Programa de transformación educativa será debatido en audiencia pública
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En la Cámara de Senadores se desarrollará mañana lunes 21 de noviembre una audiencia pública para abordar el proyecto de transformación educativa. El encuentro de modalidad presencial y virtual está previsto para las 9:00 en la Sala Bicameral del Congreso y fue convocado por los senadores Abel González, Enrique Riera y Blas Llano.
Los mencionados legisladores presentaron una propuesta legislativa que pretende la suspensión de manera temporal la vigencia de la Ley N° 6659/20 que aprueba el convenio de financiación entre la Unión Europea y la República del Paraguay para el programa de transformación del sistema educativo en Paraguay y sus anexos. En la exposición de motivos, indican que motivó la presentación de este proyecto, la preocupación de la sociedad nacional por los resultados que pueda arrojar la aplicación de este plan.
Los senadores presentaron esta propuesta el pasado 26 octubre, luego de las movilizaciones originadas por la diferencia de posturas respecto al plan de transformación educativa. “Es nuestro deber como representantes de la voluntad popular atender a los pedidos e inquietudes de la ciudadanía que celosamente custodia e intenta resguardar la educación de sus hijos, además de las buenas costumbres”, señala el mencionado proyecto.
El proyecto establece básicamente la suspensión por un año del proyecto de transformación educativa y en el segundo artículo indica que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) deberá convocar a una mesa de trabajo interinstitucional con las comisiones de Educación de cámaras del Congreso Nacional y Organizaciones no Gubernamentales que guarden relación con el ámbito educativo de modo de realizar un análisis pormenorizado de los alcances y efectos de la implementación del plan.
Hay que destacar que aún está pendiente el estudio de esta iniciativa legislativa en las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Legislación, de Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales, de Cultura y Educación, de Derechos Humanos, de Equidad y Género, así como también de la Niñez, Adolescencia y Juventud.
Los interesados en participar de esta audiencia pública podrán inscribirse a través del siguiente enlace: https://forms.gle/xozgwZ43xCJ5xQkj6 y se podrá seguir la transmisión en vivo mediante los canales oficiales de comunicación del Senado, en Facebook, YouTube y en la canal 24 de Copaco.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, rechazó la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de suspender la ley de amnistía a militares y policías. Foto: @presidenciaperu
Presidenta de Perú rechaza orden de Corte IDH de suspender ley de amnistía a militares
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La presidenta de Perú, Dina Boluarte,rechazó este jueves la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de suspender la ley de amnistía a militares y policías procesados por violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado de dos décadas que azotó al país.
La ley, aprobada el 9 de julio y que aún debe ser promulgada por Boluarte, beneficia a miembros de las fuerzas de seguridad acusados, investigados o juzgados por delitos derivados de su participación en la lucha del Estado contra la insurgencia izquierdista entre 1980 y 2000.
La Corte IDH, el máximo órgano judicial del continente, ordenó el 24 de julio al Estado peruano detener “inmediatamente” el trámite de la ley, y en caso de promulgarla, abstenerse de aplicarla mientras analiza sus efectos sobre los derechos de las víctimas.
Boluarte criticó este jueves esa exigencia durante una ceremonia de la Policía Nacional en Lima.
“No permitiremos la intervención de la Corte Interamericana que pretende suspender un proyecto de ley, que busca justicia para miembros de las fuerzas armadas, policía y los comités de autodefensa que lucharon arriesgando sus vidas contra la insanía del terrorismo”, dijo.
“No lo vamos a permitir. Somos defensores de los derechos humanos y esta posición del gobierno es soberana autónoma, libre y justa para un país que anhela paz”, enfatizó la mandataria conservadora.
Expertos de la ONU ya habían pedido al gobierno de Boluarte que vetara la ley, alegando que las normas internacionales prohíben amnistías o indultos por crímenes graves.
Antes de la aprobación legislativa, la oenegé Amnistía Internacional había exhortado al Congreso a ponerse del lado de las víctimas y rechazar con firmeza la legislación.
Las organizaciones de derechos humanos estiman que esta ley de amnistía beneficiaría a unos 900 militares y policías, entre ellos varios generales.
Perú aprobó en agosto de 2024 una ley que declara prescritos los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002 en la lucha contra las guerrillas.
La iniciativa, que los defensores de los derechos humanos llaman “Ley de Impunidad”, benefició al hoy fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), condenado por ordenar dos matanzas de civiles llevadas a cabo por el ejército en 1991 y 1992, así como a 600 militares procesados.
