El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) recuerda a la ciudadanía que el uso indebido de la banquina constituye una infracción grave y, por ende, su multa es de G. 1.115.020.

De acuerdo con el artículo 21 de la Ley N.º 5016/14 “Nacional de Tránsito y Seguridad Vial”, la banquina es el espacio lateral de la vía “destinado a la detención de vehículos en caso de emergencia y a la circulación de peatones y bicicletas, cuando no exista un espacio específico para ello”

Su uso para adelantamientos, circulación durante embotellamientos, estacionamientos injustificados o cualquier otra finalidad no autorizada está expresamente prohibido.

El incumplimiento de estas disposiciones puede acarrear multas de 5 a 10 jornales mínimos legales, lo que equivale actualmente a G. 1.115.020, según la reglamentación vigente de la Patrulla Caminera.

El MOPC advierte que, más allá del castigo económico, el uso indebido de la banquina representa un riesgo real: puede obstruir el paso de ambulancias, patrulleras y otros vehículos de emergencia, poniendo en peligro vidas humanas en situaciones críticas.

En situaciones que sí lo requieran, los vehículos deben exhibir dispositivos de advertencia visibles, como balizas u otros elementos, para prevenir incidentes con el resto de los usuarios de la vía.

Es muy común ver en las rutas el tránsito casi normal de motocicletas por la banquina, eso está totalmente prohibido, señalan desde el ministerio.

También los vehículos suelen utilizar este sector del pavimento para adelantarse y acortar las colas en las rutas.

El Gobierno presentó este jueves el proyecto de Reforma Estructural del Transporte Público, en el marco del paquete de reformas que plantea el Ejecutivo al Congreso nacional. Con esta propuesta apunta a un sistema “más justo, moderno y digno para todos”, enfatizó la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, durante la presentación.

Mencionó que, con ello, se busca dejar atrás un modelo que expulsa usuarios y avanzar hacia un servicio que recupere la confianza ciudadana. La presentación se realizó en Palacio de Gobierno, con la presencia de diversas autoridades. “El transporte debe crecer con la sociedad, evolucionar con sus necesidades y mantenerse vivo”, remarcó.

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La ministra Centurión afirmó que se trata de una reforma trascendental para el transporte público. Señaló que la propuesta remitida al Congreso Nacional impulsa una reforma largamente anhelada, profundamente necesaria y absolutamente impostergable.

“La reforma comienza por un Estado fortalecido, con reglas claras y una gestión moderna”, subrayó. Al tiempo de resaltar que es una iniciativa para mejorar la movilidad urbana y la calidad de vida de los ciudadanos.

El presidente de la Republica, Santiago Peña, insistió en su pedido a los legisladores de la Nación, para que le den celeridad en su tratamiento en el ámbito parlamentario.

“Esto nos dará la posibilidad, de contar con la herramienta lo antes posible, porque la aprobación de la ley va a ser el inicio del proceso, de una reforma que llevará su tiempo”, explicó el mandatario.

Mediante esta ley, el Estado tendrá mayor control, ya que se termina con las reformas automáticas, es decir las empresas que quieran operar el servicio de transporte público deberán ganar una licitación, con reglas claras y, sobre todo, ofreciendo un buen servicio.

Asimismo, promueve la competencia para elegir a operadores competitivos e idóneos. Anteriormente, una misma empresa se encargaba de todo, operar los buses, tener la flota y mantener la infraestructura.

Ahora, con esta ley se separan los contratos:

• Operación; empresas especializadas en prestar el servicio de transporte y encargada de toda la dinámica de la operación y mantenimiento de buses. 
• Flota: empresas encargadas de proveer con un modelo de financiamiento que propicie la inversión privada en flota. 
• Infraestructura: empresas responsables de terminales, paradas y depósitos

A tal efecto se exigirá una flota moderna, segura y accesible, se controlarán las frecuencias para que la ciudadanía no tenga que esperar mucho tiempo en las paradas.

Otro de los puntos que contempla la propuesta, es la creación de un fideicomiso que administrará los fondos del sistema, incluyendo los subsidios con transparencia y trazabilidad. Asimismo, se gestionará un sistema tecnológico en tiempo real para el control de la calidad del servicio en favor de los pasajeros.

Establece tarifas justas y con beneficios, en ese contexto se busca proteger el bolsillo del usuario con pasajes accesibles; habrá beneficios para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad.

Se promoverá una tarifa integrada, es decir el pasajero podrá tomar distintos buses, pagando un solo pasaje, en el lapso de un tiempo determinado. Así también, contempla la creación de sistemas digitales para saber dónde se encuentran los buses, cuanto van a demorar y cómo llegar más rápido.

