El Tribunal Electoral Partidario (TEP), encabezado por Santiago Brizuela, rechazó el pedido realizado por la disidencia colorada consistente en la unificación de las listas de precandidatos a concejales de Asunción por los movimientos Colorado Añetete y Causa Republicana.

El requerimiento surgió tras el anuncio de la candidatura única disidente para la intendencia capitalina a cargo del senador Arnaldo Samaniego, quien logró posicionarse en una encuesta interna ante el diputado Daniel Centurión.

Desde el órgano electoral calificaron como extemporáneo desde el punto de vista legal, mediante la resolución 78, la solicitud planteada por los apoderados generales de ambos movimientos de realizar el “traspaso” de la lista de precandidatos a concejales titulares y suplentes oficializados.

Señala que de conformidad con la resolución 228 del 14 de noviembre del 2025, el plazo para la inscripción de precandidaturas para cada movimiento estaba establecido desde el 2 de febrero del 2026 hasta las 13:00 del 16 de febrero del 2026.

El TEP sustenta su decisión mencionando que el artículo 39 de la ley 635/95 refiere que “los plazos procesales de esta ley son perentorios e improrrogables. No habrá ampliación en razón de la distancia”.

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Emitieron su voto por el rechazo al requerimiento Brizuela, Félix Ortellado y Sergio Godoy, mientras que los miembros Mónica Seifart y Wilson Rojas expresaron su voto por la aprobación.

A Colorado Añetete se le asignó la lista 6 y a Fuerza Republicana la lista 4. Esta decisión se mantendrá invariable. La candidatura única de Samaniego generó un conflicto entre los aspirantes ediles, ya que automáticamente con la unificación se reducen sus respectivas chances. A la vez, luego del requerimiento extemporáneo tras el acuerdo de unidad, en las papeletas de votación figurarán tanto Arnaldo Samaniego como Daniel Centurión.

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El expresidente Mario Abdo Benítez criticó al Estado por las deudas con los proveedores, pero “olvidó” que gran parte de la deuda con las vialeras y farmacéuticas corresponden a su administración. Así, volvió a poner en el centro del debate su gestión y la pesada herencia que dejó para las finanzas del Estado y la credibilidad institucional.

Abdo Benítez contó con abundancia de recursos en momentos clave, pero cuyos usos y resultados hoy siguen siendo cuestionados.

Durante la pandemia, Paraguay accedió a un volumen inédito de financiamiento. Se aprobó una ley de emergencia con un préstamo internacional de USD 1.600 millones. Sin embargo, se destaparon diversas irregularidades en la ejecución de esos fondos.

Mientras los hospitales denunciaban carencias básicas, se denunciaban compras fallidas de insumos médicos, irregularidades en procesos licitatorios y sobrecostos, con casos conocidos como insumos chinos, agua tónica y tapabocas de oro.

La serie de falencias durante la pandemia del covid-19 consta en un informe de la Contraloría General de la República, específicamente en la Memoria Anual 2021.

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En paralelo, Abdo Benítez impulsó la obra pública, particularmente el rubro vial. El expresidente siempre se jacta de los 4.000 kilómetros de asfalto que hizo, pero olvida mencionar que empresas vinculadas a su entorno, Aldia SA y Createc SA.E, tuvieron una acumulación de ganancias de USD 45 millones entre el 2018 y el 2023. Esto, sin que se vea reflejado en su manifestación patrimonial ante Contraloría

Informes publicados señalan una fuerte concentración de contratos y posibles direccionamientos y abren interrogantes sobre conflictos de interés y uso de la función pública para beneficio privado.

El frente fiscal es, quizás, el punto más difícil de defender. Al cierre de su administración quedó al descubierto una deuda no reconocida de aproximadamente USD 600 millones con proveedores del Estado, incluyendo farmacéuticas y constructoras. Este pasivo, que no había sido plenamente transparentado, condicionó de inmediato al gobierno siguiente y obligó a reordenar pagos urgentes en sectores sensibles como la salud.

