“No se puede hablar de un caos administrativo en la municipalidad de Asunción y de eso el interventor se dará cuenta”, dijo el asesor jurídico de la comuna, Benito Torres. Sus afirmaciones surgen ante la pretensión de concejales de la oposición en declarar la institución en quiebra en el marco de un proceso de intervención a la gestión del intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez.

“No existe un caos administrativo; en ningún momento se habló de algún tipo de daño patrimonial o faltante”, expresó al programa “Fuego Cruzado” del canal GEN/Nación Media. De esta forma, Torres señaló que el informe de la Contraloría no reporta faltantes de fondos ni irregularidades presupuestarias, sino que plantea una diferencia de interpretación legal sobre el uso de la cuenta única municipal.

“Obviamente, nosotros entendemos que no existía causal para la intervención, pero una vez ya resuelta, ya que estamos en un estado social de derecho, lo tenemos que asumir. Lo que hay que entender es que la municipalidad puede pasar por un estado transitorio de iliquidez, pero eso no quiere decir que no tenga los recursos para cubrir todos los compromisos que tiene. La municipalidad de Asunción cuenta con suficientes activos”, expresó.

No obstante, agregó que la municipalidad posee como principal conflicto una alta tasa de morosidad que se potenció desde el anuncio del pedido de intervención por parte de la Contraloría. Asimismo, refirió que ya se encuentra totalmente regularizado el pago de salarios a los funcionarios.

“El anuncio del pedido de intervención tuvo un impacto negativo en la institución en materia de recaudación. No es la única causa, pero es un elemento o cuestión exógena que socavó nuestras recaudaciones, impactando negativamente”, comentó.

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El informe de la CGR señala que las supuestas irregularidades presupuestarias en la gestión de Rodríguez se dieron entre los años 2021 y 2024. El ente contralor citó la emisión del bono G8 por G. 360.000 millones realizada en el 2022 para obras de desagüe pluvial; además de los bonos G9 por G. 195.000 millones en el 2023, que fueron emitidos para pagar deudas de emisiones en anteriores administraciones.

De acuerdo a los datos que fueron proveídos por la municipalidad, a mediados de agosto del 2024, el bono G8 fue asignado a proyectos de desagüe pluvial en las cuencas de Santo Domingo, General Santos y Abasto. En ese entonces detallaron que algunos proyectos estaban en fases de planificación y verificación, mientras que las obras en San Pablo y Abasto ya alcanzaron durante ese periodo un 30 % de ejecución.

Mientras que el bono G9 se utilizó para rescatar bonos anteriores, específicamente los emitidos durante la administración de Mario Ferreiro (G3, G4, G5 y G6) con el objetivo de aliviar la carga financiera de la municipalidad. La ejecución de este bono se realizó al 100 %. En la anterior gestión indicaron que esto permitió mejorar la liquidez de la municipalidad y reestructurar su deuda, asegurando la continuidad de los proyectos.

“La instrucción que tenemos los funcionarios es estar a disposición de la intervención, a los efectos de facilitar cualquier consulta o documentación que requiera el interventor, para que pueda realizar la auditoría y todo el proceso de manera normal y regular”, indicó Torres, quien estuvo acompañado por el jefe del Departamento de Acciones Judiciales de la Municipalidad de Asunción, el abogado Juan José Armoa.

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El edil Ernesto Guerín aguarda que las finanzas de la municipalidad de Ciudad del Este, a cargo del intendente opositor Miguel Prieto, puedan ser saneadas con la llegada de un interventor. El dirigente del Partido Colorado denunció la falta de pago a funcionarios, concejales, firmas proveedoras y la paralización de obras viales.

“En la administración de Prieto se usó mucho la caja chica. Hay muchos funcionarios que piden el pago de sus salarios; muchas familias dependen de esto. Nosotros tampoco estamos percibiendo nuestros sueldos. La gente está cada día más inquieta. Ojalá el interventor venga a poner las cosas en orden”, dijo.

En una entrevista con el programa “Fuego Cruzado”, emitido por el canal GEN/Nación Media, el concejal mencionó que “la municipalidad tiene atrasos en obras y, además, entiendo que ya no se abonan cuotas a empresas que proveyeron al municipio, como en el caso de los buses eléctricos, entre otras denuncias”.