El conflicto interno en Perú, en el que las fuerzas del Estado se enfrentaron a las guerrillas de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), dejó unos 70.000 muertos y más de 20.000 desaparecidos, según cifras oficiales.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación indicó que existen en Perú más de 4.000 fosas clandestinas producto de la violencia entre 1980 y 2000.
La Corte IDH tiene jurisdicción sobre una veintena de países de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que han reconocido su competencia contenciosa.
Senado autoriza ingreso de militares de EE. UU. para operativo médico “Amistad 25″
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La Cámara de Senadores autorizó en la última sesión ordinaria, el ingreso temporal de 54 efectivos militares de Estados Unidos, en el marco del programa “Amistad 25″, que incluye la atención médica a población vulnerable y entrenamiento para el personal de las Fuerzas Armadas Paraguayas.
“Van a participar médicos americanos y de las Fuerzas Armadas de Paraguay, vienen profesionales de primera línea, con equipamiento de la misma característica, es demasiado importante el servicio que ellos van a dar a favor de las comunidades”, expresó el ministro de Defensa, Oscar González.
Según el secretario de Estado, el operativo de atención médica está previsto en varios puntos del país y esto forma parte de un programa impulsado por parte de los Estados Unidos en el marco de las relaciones bilaterales. “Ellos cumplen y nosotros con mucho beneplácito aceptamos y los apoyamos”, añadió.
Las jornadas de atención médica irán desde el 2 al 16 de agosto en los siguientes lugares:
el Hospital del Trauma
Hospital de Luque
la Unidad de Salud del Hospital del Trauma
el Hospital Central de las Fuerzas Armadas.
Para el efecto, se utilizarán las propias instalaciones de hospitales mencionados y si es necesario se montarán carpas, precisó el ministro a la 920 AM.
Además de la atención médica, el ejercicio permitirá a las Fuerzas Armadas paraguayas mejorar su capacidad de respuesta ante crisis. El entrenamiento incluirá simulaciones de atención en emergencias y actualización de protocolos médicos.
Paraguay ya ha autorizado anteriormente la presencia de militares estadounidenses, como los 10 instructores del 7° Grupo de Fuerzas Especiales que capacitaron a 40 militares paraguayos entre 2024 y marzo de 2025. En este caso, “Amistad 25” tiene un enfoque sanitario. “Hasta los pacientes ya están a la expectativa, esto ni siquiera necesita de mucha difusión porque ya saben se realizará”, expuso.
Reforma del transporte público: reducir tiempo y eliminar reguladas, principales objetivos
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El proyecto de ley “que establece la rectoría sobre el transporte terrestre y modifica y amplía disposiciones de la Ley 1590/2000, relativas al transporte público metropolitano de pasajeros”, cuenta con 122 artículos. Fue presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional y la Cámara de Senadores estableció el 3 de setiembre para su tratamiento en el pleno legislativo. El documento ya ingresó a la Cámara Alta y fue derivado a las comisiones asesoras.
“Actualiza el marco institucional del sector de transporte, organiza la elaboración de políticas y planificación e instaura, para la prestación del servicio de transporte público metropolitano de pasajeros, nuevos principios rectores y un marco regulador con orientación a la calidad y bienestar de personas usuarias, promoviendo un servicio eficiente, seguro, accesible, sostenible e integrado para el desarrollo económico del país”, establece el primer artículo.
El órgano rector del Sistema Nacional de Transporte y el encargado de elaborar, proponer y ejecutar las políticas y disposiciones del Poder Ejecutivo, referentes a las infraestructuras y servicios básicos para la integración y desarrollo económico, será el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
El Viceministerio de Transporte, en función desconcentrada, estará a cargo de la regulación del servicio de transporte público metropolitano de pasajeros. Se incluye a la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran), y los municipios del área metropolitana.
Este proyecto de ley, impulsado por el Poder Ejecutivo, busca innovar el sistema del tansporte público, otorgando al usuario una movilidad 24/7; reducir el tiempo de espera; un menor gasto para el usuario; con viajes asegurados, seguridad y calidad. Como un servicio imprescindible, se apunta a la garantía de un servicio continuo y regular, erradicando las habituales reguladas.
El objetivo principal de esta propuesta es erradicar las reguladas, otorgar un buen y regular servicio del transporte a los usuarios del área metropolitana. Foto: Marina Díaz
Datos claves
- Reformas
La propuesta establece el diseño de un nuevo modelo operativo; la incorporación progresiva de buses eléctricos (1.000 unidades) y a diésel de bajas emisiones; mejoras significativas en la infraestructura vial como la renovación de la avenida Mariscal López, la duplicación del tramo Mariano Roque Alonso–Aeropuerto y obras en la ex Ruta 1 que contempla la implementación de carriles exclusivos y paradas renovadas.