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A esto se suma una deuda de G. 22.000 millones en el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), específicamente dentro del programa Fonavis, según denunció la administración posterior en agosto de 2023. Además, se reportaron deudas adicionales con la Ande y Essap por aproximadamente G. 25.000 millones.

También el fuerte incremento de la deuda pública, que alcanzó los USD 15.565 millones hacia agosto de 2023, representando cerca del 35 % del PIB. Si bien parte de este endeudamiento se justificó en el contexto de la pandemia, el cuestionamiento central radica en la calidad del gasto y en la falta de resultados proporcionales a los recursos comprometidos.

Otros cuestionamientos a la administración Abdo Benítez son el auge narco tras la liberación de los puertos, la destrucción del Metrobús, su proceso en Seychelles, la mansión que construyó en pandemia.

Es por ello que hoy, cuando el expresidente opina sobre la situación del país, los datos de su gestión reaparecen como un recordatorio incómodo: antes que un problema del presente, muchas de las dificultades actuales tienen origen en su gobierno. Esta es la pesada herencia de Mario Abdo Benítez.

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La celeridad que aplica (como debe ser) la Contraloría General de la República en la investigación de casos de corrupción y en el estudio de bienes correspondientes a algunas autoridades es simplemente extraordinaria, al punto de que en ciertas ocasiones hasta sorprende con algunas filtraciones en plena etapa preliminar de conclusiones. Sin embargo, existen auditorías que llevan años en los cajones de sus oficinas, curiosamente dilatadas y sin mayores explicaciones por parte del ente de control.

Nadie sabe respon­der, y desde el ente tampoco pueden explicar por qué la Contra­loría General de la Repú­blica (CGR) actúa con una velocidad tal en la investi­gación de ciertas denuncias de corrupción que atañen a la agenda de determinados medios de comunicación. Sin embargo, otras denun­cias con los mismos vicios de irregularidades, pero que no son temas de tapa de un sector de la prensa, son tra­tadas con una reserva y len­titud particulares.

Hemos visto en los últi­mos meses que esos temas de agenda mediática gene­ran la reacción inmediata de la Contraloría que, en cuestión de semanas, hicie­ron sacudir a algunas auto­ridades con la filtración de datos preliminares de estu­dios de correspondencia de bienes. Pero en otros casos el reloj no camina y el silen­cio esconde rigurosamente los avances que pudieran darse o, simplemente, existe un manifiesto desinterés por parte del ente de control.

En 2023 comenzaron a sal­tar una serie de datos de investigación con relación a la fortuna amasada por el exintendente de Villa Elisa, hoy gobernador de Central, Ricardo Estigarribia. El his­torial de Ricardo, como el de su hermano Sergio Estiga­rribia, actual intendente de esta ciudad, está minado de denuncias de corrupción y de un crecimiento patri­monial extraordinario en el que toda su familia expe­rimentó un ascenso econó­mico sin asidero, al punto de que la madre de los herma­nos pasó de humilde modista de barrio a accionista en una sociedad conformada con USD 1 millón en efectivo.

Nuestro medio publicó una serie de maniobras y casos de desfalco en la munici­palidad mediante contra­taciones directas adjudi­cadas a familiares del clan Estigarribia. Concejales de la Municipalidad de Villa Elisa han presionado por una auditoría que, pese a un análisis de gastos de ape­nas seis meses iniciado en noviembre del 2024, al año y medio no ha reportado ningún resultado. Mientras tanto, el negocio continuó con adjudicaciones directas a operadores, excajeros de tránsito, cuñados, etc.

En noviembre de 2024, la Contraloría también inició un estudio de correspon­dencia de bienes a los her­manos Estigarribia. “Está en etapa de conclusión” es la reiterada respuesta que nuestro medio recibe cada vez que consulta a la Con­traloría por la investigación.

El caso del clan Pereira de Encarnación es aún más alevoso. El 13 de diciem­bre de 2022, hace tres años y tres meses, el Ministe­rio Público solicitó un exa­men de correspondencia al clan de los hermanos Javier Pereira Rieve (actual gober­nador de Itapúa) y Carlos Pereira Rieve (actual dipu­tado por Itapúa).

