El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, participó de una reunión interinstitucional sobre el uso de tobilleras electrónicas, encuentro impulsado por el ministro del Interior, Enrique Riera y donde también participaron representantes del Poder Judicial. Las autoridades abordaron sobre la posibilidad de que más personas puedan disponer de los dispositivos electrónicos.

“Coincidimos plenamente en celebrar que se haya abierto la aplicación de los dispositivos electrónicos de control a todos los hechos punibles, eso nos da una enorme herramienta para poder ofrecer a los jueces de ejecución penal y de Garantías la posibilidad de acuerdo al criterio que ellos vayan aplicando”, explicó Nicora.

El secretario de Estado detalló que esto permitirá que las personas que tienen procesos abiertos, puedan litigar con el fin de acceder a una prisión domiciliaria, con la utilización de las tobilleras, de modo a generar garantías para la seguridad de las personas. “Muchas veces ese es el temor, la sociedad necesita sentirse protegida”, expresó.

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En primera instancia, las tobilleras solo estaban disponibles para casos de violencia familiar o contra la mujer, sin embargo, con esta ampliación, se permite que personas procesadas por otros hechos, también puedan acceder al dispositivo. Esto enmarcado en una política del Gobierno para reducir el hacinamiento penitenciario, optimizar la gestión del sistema judicial mediante la implementación de tecnología.

Por su parte, el ministro Riera valoró la importancia de coordinar esfuerzos entre instituciones del sistema de justicia. Anunció la creación de una “Mesa por la Justicia”, enfocada en unificar las bases de datos entre organismos como la Policía Nacional, la Corte Suprema, el Ministerio del Interior, el Ministerio Público, el Consejo de la Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento y el Ministerio de Justicia.

Otras autoridades presentes fueron el director general del Sistema 911, Hernán Escobar; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel, junto a los ministros Luis María Benítez Riera y Carolina Llanes.

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En el marco de la evaluación de los 32 días de intervención municipal en Ciudad del Este, el interventor Ramón Ramírez, señaló lo se observa y es que la Junta Municipal ha comenzado a ejercer su rol de contralor, desde el pasado 23 de junio cuando inició la intervención, solicitando informes, preocupándose de la administración de los recursos de la Municipalidad.

El economista mantuvo una larga entrevista en Radio Concierto de la capital de Alto Paraná y aclaró que la intervención se da para todo el municipio, es decir tanto para la intendencia como para la Junta Municipal, donde hay una evidente mayoría coyuntural a favor del intendente Prieto. Aclaró que, quien tiene la facultad de solicitar informes es el interventor.

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Insistió que es la Municipalidad está intervenida y el reporte que estará brindando serán sobre los hallazgos que tengan sobre la administración de la intendencia; pero también sobre el rol de contralor de la Junta Municipal.

“El interventor es quien tiene la facultad de solicitar informes a las autoridades electas, esto está claramente establecido en la disposición de la intervención. Hay responsabilidades compartidas en algunos temas. El intendente tiene facultades, pero también hay responsabilidades compartidas con la Junta Municipal; y esa mayoría coyuntural le otorgó carta abierta al intendente”, precisó.

Explicó que la responsabilidad del interventor es reportar esa corresponsabilidad de la intendencia y la junta; ya será en otra instancia la que pondrá la calificación o nivel de responsabilidad.

Ramírez explicó que lo que ha observado, es un mecanismo de acompañamiento incondicional por parte de esa mayoría oficialista en la Junta, a la gestión del intendente Prieto, y eso se pudo constatar cuando aprueban minutas en un día y el intendente lo aprueba en el mismo día.

“Sin embargo, no existe la misma velocidad, en otros temas. La Contraloría General también habló de las inconsistencias de los estados financieros, y eso la Junta lo debía haber identificado, en eso no escapa la responsabilidad de los concejales, porque esos estados contables deben ser aprobados por la Junta Municipal”, explicó.

Remarcó que lo que ha encontrado es que, en todo este periodo municipal, la mayoría coyuntural oficialista, no ha hecho su trabajo de contralor y es por eso que este tema fue observado por la Contraloría.

“Es una suma de todo, yo llamaría más bien, complicidad que ignorancia, porque si bien, el concejal no tiene la obligación de saber todo, ni ser un especialista en materia financiera o contable; pero si tienen la posibilidad, y de hecho tienen un equipo de asesores que les ayuda a tomar la decisión. Pero lo que se pudo observar, es que a velocidad extraordinaria se aprobaron y acompañaron todas las peticiones de la intendencia”, indicó.

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En el marco de la cooperación internacional en materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado, se encuentra en el país de visita oficial Javier Samper, director de EL PAcCTO 2.0 (Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado) una iniciativa de la Unión Europea, que está llevando a cabo importantes reuniones con autoridades de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Ministerio de Justicia y otras instituciones públicas.

Le acompaña en este recorrido, la agregada de Cooperación de la Unión Europea, Maddalena Massucci, quien junto a Samper visitaron en primer orden al ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, con quien abordó la cooperación bilateral y el fortalecimiento de los lazos para la lucha contra el crimen organizado transnacional y narcotráfico.

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El encuentro que se concretó en la sede institucional propició el abordaje de las estrategias de cooperación técnica interinstitucional orientadas a fortalecer las capacidades nacionales en la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y otros delitos transnacionales.

De acuerdo al informe oficial emitido desde la Senad explican que EL PAcCTO 2.0 promueve la seguridad y justicia en América Latina, apoyando a los países de la región en el desarrollo de políticas públicas que abarquen toda la cadena penal: policial, judicial y penitenciaria.

