la jueza que se encargará de dictar sentencia en el caso Báez Sosa
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El caso del joven hijo de paraguayos que murió presuntamente tras ser atacado por un grupo de rugbiers en Villa Gesell, Argentina, finalmente tendrá sentencia tras tres años del suceso. El 6 de febrero a las 13:00 se pretende dar a conocer el veredicto, de acuerdo a la jueza titular a cargo, María Claudia Castro, quien es oriunda de la localidad bonaerense de Azul y egresada de la Universidad Nacional de La Plata.
La magistrada se encuentra radicada en la ciudad de Dolores, donde ha desarrollado gran parte de su carrera profesional. Así, uno de los casos más importantes de su trayectoria fue el del fotógrafo José Luis Cabezas, quien fue secuestrado y posteriormente asesinado en el año 1997; a finales del 2014, y después de años de haber concursado al cargo de jueza, resultó electa en el penal en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Dolores.
“En lo personal, significó una carrera acelerada en todo lo que es el procedimiento penal. En ese momento era todo papel y se ordenaban un cuerpo de doscientas fojas por día, por lo menos”, recordó la jueza en una entrevista con DiarioAR sobre lo que significó ese caso, teniendo en cuenta que fue uno de sus primeros pasos en función.
Ahora, junto con Christian Ariel Rabaia y Emiliano Javier Lazzari, Castro deberá dictar sentencia en el caso de Fernando Báez Sosa. Los jueces tienen a cargo 15 municipios, desde Chascomus a los partidos de la costa y uno de sus últimos veredictos fue la condena a prisión perpetua a dos jóvenes por matar a Javier Ayuso en 2017; de acuerdo a los medios de comunicación argentinos, de darse la perpetua para los ocho sería histórico en Argentina porque nunca se llegó a esa cifra de manera consecutiva.
El juez Christian Ariel Rabaia es el vicepresidente del Tribunal, siendo uno de los funcionarios más nuevos en Dolores. El magistrado llegó a su cargo en el año 2019, luego de haber trabajado por 17 años para el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires y tener un estudio jurídico propio en la localidad de Quilmes, desde el año 2005.
Por otra parte, el tercer juez a cargo, Emiliano Lazzari, forma parte del Tribunal desde el 2018, cuando llegó para cubrir una vacante que se había abierto. Su llegada fue por decisión de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires porque forma parte del Cuerpo de Magistrados del Máximo Tribunal bonaerense, que se utiliza para cubrir lugares libres por ausencia de los jueces titulares en cualquiera sea la instancia judicial, tal como informó Noticias Argentinas.
Jueces desnudan falencias de la Fiscalía y absuelven a Boidanich
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Los magistrados evidenciaron la inconsistente acusación fiscal con argumentos sólidos que dieron la razón a la defensa del extitular de la Seprelad.
Un Tribunal de Sentencia absolvió de forma unánime de culpa y pena al extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) Óscar Boidanich, quien fue juzgado por frustración de la persecución y ejecución penal en el caso del empresario Darío Messer.
Los jueces Darío Báez, Gloria Hermosa y Natalia Cacavelos concluyeron que las acciones atribuidas por la Fiscalía no se adecuan a ningún hecho punible. Asimismo, el colegiado señaló que el Ministerio Público no logró demostrar que la actuación del acusado impidiera la investigación contra Messer o frustrara el comiso de sus bienes. Por el contrario, ambos resultados se concretaron: el empresario fue imputado y sus activos fueron incautados.
Durante la lectura de la sentencia, el presidente del Tribunal, Darío Báez, explicó que la Fiscalía no logró demostrar los elementos necesarios para sostener la acusación. “No se probó el resultado típico ni el nexo causal”, afirmó el magistrado.
SIN SUSTENTO
Los magistrados explicaron que, al tratarse de un hecho punible de resultado, la Fiscalía debía probar que la conducta de Boidanich evitó de forma directa el proceso penal o el comiso. Al no suceder esto, la acusación quedó sin sustento y sin argumento. Los jueces de sentencia evidenciaron las falencias del Ministerio Público. Estos argumentos de los jueces pusieron en evidencia que la acusación respondió a una estrategia mediática de ciertos medios de comunicación contrarios al gobierno de Horacio Cartes para perjudicar al Boidanich, al frente de la Seprelad durante esa gestión.
Durante el juicio oral, funcionarios de la Seprelad declararon que Boidanich nunca ordenó retener ningún reporte; por el contrario, se le dio la celeridad correspondiente. Finalmente, se demostró que el informe de la institución fue entregado al Ministerio Público, que lo utilizó como base para sustentar la imputación contra Darío Messer, garantizando además que el documento nunca se filtrara.
