Una comitiva de legisladores, encabezada por el presidente del Parlamento de España, Pedro Rollán Ojeda, fue recibida por el presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, como así también por el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre. La visita de legisladores españoles se dio para cursar una invitación a los parlamentarios paraguayos al Foro Parlamentario Iberoamericano que se desarrollará en España entre el 1 y el 3 de octubre de este año.

“Nos visitó la delegación de senadores de España, entre ellos el presidente, invitándonos al foro, que de por sí vamos a analizar también porque tenemos elecciones municipales; sería importante también participar, previo a una cumbre de presidentes de la República Iberoamericanos que se va a realizar en España”, indicó el titular de la Cámara Alta, Basilio Núñez.

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La comitiva de legisladores también se reunió con el presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, quien señaló que además de la invitación se abordó el acuerdo entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión Europea (UE) que ya fue ratificado por el Congreso Nacional de Paraguay. Además, conversaron sobre las relaciones entre ambos países.

“Acabamos de recibir la visita de una importante comitiva del Senado de España, encabezada por su presidente Pedro Rollán, en el marco del acuerdo que ha sido recientemente aprobado por ambas Cámaras del Congreso, en Diputados por unanimidad. Esta comitiva, que está compuesta por los dos partidos más importantes de España, nos transmitió la voluntad sincera de estrechar vínculos de amistad entre nuestros pueblos y también abordar temas estratégicos en un mundo cambiante”, detalló Latorre.

Por su parte, el presidente del Senado de España, Pedro Rollán Ojeda, destacó la importancia de este foro, que se trata de un hecho histórico. “Estamos en un mundo cambiante donde históricamente ha habido alianzas sólidas que hoy se han convertido en alianzas menos sólidas, más diluidas, más flexibles, más inseguras, y la comunidad Iberoamericana, no solamente pensando en los vínculos del pasado, que respetamos y que valoramos, tiene presente, y tiene una voz, tiene una voz propia, la voz iberoamericana, en la que nos une infinitamente más de lo que nos diferencia”, apuntó.

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El senador Natalicio Chase, líder de la bancada de Honor Colorado, sostuvo que el análisis del recorte de las bonificaciones por representatividad ya se viene analizando desde la semana pasada. Indicó además que el propio presidente del Congreso Nacional, Basilio Núñez, realizó esta propuesta y presentó el proyecto de ley este lunes.

“Es una iniciativa que estuvimos hablando la semana pasada con el presidente, una iniciativa impulsada por el presidente mismo, yo creo que en una economía de guerra tenemos que comenzar por ajustar de esa forma los cinturones. Nosotros escuchamos su propuesta y vamos a acompañar también”, dijo a los medios de comunicación.

Agregó que la iniciativa “comenzó cuando el ministro declaró economía de guerra y vieron dónde se podía aplicar. Hay todavía muchos ajustes por hacerse, vamos a ver si el ministro de Economía los presenta”.

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Por otra parte, aclaró que el cobro de bonificación por responsabilidad en el cargo, que tienen todos los funcionarios que son ordenadores de gastos, está establecido en el Presupuesto General de Gastos (PGN).

“Es un cobro que corresponde a la responsabilidad, ahora bien, cuando hay un ajuste general del Estado, como en este caso, para poder salvar los compromisos financieros que tiene el Estado, se puede analizar puntualmente, no en general”, detalló Chase.

La aclaración del senador se da en el contexto de los cuestionamientos hacia el senador Basilio Núñez. “Dentro de la ley del presupuesto, no es que el presidente se auto aumentó su salario, sino que eso estaba previsto. El ordenador de gasto del Congreso tiene una bonificación por responsabilidad, como tienen todos los ministros y todos los funcionarios públicos”, apuntó.

El diputado Jorge Ávalos Mariño aseveró que los gastos de representación hacen al cargo y que en este caso se debe analizar la eliminación, no solo del Congreso sino también de los tres poderes del Estado.

“Yo creo que la situación amerita un estudio, pero bien profundo de muchos beneficios, no solamente en el Congreso, sino en los tres poderes del Estado. Hay beneficios excesivos, que dada la realidad del país no se justifican. Se tienen que hacer los ajustes en todas las instituciones por igual”, expresó.

Señaló además que está de acuerdo con abrir este debate. “Yo celebro esta posibilidad de revisar y por supuesto hacer todos los ajustes que ameriten por la realidad que estamos viviendo”, sentenció.

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Desde el Poder Legislativo apuntan a abrir el diálogo para buscar posibles alternativas ante la deuda del Gobierno con empresas proveedoras del Estado, como son las firmas constructoras y las farmacéuticas, planteándose una ampliación en el Presupuesto General de la Nación (PGN). Se estima que la deuda acumulada superaría los USD 1.000 millones.

La diputada Cristina Villalba, presidenta de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja, indicó a La Nación/Nación Media que lo primero que se debe conocer es cuánto es el monto real de estas deudas. “Nosotros tenemos que sentarnos primero a hablar con las respectivas ministras de carteras, ver realmente la deuda que existe, porque nosotros estamos entrando ahora en abril, mayo, y ya se pueden presentar las ampliaciones presupuestarias”, manifestó.

Apuntó a un proyecto que amplíe el presupuesto del Ministerio de Salud y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) de ser necesario. “Para hacer las ampliaciones presupuestarias podemos ir viendo con el Ministerio de Economía cuánto tenemos la disponibilidad y para ver cuánto todavía tenemos disponible el PGN para ellos y si va faltar vemos una ampliación presupuestaria o también se puede hacer una modificación del presupuesto”, explicó.