“La Senad reafirma su compromiso de seguir articulando esfuerzos con socios estratégicos internacionales para consolidar un sistema de seguridad más eficaz, moderno y coordinado”, concluye el comunicado.

Igualmente, el director de EL PAcCTO 2.0, mantuvo un encuentro con el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, con quien charló sobre el fortalecimiento de los vínculos institucionales para avanzar en prioridades estratégicas del país.

También evaluaron los aspectos clave sobre la inteligencia penitenciaria, el régimen de máxima seguridad y las acciones proyectadas en el ámbito de seguridad, ligados a la Presidencia Pro Tempore Mercosur.

Ambas partes coincidieron en la necesidad de potenciar capacidades operativas y técnicas dentro del sistema penitenciario, así como generar sinergias para detectar y desarticular redes criminales que operan desde los centros de reclusión.

En este encuentro estuvieron presentes además el viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel, y el director de Asuntos Internacionales, Sergio G. Velilla.

Desde el Ministerio de Justicia resaltaron que la visita de Javier Samper constituye un paso relevante en la articulación de esfuerzos regionales para el combate contra estructuras criminales complejas que afectan a toda la región.

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El economista Ramón Ramírez, interventor de la municipalidad de Ciudad del Este, realizó una evaluación de su gestión en general en estos 37 días que se lleva adelante la intervención. Brindó un adelanto de los principales hallazgos respecto a la administración del intendente Miguel Prieto.

Ramírez informó durante una entrevista con Radio Concierto, de la capital del Alto Paraná, que están ejecutando una auditoría al sistema informático del área de recaudaciones y los primeros reportes que están recibiendo son preocupantes. Indicó que no hay un sistema de auditoría al propio sistema que permita la trazabilidad en las ejecuciones de cobro.

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“Esto quiere decir que alguien puede tocar la cuenta de un contribuyente, por ejemplo, en la cuenta de Benigno puede poner pagado y luego puede modificar. No existe una ruta para saber quién modificó las cuestas. No sabemos las personas que no pagaron, pero que figuran como pagado, o viceversa; no existe la trazabilidad de este sistema”, comentó.

Ante esta grave situación, indicó que decidió realizar la auditoría informática del sistema, porque los primeros reportes han sido muy preocupantes y estarán presentando en el reporte, con las sugerencias de un plan de mejoramiento que debería ser aplicado cuanto antes.

Ramírez remarcó que al terminar su intervención su reporte no se va a centrar en presunciones, sino que se sustentará en hechos puntuales, documentaciones que esté fehacientemente comprobado y en esa línea se encuentra actualmente trabajando.

“Si bien, hay varias situaciones que se prestan a la presunción, pero la naturaleza de nuestro trabajo nos obliga a reducir todas esas presunciones”, enfatizó.

Asimismo, reconoció las dificultades que están sorteando, de tal modo que el servicio municipal no se vea afectado, pese a la notarias directrices para obstruir la intervención.

El interventor valoró que pese a las grandes trabas que están poniendo algunos funcionarios municipales para llevar adelante la gestión municipal; destacó que hay otros funcionarios que “se ha puesto verdaderamente la camiseta de la institución”, y está permitiendo cumplir con los servicios.

En cuanto a las recaudaciones, señaló que sí están con indicadores negativos en relación a los meses del año pasado. Aclaró que el mes de julio, siempre ha tenido la particularidad de ser los meses de menor recaudación en el histórico.

No obstante, instó a la ciudadanía a acercarse a realizar los pagos de sus tributos, de tal modo a que el municipio tenga el oxígeno necesario para cumplir con sus obligaciones.

“El ambiente de desconfianza en el municipio es tremendo. Nosotros a puertas cerradas, nos dicen que tratan de colaborar al máximo. Pero también nos dicen que, al salir por esa puerta, reciben fuertes presiones y fuertes observaciones”, comentó.

Indicó que la presión se da en todas las escalas o los niveles del funcionariado, desde el funcionario menor o modesto hasta los niveles superiores.

El interventor aseguró que toda la información que está reportando está respaldada en hechos demostrables y documentaciones. Indicó que encontró 22 cajas chicas distribuidas en toda la administración, lo que involucraba a unos 150 millones de guaraníes, entre todas las asignaciones ya sea de G. 5 millones a G. 15 millones.

Explicó que, de acuerdo a su experiencia en otras instituciones, la distribución de las cajas chicas por direcciones, solo se debe dar si existe un control estricto. Ya que en la administración en general están concentradas en la dirección de administración y finanzas.

“Sorprende aquí la segmentación de esa figura, podría decir que en algunos podría ser necesarias, para una respuesta rápida. Pero eso hace que el uso sea de forma discrecional”, acotó.

Como interventor, señaló que ahora está en constante control bajo su director de finanzas que lleva adelante un diario monitoreo del área de tesorería y recaudaciones, sobre todo.

El interventor Ramírez ratificó una vez más que en materia de las licitaciones y los procesos de contratación promovidos por el intendente Prieto, mantienen un patrón de “ganadores consuetudinarios”.

Entre los que puso como, por ejemplo, la firma de SERMAQ, de Fredy Guzmán Martínez Báez, socio de tragos de Miguel Prieto, quien, desde el inicio de la gestión del hoy jefe comunal cesado, tuvo en menos de tres años contratos por 13 mil millones de guaraníes.

“Sus esquemas de llamados son calcados, hacían obras con contratos abiertos, con montos mínimos y máximos, pero al final todos se hacían con el precio máximo. Son cuestiones que hacen que se presuman el direccionamiento en las Contrataciones Públicas”, explicó.

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