Ecuador y Paraguay suscribieron el miércoles un acuerdo de extradición para combatir el crimen organizado, durante una visita del mandatario paraguayo, Santiago Peña, a Quito. Peña y el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa, ambos de derecha y aliados del presidente Donald Trump, se reunieron en la sede presidencial para afinar estrategias contra el narcotráfico y otros delitos.

En ese sentido, acordaron incorporar la figura de la extradición. El tratado “fortalecerá la cooperación judicial y permitirá agilizar los procesos de extradición para combatir la impunidad”, señaló la Presidencia de Ecuador en un comunicado. “Al crimen organizado lo vamos a combatir con instituciones organizadas, con países organizados”, dijo Peña en una declaración conjunta.

Paraguay y Ecuador “tienen muy claro que nunca va a haber desarrollo y prosperidad en nuestras naciones si primero no somos capaces de ofrecer seguridad, seguridad jurídica, seguridad física”, agregó Ecuador encara una violencia sin precedentes debido a la guerra entre organizaciones criminales que se disputan el control de rutas para el narcotráfico.

Además, se dedican a la minería ilegal, el secuestro y la extorsión. En 2025 la nación registró 51 asesinatos por cada 100.000 habitantes, equivalentes a uno cada hora, según Insight Crime. “Hoy Latinoamérica tiene la responsabilidad de unirse, de estar junta y esa unión, esa unión, es la que nos tiene que hacer competitivos a nivel mundial”, dijo Noboa. Ecuador y Paraguay también firmaron acuerdos de cooperación en ámbitos como la conectividad aérea, el comercio, la inversión, la producción agropecuaria y el acceso a mercados.

Fuente: AFP.

El juez de Garantías Rolando Duarte firmó este martes el pedido de extradición del hombre que huyó desde Paraguay con su hija de 2 años hacia Argentina.

Esta persona contaba con una medida de arraigo provisorio en el país mientras se sustanciaba el juicio de restitución solicitado por las autoridades chilenas. Sin embargo, huyó del territorio paraguayo para evadir dicha medida judicial.

A pedido de la fiscala María Angélica Insaurralde, el juez Duarte libró el exhorto en el que solicita a las autoridades del vecino país a mantener la detención y ordenar la extradición contra el padre que fue detenido junto con su hija en la ciudad de Resistencia, Argentina. La menor habría sido sacada de manera ilegal del territorio nacional.

Esta persona está detenida a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia de Chaco, Secretaría Penal N° 2- Resistencia, Chaco de la República de Argentina. Esto conforme a nota del departamento de Interpol, OCN Asunción, IP828/EXP-3626/14.07.2026/AG-8111 del 14 de julio del 2026.

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La niña de 2 años fue raptada por su padre el pasado 8 de julio de la guardería donde asistía en un barrio de la ciudad de Asunción. La madre denunció el caso y desde ese momento inició el proceso de búsqueda, hasta que fueron localizados en la ciudad argentina de Resistencia, a unos 325 kilómetros de Asunción.

El padre y la menor fueron localizados el 10 de julio, porque se activaron los protocolos nacionales e internacionales de búsqueda. Los padres de la niña tenían en Chile un régimen de convivencia compartida. El papá se negaba a que la madre visitara Paraguay hasta que ella consiguió un permiso, pero debía regresar el 5 de enero y no lo hizo.

Tras su localización, la niña fue entregada a su mamá y regresaron Paraguay para reanudar el proceso judicial que quedó en pausa. El proceso continua tanto en Paraguay como en Chile, la semana pasada, la jueza de la Niñez y la Adolescencia de Asunción, Natalia Ortellado, rechazó restituir a la menor a su padre.

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• Embajador Carlos José Fleitas
• Foto: Gentileza

En los próximos días se cumplirán 88 años de aquel 21 de julio de 1938, fecha en la cual se suscribió el Tratado de Paz, Amistad y Límites entre el Paraguay y Bolivia. Este hecho marca un acontecimiento fundamental de nuestra historia, pues puso fin a tres años de conflicto armado y a igual tiempo de discusiones limítrofes entre dos países hermanos. Sin embargo, aquel tratado representó mucho más que un acuerdo de delimitación territorial o cese de hostilidades. Constituyó el inicio de una nueva etapa caracterizada por la diplomacia y el trabajo técnico permanente para defensa y consolidación del territorio nacional.

