El Gobierno del Paraguay, a través del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), entregó este miércoles 179 viviendas sociales a familias de los distritos de Yby Yaú, José Félix López y Arroyito. El ministro Juan Carlos Baruja destacó que, en estos tres años de Gobierno construyeron cerca de 1.950 viviendas en el departamento de Concepción, con una inversión que supera los G. 200.000 millones.

La jornada de Gobierno que se realizó este miércoles, estuvo encabezada por el presidente de la República, Santiago Peña; la primera dama, Leticia Ocampos; el vicepresidente Pedro Alliana y autoridades departamentales. El ministro Baruja destacó que estas acciones son impulsadas para ampliar el acceso a soluciones habitacionales.

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Además fueron otorgados 55 subsidios para la construcción de viviendas, destinados a familias que podrán iniciar la edificación de sus hogares. Asimismo, entre las familias beneficiadas con las viviendas entregadas se encuentran pobladores de comunidades indígenas.

“Este es un departamento privilegiado del Gobierno”, afirmó el ministro, al señalar que Concepción fue postergado durante mucho tiempo y que actualmente se impulsan obras y programas para atender las necesidades de sus habitantes.

Por su parte, el presidente Peña afirmó que todavía queda mucho trabajo por realizar en el departamento y destacó las obras ejecutadas durante los tres años de gestión, entre ellas mejoras viales y programas sociales.

El mandatario sostuvo que su compromiso con Concepción continuará con la ejecución de nuevas obras en materia de infraestructura, salud, educación, caminos y viviendas.

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“Arnoldo Wiens pagó con plata del Estado para destruir infraestructuras del Estado que estaban siendo construidas en el marco de un proyecto que venía hace más de 20 años”, dijo la fiscal Yeimy Adle al defender la acusación y pedido de juicio oral y público para el exministro de Obras Públicas en el marco de la fallida obra del metrobús.

“Nosotros queremos que se esclarezca el caso, que sea debatido en un juicio oral, que se conozcan las pruebas que tenemos. La defensa también presentará las suyas y tendrá oportunidad en la audiencia preliminar de ofrecer todas las pruebas de descargo que tengan”, indicó la agente de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, este miércoles, en el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Adle detalló que Wiens, al asumir el cargo de ministro de Obras Públicas en agosto del año 2018, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, tenía la obligación de resguardar el patrimonio estatal y garantizar la continuidad de las obras del metrobús, adjudicadas a la firma portuguesa Mota Engil.

“Al asumir la administración del Ministerio de Obras Públicas, el proyecto ya estaba en un avance físico de aproximadamente 40 % y, poco más de dos meses de asumir como ministro, firma el 23 de octubre del mismo año (2018) con la empresa Mota Engil un documento al que le llamaron acta de entendimiento, donde acordaron la suspensión de las obras, y el Ministerio de Obras Públicas solicitó la sustitución de los trabajos del contrato con otros trabajos que estaban destinados solamente para rehabilitar el tránsito en la zona del tramo 3 de metrobús”, manifestó.

Agregó que para destruir las obras existentes, la administración de Wiens destinó la suma de 8.030.693.029 de guaraníes (más de 8.000 millones), con el solo fin de habilitar el tránsito vehicular. “Se contaba con financiamiento vigente, frentes disponibles y el respaldo de la Municipalidad de Asunción, pero prefirieron soterrar lo construido. En abril del 2020 dispuso la demolición de las seis estaciones del corredor central, que están indentificadas como las estaciones 19 al 24, por las cuales el Estado había pagado G. 6.924.624.006”, lamentó la fiscal.

Añadió que, antes de demoler las obras, Wiens había requerido al entonces contralor Sergio Coscia, quien hoy ejerce su defensa, un parecer jurídico. “Se le señaló que para proceder a esa demolición tenía que tener un dictamen técnico previo. Le preguntamos al MOPC si fue realizado ese dictamen técnico, a la Procuraduría y Contraloría, si recibieron el documento y todas las respuestas fueron negativas y él igualmente procedió a la demolición de las estaciones y dispuso el destino de los materiales que debían ser utilizados en el sistema troncal para otros fines y esos materiales tenían una protección especial de acuerdo a la Ley 5133″, comentó.

Señaló que los materiales para la obra debían ser destinados para otros fines, una vez que haya finalizado el metrobús y con la autorización del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que financió la obra. “El proyecto no terminó, no se tuvo la autorización, pero Wiens dispuso que los mismos materiales sean llevados a los hospitales para el relleno de estacionamientos y otros fines que no correspondían”, precisó.

Detalló que fueron destinados para la construcción de la obra más de 180.000 millones de guaraníes. Agregó que el daño patrimonial ocasionado por Wiens, quien se encuentra acusado por lesión de confianza y daño a obras construidas, es de aproximadamente 14.995 millones de guaraníes.

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“Ese es el monto, pero tenemos que tener en cuenta que lo que quedó inutilizado es mucho más porque no tenemos el metrobús, se pagó más de 180.000 millones de guaraníes por la obra que finalmente no tenemos. La acusación también sostiene que, después de esto, Arnoldo Wiens tenía alternativas para continuar con el proyecto, reconducirlo, tenía el informe de intervención que el mismo había dispuesto que se realice, el cual le aconsejaba que tenía que continuar con el proyecto, pero no se continuó”, refirió.

