Ante el copamiento de altos ministros y secretarios pertenecientes al gabinete del jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, en el concurso para designar al nuevo fiscal general del Estado (FGE), el senador Stephan Rasmussen, del Partido Patria Querida (PPQ), requirió objetividad en la conformación de la terna.
“Nosotros esperamos que esto sea lo más objetivo posible, que vengan 3 buenos candidatos y no el candidato preseleccionado o acordado de antemano. Desde el Senado debemos dar el acuerdo al mejor postulante, que no responda políticamente a un sector, sino a la ciudadanía”, indicó.
Las declaraciones del legislador surgen ante la fuerte injerencia dentro del Consejo de la Magistratura de Abdo Benítez, quien busca conseguir un fiscal general del Estado a medida de sus intereses políticos y personales con el respaldo de la oposición a cargo de entregarles otro cupo en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“Se dice que se está buscando a un fiscal a medida del presidente saliente para que después no se le persiga, pero debemos tener un fiscal general que persiga a todos los corruptos, sea del color que sea o del gobierno que sea. El rol del Ministerio Público es representar a la ciudadanía”, refirió.
En total se presentaron 53 postulantes para el cargo, entre ellos varios ministros del gabinete de Abdo Benítez como Cecilia Pérez, ministra asesora en Seguridad de la Presidencia; Carlos Arregui, miembro del Directorio del Banco Central del Paraguay, quien sería el candidato favorito del mandatario; Mónica Seifart, exrepresentante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura; René Fernández, titular de la Seprelad, y Teresa Rojas, titular de la Senabico.
Presupuesto 2023
Por otra parte, Rasmussen se refirió al tratamiento del Presupuesto General de la Nación para el 2023 en el Poder Legislativo. Al respecto, mencionó que la Cámara Alta deberá tener mucho cuidado con la creación de cargos y con el aumento de salarios.
“El presupuesto es la ley más importante, pero también es el que genera más tráfico de influencias por parte de todos los sectores, se tiene mucha presión, por eso es importante mantener la responsabilidad en cuanto a su tratamiento”, comentó tras el análisis de la propuesta en la Cámara Baja.
El legislador agregó además que a su criterio todas las organizaciones civiles que reciben dinero por parte del Estado deben rendir cuentas, esto con relación a la exclusión realizada desde Diputados que exceptúa a las comisiones vecinales a no informar sobre el uso del dinero público.