Este 21 de julio de 2026 es la ocasión propicia para reflexionar y hacer un análisis sobre el proceso histórico que atravesó el Paraguay en la definición de sus fronteras en el Chaco, un recorrido que abarcó casi cuatro siglos de antecedentes coloniales, controversias diplomáticas, negociaciones internacionales, conflictos armados, pérdida de vidas y complejas tareas de demarcación que duraron 87 años.

La cuestión de límites entre Paraguay y Bolivia no fue un hecho aislado, sino una consecuencia de la configuración territorial heredada de las antiguas colonias españolas en América. La ausencia de delimitaciones claras durante la época colonial, que dio origen a discusiones diplomáticas que evolucionaron hasta convertirse en una conflagración bélica que buscó dirimir el conflicto de dos Estados vecinos y hermanos, sobre la titularidad del Chaco Boreal.

Entre los antecedentes más remotos se puede citar el diferendo suscitado entre el conquistador español Ñuflo de Chávez y Andrés Manso en 1560, con la creación de Mojos o Chiquitos, independiente de las gobernaciones del Paraguay y del Perú, aunque sin delimitación precisa. No obstante, durante el periodo colonial distintos gobernadores ilustraron con claridad los límites entre las Provincias del Alto Perú y del Paraguay.

Con la emancipación política del Paraguay en mayo de 1811 y la de las provincias del Alto Perú en 1825 (que dio origen a la República de Bolivia), ambas personas jurídicas de derecho internacional heredaron los territorios que tenían durante la colonia, conforme al principio jurídico del uti possidetis. De esta manera, los límites eran los que la Provincia del Paraguay poseía con la de Santa Cruz de la Sierra y Chiquitos, separados por el semidesértico territorio del Chaco, es decir, la Cordillera de los Chiriguanos y el río Parapití. Por otra parte, Bolivia reivindicaba la jurisdicción de la Audiencia de Charcas. También merece destacarse que Bolivia fue el primer país limítrofe en reconocer nuestra independencia, el 17 de junio de 1843.

Luego de la firma del Tratado Guido-Vázquez en 1852 entre la República del Paraguay y la Confederación Argentina, dado que dicho tratado reconocía al Paraguay la soberanía “de costa a costa” sobre el río homónimo hasta su confluencia con el Paraná, circunstancia que motivó la protesta formal del encargado de Negocios de Bolivia dando inicio al reclamo de ese país sobre el Chaco. Esta reclamación fue posteriormente sostenida ante los países signatarios del Tratado de la Triple Alianza.

Tras la derrota sufrida en la Guerra del Pacífico y la pérdida de su litoral marítimo, Bolivia orientó sus esfuerzos hacia la obtención de una salida a través del río Paraguay. Ante el fracaso de diversas gestiones indirectas, decidió entablar negociaciones con el Paraguay sobre la cuestión del Chaco. A ese efecto, en 1879, fue comisionado a Asunción en carácter de ministro plenipotenciario el Dr. Antonio Quijarro, quien, sin hacer ninguna exposición de títulos que sustenten las pretensiones bolivianas adujo conveniencias económicas para el Paraguay la celebración de un tratado de límites. Como resultado de dichas negociaciones se suscribió el Tratado Decoud-Quijarro (1879), primer acuerdo fronterizo celebrado entre ambos países tras la Guerra de la Triple Alianza. No obstante, el instrumento nunca llegó a ser ratificado.

Lejos de abandonar sus aspiraciones, Bolivia designó al Dr. Isaac Tamayo para negociar un nuevo tratado. El Paraguay accedió a reiniciar las conversaciones diplomáticas y el 16 de febrero de 1887 se firmó el Tratado Aceval-Tamayo, nuevamente, sin tener en cuenta que ello le significaba la pérdida de un territorio. Sin embargo, al igual que su predecesor, este tratado tampoco fue ratificado.

En 1891, el Gobierno boliviano acreditó al señor Mariano Baptista y su propuesta consistía en retomar alguno de los tratados previamente suscritos –el Decoud-Quijarro de 1879 o el Aceval-Tamayo de 1887– o, en su defecto, someter la controversia a una decisión arbitral. No obstante, las conversaciones fueron postergadas.

Tres años después, en 1894, fue acreditado como nuevo ministro plenipotenciario de Bolivia en Asunción el doctor Telmo Ichazo. Quien, tras un prolongado intercambio diplomático y convencido de la imposibilidad de obtener la ratificación de los tratados de 1879 y 1887, suscribió un protocolo mediante el cual ambas partes declaraban la caducidad de los mismos.

