Las acusaciones en contra de actores judiciales que aparentemente no siguen los procedimientos legales suman y siguen en la ciudad de Caacupé, en este caso la denuncia penal hecha por María Carolina Agüero es por la supuesta producción inmediata de documentos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso, hecho que se habría dado en medio de un proceso judicial por un presunto caso de estafa y apropiación que involucra a la denunciante.
Los funcionarios judiciales que son puestos en la mira en la denuncia son la jueza María Teresa Rodríguez, el actuario Diego Higinio Benítez Gamarra y el fiscal del caso, el abogado Gustavo Sosa Ibarrola; los mismos ya fueron denunciados de manera pública por otorgar vehículos de una causa abierta en contra del señor Aníbal Rodríguez para su aparente uso en la campaña política de candidatos del oficialismo.
Tanto la denunciante como su abogado se percataron de las irregularidades luego de que el fiscal del caso, el abogado Gustavo Sosa Ibarrola, el día de la presentación del requerimiento conclusivo, admitió por escrito que no cuenta en su poder con la carpeta donde están las acusaciones y las pruebas y que la misma estaba a disposición de las partes en la Fiscalía, incumpliendo así con el Código Procesal Penal que señala que una vez remitida la denuncia con la misma deben ir la evidencias del caso.
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A pesar de esta irregularidad, según la denuncia, la jueza aceptó el requerimiento conclusivo y solicitó la apertura de un juicio oral y público, a lo que el abogado de la denunciante actuó con un pedido de aclaratoria, ya que no se dio la presentación de pruebas, a raíz de esto y apenas tuvieron conocimiento los agentes judiciales se consignó en el sistema electrónico falsamente que los documentos necesarios se presentaron en el día establecido.
A esta seguidilla de actos fraudulentos se sumó el hecho de que ningún documento supuestamente presentado se encuentra en el formato electrónico dentro del sistema para que las partes tengan acceso y esto refuerza el aparente hecho de que la carpeta fiscal nunca fue presentada en la fecha mencionada y que las fechas habrían sido adulteradas.
Se destaca en la denuncia que, además de todas las maniobras dudosas, se vio que los informes fueron completados y firmados por diferentes funcionarios judiciales y que, a su vez, los informes variaban en cuanto a informaciones. En la carpeta fiscal física también se denota el hecho de que las pruebas no fueron presentadas en fecha porque las mismas cuentan con fechas de recibos posteriores a la fecha que se detalló en el sistema, según especificaron los afectados.