El Ministerio Público, a cargo del agente Francisco Cabrera, había solicitado la semana pasada una condena de dos años y seis meses de prisión para Boidanich.
“Siempre se respetó la institucionalidad”
ÓSCAR BOIDANICH - Extitular de Seprelad
Tras conocerse el fallo, el exministro de la Seprelad Óscar Boidanich aseguró que se pone fin a ocho años de un proceso que no tuvo que ser llevado ante la justicia porque siempre hubo transparencia. “Siempre se respetó la institucionalidad de Serprelad, institución que tuve el honor de dirigir durante varios años”, indicó.
Por otra parte, recalcó que aquí hubo un intento de instalar un relato falso. “Lógicamente, en un momento dado empezó lo que yo llamo un tiroteo mediático. Se empezó a mediatizar el caso a través de un sector de la prensa hacia mi persona, tratando de involucrar también al expresidente de la República (Cartes) e, incluso, al actual presidente. En varias fotografías aparecí en medio, se intentó instalar una vinculación y llevando el caso del ámbito judicial al campo político”, destacó. “Actué siempre de manera técnica y transparente. Entonces, hubo una mala intención de un sector de la prensa de tratar de involucrar al expresidente”, dijo.
La acusación “era muy abstracta”
CLAUDIO LOVERA - Abogado defensor
Claudio Lovera, abogado de Óscar Boidanich, se mostró conforme con la absolución de su cliente y aseguró que la acusación del Ministerio Público era abstracta. “El tribunal, además, señaló que la hipótesis acusatoria era muy abstracta” dijo, para agregar luego que esa abstracción “quedó en evidencia porque no resistió la prueba producida durante el juicio”, añadió.
Luego explicó que también hay que rescatar que, entre todas las actuaciones y documentos analizados, quedó demostrado que Óscar Boidanich “no dio ninguna instrucción para realizar un manejo irregular de la labor de inteligencia financiera. Ese también es un aspecto que debe destacarse en el marco de esta absolución”, recalcó el abogado. “Se reconoció que a partir del informe remitido por la Seprelad (a cargo de Boidanich) fue posible concretar el comiso de los bienes, algo que también quedó acreditado durante el juicio”, dijo.
La acusación del Ministerio Público naufragó en juicio
La hipótesis acusatoria no logró demostrar que existiera una maniobra para favorecer a Darío Messer, dejando sin respaldo la construcción fiscal.
La absolución unánime de Óscar Boidanich, extitular de Seprelad del gobierno de Horacio Cartes en el caso Messer, dejó sin sustento la acusación del Ministerio Público, cuya tesis de una supuesta demora deliberada del informe CHASA de la citada institución no se acreditó durante el juicio oral. Tras la producción de las pruebas y la declaración de 11 testigos, el Tribunal concluyó que no existió conducta punible por parte del extitular de la Seprelad.
La sentencia determinó que Boidanich nunca intervino en las tareas de análisis de inteligencia financiera ni impartió instrucciones para retrasar el trabajo técnico. Incluso, el analista responsable declaró que jamás recibió órdenes para influir o demorar la elaboración del informe. La evidencia también confirmó que el documento siguió el procedimiento interno previsto, incluyendo la revisión jurídica, que recomendó diligencias adicionales antes de su remisión al Ministerio Público.
Otro aspecto que derrumbó la acusación sin sustento del Ministerio Público fue que, durante parte del proceso, Boidanich se encontraba con reposo médico por una grave afección de salud y la institución quedó a cargo de un encargado de despacho. Al reincorporarse, el primer día hábil firmó el envío del informe de inteligencia a la Fiscalía.
El juicio también estableció que el documento llegó oportunamente al Ministerio Público y fue utilizado para impulsar las primeras diligencias del caso Messer y posteriormente el comiso autónomo. Asimismo, se comprobó que las medidas cautelares fueron dictadas en tiempo y forma y que todos los bienes fueron alcanzados por la acción fiscal.
El Tribunal de Sentencia concluyó que no existieron pruebas de que Óscar Boidanich haya intentado obstaculizar la investigación contra Darío Messer. Foto; Gentileza
Tribunal absuelve por unanimidad de culpa y pena a Óscar Boidanich
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Tras un proceso judicial de más de ocho años, el Tribunal de Sentencia absolvió -por unanimidad- de culpa y pena a Óscar Boidanich, exministro de la Seprelad.
Los magistrados determinaron que no se configuró el delito de frustración de la persecución penal, argumentando que los bienes del cambista Darío Messer finalmente fueron decomisados.