Sin embargo, las negociaciones no concluyeron allí. Gracias a la activa mediación del encargado de negocios de la República Oriental del Uruguay, Adolfo Basáñez, quien actuó como mediador neutral a solicitud de Bolivia, las partes retomaron el diálogo en un clima de conciliación. Como resultado, el 23 de noviembre de 1894 se firmó el Tratado Benítez-Ichazo, que invocando el sentimiento de confraternidad proponía dividir el Chaco con una línea diagonal que comenzaba tres leguas al norte de Fuerte Olimpo, sobre la ribera del río Paraguay, y descendía hasta interceptar el río Pilcomayo.

o a los 61° 28’ de longitud oeste. Otorgando Bolivia más de dos tercios del territorio disputado.

A comienzos del siglo XX, la controversia por el Chaco dejó de caracterizarse exclusivamente por la discusión diplomática, documental y jurídica para incorporar un componente militar cada vez más evidente. A partir de 1905, Bolivia inició una política sistemática de ocupación del territorio mediante el establecimiento de fortines militares, primero de manera discreta y posteriormente en forma abierta. Esta estrategia se evidenció con la fundación de fortines a lo largo del Pilcomayo, como, por ejemplo: Ballivián y Guachalla hasta llegar a Muñoz en la zona del Estero Patiño.

La situación adquirió mayor gravedad luego de la firma del Protocolo Soler-Pinilla, de 1907, que establecía una línea de statu quo y comprometía expresamente a ambos Estados a mantener las posiciones territoriales existentes. Pese a dicho compromiso, Bolivia continuó ampliando su presencia militar mediante la creación de nuevos fortines, entre ellos Linares, Magariño, Esteros, Saavedra, Sorpresa, Tinfunque y Arce, entre otros.

Ante esta amenaza, el Paraguay empezó a esbozar un plan militar para resguardar sus derechos. Impulsó un proceso de reorganización de su ejército y emprendió la adquisición de armamentos en Europa. Se presagiaba en el horizonte el inminente estallido de la guerra.

En 1927, un nuevo incidente agravó la situación. La muerte del Tte. Rojas Silva motivó la firma del Protocolo Díaz León- Gutiérrez por el que Paraguay y Bolivia aceptaron los buenos oficios del Gobierno argentino para procurar una salida pacífica, sin modificar los acuerdos anteriores. En ese contexto, se desarrolló la Conferencia de Buenos Aires de 1927- 1928 y, posteriormente tras el suceso del Fortín Vanguardia, la Conferencia de Washington. Ambas iniciativas diplomáticas lograron evitar momentáneamente el conflicto armado eminente.

Lamentablemente, estos esfuerzos resultaron insuficientes. Finalmente, el 15 de junio de 1932 estalló la Guerra del Chaco con el ataque boliviano al Fortín Paraguayo Carlos Antonio López.

Tras tres años de sangriento conflicto bélico, el 12 de junio de 1935 se suscribió en la ciudad de Buenos Aires el Protocolo de Paz, conocido como protocolo Riart-Eliot, en él se acordó el cese definitivo de las hostilidades entre Paraguay y Bolivia. En lo referente a límites el artículo 1, punto 3.º, estableció la obligación de resolver los diferendos por acuerdo directo o, en caso de fracasar, someterlos al arbitraje de derecho, designando como árbitro a la Corte Permanente de Justicia Internacional de la Haya.

Las delegaciones de ambos países iniciaron un complejo proceso de negociaciones diplomáticas que se extendió durante los años 1936 y 1937. A pesar de los numerosos encuentros y de las diversas propuestas formuladas por las partes, no fue posible alcanzar una solución. Ante el estancamiento de las conversaciones, las negociaciones fueron retomadas en 1938.

Durante las sesiones, tanto Paraguay como Bolivia presentaron proyectos de delimitación que fueron sucesivamente rechazados por la contraparte, manteniéndose las posiciones iniciales sin posibilidades de consenso. La Comisión de Neutrales presentó, en junio de 1938, una nueva propuesta destinada a destrabar las negociaciones. La fórmula consistía en establecer una línea intermedia y someter la porción restante del territorio en disputa a un arbitraje de equidad. Esta iniciativa fue aceptada por ambas delegaciones, como base para alcanzar un acuerdo.

La aceptación de esta fórmula implicó una decisión de gran trascendencia política y jurídica para el Paraguay. Hasta ese momento, la posición oficial había sostenido que la cuestión se circunscribía a una simple delimitación de una frontera preexistente, basada en títulos históricos claros e indiscutibles. Sin embargo, al admitir una solución negociada complementada con un arbitraje de equidad, el Paraguay aceptó la posibilidad de una distribución del territorio en litigio, privilegiando una salida pacífica al largo conflicto existente.