- Innovaciones
Se establece separar la provisión de flota de la operación del servicio, estableciendo contratos diferenciados para evitar la dependencia de los operadores actuales en la adquisición de buses; por lo que el Estado contratará la flota y definirá que esos buses son bienes afectos al sistema.
Se pretende la incorporación de tecnología y mejorar la planificación urbana para transformar la experiencia del usuario.
También una integración tarifaria, monitoreo en tiempo real y que cada persona pueda saber desde su celular cuándo llega su bus.
Se incluirá incentivos para que más mujeres se sumen como conductoras.
- Concesiones (artículo 31)
1) Deberán otorgarse por medio de un contrato y previa licitación pública.
2) Serán por plazo determinado, contado a partir de la fecha de celebración del respectivo contrato.
3) Podrán ser gratuitas, onerosas o subvencionadas de conformidad con las políticas tarifarias aprobadas por el Poder Ejecutivo.
4) Serán otorgadas por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, por intermedio del Viceministerio de Transporte, quien actúa en calidad de Concedente en representación del Estado.
5) Se suscribirán, para el caso del componente de operación, con sociedades de objeto específico, en carácter de concesionarios.
6) Se extinguirán por vencimiento del plazo contractual, por terminación anticipada atribuida a cualquiera de las partes, rescate, quiebra, concurso de acreedores, disolución y liquidación del concesionario, y por los demás hechos o circunstancias previstos en el contrato de concesión.
- Provisión de flotas
La flota para la prestación del servicio de transporte público metropolitano de pasajeros no podrá contar con buses de más de 15 años de antigüedad, computados a partir del año modelo de cada unidad. En caso de que una unidad supere este límite durante el periodo de prestación del servicio, deberá ser retirada y reemplazada por otra. El Viceministerio de Transporte podrá determinar la antigüedad promedio de la flota en los niveles que permitan una mayor estandarización del servicio en su conjunto. (Artículo 49).
El contrato de concesión para la prestación de los servicios de provisión de flota tendrá una duración máxima de 15 años. (Artículo 50).
- Tarifas
1) Asequibilidad: considerará la capacidad de pago promedio de las personas usuarias.
2) Equilibrio y Sostenibilidad: reflejará el monto necesario para remunerar los costos de operación que se le imputen en el diseño tarifario, para garantizar la eficiencia y sostenibilidad financiera.
3) Integración: incluirá los costos de los diversos servicios y modos de transporte público con el objeto de facilitar el logro de una sola tarifa al usuario o pasaje integrado incluyendo eventuales trasbordos.
4) Beneficios tarifarios: contemplará beneficios para grupos poblacionales específicos establecidos en leyes especiales tales como: estudiantes secundarios, personas adultas mayores y personas con discapacidad, entre otras.
5) Uso frecuente: considerará incentivos de uso del servicio de transporte público de pasajeros tanto para personas usuarias, con descuentos o exoneraciones a partir de montos determinados de gasto mensual en viajes, como para empresas, con la utilización de bonos o vales de transporte al personal, entre otros. (Artículo 64).
Vecinos de Luque exigen mayores datos sobre el proyecto de autopista elevada
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Pobladores de distintos barrios de la ciudad de Luque llegaron hasta la sede municipal para reclamar información sobre el proyecto de autopista elevada. Piden una audiencia pública para mayor socialización del plan que afectará a varias familias.
“Nosotros estamos aquí hoy solicitándole a la Junta Municipal que nos puedan ayudar a canalizar nuestro pedido de informe sobre este proyecto”, señaló Romi Cabral al canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
La vocera del grupo de vecinos manifestó que se enteraron vía redes sociales del inminente inicio de la obra.
Dijo que se está proyectando la construcción de un viaducto de aproximadamente 4 kilómetros que va a atravesar la ciudad de Luque, por lo que exigen más datos sobre el punto.
“Estamos en un ambiente de incertidumbre, de desconfianza porque no nos informan, no nos pasan ningún proyecto en bruto para que nosotros podamos conocer el alcance que va a tener referente a lo que es el impacto económico y medioambiental”, sostuvo.
La joven considera que las autoridades deben prestar mayor atención a otras necesidades más urgentes de los luqueños.
“No estamos ajenos a que haya progreso, queremos progreso en nuestra ciudad, queremos progreso en nuestro país. Pero primero queremos saber qué se va a hacer, cómo se va a hacer y cómo ellos van a canalizarle a las personas. O cómo ellos van a reubicarle a las personas que van a ser directamente afectadas”, puntualizó.