La investigación se requi­rió en el marco de una causa abierta a ambos y a su fami­lia por supuesto enriqueci­miento ilícito, posiblemente vinculado al narcotráfico, tráfico de armas, contra­bando, ordeño de combus­tible, entre otros hechos.

Hasta ahora la CGR no emi­tió dictamen con relación al gobernador. Fuentes de la institución hablan de un alevoso blanqueo en el caso de Carlos Pereira Rieve, pese al meteórico ascenso econó­mico del diputado liberal desde que ingresó a la fun­ción pública. De una silla, una mesa y una computadora que sumaban una inversión inicial de G. 50 millones en una empresa, en un tiempo récord de dos años cons­tituía otra firma con una inyección de G. 4.150 millo­nes. Tampoco hay respuesta de la Contraloría con rela­ción al clan Pereira Rieve de Encarnación.

En agosto de 2023, la Con­traloría también inició un examen de correspondencia al expresidente de la Repú­blica Mario Abdo Benítez. En julio de 2024 detectó que las denuncias periodísticas eran ciertas y que las empre­sas del exmandatario gana­ron 70 veces más durante su gobierno, pero las utili­dades fueron redirecciona­das a fondos de reserva, lo cual hasta hoy día fue confir­mado, y la conclusión quedó varada hace un año y medio.

La investigación patrimonial al exministro de la Secre­taría Nacional Antidro­gas (Senad) y del Interior Arnaldo Giuzzio es otro caso que no convence. Después de conocerse que el secre­tario del gobierno de Abdo compró una propiedad que declaró por G. 1.200 millones en un año duro de la pande­mia (2020), la Contraloría no halló ninguna irregularidad, pese a que las inversiones de Giuzzio superaban sus ingre­sos y a que las cuotas del prés­tamo consignado para justifi­car la adquisición, junto con sus gastos, eran mayores a lo que él percibía como funcio­nario estatal.

El precandidato a concejal por la ciudad de Asunción, Daniel Fernández, afirmó que el movimiento Honor Colorado ofrece una buena diversidad de aspirantes en sus dos listas para la Junta Municipal, presentadas ayer rumbo a las elecciones internas de la Asociación Nacional Republicana (ANR), previstas para el próximo 7 de junio.

“El movimiento Honor Colorado está teniendo hoy dos listas, la 2C y la 2P, la cual estoy encabezando. En la primera lista se encuentran los candidatos con experiencia que buscan su reelección y en la otra nómina estamos los nuevos aspirantes. Se ofrece una buena diversidad de precandidatos, están quienes vienen del sector privado, gastronómico, deporte, otros son políticos y ocupan cargos de presidentes de seccionales“, indicó al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Las afirmaciones de Fernández surgen tras un encuentro que mantuvieron todos los aspirantes a ediles con el líder del movimiento, Horacio Cartes; el precandidato a intendente Camilo Pérez, el diputado Raúl Latorre, entre otros altos dirigentes del oficialismo. “El presidente Cartes nos dio un mensaje de apoyo, de unidad y trabajo para motivarnos. No solo tenemos un excelente precandidato para la intendencia, sino un excelente equipo de líderes capitales”, comentó.

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Por otra parte, Fernández se refirió sobre la puja a la intendencia capitalina en carpas coloradas, que se desata entre Pérez y los disidentes, el senador Arnaldo Samaniego y el diputado Daniel Centurión.

“Ya estamos en marcha para generar buenos resultados. Se puede ver un crecimiento exponencial de nuestro futuro intendente Camilo Pérez, que cuenta con una estructura sólida que lo acompaña, con más de 40 presidentes de seccionales y eso no es poca cosa", comentó el también presidente de la seccional del barrio Tacumbú de Asunción. “Se está realizando un buen trabajo en los barrios y creo que a este ritmo daremos mucho de que hablar no solo en las elecciones internas, sino también en las generales”.

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