Tras un largo debate, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el proyecto de Ley “Que suprime durante el ejercicio fiscal 2026 el pago de bonificaciones, cualquiera sea su denominación, para los funcionarios públicos que ocupan cargos de conducción política”. Esta iniciativa había sido impulsada por el propio titular del Congreso, senador Basilio Núñez, acompañado por varios de sus colegas, ante los fuertes cuestionamientos que habían generado esos ingresos.

El pleno de la Cámara Alta llevó adelante el estudio del citado proyecto, dedicando un prolongado debate, con la firme intención de eliminar las bonificaciones a altos funcionarios. Tras el debate se aprobó en general y al momento del estudio de sus articulados se fueron planteando algunas modificaciones. Ahora el proyecto pasa a la Cámara de Diputados para su correspondiente estudio.

Esta propuesta, que apunta a reducir los privilegios dentro del Congreso, es en respuesta a los constantes cuestionamientos ciudadanos sobre los beneficios que perciben las autoridades. Finalmente se estableció que la eliminación de estos recursos se extiende a las máximas autoridades institucionales en el objeto de gastos bonificaciones.

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Asimismo, el pleno estableció en el proyecto de ley que el monto que sea descontado en dicho concepto; esos mismos recursos sean destinados al pago de deudas con las farmacéuticas. Si bien los legisladores mencionaron que es difícil cuantificar cuánto será el monto a redireccionar, mencionaron ante el pleno un estimado que rondaría los USD 1.200.000.

Al respecto, el senador Natalicio Chase mencionó que se suprimirán estas bonificaciones, durante el ejercicio fiscal 2026, cualquiera sea su denominación, para los funcionarios públicos que ocupan cargos de conducción política; que serían, legisladores, presidente de la República, vicepresidente, ministros, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, fiscales, contralor, intendentes, gobernadores y directivos de entidades descentralizadas.

A su turno, el senador Dionisio Amarilla, como titular de la Comisión de Cuentas y Control, resaltó que aprobar este proyecto representa una clara señal de que están dispuestos a aplicar políticas de racionalización en el uso de los recursos, “buscando atender necesidades que demanda la población y quedamos cortos porque no previmos a todas las instituciones”, explicó.

“Esto significará un simbolismo de apostar a la racionalización que es necesaria y que estoy seguro que la gente sabrá valorar en su real dimención y que sabrá reconocer”, acotó Amarilla.

A su turno, el presidente del Congreso, Basilio Núñez comenzó señalando que todos los aumentos que se han otorgado en el Senado se han hecho de manera transparente, desmintiendo de esa forma portada de noticas que mencionaba supuestos encubrimientos.

No obstante, a raíz del planteamiento que sugió del propio Ministerio de Economía y Finanzas sobre la necesidad de una “economía de guerra”, es que personalmente y con el apoyo de varios de sus colegas han tomado la decisión de dejar sin efecto las bonificaciones que estaban previstas para el ejecicio fiscal 2026.

“Presentamos esta iniciativa legislativa, porque creemos que es un gesto del Congreso, así como las modificaciones que se plantean y espero el acompañamiento de la plenaria”, acotó.

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La construcción del Hospital General de Concepción, impulsada por el Gobierno del Paraguay, con financiamiento de la Entidad Binacional Itaipú, registra avances con el inicio de la etapa estructural, tras la culminación de los trabajos preliminares en el terreno. El futuro centro asistencial del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, fortalecerá la red de servicios de salud en el norte del país, beneficiando a más de 266.000 habitantes.

Actualmente, las tareas se centran en la ejecución de pilotes, correspondientes al sistema de cimentación del edificio, marcando un hito clave en el desarrollo del proyecto.

Durante la fase inicial se realizaron tareas de limpieza y marcación del terreno, instalación de obradores, vallado perimetral y movimientos de suelo entre otras intervenciones, necesarias para la preparación del sitio donde se erige la infraestructura.

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El hospital se construye en un predio de 15 hectáreas, cedido al Ministerio de Salud y responde a criterios modernos de arquitectura hospitalaria, incorporando estándares de sostenibilidad, accesibilidad y tecnología para la atención integral de los usuarios.

La futura infraestructura contará con 127 camas de internación y 32 de terapia intensiva neonatal, pediátrica y adultos; además de 32 consultorios para la atención ambulatoria y de urgencias; así como 6 quirófanos destinados a cirugías programadas y servicios de maternidad.

Igualmente, dispondrá de servicios complementarios como fisioterapia y rehabilitación, laboratorio, diagnóstico por imágenes (radiología, tomografía, resonancia magnética y ecografías), anatomía patológica, unidad de medicina transfusional, diálisis, farmacia y albergue. También incluirá áreas de apoyo como cocina, lavandería y esterilización.

El predio incorporará áreas verdes, estacionamientos diferenciados y un helipuerto, además de infraestructura para la gestión ambiental, como planta de tratamiento de efluentes cloacales, sistema de manejo de residuos hospitalarios y un sistema automatizado de prevención y combate contra incendios.