Asimismo, Guerín advirtió que Prieto y su entorno político apelarán a la violencia con la finalidad de obstaculizar el proceso de indagación de su gestión. Según los reportes de la Contraloría, en la administración del líder del movimiento Yo Creo se observan estados financieros con graves inconsistencias, saldos irregulares, clasificaciones erróneas, variaciones injustificadas, incumplimiento de disposiciones legales y consecuente omisión de transferencias de recursos a otros organismos y entidades del Estado.

“Prieto y su equipo están desesperados. Ya están llamando a que la gente pueda salir a manifestarse y también ya están propiciando el tema del escrache. Ya quieren ir a las casas de los denunciantes o de algunos referentes colorados para escracharle. Ellos están incitando a la violencia. Al intendente Prieto se le nota totalmente desesperado, está amenazando y desafiando“, refirió Guerín.

A la vez, según la Contraloría, en la gestión del intendente opositor existen inconsistencias y falta de justificación en la asignación y gestión de las transferencias; incumplimiento de los procesos para las contrataciones, empleando transferencias para la ejecución de obras; incumplimiento de los procesos legales establecidos para las transferencias a ONG; e irregularidades en las transferencias a comisiones vecinales y a organizaciones sin fines de lucro.

Diferencias en la construcción de obras por falta de ejecución de ítems o por haber sido ejecutadas en cantidades diferentes con recursos del Fonacide, regalías y compensaciones; pago efectuado a proveedores sin que estos hayan presentado la documentación exigida y sin que se cumplan las exigencias legales, entre otras irregularidades.

“Los pobladores quieren saber cómo está la administración actual. Todos se preguntan si el intendente Miguel Prieto realmente es corrupto o honesto. Los concejales colorados vamos a acompañar al interventor, le vamos a dar todo nuestro respaldo, porque el intendente ya dijo que iban a embarrar la cancha, que iban a amenazarle, que iban a increparle“, refirió.

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El concejal siguió sosteniendo que “Prieto y su equipo indicaron que en la municipalidad no iba a entrar ningún cartista, ningún colorado. Nosotros le vamos a dar ese respaldo, incluso le acercaremos más denuncias de esta administración con documentos”.

Por otra parte, Guerín intuye que Prieto terminará renunciando al cargo de intendente para evitar su destitución en caso de comprobarse irregularidades en su gestión. “Particularmente, creo que va a terminar renunciando y se tendrá que elegir un nuevo intendente dentro de la Junta Municipal hasta terminar el mandato. Yo no creo que Prieto sea tan burro y haga tanto show. Él no necesita irse a una elección porque tiene mayoría en la junta y puede elegir dentro de los concejales de su equipo”, comentó.

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Este domingo 15 de junio se cumplen 9 años del terrible asesinato de Jorge Rafaat Toumani, alias Sadam, quien fue acribillado con armas de guerra en la ciudad fronteriza de Pedro Juan Caballero, capital del departamento de Amambay. El crimen organizado demostró su fuerza con este atentado en que se utilizó una poderosa ametralladora antiaérea.

El terrible ataque contra el empresario fronterizo se registró a las 20:00 horas del miércoles 15 de junio de 2016, cuando el capo narco estaba a bordo de su camioneta Hummer, con chapa paraguaya OAN 927. Fue emboscado repentinamente por una camioneta Ford 250 y otras dos camionetas Toyota Hilux.

De los rodados descendieron más de doce personas que formaban parte de distintas organizaciones criminales, que se juntaron para poder perpetrar el brutal y fatal ataque para liquidar a Rafaat. La camioneta del fallecido recibió más de 200 disparos de una ametralladora antiaérea de calibre 50, que perforaron el doble blindaje y acribillaron al objetivo con 16 proyectiles.

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La ametralladora antiaérea estaba empotrada en una base de metal en el interior de una camioneta, especialmente adaptada para que uno de los sicarios pueda maniobrar el arma de alto poder. Rafaat estaba custodiado por dos camionetas de su seguridad personal, pero sus guardias nada pudo hacer ante la logística de los sicarios.

Los atacantes cubrieron todos los ángulos en la zona de la emboscada sobre la popular avenida Teniente Herrero de Pedro Juan Caballero, frente al Mercado Municipal y a metros de una institución educativa.

La tranquilidad en el barrio San Gerardo se alteró bruscamente por momentos de terror y pánico ante el brutal atentado. Los disparos se escucharon durante varios minutos, y los vecinos se vieron obligados a resguardarse del tiroteo lo mejor posible en sus casas; mientras los transeúntes, totalmente desorientados, apenas atinaron a arrojarse al suelo e intentar escapar.