Añadió que, de acuerdo al marco penal, el dirigente abdista se expone a una condena de hasta siete años y medio de cárcel. “La admisión de la imputación contra Wiens fue por lesión de confianza, pero, como todos sabemos, los tipos penales son provisorios en esta etapa y, recién al finalizar el juicio oral y público, un tribunal de sentencia fija precisamente cuáles son los tipos penales que fueron demostrados. Para el Ministerio Público también existe el daño a obras construidas porque las obras fueron soterradas y las seis estaciones formaban parte de una estructura técnica de un sistema de transporte público y esto perdió funcionalidad”, indicó.

Con relación al argumento de la prescripción que plantea de forma insistente la defensa de Wiens, Adle recordó que la citación a indagatoria realizada el 4 de octubre de 2023 interrumpió formalmente el cómputo del tiempo, postura que ya fue ratificada tanto en primera como en segunda instancia judicial.

Con la acusación presentada dentro del plazo reglamentario, el caso queda pendiente de la fijación de la audiencia preliminar, donde el Juzgado Penal de Garantías deberá resolver la admisión de las pruebas para elevar la causa a juicio oral.

“Claramente nuestra ley penal dice que un acto interruptivo de la prescripción es la citación a la indagatoria del inculpado, al señor Wiens se le citó por primera vez en esta causa el 4 de octubre del 2023 y los hechos por el que se encuentra hoy en día acusado se iniciaron el 23 de octubre del 2018, se le citó días antes de la prescripción. Esto cortó el plazo de prescripción y se cuenta de nuevo 5 años después de eso, entonces la causa no prescribió”, argumentó.

Refirió también que “es una posición de la defensa que ya fue resuelta en primera y segunda instancia porque eso ya habían planteado cuando presentaron el recurso de reposición”.

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El senador Gustavo Leite indicó que si bien, la transferencia de los G. 500.000 millones que se pretende redireccionar para la compra de medicamentos no va solucionar todos los problemas de Salud Pública, al menos señaló que es una clara señal de que el Congreso nacional quiere ayudar al Ejecutivo.

El pleno del Senado tiene previsto analizar mañana miércoles como primer punto del orden del día, el proyecto de ley que autoriza la transferencia de créditos presupuestarios de organismos y entidades de la Administración Central al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, para la adquisición de medicamentos y la aplicación de medidas excepcionales para su ejecución. La iniciativa fue presentada por los senadores Gustavo Leite, Antonio Barrios y Orlando Penner.

Al respecto, el senador Leite indicó que están afectadas todas las instituciones del Gobierno central, con excepción de la Justicia, la Justicia Electoral, Salud Pública, Educación, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio del Interior, Contraloría General de la República, y el Ministerio Público.

“Sabemos que no será suficiente porque nosotros creemos que el presupuesto de Salud Pública se tiene que duplicar, pero es una señal de un grupo de senadores que le dice al Ejecutivo que le queremos ayudar. Pero también le dice que preste atención a la queja de la gente porque no hay remedios en los hospitales. Tenemos que ser parte de la solución y no seguir llorando por el problema”, expresó el parlamentario.

El legislador resaltó que la iniciativa planteada es bastante clara al mencionar que busca recortar fondos de aquellos que son “presindibles” como bocaditos, viáticos y otros.

“Yo no quiero hablar de innecesarios porque nada es innecesario, pero hay cosas que son imprescindibles, los medicamentos son imprescindibles. Se puede dejar de comer bocaditos, se puede dejar de viajar, se puede dejar de tener viáticos, y otras cosas. Pero para mí lo más importante de este proyecto es que está, a pedido de los pacientes con cáncer, que se pueda incluir medicamentos oncológicos y medicamentos para enfermedades catastróficas”, precisó Leite.

Asimismo, resaltó que el otro aspecto novedoso de este proyecto de ley es que deja claro que no se puede pagar deudas con estos fondos, ya que estos recursos están dirigidos para la compra de nuevos medicamentos. “Se aplica por la vía de la emergencia, además contempla la presentación de un informe mensual al Congreso, informando sobre qué se hizo con la plata”, acotó.

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El gobierno del presidente Santiago Peña ha realizado una importante inversión en lo que respecta al Gasto Social; sobre todo dirigido a las áreas de educación y salud, que concentraron el 58 % de los G. 22,3 billones ejecutados, con un incremento interanual del 5 % y una expansión en casi todos los sectores.

Conforme al informe que presentó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) al cierre de julio, resalta que la mayor participación correspondió al sector educativo, que contempló el 33 % del total, equivalente a G. 7,3 billones, con un incremento del 9 %.

Destacan que estos recursos fueron destinados de forma prioritaria a los servicios educativos en sus distintos niveles y a la alimentación escolar, a través del programa “Hambre Cero en Nuestras Escuelas”.

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En lo que respecta al ámbito de la Salud que fue del 25 %, el informe emitido por la cartera estatal refiere que el crecimiento se radica en un aumento de 14 %, comparado con el mismo mes del 2025, desembolsos con destino, principalmente, a fortalecer la atención sanitaria de servicios esenciales, abastecimiento de medicamentos e insumos médicos, apoyo a la red de servicios de salud y honrar los compromisos pendientes en dicho sector.

Asimismo, el reporte de la cartera del Tesoro señala que el sector de Promoción y Acción Social registró un crecimiento del 10 % y una incidencia del 21 % por G. 4,7 billones, impulsado principalmente por la expansión del programa de Pensión Universal para Adultos Mayores, que mantiene una ejecución de mayores recursos con la incorporación de nuevos beneficiarios.

Finalmente, por el lado de seguridad social, se situó en 17 % trasladado en G. 3,8 billones y resto del gasto con 4% por G. 709 mil millones.

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