En definitiva, el 21 de julio de 1938 se firmó el Tratado de Paz, Amistad y Límites, entre Paraguay y Bolivia, poniendo término a una controversia diplomática iniciada décadas atrás y cerrando uno de los capítulos más complejos de la historia territorial de ambos países. El tratado estableció, en su artículo 2.°, que la delimitación definitiva de una parte del territorio sería determinada mediante un laudo arbitral de equidad, disponiendo expresamente que los árbitros actuarían ex aequo et bono, es decir, resolviendo conforme a criterios de justicia y equidad antes que por la estricta aplicación del derecho positivo.

Al firmar el tratado Paraguay ocupaba 264.150 km² aproximadamente de la región en disputa. No obstante, el acuerdo reconoció definitivamente al Paraguay una superficie cercana a 232.650 km², mientras que una franja aproximada de 41.500 km² quedó sometida a la decisión del tribunal arbitral. El 10 de octubre de 1938, el Colegio Arbitral dictó su laudo definitivo, estableciendo que la línea fronteriza debía extenderse desde el lugar denominado Esmeralda, sobre el río Pilcomayo, hasta la desembocadura del río Negro u Otuquis, fijando así el trazado de una parte sustancial de la frontera entre ambos Estados.

Con el objetivo de ejecutar las disposiciones del tratado y materializar la delimitación acordada, el 25 de noviembre de 1938 se constituyó la Comisión Mixta Demarcadora de Límites, organismo técnico binacional encargado de trasladar las disposiciones jurídicas a la realidad geográfica mediante la colocación de hitos y la determinación precisa de la línea internacional. Inició su labor en 1939, la colocación del primer hito denominado “Esmeralda” se realizó el 10 de octubre de 1940 siendo el delegado demarcador paraguayo el capitán José Bozzano y por Bolivia el general Abelardo Prieto.

Los primeros delegados demarcadores que representaron a nuestro país que lo representaron en las reuniones de la Comisión Demarcadora fueron el teniente coronel Abdón Palacios y el teniente 1.° de Marina Néstor Rodríguez Bordas. Por parte Bolivia fueron el coronel Abelardo Prieto y el mayor Walter Salinas.

La entrega material de los territorios adjudicados a cada Estado se llevó a cabo mediante una ceremonia oficial el 28 de diciembre de 1938, en la ciudad de Villa Montes, Bolivia, acto que simbolizó el cumplimiento efectivo de las disposiciones adoptadas en el Tratado de Paz.

En el Paraguay, si bien se había realizado un plebiscito donde la ciudadanía expresó su respaldo, este carecía de efectos jurídicos vinculantes. Por tal motivo, el 16 de febrero de 1939, el Congreso Nacional aprobó formalmente el tratado, que fue promulgado mediante la Ley n.º 61, otorgándole plena validez dentro del ordenamiento jurídico y cerrando cualquier cuestionamiento respecto de su legitimidad.

La firma del Tratado de Paz, Amistad y Límites de 1938 no significó el fin de los desafíos vinculados con la delimitación fronteriza. Por el contrario, dio inicio a una extensa etapa de trabajo técnico sobre el terreno, destinada a materializar las disposiciones del tratado y del laudo arbitral mediante la ubicación precisa de hitos, la apertura de picadas y la verificación permanente de la línea internacional. Esto exigió décadas de arduo trabajo técnico de la Comisión Mixta Demarcadora de Límites. El desafío apenas comenzaba y que duraría 87 años, culminando de manera efectiva en diciembre de 2025, durante la gestión del actual gobierno encabezado por el presidente Santiago Peña.

Fue precisamente el desarrollo de estas labores de demarcación que permitió identificar una discrepancia que, años más tarde, daría origen a una nueva controversia: el arbitraje sobre el cerro Chovoreca. El 23 de mayo de 1967, durante una reunión plenaria de la Comisión Mixta Demarcadora de Límites celebrada en Buenos Aires, surgió un desacuerdo respecto de la ubicación del Vértice VIII, conocido como cerro Chovoreca. La delegación boliviana sostenía que dicho accidente geográfico no existía y defendía la validez del hito ya emplazado conforme a las coordenadas consignadas en el plano del laudo arbitral de 1938. Por su parte, la delegación paraguaya afirmaba la existencia física del cerro y sostenía que el hito colocado carecía de validez debido a vicios tanto de forma como de fondo en el acta de erección.