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Villalba adelantó que la comisión asesora también convocará al ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, para analizar esta situación. “Ya hemos conversado en la Comisión de Presupuesto, este martes o el otro martes está previsto la ida del ministro de Economía y vamos a abordar con él cuánto es lo que disponemos, cuánto es lo que falta y cuál sería el mecanismo para poder ver las partidas presupuestarias para ir ajustando, no en forma completa, pero sí en forma gradual”, detalló.

Por otra parte, sostuvo que, desde la Cámara de Diputados, el espíritu es de seguir apoyando la administración del presidente Santiago Peña. “El Gobierno de Paraguay sabe que tenemos la muy buena predisposición para poder ayudar. Nosotros estamos abiertos al diálogo, nosotros sí queremos reunirnos en forma institucional, tanto con los ministros de carteras como con las empresas afectadas, en este caso las vialeras y farmacéuticas”, sentenció.

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Uno de los temas en la agenda pública financiera más impor­tante y necesaria de las últimas décadas en nuestro país es la reforma del sistema previsional que admi­nistra las jubilaciones y pensiones del sec­tor estatal que, como sabemos, funciona bajo un esquema de reparto, por el cual los aportes de los trabajadores activos finan­cian a los jubilados en el presente.

Sucedió que con el correr de los años, se fue perdiendo el necesario equilibrio entre los aportes y los haberes correspondien­tes. En todo el sistema de las cajas fisca­les se empezó a gastar más de lo que se recaudaba. Las causas son varias y desde el Poder Ejecutivo presidido por Santiago Peña, tal situación fue considerada como una amenaza no solo para las finanzas públicas sino que también para la misma economía.

Fue por ello que desde el Ejecutivo y por medio del Ministerio de Economía y Finanzas se remitió un proyecto de ley sobre el tema en cuestión, modificando diversas situaciones. El desequilibrio entre los ingresos y gastos es un hecho irrebatible a la fecha y está afectando a las arcas estatales vía impositiva que, ya el año pasado, llegó a trepar a más de cuatro­cientos millones de dólares.

En atención a esta situación, el gobierno del presidente Santiago Peña consideró pertinente realizar cambios en la edad de jubilación, la tasa de sustitución o de retorno y la edad de retiro oficial y otros. El proyecto original del Ejecutivo contaba con los elementos necesarios para evitar males mayores e iniciar las transformacio­nes subsiguientes en tiempo y forma dado que, de no hacerlas, se estaría poniendo en riesgo la estabilidad financiera del país desde el mismo Presupuesto de Gastos de la Nación.

El Ejecutivo tomó cartas en el asunto y llevó a cabo su tarea de iniciativa legisla­tiva –que por cierto– también es de com­petencia del Congreso. Más allá de esta observación, el gobierno del presidente Peña es el primero que aceptó el desafío de enfrentar el problema, aun sabiendo que ello le podría ocasionar algunos cos­tos de malas interpretaciones y antojadi­zos “argumentos” en contrario. Esto es, el gobierno actual rechazó seguir pateando el problema para adelante.

Dejar de lado un problema para que otros lo enfrenten en ningún modo está bien. Por el contrario, es de destacar que la labor de todo buen gobierno es velar no solo por los intereses del erario, sino que también y especialmente por la población. En efecto, el Ejecutivo nacional había observado que según pasaban los años y sin cambios en este sector de las cajas fiscales, el pro­blema se volvía mayúsculo hasta conver­tido en amenaza.

Había que hacer algo. Y se hizo. El Ejecu­tivo vía Ministerio de Economía y Finan­zas remitió al Congreso el proyecto de ley para evitar mayores males. Fue así que en Diputados básicamente se trató el docu­mento del Ejecutivo, aprobándose cam­bios sustanciales como, por ejemplo: que la edad de jubilación sea general para todos, esto es, desde los cincuenta y siete (57) años; la tasa de sustitución de no menos del setenta y cinco (75) por ciento y no más del ochenta y cinco (85) por ciento y se tome en cuenta los últimos diez (10) años como base del cálculo y otros como la de los hijos que ya no podrían contar con la pensión, pero sí el cónyuge correspondiente.

A lo expresado agregamos que el aporte estatal sería gradual e iría del 1 al cinco (5) por ciento y no más. De este modo, se venía un cambio importante que, y como ya dijimos en otro momento en este espa­cio, se convertía en un paso nunca antes realizado. Ningún gobierno se había ani­mado a velar por los intereses del pue­blo. Y decimos esto de modo enfático y sin rodeos, dado que algunos venían propo­niendo como “solución” al problema subir los impuestos a los contribuyentes para corregir el problema de unos pocos.

Sobre esto último el Poder Ejecutivo desde un comienzo manifestó su rotunda nega­tiva de subir los tributos para así con­graciarse con un grupo de personas que, sabiendo que tienen el derecho de peticio­nar a las autoridades, empero, no tienen derecho alguno a que otros les paguen sus haberes.

Cambiar algo que está mal para ir a otras transformaciones de fondo es el camino acertado y prudente. En la Caja Fiscal, en consecuencia, la iniciativa legislativa del Ejecutivo es la que debe primar en su tra­tamiento en el Congreso porque conviene a todos, a los sectores involucrados y a la ciudadanía en general.