El Consejo de la Magistratura presentó este viernes su informe de gestión correspondiente al periodo 2021-2022, donde sus integrantes destacaron como uno de los principales puntos la contribución del órgano extrapoder en la búsqueda de la independencia judicial mediante la prohibición de afiliación partidaria para los actuales jueces, fiscales y postulantes.
“Nosotros analizamos esa situación y en un estado republicano, el poder judicial y el sistema de justicia deben actuar de manera independiente y al ser parte de una nucleación política, esa independencia no se encuentra garantizada al ejercer el cargo; entonces, impulsamos un reglamento donde con los puntajes vamos castigando a quienes no se han desafiliado o solicitaron la suspensión de su afiliación, y para quienes no estaban en el sistema y acceden al cargo le imponemos la obligación que a los 5 días deben solicitar la suspensión o desafiliación”, indicó el titular de la institución Óscar Paciello.
Argumentó que la institución trabajó “duramente” para modificar su reglamento interno de selección con el fin de igualar a los postulantes para los cargos de agentes fiscales, defensores públicos, jueces, miembros de tribunales de apelaciones, entre otros.
“Esto lo logramos, tuvimos muchas críticas respecto a algunas exigencias que hemos implementado, pero consideramos que es beneficioso para el sistema de República. Es fundamental comprender el concepto de independencia del Poder Judicial para entender la importancia de estar desafiliado a cualquier partido o movimiento político”, manifestó.
La presentación del informe de gestión contó también con la presencia de los demás consejeros, el senador de la oposición Pedro Santa Cruz, el abogado Jorge Bogarín y el reciente designado por el Poder Ejecutivo, Jorge Kronawetter.
Fortalecimiento institucional
Agregó que otro de los principales puntos del Consejo de la Magistratura se centró en el fortalecimiento institucional, el cual, según sus evaluaciones, fue cumplido mediante las últimas ternas que fueron confeccionadas y elevadas a la Corte Suprema de Justicia, a la Presidencia y a la Cámara de Senadores.
“Se generó una aceptación y beneplácito ciudadano como, por ejemplo, en la designación de los nuevos ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral, en donde se tuvo casi una unanimidad, y en la designación del fiscal general del Estado, donde se logró la unanimidad”, comentó.
Entre otros puntos destacados se encuentran la digitalización de documentaciones, el cumplimiento de las normas de transparencia con la transmisión de más de 122 sesiones, audiencias públicas, entre otras actividades, la capacitación a los funcionarios de la institución, la matriculación de 1.772 profesionales para el programa de formación inicial para la función judicial, la realización de diplomados tanto en capital como en el interior del país con la participación de 856 estudiantes, la superación de ingresos propios con el funcionamiento de la escuela judicial, ente otros puntos.
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