Los custodios de Rafaat respondieron a los disparos, pero luego tuvieron que huir ante la superioridad de los criminales. A 200 metros de la zona del atentado estaba situada la Comisaría Segunda de Pedro Juan Caballero, por lo que los agentes policiales llegaron rápidamente y comenzaron a disparar para intentar repeler a los criminales, quienes dejaron abandonada la ametralladora de guerra, con cientos de municiones y chalecos antibalas, tras lograr su objetivo.

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Los jueces de Sentencia de Pedro Juan Caballero, Mirna Ocampos y Santiago Núñez, aplicaron una condena de 28 años de cárcel, más 7 años de medida de seguridad, totalizando 35 años de pena para Sergio Lima Dos Santos por el asesinato de Rafaat. Estará recluido en Tacumbú hasta julio de 2053.

El Ministerio Público logró demostrar la responsabilidad del acusado en los hechos punibles de homicidio doloso, asociación criminal y tenencia de armas de fuego, en un juicio oral y público. El fiscal del caso fue Marcelo Pecci, asesinado en Colombia en mayo de 2022.

En Paraguay, Rafaat era conocido como un próspero empresario de Pedro Juan Caballero, donde tenía una compañía dedicada a la comercialización de neumáticos; mientras que, para Brasil, representaba una pieza clave en el tráfico de drogas.

Para las autoridades brasileñas, Sadam disputó la herencia dejada por Fernandinho Beira-Mar, líder de la organización criminal Comando Vermelho, preso en Brasil desde 2002 tras haberse refugiado en Paraguay a fines de los años 1990. Además, Rafaat había sido procesado por enviar desde Paraguay unos 492 kilos de cocaína en agosto de 2004. En ese momento, la operación fue abortada por agentes federales que interceptaron el enorme cargamento en Sao José do Rio Preto, en el estado de São Paulo (Brasil).

El asesor jurídico de la Municipalidad de Asunción, Benito Torres, dijo que la Intendencia se mantiene en la línea de que no se incurrió en irregularidades al utilizar la caja única, como cuestiona la Contraloría General de la República, y refirió que la instrucción para los funcionarios es facilitar el trabajo del interventor a ser designado por el Poder Ejecutivo.

“El interventor tiene que auditar lo que fue objeto de denuncia. Nosotros nos mantenemos en esa posición (uso de la caja única). Acá un arbitro debe determinar quién de las dos partes tiene razón y ese es el Poder Judicial, así funciona un Estado de derecho. No solamente nosotros sostenemos que la herramienta de la caja única puede ser utilizada por los municipios, sino el mismo Ministerio de Economía", indicó el abogado, este jueves, en una entrevista con el programa “Así son las cosas”del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Torres acotó: “Que el Tribunal de Cuentas se expida es lo ideal porque nosotros tenemos una disyuntiva. En el año 2020 nos indicaron que sí podríamos utilizar la herramienta de la caja única y posteriormente la Contraloría nos dijo que no. Las instrucciones que nos dio (el intendente Óscar) Rodríguez a cada funcionario es ponernos a disposición del interventor para lo que se requiera, que tenemos que facilitar todo”. A la par rechazó que la municipalidad se encuentre en quiebra alegando que se cuenta con los suficientes recursos económicos para cumplir con las obligaciones.

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El informe de la CGR señala que las supuestas irregularidades presupuestarias en la gestión de Rodríguez se dieron entre los años 2021 y 2024. El ente contralor citó la emisión del bono G8 por G. 360.000 millones realizada en el 2022 para obras de desagüe pluvial; además de los bonos G9 por G. 195.000 millones en el 2023, que fueron emitidos para pagar deudas de emisiones en anteriores administraciones.

De acuerdo a los datos que fueron proveídos por la municipalidad, a mediados de agosto del 2024, el bono G8 fue asignado a proyectos de desagüe pluvial en las cuencas de Santo Domingo, General Santos y Abasto. En ese entonces detallaron que algunos proyectos estaban en fases de planificación y verificación, mientras que las obras en San Pablo y Abasto ya alcanzaron durante ese periodo un 30 % de ejecución.

Mientras que el bono G9 se utilizó para rescatar bonos anteriores, específicamente los emitidos durante la administración de Mario Ferreiro (G3, G4, G5 y G6) con el objetivo de aliviar la carga financiera de la municipalidad. La ejecución de este bono se realizó al 100 %. En la anterior gestión indicaron que esto permitió mejorar la liquidez de la municipalidad y reestructurar su deuda, asegurando la continuidad de los proyectos.

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