Boidanich había sido imputado por el Ministerio Público porque supuestamente había ocultado y retrasado de forma deliberada reportes de operaciones sospechosas vinculadas al ciudadano brasileño Darío Messer.
La Fiscalía solicitaba una pena de dos años y seis meses de cárcel para el exfuncionario por supuestamente retrasar reportes sospechosos.
Al respecto, Boidanich resaltó que el tribunal analizó una gran cantidad de pruebas y testigos presentados durante el juicio. Asimismo, enfatizó que ninguno de los elementos probatorios ni testimonios presentados demostró que él hubiera intentado frustrar, obstaculizar o cometer alguna irregularidad en la investigación contra Messer.
Los jueces de sentencia Rossana Maldonado, Lourdes Garcete y Juan Francisco Ortiz son los que juzgarán a la exjueza Tania Irún acusada por prevaricato. Foto: Archivo
Exjueza Tania Irún ya tiene tribunal de sentencia que la juzgará por prevaricato
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El Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Rossana Maldonado, Lourdes Garcete y Juan Francisco Ortiz, tendrá a su cargo juzgar a la exjueza en lo Civil y Comercial de Asunción, Tania Irún. La exmagistrada está acusada por el delito de prevaricato tras, presuntamente, violar la seguridad fronteriza nacional al firmar un fallo judicial que otorgó de forma irregular 310.000 hectáreas de tierras protegidas a empresas de maletín en el departamento de Alto Paraguay.
Tras la designación de los magistrados que juzgarán a la criticada exjueza, el tribunal deberá fijar la fecha para el inicio del juicio. Días atrás, la Cámara de Apelaciones confirmó que Irún deberá sentarse en el banquillo de los acusados como cualquier ciudadano común, por lo que solo se aguarda la programación de la audiencia oral.
En su momento, la fiscal adjunta Soledad Machuca acusó y solicitó el juicio oral y público para la procesada. Machuca fue contundente al señalar que la entonces magistrada obligó de forma irregular a la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial —e intimó a la parte demandada— a otorgar la escritura pública traslativa de dominio de los inmuebles ubicados en Alto Paraguay.
La acusación del Ministerio Público refiere textualmente: “Como bien podrá advertirse, la entonces magistrada Irún, al referirse al cumplimiento de lo previsto en la Ley Especial N° 2532/05 (que establece la zona de seguridad fronteriza de la República del Paraguay), tan solo se habría limitado a hacer mención a lo referente al cumplimiento del artículo 2° de la ley, en lo que respecta a la nacionalidad de las personas actoras, afirmando que las mismas no serían oriundas de los países limítrofes; sin embargo, en el expediente civil no existirían constancias de dichas afirmaciones”.
Corte investigará a jueces que hicieron proselitismo gremial en sede judicial
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El pleno de la Corte Suprema de Justicia ordenó la apertura de una investigación administrativa ante denuncias sobre la presunta realización de actividades de campaña electoral en sedes del Poder Judicial del interior del país.
El pedido fue realizado por el ministro Manuel Ramírez Candia, luego de viralizarse imágenes y reportes que evidenciarían la utilización de espacios institucionales para actos vinculados a candidaturas para el Consejo de la Magistratura.
Las denuncias salieron a la luz tras la aparición de fotografías y registros de actividades relacionadas con la candidatura de Jorge Bogarín Alfonso, aspirante al Consejo de la Magistratura y declarado significativamente corrupto por el Gobierno de los Estados Unidos.
La situación generó cuestionamientos sobre la utilización de sedes judiciales para fines electorales y encendió alertas dentro del propio sistema de justicia.
La investigación adquiere especial relevancia en el contexto de las elecciones para el Consejo de la Magistratura, al marcar una posición institucional respecto a los límites que deben observar los candidatos durante la campaña.
Por su parte, el presidente de la Corte, Alberto Martínez Simón, recordó a magistrados y funcionarios judiciales la postura institucional respecto a la no participación en este tipo de actividades.
Si bien señaló que no se puede restringir el acceso a los Palacios de Justicia, indicó que la Corte no está de acuerdo con la organización de reuniones de carácter proselitista a través de autoridades de la institución.
Por otro lado, el ministro César Garay anunció que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) analizará la situación de los jueces de Guairá que aparecieron en fotografías junto al abogado Jorge Bogarín, candidato al Consejo de la Magistratura.
Garay cuestionó la realización de actividades de campaña dentro de dependencias judiciales y señaló que el caso será objeto de estudio en el ámbito del JEM.