En otro momento de su intervención, la ministra Centurión sostuvo que la implementación de la reforma será gradual y transitoria, con avances sostenidos hacia un nuevo sistema de transporte más eficiente.

Como medidas inmediatas, mencionó la ampliación del servicio nocturno Búho, la incorporación de 30 buses eléctricos en un plan piloto y el uso de plataformas digitales como Google Maps para brindar información a los usuarios.

La secretaria de Estado insistió en la necesidad de custodiar esta transformación en el tiempo, evitando retrocesos en políticas que impactan directamente en la vida de las personas.

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El diputado liberal Freddy Franco, presentó el proyecto para castigar con cárcel o multa a aquellas personas que se adueñen de cuentas, creen perfiles sociales falsos para realizar estafas y difamaciones o roben claves.

La iniciativa apunta a establecer un marco legal específico con el fin de proteger la identidad digital, la privacidad y la seguridad de los usuarios de redes sociales y plataformas digitales. El proyecto de ley contempla la creación de un Consejo de Ciberseguridad con participación de sectores estratégicos del Estado y la sociedad civil.

También plantea la creación de una identidad electrónica oficial para los ciudadanos. “Presentamos este proyecto referente a la suplantación de identidad, mucha gente termina siendo estafada, cuando empiecen las denuncias contra los perfiles falsos hará que se mitigue la cantidad de los mismos que tienen la intención de quitar réditos económicos o de degradar a las personas”, comentó a la 1080 AM.

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El proyecto propone una pena privativa de libertad de 1 a 3 años o multa de 100 a 500 jornales mínimos para quien, mediante cualquier medio o técnica, acceda o se apropie de un perfil o cuenta en una red social.

Asimismo, plantea la pena carcelaria de 6 meses a 2 años para el que cree un perfil falso con datos de otra persona con el fin de engañar, perjudicar o cometer otro hecho punible. “Las personas de la tercera edad son muchas veces víctimas de esta situación”, indicó.

Franco acotó que “este proyecto fue acercado a través de una asociación de informáticos. Vamos a hacer audiencia pública, vamos a llevar a las comisiones, y las comisiones van a ser las que van a decidir”, sostuvo.

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El interventor de la Municipalidad de Asunción, Carlos Pereira, indicó que el proceso de fiscalización está avanzando pese a todos los “incendios diarios” que se presentan en la comuna. Dijo que en su rol al frente de la intervención debe atender todas las circunstancias y actividades que se dan en el día a día a nivel municipal.

“En mi tercer día tampoco puedo hacer mucho, pero estoy casi viviendo acá como para ver alternativas que me permitan tener una comunicación más ágil con la gente para entender por dónde están los más grandes problemas”, dijo, este viernes, en entrevista al programa “Así son las cosas” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media. “Yo vine a hacer un trabajo técnico específico y en este momento estoy haciendo eso, pero el 95 % de mi tiempo estoy dedicándole a apagar los incendios del día, porque esa es la misión que me da también esta ley”.

Explicó que el objetivo principal de la intervención está dado por las causales que derivan de las denuncias de irregularidades presentadas por la Contraloría General de la República, pero, así también, esa misma ley, al facultar al interventor a sustituir al intendente, asume toda la administración.

“Eso me obliga a estar en una abierta relación permanente con todos los 60 directores y todas las derivaciones que tienen, estar abierto el municipio para el servicio de la ciudadanía, eso no tiene orden de llegada, ocurren distintas clases de denuncias y quejas, y está en su derecho el ciudadano de reclamar cuando un servicio público falla”, manifestó Pereira.

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Por otra parte, aclaró sus dichos sobre las deudas de contribuyentes de la capital en relación a diferentes tipos impuestos, y sostuvo que en este caso ni fue un reclamo a la ciudadanía, sino un pedido para que se acerquen al municipio para regularizar sus tributos.

“La ciudadanía de repente entiende que hice un reclamo por la deuda que se tiene con el municipio, pero eso no significa que estemos tirando responsabilidades a la ciudadanía, de ninguna manera. El impuesto es una contribución económica obligatoria que tenemos las personas, que tenemos las empresas y las instituciones que le deben al Estado y en este caso al municipio”, refirió.

Así mismo, sostuvo que en este caso dio a conocer las deudas con el municipio, sin embargo, también se debe tener en cuenta la situación de cada ciudadano, si los servicios que otorga la Municipalidad están satisfaciendo a la ciudadanía para tener la voluntad de pagar sus impuestos.

“Quiero resaltar y dejar claramente advertido que yo también me pongo en los zapatos de la ciudadanía y por eso yo no hablo ni de notificar, cómo voy a notificar a la gente que no está también recibiendo el servicio que se merece y desde quien sabe cuánto tiempo, en este caso hay que ser tolerante con la mora”, sentenció.

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