El proyecto se ejecuta en el marco del Contrato Nº 4500080133/2025 de Itaipú con el Consorcio Hospital del Norte (Tecnoedil – Implenia – Ascent). La fiscalización está a cargo del Consorcio Fiscalizador de Hospitales, con un plazo de ejecución de 24 meses para el diseño y construcción.

La supervisión técnica es realizada de manera conjunta por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

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Falleció este miércoles Ramón Samudio (82), el abuelo que fue víctima de un error médico que le costó la pérdida de ambas piernas en IPS. El fallecimiento fue confirmado por familiares. Murió sin que se le hiciera justicia.

“Hoy, mi papá perdió la batalla. Entró por neumonía, se le complicó, se le tuvo que hacer una cirugía, aguantó, pero el proceso ya no”, relató la hija, Natalia Samudio, en diálogo con el programa Dos en la Ciudad de canal GEN y radio Universo 970AM.

El deceso se produjo en la unidad de cuidados intensivos del hospital central de IPS. “Entró en terapia intensiva y ahí se le complicó todo. Su corazón latía fuerte, pero su cuerpo ya no daba más”, expresó.

Recordó que tuvo un año y medio de terapia psicológica para superar el trauma de perder ambas piernas en el año 2022. Pero el amor de su familia fue fundamental para su recuperación emocional.

“A él le alimentaban su corazón y su alma sus biznietos. Ellos eran su alegría”, resaltó. En ese sentido, lo recordó como un abuelo y papá “excepcional”.

No obstante, le producía tristeza ver su historia en las noticias, mencionó. “Sobre todo, porque a él no se le hizo justicia. Pero nunca se quejó”, indicó.

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En ese sentido, mencionó que presentaron varias denuncias, se hizo la apelación porque desestimaron el caso, luego despreciaron la primera apelación y también la segunda apelación.

“Se hizo una demanda contra los doctores por no consentimiento porque nosotros no dimos el consentimiento para que le corten la pierna izquierda. Era la pierna derecha la afectada. Nosotros perdimos la batalla”, refirió.

Lamentó que, pese a que presentaron numerosas pruebas de la negligencia, “no hubo justicia para él”, señaló.

Tampoco hubo ninguna disculpa de parte de la previsional. “Mi papá nunca recibió ni una disculpa. Ni un ‘cometimos un error’, porque no es supuesta negligencia, hubo negligencia”, manifestó.

Ni hubo resarcimiento por el error cometido. “No le debemos ni un ‘geniolito’ al IPS, porque durante el tiempo que estuvo en terapia, nosotros gastamos más de un millón”, apuntó.

Finalmente, cuestionó que la causa haya sido desestimada y que los médicos involucrados sigan ejerciendo la profesión y trabajando en la previsional.

“Como familia, no le debemos nada al IPS, ni a los doctores, mucho menos a la justicia paraguaya”, remarcó la hija.

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El exmandatario Nicanor Duartes Frutos sugirió al gobierno del economista Santiago Peña elevar el tope del déficit fiscal como estrategia para zanjar las deudas acumuladas en medio de un plan de ajustes de los gastos en la administración central.

“Tenemos una acumulación de deudas que está afectando gravemente la realidad financiera del Estado y eso hay que analizar por qué se ha dado. Se tienen que pagar las deudas y pensar en elevar el déficit fiscal, de lo contrario, hay que pensar cuál es lo más perjudicial para el país, un déficit fiscal bajo con la paralización de las obras e inversiones con recortes en presupuestos para la salud, educación, desempleo y recesión económica o elevarlo por un tiempo, un periodo o años”, dijo en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

A inicios de marzo, las deudas con el sector de las farmacéuticas superaban los USD 700 millones, mientras que con las constructoras el monto era de USD 360 millones. “Hay que elevar el déficit, más todavía que estamos en un momento excepcional de la economía global con una guerra (en el Medio Oriente), que está afectando los precios por ejemplo del petróleo, del gas y esto empieza a generar inclusive inflación a varios países”, indicó.

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Sin embargo, Peña había descartado semanas atrás aumentar el límite fijado en la Ley de Responsabilidad Fiscal, equivalente al 1,5 % del Producto Interno Bruto (PIB). En el camino hacia la obtención del grado de inversión, el presidente se propuso a retornar a dicho tope y que la meta no representa una “obsesión” para su gobierno, sino la necesidad de poder asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas y la estabilidad económica.

“Esto no es una narrativa, hay una percepción y una realidad, ya que las empresas farmacéuticas y vialeras no están cobrando, hay una acumulación de las deudas en el programa Hambre Cero", insistió Duarte Frutos.

Por otra parte, recomendó a Peña impulsar de manera urgente cambios en su gabinete. “Hay un cuestionamiento que se viene acumulando y va creciendo, no es un discurso solo de los medios de comunicación, sino de empresarios, sectores gremiales, políticos y parlamentarios, que piden a Santiago Peña que evalúe su gabinete. Los ministros no tienen votos ni arraigo”, acotó.

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