Ante la imposibilidad de alcanzar un consenso, las partes acordaron someter la cuestión a la decisión del presidente de la Comisión Mixta Demarcadora de Límites, el general de brigada ingeniero Gonzalo Gómez, quien asumió la responsabilidad de resolver la controversia mediante un análisis estrictamente técnico. Tras la realización de los estudios topográficos, cartográficos y geodésicos correspondientes, el 11 de julio de 1969 se dictó un fallo definitivo e inapelable que estableció que el Vértice VIII debía ubicarse en el punto más elevado del cerro Chovoreca, identificado en la cota de 254,72 metros sobre el nivel del mar, con esta decisión el Paraguay ganaba aproximadamente 800 kilómetros de superficie en disputa.

Décadas más tarde, ambos países reafirmaron su compromiso con el cumplimiento integral del tratado, con la suscripción de nuevos instrumentos jurídicos orientados al manteniendo de la frontera. El 24 de abril de 2009 se firmó el Acta Final sobre la ejecución y el cumplimiento del Tratado de Paz, Amistad y Límites del 21 de julio de 1938. Posteriormente, el 12 de junio del mismo año, a 74 años del cese de hostilidades, se firmó el Protocolo Adicional al Tratado de Paz, Amistad y Límites, aprobado por Ley n.° 4176/2010, que estableció una nueva Comisión Mixta Demarcadora de Límites con las funciones de construcción, control y mantenimiento de hitos, así como la apertura y conservación de picadas.

La cooperación bilateral se profundizó aún más con la firma de las Notas Reversales del 30 de mayo de 2011, mediante las cuales ambos gobiernos acordaron establecer, a lo largo de toda la frontera terrestre, una franja de 50 metros de ancho destinada exclusivamente al libre tránsito para las tareas de vigilancia, mantenimiento y conservación de los hitos limítrofes. Estas áreas, conocidas como fajas de seguridad territorial o fajas non aedificandi, constituyen espacios donde no pueden realizarse construcciones permanentes, garantizando la adecuada visibilidad y preservación de la línea fronteriza.

Finalmente, en diciembre del año 2025 con la realización de los trabajos de batimetría del río Negro, quedaron concluidas las labores técnicas necesarias para la demarcación integral de la frontera entre la República del Paraguay y el Estado Plurinacional de Bolivia, culminando un proceso iniciado formalmente con la firma del Tratado de Paz de 1938.

De enero a mayo de este año, Itaipú Binacional transfirió USD 205 millones al Estado paraguayo, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Anexo C del Tratado. Los desembolsos corresponden a royalties, cesión de energía y pagos a la Administración Nacional de Electricidad (Ande).

De acuerdo con el reporte de la Dirección Financiera de la Entidad, en los primeros cinco meses de 2026, el Tesoro paraguayo recibió USD 109 millones por royalties, mientras que USD 55 millones fueron inyectados por cesión de energía. A su vez, la Ande percibió USD 41 millones en carácter de resarcimiento de las cargas de administración y utilidades del capital.

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Destacan que en lo que corresponde solo a las transferencias realizadas en mayo, los royalties totalizaron USD 22 millones y la compensación por cesión de energía alcanzó unos USD 10 millones. Por su parte, la compañía eléctrica registró un ingreso de USD 8 millones por resarcimiento y utilidades. De esta manera, durante el quinto mes del presente ejercicio, Itaipú destinó poco más de USD 40 millones a las arcas nacionales.

Mencionan que una parte de los royalties es destinada al financiamiento de los gastos del Presupuesto General de la Nación (PGN), mientras que otra importante porción el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la transfiere a los gobiernos departamentales y municipales.

En tanto, que en el caso específico de la compensación por cesión de energía, detallan que los recursos se incorporan al Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae) y un porcentaje también es distribuido a municipios y gobernaciones.

Asimismo, precisan que los pagos a la Ande le permiten a la compañía eléctrica tener fondos garantizados y previsibles para así cumplir sus planes de inversión, con el fin de proveer un servicio de electricidad de calidad en todo el territorio nacional.

El infome oficial detalla que además de mantener un óptimo desempeño en la generación de energía, Itaipú sigue honrando en tiempo y forma sus compromisos financieros, lo que significa una inyección económica fundamental para el Estado. Estos recursos son fundamentales para que gobernaciones, municipios y la empresa estatal puedan llevar adelante sus correspondientes obras en beneficio de los pobladores.

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